Vicentín pasará a estar bajo el control del grupo Grassi S.A. luego de que este jueves el juez Fabián Lorenzini les cediera la empresa a la corredora de cereales, luego de que se comandara un proceso de cramdown. 

En una extensa sentencia, el magistrado definió que se homologue el acuerdo "concordatario ofrecido por Grassi SA, en el marco del presente proceso de salvataje, disponiendo la transferencia total de las acciones de la sociedad concursada Vicentin Saic a la sociedad oferente, previo levantamiento de la inhibición concursal, al solo efecto de su realización”.

En ese sentido, se estableció "la ejecución inmediata del acuerdo ofrecido a los acreedores, a cuyos fines la sociedad oferente Grassi SA deberá presentar dentro de los tres días posteriores a la notificación de esta sentencia ministerio legis un cronograma detallado estableciendo las fechas de cumplimiento de los pagos y demás cuestiones relacionadas con la ejecución del acuerdo, en todos sus términos, sin perjuicio de las condiciones establecidas para los acreedores que no hubieran optado por alguna propuesta en particular”.

Por la resolución, la corredora de cereales emitió un escrito en el que agradecieron el apoyo a su propuesta y se comprometieron a "recuperar una compañía de la enorme envergadura y trascendencia que tiene Vicentin para todo el sector agroindustrial”.

La causa por los 469 kilos de cocaína que se encontraron en un buque que paró en el puerto de Vicentin el pasado 30 de abril sumó otro detenido este jueves. 

Se trata de un marinero mercante de origen filipino que había arribado durante la jornada al mismo puerto donde fueron halladas las grandes cantidades de droga. 

Todavía no se reveló cuál es la identidad del sospechoso o los delitos por los que se lo acusa, pero en el marco de la investigación, se apunta a que colaboró con el tráfico de las sustancias. 

De esta manera, la causa ya tiene dos detenidos. El primero fue un cocinero llamado Jonatan Caputero, también filipino y que formaba parte de la tripulación del barco detenido. Fue imputado a mediados de mayo y se le habían dispuesto 90 días de prisión preventiva. 

La Justicia dispuso el salvataje de la empresa de Vicentin cuyas deudas ya son mayores a los u$s1.300 millones.

La medida fue habilitada por el juez Fabián Lorenzini, por lo que se abrirá un periodo de registro preliminar entre el 30 de junio y el 4 de julio para que terceros puedan presentar una propuesta para evitar que la firma quiebre, por lo que la empresa ya perdió la exclusividad para presentar ofertas de pago a los acreedores.

Las iniciativas a presentarse no tendrán que proporcionar una garantía económica para garantizar su seriedad o derecho de admisión ese registro inicial, pero deberán asegurarlo si quieren participar del periodo de concurrencia

Una vez se hayan presentado los interesados, se designarán fechas para audiencias en las que los oferentes tendrán que pedir permiso al Tribunal para acceder a los documentos contables de la firma y así formular las ofertas concondatarias. 

Terminada esa etapa, la resolución afirma que se "establecerán los plazos procesales tendientes a la inscripción definitiva con el pago o depósito del canon correspondiente, la designación del evaluador, la fecha de presentación de la valuación, plazo para las observaciones, audiencia informativa y la determinación de los plazos para la obtención de las mayorías; todo ello sin perjuicio de las eventuales adecuaciones y modulaciones que resulten pertinentes conforme a las circunstancias y en virtud de las normas que rigen el proceso de salvataje empresario”.

Cuatro directivos de Vicentin fueron liberados bajo fianza tras estar aprehendidos desde marzo pero seguirán bajo investigación, no podrán salir del país y no deben contactar con acreedores o miembros de la empresa.

La medida fue dictada por el juez Gustavo Salvador luego de que la defensa de los acusados apelara contra la prisión preventiva por 120 días que les dispusieron en la primera instancia. 

En ese sentido, la Cámara de Apelaciones de Rosario excarceló a los imputados leugo de que pagaran cada uno una fianza de un millón de dólares. Se tratan de Alberto Macua, Daniel Buyatti, Roberto Gazze y Omar Scarel que estaban presos desde marzo tras una serie de allanamientos en Rosario y Buenos Aires al ser sospechoso de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta.

La Prefectura Naval Argentina detectó este miércoles al mediodía que un buque internacional que amarró en San Lorenzo llevaba entre su carga cientos de kilos de cocaína. 

El procedimiento se inició luego de que el fiscal Claudio Kishimoto ordenara investigar el buque proveniente desde los Emiratos Árabes Unidos. Se trata de una embarcación mercante Ceci con bandera de las Islas Marshall que recaló en un puerto perteneciente a la empresa de Vicentin. 

El hallazgo del material estupefaciente se realizó en las cámaras frigoríficas del barco. Las primeras informaciones que trascendieron sobre el caso apuntaron a que la carga era en un inicio de 250 kilos, pero a medida que avanza el operativo se estima que la cantidad de droga puede llegar a superar los 500.

La cerealera Vicentin será intervenida por 120 días tras una disposición dictada por la Justicia provincial, que desplazó a los miembros del directorio actual y los suspendió sin derecho a que cobren sus sueldos.

La medida fue dictada por el juez Fabián Lorenzini, quien nombró como interventores de la firma al abogado Guillermo Nudemberg y al contador Andrés Shocrón. 

La intervención se realizó, según la argumentación del magistrado, para prevenir la quiebra de la empresa, resguardar los puestos de trabajo y reactivar la producción. 

"Se persigue la prevención del daño en curso que no implique la aniquilación total de la actividad productiva”, precisó el juez.

Luego, agregó que la medida configura una “protección efectiva de la empresa económicamente viable ante la imposibilidad de evitar una quiebra liquidativa, anticipar la protección de las unidades de negocios, fuentes de trabajo y activos mediante la actuación tempestiva y suficiente para conminar efectos nocivos que podrían producirse por una parálisis total de la explotación industrial”.

Es que la crisis que atravesaba Vicentin se agravó en las últimas semanas. Dada esa situación, el pasado 16 de abril la firma tuvo que comprometerse a pagar los sueldos de los empleados en cuotas para destrabar un conflicto laboral que comenzó ese mismo miércoles a la mañana con una asamblea en el frente de la planta ubicada en Ricardone.

En ese marco, la disposición de Lorenzini tuvo como base la investigación de los fiscales de la causa, quienes constataron que el directorio usaba los fondos de la empresa para uso personal, por lo que están acusados de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta.

El gobernador Maximiliano Pullaro afirmó que Santa Fe “no es un Estado comunista” a propósito de la situación de la empresa Vicentin y la posibilidad de que su gestión intervenga cuando una compañía quiebra. 

El mandatario abordó el tema este lunes en Rosario, luego de que la Justicia deje sin efecto el acuerdo que la firma había alcanzado con sus acreedores, derivando en concurso preventivo.

En relación a los trabajadores, Pullaro expresó: “Vamos a estar al lado para que ninguna familia la pase mal o que realmente sufra”. No obstante, aclaró que ”no se puede hacer cargo el gobierno de la empresa o de cada una de las empresas que quiebran".

“Recordemos que desde la Provincia en un momento se intentó intervenir la empresa y desde el Gobierno nacional se la intentó expropiar. Un trámite judicial que debería estar resuelto hace tres años y medio, hoy sigue trabado por las intromisiones del poder político”, subrayó el candidato a convencional.

Por último, el gobernador sentenció: "Vamos a respetar lo que resolvió la Justicia de la provincia de Santa Fe, nos guste o no nos guste".

El directorio de Vicentín, compañía agroindustrial, confirmó este viernes el cierre de sus plantas por la caída de contratos. La empresa procedió a paralizar sus plantas de producción en Ricardone y Avellaneda, por lo que la noticia se dio a conocer en medio del proceso judicial contra cuatro de sus exdirectivos, acusados de asociación ilícita y detenidos con prisión preventinva por 120 días.

Los encargados de ambos predios ordenaron el cese de los trabajos sin dar muchas más explicaciones y, desde el gremio, denunciaron que la empeza estaría realizando un “look out patronal”.

Al respecto, desde Vicentín emitieron un comunicado y aseguraron que procedieron al “cierre seguro” del plantas de operación  “en la convicción de que, para la conservación de la empresa, en este momento se impone la protección de los activos”.

Por ello, argumentaron como principal motivo que tienen la “imposibilidad de obtener contratos de fazón en tiempo oportuno para cumplir regularmente con los compromisos de la sociedad”. Desde el gremio advirtieron que quedaron 25 mil toneladas de girasol sin procesar tras el cierre de la planta de Avellaneda.

“Entre tanto, continuamos en diálogo permanente con todas las partes interesadas, en procura de lograr las condiciones para reanudar la actividad. Lamentamos que habiendo encontrado la salida clara, concreta y tangible hace más de tres años, respaldada por mayorías contundentes de acreedores -solución que todavía está vigente- hayamos alcanzado esta situación extrema que trae zozobra a Vicentin y a la comunidad”, indicó la empresa en el mencionado comunicado.

En tanto, desde el sindicato de Aceiteros explicaron que ambas plantas quedaron únicamente con un mantenimiento mínimo. Por el lado de Avellaneda mantendrán activa la caldera porque abastece de energía a otras industrias que funcionan dentro del Parque Industrial.

Aceiteros de San Lorenzo criticaron la medida y apuntaron a que el momento de dar la noticia, la firma debía efectuar el pago a los trabajadores, lo que deja un panorama abierto a la asamblea en la que definirán los pasos a seguir.

La audiencia imputativa por la causa Vincentin en el que cuatro exdirectivos fueron acusados de usar 1.000 millones de pesos para uso personal continuó este viernes en el Centro de Justicia Penal rosarino y pasó a un cuarto intermedio. 

En ese marco, la fiscalía pidió que a los principales sospechosos, identificados como Roberto Gazze, Alberto Macua, Omar Scarel y Daniel Buyatti se les dicte la prisión preventiva por el plazo de 120 días. 

Para los demás involucrados en la causa, así como también a los cuatro ex directivos, se pidió que se les prohíba la salida del país y el tener contacto o injerencia alguna en la empresa y sus subsidiarias.

Dos sospechosos resultaron detenidos este viernes en el marco de 20 allanamientos que fueron realizados por la Gendarmería Nacional en Rosario, Reconquista, Avellaneda, Adrogué y Ciudad de Buenos Aires, por la causa en la que están involucrados ex directivos de Vicentin. 

Los procedimientos fueron solicitados por los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja de la Oficina de Delitos Económicos de la Fiscalía de Rosario por una investigación por los delitos de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta vinculados a la empresa aceitera. 

Durante los operativos, los uniformados detuvieron a dos sospechosos identificados como R.G. y D.B.,  ex directivos de la firma, y serán llevados a audiencia imputativa en los próximos días. 

Los delitos cometidos relacionados a la compañía santafesina comenzaron a investigarse en el año 2020 y fue requerido un juicio por parte de la Fiscalía. 

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe resolvió este martes no homologar el concurso de acreedores de Vicentin, lo que abre la puerta al proceso de rescate de la empresa a través del mecanismo de cramdown.

La decisión del tribunal deja sin efecto la aprobación que había otorgado previamente la Cámara de Apelaciones y devuelve el expediente para que esta determine cómo y cuándo se llevará adelante el proceso de salvataje.

El rechazo de la Corte coincide con el fallo original del juez de Reconquista, quién había desestimado la oferta de pago de Vicentin debido a objeciones de un grupo de acreedores agropecuarios. Entre ellos, el acopio Commodities denunció que la propuesta implicaba una quita del 80% para los medianos y grandes acreedores, lo que consideraban injusto.

Con este nuevo panorama, la Cámara de Apelaciones de Rafaela asumirá el caso, desplazando a la de Reconquista, cuya imparcialidad había sido cuestionada por los acreedores disconformes con la oferta de la empresa.

La resolución judicial mara un punto de inflexión en el proceso de reestructuración de Vicentin, que ahora deberá afrontar un escenario incierto con el cramdown en marcha y la posibilidad de que nuevos actores intervengan en su futuro. 

Personal de Bomberos Zapadores y la Prefectura Naval tuvieron que acudir a una planta de Vicentin ubicada en San Lorenzo sobre la Ruta 11 luego de que se incendiara un Silo. 

Según las primeras informaciones, parte del personal de la planta tuvo que ser evacuado, aunque no se registró ningún herido, mientras que las llamas lograron ser controladas por los bomberos. 

En diálogo con Telenoche los empleados de la compañía contaron que había muchísimo humo y que fueron trasladados hacia otro sector de la fábrica. 

En tanto, según uno de los testigos, se cree que el incendio se causó debido a las condiciones de humedad en el lugar. 

Trabajadores de Vicentin convocaron a una manifestación este martes por la noche, en la Esquina de los Bancos de San Lorenzo, en defensa de los puestos de trabajo.

“El Grupo Vicentin, para salir de la convocatoria de acreedores que parecía viable y que venía muy demorada desde hacía muchísimo tiempo, sorpresivamente fue rechazada por una instancia judicial, Vicentin apeló, la apelación también fue rechazada y ahora la empresa se encuentra en un proceso de cramdown, es decir de rescate, que para resolver hay muy poco tiempo. La fecha límite es el 17 de octubre y si para entonces no aparece un tercero con una propuesta superadora se decretaría la quiebra y con ella la extinción de los puestos de trabajo”, comentó Roberto Merlo, trabajador de Vicentin.

Asimismo, afirmó que este escenario de cramdown no es el ideal para ellos ni el que esperaban: “Hace casi cuatro años que estamos traccionando para poder seguir trabajando y la luz al final del túnel venía de un acuerdo de Vicentin con los acreedores y con tres empresas de primera línea que terminaban por hacerse cargo de la empresa después de cierta cantidad de años”, remarcó Merlo.

En efecto, la propuesta fue rechaza el juez, “que era la salida más conveniente para todos, sobre todo para los trabajadores y en este proceso de cramdown, que es el proceso inmediatamente anterior a la quiebra, nosotros padecemos una incertidumbre importante y no sabemos realmente si va a haber otras propuestas, así que bueno, estamos defendiendo los puestos de trabajo”, relató durante la movilización.

La Dirección de Investigación Criminal sobre el Narcotráfico Región II, bajo la dirección fiscal del Dr. Luis Schiappa Pietra, de la Fiscalía de Crimen Organizado, realizó una serie de allanamientos y medidas probatorias el pasado 18 de septiembre por un robo a la empresa aceitera Vicentin.

Los procedimientos se llevaron a cabo en Caferatta 600, Frylan Palacios 600, Planta Empresa Vicentin, San Martin 400, Froylan Palacios 1300 de la localidad de Ricardone y en los domicilios de Gobernador Saavedra entre Martínez y Remondino, Lisandro de la Torre 200 de la ciudad de San Lorenzo, donde aprehendieron a: Jonatán, Gustavo. V, Leonardo. V, Alexis. E y secuestraron: un arma de fuego, cartuchos de diferentes calibres, cinco teléfonos celulares, tres notebook, dos pendrive, un disco rígido, una tablet, mangueras, herramientas y demás enseres.

La investigación deviene de varios meses de trabajo y se origina a raíz de la toma de conocimiento por parte de los investigadores de la AIC de una posible maniobra delictiva a la empresa Vicentin, llevada a cabo por un grupo de personas organizadas, las cuales tenían conocimiento de los movimientos internos de la firma.

La maniobra. Los delincuentes habrían instalado una conexión clandestina sobre un oleoducto propiedad de la empresa y desde allí extraían aceite de origen vegetal, biodiesel y otros fluidos, los cuales posteriormente eran vendidos en el mercado negro. Por el tiempo transcurrido y demás líneas de investigación se calcula un negocio ilegal millonario.

En las medidas dispuestas se conto con la colaboración de Agrupación Bomberos de San Lorenzo, el Laboratorio Criminal de la AIC, Técnicos de Vicentin e Ingenieros de la Litoral Gas.

En los registros domiciliarios prestaron colaboración los grupos tácticos del GAT, GIRI, GTM UR II, GOT IV, GOT VI, GOT XVII y TOE.

El fiscal a cargo de la unidad de Delitos Económicos Complejos de Santa Fe, Miguel Moreno, convocó para el próximo 21 de diciembre al directorio del conglomerado empresario Vicentin para ampliar la imputación por el supuesto vaciamiento irregular a «asociación ilícita».

Los directivos, entre quienes se encuentran serán Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze, Máximo y Cristian Padoan, Martín Colombo, Sergio, Pedro y Roberto Vicentin, Yanina Colomba Boschi, Raúl González Arcelus, Omar Scarel y Miguel Vallazza, ya están imputados por defraudación y presentación de balances falsos.

La imputación podría extenderse a la consultora internacional KPMG, sospechada de intervenir en la confección de un balance cuestionado.

La investigación apunta también a otras cuatro empresas de naturaleza mixta (parte pertenecen a Vicentin y parte a otros inversores): Río Primero, Terminal Puerto Rosario, Tifferol y Buyanor.

El fiscal decidió avanzar con la imputación al mismo tiempo que la Corte Suprema provincial le devolviera el expediente de la convocatoria de acreedores al juez de Reconquista Fabián Lorenzini, con una serie de recomendaciones para la continuidad de la tramitación.

El máximo tribunal le recomendó al juez «extrema prudencia para ponderar la propuesta de acuerdo formulada, en tanto condiciona su viabilidad a decisiones judiciales propias de la justicia penal».

Lorenzini se aprestaba a aprobar una propuesta de pago de Vicentin a sus acreedores que se debía financiar con la venta de acciones de las empresas que integran el grupo.

Pero ello está frenado por medidas cautelares ordenadas en el marco del proceso penal, justamente para evitar una eventual defraudación en perjuicio de los acreedores.

La Corte se anticipó a un conflicto entre jueces de distintos fueros y determinó que Lorenzini no puede decidir en contradicción con las medidas cautelares dictadas en sede penal.

La Corte provincial ordenó «brindar seguridad y transparencia a todos los involucrados y, a través de ello, incrementar la confianza en el Poder Judicial de Santa Fe».

Catorce directivos de la agroexportadora Vicentin, algunos de los cuales ya no cumplen esa función, fueron citados a declaración indagatoria a partir del 1° de noviembre por el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, a cargo de la investigación por presuntas maniobras fraudulentas en reintegro de exportaciones que ocasionó un perjuicio al Estado por $111.637.479.

Además, los directivos investigados ya habían sido embargados en 2021 por $111 millones, resolución que fue confirmada por la Cámara Federal de Resistencia y por la Casación Penal.

Las indagatorias a los 14 directivos de la compañía al momento de los hechos investigados –algunos ya no forman parte del directorio- se extenderán hasta el 20 de diciembre, explicaron a Télam voceros judiciales.

Cabe recordar que la causa que tiene Alurralde se inició en agosto de 2020 a raíz de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

El organismo detectó “operaciones con 54 proveedores apócrifos” mediante facturas presuntamente truchas “en las solicitudes de reintegro del Impuesto al Valor Agregado (crédito fiscal) correspondiente a los períodos 01/2016 al 10/2018”, según el fallo de la Cámara chaqueña que confirmó el embargo dictado por Alurralde.

El perjuicio para el Estado por la devolución de IVA a las exportaciones de Vicentin fue calculado por el organismo recaudador en $111.637.479, equivalentes al monto establecido por la Justicia para el embargo de bienes.

Entre los citados a indagatoria se encuentran Daniel Buyatti, Alberto Macua, Sergio y Pedro Vicentin, Máximo y Cristian Padoan, Roberto Gazze y Martin Colombo.

Los mencionados fueron imputados en octubre del año pasado por el fiscal de Delitos Económicos de Rosario, Miguel Moreno, por presuntas estafas y defraudación por un monto de U$S 500 millones, en el marco del concurso preventivo de la aceitera santafesina.

La denuncia de la AFIP, ampliada en abril de 2021, pedía investigar una supuesta maniobra fraudulenta detectada gracias al trabajo conjunto de las distintas áreas especializadas del organismo durante una fiscalización realizada sobre los reintegros de IVA por exportaciones de granos que fueron solicitados por Vicentin entre 2016 y 2019, durante el gobierno del presidente Mauricio Macri.

La operatoria denunciada consistía en utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias generadas por 54 proveedores considerados apócrifos.

La fiscalización de la AFIP constató irregularidades en las empresas y personas humanas que emitían las facturas utilizadas por Vicentin para solicitar reintegros por una suma que asciende hasta los $111,6 millones entre 2016 y 2019.

El organismo pudo determinar, entre otros elementos, que las sociedades utilizadas no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería, señalaron fuentes judiciales.

De esta forma, las tareas de control del organismo permitieron constatar que los comprobantes presentados para justificar los reintegros eran falsos, en tanto no denotaban actividad real.

Los 54 supuestos proveedores de Vicentin fueron incluidos en la base de usinas de comprobantes apócrifos, añadieron los voceros.

El presidente de la empresa santafesina Vicentin Omar Adolfo Scarel fue detenido este lunes a la mañana en la localidad de Avellaneda y será imputado el próximo miércoles. La Unidad de Delitos Económicos de Fiscalía imputará a Scarel por un delito de desobediencia y entiende que la firma habría infringido una medida cautelar impuesta por la Justicia Penal en 2020, cuando dictó la prohibición de innovar en sus participaciones accionarias.

Por consecuencia, el titular del directorio de la cerealera será trasladado a Rosario, donde será imputado. Pedirán además su prisión preventiva, argumentando peligrosidad procesal, dados sus últimos movimientos.

Scarel fue imputado en octubre del año pasado por estafas por más de 500 millones de dólares por su rol como contador dentro de la empresa, antes de que fuera directivo. La Fiscalía ya había pedido la prisión preventiva para Scarel y el resto de los principales responsables de la agroexportadora a finales de 2021, pero en su momento el juez Lanzón lo denegó, aludiendo que la peligrosidad procesal ya no corría.

El de Avellaneda no fue el único procedimiento realizado este lunes. Hubo varios allanamientos solicitados por el fiscal Sebastián Narvaja de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos contra directivos de la empresa, realizados por integrantes de la División de Inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Uno de los operativos se realizó en Rosario, más precisamente en la zona de Puerto Norte, donde se encuentran las oficinas de Viterra, compañía con la que Vicentin comparte el paquete accionaria en Renova. Trascendió que se habría secuestrado allí material electrónico.

La empresa agroexportadora Vicentin informó este miércoles que logró la aprobación de más de 800 acreedores a su propuesta de pago, en el marco del concurso preventivo por el que atraviesa desde hace dos años.

«Vicentin hace saber que ha logrado la cantidad de conformidades necesarias para alcanzar la mayoría de personas en el marco de su concurso preventivo. De acuerdo con lo establecido, se ha obtenido la aceptación de más de 811 acreedores verificados en el procedimiento concursal», sostuvo la compañía. Y resaltó que ese número supera “el 50 % + 1” de “cápitas” establecido en la Ley de Concursos y Quiebras.

La empresa propuso recientemente ceder el 95% del capital accionario y pagarle la totalidad de las deudas a los acreedores por un monto de US$30.000, cediendo el saldo de esas deudas a «un fideicomiso de administración para su inmediata capitalización por el fiduciario, reduciendo así la participación accionaria de los actuales socios a un 5%».

En un comunicado, Vicentin subrayó que este hecho «pone de manifiesto que la propuesta presentada por la compañía ha podido satisfacer las expectativas de la mayoría de los acreedores, sean ellos granarios, comerciales o financieros».

«Confiamos en que independientemente de haber alcanzado el número formalmente requerido, seguirán sumándose adhesiones en las próximas semanas para alcanzar un consenso aún más significativo», añadió.

Asimismo, afirmó que continúa “consolidando la búsqueda de conformidades del sector financiero y somos optimistas respecto a que se van a alcanzar las aprobaciones necesarias para cumplimentar la segunda mayoría requerida en el proceso concursal, que supone alcanzar el 66,66% de aceptación a la propuesta en relación al capital verificado”.

En marzo de este año, la Justicia Civil y Comercial de Santa había otorgado a Vicentin una nueva prórroga -hasta el 30 de junio próximo- para reunir las mayorías que requieren la salida del concurso de acreedores.

La empresa se encuentra en concurso de acreedores por una deuda que supera los US$1.300 millones: de ese monto, unos US$300 millones corresponden al Banco Nación, por créditos otorgados que aún se encuentran impagos.

Nicolas Nardelli, uno de los accionistas de la empresa santafesina Vicentín, fue hallado muerto durante la noche de este miércoles, en una vivienda de Campo Timbó, al norte de la provincia. El hombre 37 años era hijo de Gustavo y sobrino de Sergio, también fallecido de un infarto.

Un llamado a la Comisaría 9ª de Timbúes alertó sobre el hecho siendo alrededor de las 21 horas. Los uniformados se hicieron presente en la vivienda indicada y constataron la presencia del hombre sin signos vitales.

La noticia sobre el trágico final del muchacho sacudió a la región durante las últimas horas. Se trata de uno de los dueños de la firma de productos primarios de exportación,  cuya terminal de embarque se encuentra en San Lorenzo, provincia de Santa Fe.

Cabe destacar que en 2019, la empresa se declaró en una situación de «estrés financiero» debido a una abultada deuda, principalmente al Banco Nación. En 2020 se anunció su intervención por decreto y se envió al Congreso un proyecto de Ley de expropiación de sus activos, con el objetivo de transformarla en una empresa de carácter público. Allí inició un fuerte debate que pareció quedar zanjado tras una propuesta del gobierno santafesino.

Por otra parte, el pasado 12 de agosto de 2020, falleció por un infarto masivo su padre, Sergio Nardelli, CEO y cara visible del periplo de la firma que derivó en un escándalo económico, financiero, político y social.

La Justicia de Rosario allanó diez cajas de seguridad ubicadas en entidades financieras de la región pertenecientes a directivos de la agroexportadora Vicentin, informaron fuentes judiciales. La medida fue solicitada por el fiscal de la Unidad de Delitos Complejos y Económicos, Miguel Moreno, quien lleva adelante una investigación por presuntas estafas de Vicentin a sus proveedores y entidades crediticias.

Los operativos fueron realizados en sucursales de los bancos ICBC y Macro de la ciudad de Reconquista y en la del Santander Río ubicada en la localidad de San Lorenzo, precisaron las fuentes. Voceros del caso dijeron a Télam que con la medida, el fiscal Moreno “busca documentación de interés para la causa” iniciada el año pasado con el fin de “resguardar prueba”.

Las requisas se realizaron en cajas de seguridad pertenecientes a directivos de la compañía. El mismo fiscal había ordenado, meses atrás, allanar la sede de Vicentin en la ciudad de Avellaneda para “deslindar o precisar atribuciones personales sobre los hechos que estamos investigando”.

La investigación se inició en julio pasado por la denuncia de un productor agropecuario que le vendió granos a Vicentin bajo la modalidad de “precio a fijar”, le entregó la mercadería pero no pudo cobrarla por el concurso preventivo de la agroexportadora.

La denuncia planteó que Vicentin había ocultado información o tergiversado sus balances para “exhibir una salud financiera que no era tal”, dijo el fiscal. La primera demanda por presuntas estafas reunió a cinco productores que reclaman unos 8 millones de dólares, pero luego se sumaron los bancos internacionales que financiaban la operatoria de Vicentin (por un monto de 500 millones de dólares) y el corre acopio Grassi, por otros 50 millones.

El fiscal Moreno investiga a los anteriores miembros del directorio de Vicentin, quienes estaban al frente de la empresa cuando se presentó en concurso de acreedores, en febrero de 2020. “Nosotros investigamos estafas que creemos que ocurrieron; ahora, siendo una sociedad la que comete las estafas tenemos que ver cómo se conformó la decisión societaria para cometer esas estafas”, dijo entonces el fiscal.