Ginés González García, ex ministro de Salud de la gestión del ex presidente Alberto Fernández, fue procesado sin prisión preventiva este viernes, por el escándalo del vacunatorio VIP durante la pandemia de coronavirus.

El ex funcionario fue considerado “coautor penalmente responsable del delito de abuso de autoridad y peculado” en la resolución de la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, María Eugenia Capuchetti, quien dispuso un embargo sobre sus bienes por 130 millones de pesos.

A su vez, en la misma resolución fueron procesados Alejando Salvador Costa, Marcelo Ariel Guille, Alberto Alejandro Maceira, María Elena Borda, Lucrecia Silvia Raffo, Silvia Cristina Bacigalupo y Graciela Beatriz Torales.

Dicha polémica fue iniciada en 2021, en medio de la pandemia de Covid-19, y se dio paso a la causa con el foco de investigación puesto en el funcionamiento de un vacunatorio privado paralelo ubicado en el Ministerio de Salud durante la gestión de González García.

El fallo indica que Ginés está acusado por “haber ilegítimamente ordenado, ejecutado, o avalado en infracción a los deberes inherentes a su cargo que el 18/02/2021 se trasladara al Ministerio de Salud un equipo de vacunación del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas con diez dosis de la vacuna contra el Covid-19 asignadas a dicho establecimiento”.

En el mismo se remarcó fueron vacunados indebidamente a la siguientes personas: Horacio Verbitsky, Jorge Enrique Taiana, Eduardo Félix Valdés, Florencio Aldrey, Dolores Noya Aldrey, Lourdes Noya Aldrey, Matilde Noya Aldrey, Salomón Schachter, Seza Manukian y Félix Eulogio Guille.

La magistrada explicó que durante esa fecha ninguna de las personas que fueron inoculadas “cumplía con los criterios para vacunarse de acuerdo a lo establecido por los lineamientos técnicos de la Resolución MSAL N° 2883/2020, dictada el 30/12/2020 por González García”, la cual era "complementaria a la ley 27.491 de "Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación", en la medida en que no integraban las categorías de "Personal de Salud" o eventualmente "Personal Estratégico"".

La Sala I de la Cámara Federal porteña ordenó este lunes reabrir la causa por el vacunatorio vip de dosis contra el coronavirus en el Ministerio de Salud y el Hospital Posadas luego que fuese archivada parcialmente por la jueza federal María Eugenia Capuchetti.

Los jueces hicieron lugar a un planteo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a cargo de Sergio Rodríguez, puesto que el fiscal natural Eduardo Taiano no había apelado la decisión de la jueza de primera instancia.

La jueza había considerado que existieron dos grupos entre los vacunados: los prioritarios y los no prioritarios. En los primeros se encontraba efectivamente el personal de salud, pero también el personal estratégico, los adultos mayores de 60 años y los menores de ese rango con algún factor de riesgo -comorbilidades-. Por ello, estableció que en estos casos no existió delito, porque no es algo que esté descripto en el Código Penal.

El archivo parcial de la causa había sido un total de 65 sobre un total de 70 personas vacunadas. Entre ellas estuvieron empresarios, periodistas como Horacio Verbitsky, familiares de funcionarios, y funcionarios como el Presidente de la Nación.

«No puede escapar a la más elemental lógica que la existencia -indiscutible- de un orden de prelación en la vacunación, dividido en grupos, obedece a criterios de necesidad, donde está en juego ni más ni menos que el valor vida y que la simultaneidad -que en algún supuesto se menciona- sólo puede estar habilitada por la disponibilidad de vacunas para satisfacer la prelación o en algún caso que estrictamente justifique el apartamiento de este criterio», sostuvo el Tribunal.

Cuando hubieron más vacunas, allá por fines del 2020 y primeros meses de éste, los camaristas recordaron que desde el Gobierno se priorizó la vacunación para los maestros, para la vuelta a clases presencial que finalmente no sucedió de manera inmediata.

«Pero cuando el recurso fue insuficiente, ningún grupo se habilitó abiertamente. Incluso entre los mayores. Pese a que el límite se estableció en los 60 años, también se jerarquizaron las diversas franjas etarias. Comenzó con los mayores de 80 -aun con personal de la salud pendiente de vacunar- y de ahí avanzó en una afable pendiente que por lustros fue ampliando su alcance (mayores de 75, luego de 70, más tarde de 65 años y así continuó)”, replicaron.

En duros términos, los camaristas cuestionan: «¿Por qué ellos, y no otros de entre los millones de ciudadanos del país en igual condiciones, fueron los beneficiarios de esa vacunación simultánea? Seguramente todos tendremos en mente a alguien que por edad o por alguna otra condición pudo haber sido favorecido en esa simultaneidad. Mas a ninguno de ellos les llegó la invitación».

Además, cuestionaron el argumento de la jueza respecto a que el hecho pudo haber sido una cuestión ética, no delictiva. “La cuestión ética si bien tiene su cuota, ciertamente el manejo de bienes escasos bajo la exclusiva y excluyente gestión del Estado no fue un tema que pasara inadvertido”, fue la respuesta de los camaristas.

«La situación ética alegada, en base al análisis aquí efectuado, no permite descartar que sea producto de una conducta ilícita, que -por otro lado-siempre es antiética. Aquí se trató de decisiones particulares, que sólo atendieron a contadas situaciones. En ese terreno, el mero juzgamiento ético es superado por otro, propio de este ámbito penal», agregaron.

Para los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens se debe investigar “qué personas fueron vacunadas según los estándares impuestos por el Plan de Vacunación y quiénes se adelantaron por algún beneficio que les fue singular”, o sea los vacunados.

«Máxime cuando se desconoce, además, en qué carácter fueron vacunados, si esa cualidad fue real o asignada al sólo efecto de burlar los requisitos del sistema de vacunación implementado y, en este caso, si esa ficción fue así declarada por el beneficiario o por quien tenía la labor de carga de los datos oficiales», concluyeron.

“Sólo una vez revelados de forma completa los diversos hechos, cada uno en su propia dimensión y al mismo tiempo todos integrados bajo una mirada común, es que se estará en condiciones de poder definirlos jurídicamente”, determinaron en un duro fallo.

De esta manera, la causa judicial iniciada en enero pasado que tiene como imputados al exministro de Salud Ginés González García, y su sobrino Lisandro Bonelli, exfuncionario de dicha cartera, ahora deberá ser profundizada.

La jueza tenía tan sólo bajo investigación cinco casos pero ahora deberá investigar tal cual le impuso la cámara a los vacunados considerados vip como el presidente Alberto Fernández, el Procurador del Tesoro Carlos Zannini y su esposa, el expresidente Eduardo Duhalde y su esposa, el diputado Eduardo Valdez, periodistas como Verbitsky y empresarios.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti dispuso el archivo parcial de una parte de la causa conocida como «vacunatorio VIP», pero no exculpó a ningún funcionario y, por el contrario, llamó a testimonial a varios vacunados para que aclaren cómo recibieron la inoculación contra el coronavirus.

Entre los casos que siguen abiertos y bajo investigación figuran las vacunaciones en El Calafate, la de dos hijas del ex presidente interino Eduardo Duhalde y la de los padres de la ministra de Salud, Carla Vizotti, ambos médicos y mayores de 70 años de edad.

El fallo no resuelve la situación procesal de ninguno de los funcionarios y ex funcionarios investigados, entre ellos el ex ministro de Salud Ginés González García, quien continúa sujeto a la investigación.

De los 70 casos iniciales de personas que fueron vacunadas contra el COVID-19 «con un trato especial, verdaderamente diferente a gran parte de la población», 65 fueron inicialmente descartados como delitos.

Se trata de casos «prioritarios» (mayores de 60 años, personal de salud, personal estratégicos y personas de 18 a 59 con enfermedades previas), sobre las cuales «no existía ni existe un orden normativo de prelación», pues el Ministerio de Salud «expresamente estableció que era posible vacunar a estos grupos de manera simultánea».

Del archivo parcial se desprende que «no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto de esta investigación», aunque sí podría acarrear a los implicados «sanciones de orden administrativo» de acuerdo con lo que establece la Ley de Ética del Ejercicio de la Función Pública.

Fuentes judiciales conjeturaron que «aunque pareciera haber un consenso a priori que quienes ocupaban lugares de gran trascendencia en el contexto que atravesamos incumplieron determinadas pautas de comportamiento ético lo cierto es que ello, por sí solo, no alcanza para realizar un reproche penal».

El fallo le señala al Congreso que «nada se legisló sobre la creación de tipos penales específicos sobre los planes de vacunación, como sí sucedió en otros países».

Capuchetti dispuso «continuar la investigación respecto de los hechos relacionados con las personas (a las que identifica por el número de orden del listado suministrado por el Ministerio de Salud) sobre de la aplicación de las vacunas contra el COVID-19 de quienes no se encontraban dentro de alguno de los grupos prioritarios».

Además, la jueza dispuso la formación de un nuevo legajo de investigación con un listado de unas 300 personas aportado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

En el mismo contexto, el fallo dispone «determinar si existió un desvío de 60 dosis pertenecientes al Hospital Nacional Posadas que habrían sido transportadas hacia la ciudad de El Calafate, provincia de Santa Cruz, en un vuelo comercial de Aerolíneas Argentinas».

El presunto vacunatorio VIP en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria sumó este jueves un capítulo nuevo. Por un lado, renunció a su cargo el vicepresidente de la EPE, uno de los beneficiados con la vacuna cuando no le correspondía; y por otro, legisladores socialistas buscan que el ministro de Gobierno, Roberto Sukerman, baje a la Legislatura provincial a dar explicaciones sobre lo ocurrido en el Eva Perón.

Todo comenzó esta semana cuando el jefe interino de Enfermería del hospital de Baigorria, Ariel Pérez, denunciara que durante la primera etapa de inmunización en la provincia, en los meses de enero y febrero respectivamente, funcionó un vacunatorio VIP en el nosocomio, beneficiando a políticos, sindicalistas y al funcionario de la empresa de energía.

Uno de los favorecidos con la vacuna cuando le correspondía sólo al personal de salud fue el vicepresidente de la Empresa Provincial de Energía, Alberto Joaquín de 78 años. El mismo emitió un descargo público este miércoles aclarando su situación.

«A los 78 años asumí la vicepresidencia de la EPE, ad honorem. Pese a todas las dificultades que la pandemia generaba fui cumpliendo con las múltiples obligaciones que el cargo exigía. A mediados de enero de este año tuve una recaída en mi condición de hipertenso. Como esto potenciaba los riesgos que ya estaba corriendo, y perteneciendo la empresa a un sector esencial, solicité que se me vacunara para poder continuar cumpliendo con las exigencias que el cargo demanda«, inicia el descargo.

«Esto se realizó en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria los días 2 de Febrero y 11 de Marzo. Facilité mi documento y pedí que mi acto fuera agendado como corresponde y se me entregara el carnet correspondiente», sigue.

Por último, dijo que estaba «muy lejos» de sus intenciones «la supuesta participación en un «vacunatorio VIP» que muy livianamente me han adjudicado».

Legisladores del Socialismo se pusieron de acuerdo y presentaron una iniciativa para que el ministro de Gobierno, Roberto Sukerman, vaya a la Legislatura el próximo lunes para explicar lo ocurrido en el hospital Eva Perón, en relación a los vacunados fuera de término.

El presunto vacunatorio VIP en el hospital de Baigorria fue denunciado por el jefe interino de Enfermería del  Eva Perón, Ariel Pérez. “El listado incluye a políticos, a un sindicalista importante de la ciudad de San Lorenzo, familiares directos del director del Hospital y hasta un funcionario muy importante de la Empresa Provincial de la Energía”, dijo.

“Está todo documentado. Los últimos nombres todavía están en mi poder, no están presentados en la nota. Pero llegado el momento, si se abriera una investigación, se puede llegar a presentar”, agregó Pérez.

Tras la denuncia, el secretario de Salud de Santa Fe, Jorge Prietto, indicó esta semana que la provincia inició una investigación en el nosocomio para saber qué pasó. «Ni bien ingresó la denuncia, se inició la investigación administrativa y penal, como ocurrió en un efector del norte provincial que terminó con la intervención y la denuncia penal que sigue en curso», aseguró.

Luego de varios meses de silencio, el ex ministro de Salud, Ginés González García, dejó el ostracismo para contestar la denuncia pública de Patricia Bullrich y anunciar que le iniciará acciones legales. La dirigente opositora aseguró que el ex funcionario eyectado de la administración pública por la vacunación vip intentó sacar algún rédito económico en la frustrada negociación con Pfizer por la compra de vacunas. El laboratorio y el ex ministro desmintieron rotundamente la versión.

A regañadientes, González García aceptó además contestar preguntas sobre el escándalo que terminó marcando su suerte como funcionario público y por el cual está siendo investigado por la Justicia federal. Todo comenzó cuando Horacio Verbitsky, ex cuadro de inteligencia de la organización Montoneros, luego colaborador de la Fuerza Aérea durante el Proceso (lo que dio lugar al libro de Gabriel Levinas, Doble Agente), contó en un programa de radio cómo le facilitaron el acceso a la vacuna fuera del protocolo vigente, consignó Infobae.

“Llamé a mi viejo amigo Ginés González García”, reconoció Verbitsky el 19 de febrero. En virtud de eso fue convocado a vacunarse en el Ministerio de Salud y se descubrió que otros allegados al poder habían tenido ese privilegio. Ginés admitió este martes que existió un contacto telefónico con el periodista mucho antes de que estallara el escándalo: “Me dijo “se ha muerto un pariente mío, estoy muy asustado” y yo le pedí que esperara”.

Pese a ello, el ex funcionario defendió la inmunización de Verbitsky porque tenía 79 años y le atribuyó al director del Hospital Posadas, Alberto Maceira, la decisión de haber montado el vacunatorio en el Ministerio de Salud. “Eso fue un accidente”, analizó en diálogo con Ernesto Tenembaum en radio Con Vos. “Yo estaba en Entre Ríos. El director del Posadas me dijo que no quería que Verbitsky fuera al Hospital porque está muy politizado y sus trabajadores han tenido consecuencia en la Dictadura. Entonces pidió que no los llevaran ahí y dijo que él estaba dispuesto a ir a cualquier lado, incluso si querían al Ministerio; yo dije que sí y listo”, avanzó.

González García no explicó por qué los trabajadores del Posadas no querían a Verbitsky. “Eso hay que preguntarle a ellos”, contestó. En la confesión pública del 19 de febrero, el periodista había declarado que mantiene una relación “fraternal” con los médicos y enfermeros de esa institución ubicada en el partido de Morón.

La decisión de montar un vacunatorio vip en el Ministerio de Salud por el que también pasaron Jorge Taiana y Eduardo Valdés, y una larga lista de funcionarios que se habían vacunado en el Hospital Posadas cuando no les correspondía le terminaron costando el puesto a González García. Fue echado y reemplazado por su segunda, Carla Vizzotti.

La jueza María Eugenia Capuchetti deberá determinar si Ginés tuvo alguna responsabilidad penal en el hecho. Maceira ya pasó por los tribunales de Comodoro Py en condición de testigo y reconoció su participación personal en el escándalo.

En la tarde de este sábado se llevaron a cabo en todo el país movilizaciones en repudio al escándalo del vacunatorio VIP. En Rosario, el epicentro fue el Monumento a la Bandera, en donde ciudadanos autoconvocados se sumaron a la iniciativa que se hizo vía redes sociales con la denominación #27F.

La convocatoria tuvo un fuerte respaldo y activa participación de sectores de la oposición, pero no sólo de Juntos por el Cambio, sino también agrupaciones políticas como las lideradas por el economista José Luis Espert, entre otros. Tanto la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, como el diputado nacional por el radicalismo, Mario Negri, y el senador Martín Lousteau, fueron algunos de los que se mostraron en torno a la Plaza de Mayo, en lo que fue la movilización principal realizada en Capital Federal.

Por su parte, en Rosario se notó una importante concurrencia, gran cantidad de banderas argentinas, algunos bombos y todo tipo de carteles con mensajes claros en contra del escándalo que estalló la semana pasada y le costó su puesto a Ginés González García como ministro de Salud de la Nación, siendo reemplazado luego por Carla Vizzotti.

Mientras estaba en su gira por México y frente a las consultas de la prensa, el presidente Alberto Fernández debió referirse a lo que pasó en torno al escándalo del vacunatorio vip. Tras  reconocer que la actitud del ex ministro de Salud, Ginés González García, fue reprochable y por eso le costó el puesto, pidió que los jueces y fiscales “terminen con las payasadas” y dijo que no existe ningún tipo penal para atribuirle un delito a una persona que se adelantó a otra en la fila de espera. “No existe ese delito y no se puede construir”, aseguró.

Sin embargo, su visión no coincide con la de un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la casa de Altos Estudios en la cual el Presidente es profesor desde 1985: los jóvenes viralizaron un duro cuestionamiento en una carta abierta bajo el título “¿Se anima a decir en un aula de la Facultad de Derecho lo que declaró en México? El vacunatorio vip es delito”.

A través de las redes sociales, universitarios agrupados en Franja Morada, solicitaron a Alberto Fernández debatir acerca de sus declaraciones y la vacunación vip en un aula de la UBA.

“Nos dirigimos a Ud. como estudiantes de la Facultad de Derecho de la UBA -en la cual usted enseña la materia Teoría del Delito- y como militantes de la Franja Morada, para formularle una pregunta concreta: ¿Se anima a decir en un aula de nuestra Facultad lo que declaró a la prensa en México?”, comienza el mensaje.

Y continúa: “Bien sabe que si llegara a decir eso en un aula de nuestra Facultad cualquier alumno de primer o segundo año le diría que podría aplicarse, como mínimo y entre otras figuras, la de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias y/o malversación de fondos públicos (art. 248 y subsiguientes del Código Penal). Mentir así no resulta digno de un profesor de una de las facultades de Derecho más importantes del continente”.

En el texto también se crítica cómo el gobierno nacional gestionó la administración de las vacunas y se detalla la cantidad de contagios y muertes por coronavirus en el país. “¿Por qué negar lo innegable? Deje que la Justicia -tan arbitrariamente castigada por su espacio político- haga su trabajo”, concluyeron los estudiantes.

Ernesto Martínez, senador nacional del Frente Cívico de Córdoba, afirmó este martes en CNN Radio que en la provincia “de manera inmoral, hubo un grupo de dirigentes que se consideró esencial y se hizo vacunar por fuera de un listado de prioridad elaborado como un plan estratégico”, a la vez que expresó que esta circunstancia implica “lo mismo que ocurrió en Buenos Aires” con el escándalo por el llamado vacunatorio VIP, ya que, sostuvo, “la metodología es similar”.

En el programa Café con Pepe, el legislador opositor señaló que “salieron con explicaciones irrisorias” y expuso que “pedimos los nombres o el listado” de quienes presuntamente recibieron la vacuna sin integrar los grupos prioritarios.

“Esta práctica nefasta genera incredulidad en la población. En el peor momento de una situación catastrófica de la pandemia, equiparable a una guerra, algunos deciden salvarse”, indicó en diálogo con Pepe Gil Vidal.

El legislador apuntó que el gobierno cordobés no brinda información amparándose en el “resguardo de datos personales. No quieren revelar identidades”. El gobernador Juan Schiaretti y el ministro de Salud cordobés “no hablan”, dijo Martínez, al mismo tiempo que sopesó que el supuesto circuito paralelo de vacunación “sucede en todos los pueblos de la provincia y lo aprovechan intendentes, familiares, choferes y demás”.

“A Córdoba le corresponde el 8 por ciento de las vacunas que llegan al país”, precisó. Y acotó: “La Nación debe velar por la salud pública. Queremos que entreguen las listas a la Justicia y se verifique si hubo violaciones a las leyes nacionales”.

Martínez consideró que “se está cubriendo a un gobierno que no se porta bien” y cuantificó: “En Córdoba tenemos 35 médicos muertos por covid. El personal de salud no se vacunó en su totalidad. Antes de todo esto, unos cuantos vivos se vacunaron sin que les importara la salud de los primordiales”.

Este lunes, la oposición insistió en que en la provincia de Córdoba existe un listado de funcionarios y allegados al poder que habrían accedido a una vacuna contra el coronavirus por fuera del protocolo de prioridades que presentó la administración de Schiaretti. Junto con el diputado Luis Juez, Martínez se presentó en los tribunales federales para reclamar que la Justicia solicite al gobierno provincial la lista de los vacunados.

La flamante ministra Carla Vizzotti, aseguró que «desconocía totalmente» el vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud y explicó que «fue una situación puntual de vacunación de 10 personas en una situación incorrecta, reprochable”.

A su vez, afirmó que es “absolutamente falso” que el Gobierno disponga de 3.000 vacunas para un uso discrecional. “El Ministerio tiene un stock estratégico de todas las vacunas por si hay algún problema con la cadena de frío en algún distrito, para que no quede desabastecido”, señaló en diálogo con Radio Con Vos.

Vizzotti destacó que tanto el presidente Alberto Fernández como el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, le pidieron “poder mostrar la trazabilidad de las vacunas e informar con mucha transparencia los avances de la vacunación”. Detalló que se generará un protocolo “y un circuito de difusión de ese protocolo entendiendo que la situación es muy sensible, que impacta en la confianza de la gente, y entendiendo que la campaña de vacunación está marchando de una manera sólida”.

Sobre la situación de Ginés González García, su antecesor en el cargo, dijo: “Él no estaba en el ministerio, lo dijo en la carta de renuncia; dijo que esas personas tenían que ir al Posadas y que por un error se generó la vacunación en el ministerio, él asumió el error y se fue del ministerio, no puede quedar más claro. Fue un error, lo manifestó en su carta de renuncia, y eso no puede empañar la gestión de Ginés en la pandemia ni su trayectoria”.

“Hablé con él (Ginés) antes de hablar con el Presidente, cuando salí; hablamos cuando estaba yendo a jurar. Voy a hablar toda la vida con él. Es una situación de sentimientos muy encontrados, entendemos la gravedad de la situación, tenemos una responsabilidad como equipo de Ginés, pero vemos que la gestión no está en duda, por eso el presidente eligió a alguien de su equipo”, continuó la funcionaria.

Con relación a las vacunaciones del líder gremial Hugo Moyano, su mujer y uno de sus hijos, reconocida por el referente de Camioneros, la funcionaria la diferenció de otros casos como, por ejemplo, el del ministro de Economía, Martín Guzmán. “No es discutible que alguien que tiene un rol de coordinación de un área importarte (se vacune), si se enferma tiene impacto en el funcionamiento de esa área, pero lo que es discutible es el momento, porque todavía no hay vacunas suficientes para el personal de salud”, aclaró la ministra y agregó: “Lo de la esposa y el hijo seguro que es más discutible, lo de Moyano como personal estratégico podemos hablar, pero se puede discutir si es el momento, si se puede esperar tener un número de vacunas más importantes”.