Transportistas de personas con discapacidad advirtieron que “van a suspender los servicios” para afiliados de IAPOS desde septiembre si no se soluciona su reclamo de bajos aranceles por la actividad. La Asociación de Transportes Especiales de Santa Fe (Atraes) apuntó contra la obra social y aseguró que hay un desfasaje respecto a los pagos y los costos del servicio.

Pablo Bolego, titular del sindicato, analizó la situación y explicó: “El último aumento que recibimos fue en enero de este año, cuando hemos sufrido en todo este tiempo incrementos en los costos como combustible, cubiertas y reposición de unidades”. 

En la misma línea, amplió: “Esto redunda en una precarización del servicio y en la sangría permanente de prestadores transportistas que deciden abandonar el padrón de IAPOS y ya no brindarle servicio a la obra social”.

En ese sentido, Bolego especificó que se pide una mesa de trabajo eficiente, que “no se reduzca a la sola escucha pasiva de nuestra problemática sino al trabajo en la efectiva implementación de medidas que traigan soluciones frente a la diversidad de dificultades que planteamos”.

A su vez, Atraes presentó un petitorio ante IAPOS plasmando las medidas que requieren para normalizar la actividad en el territorio provincial y alertó que la baja de transportistas afectará el servicio de unos 3.000 pacientes.

Además, el titular de la asociación reveló que “en diciembre del 2023 teníamos un arancel de 272 pesos por kilómetro, y el litro de combustible gasoil Premium 328 pesos, pero en sólo 6 meses llevaron el kilómetro a 470 pesos pero el litro de combustible se disparó a unos 1.300 pesos". 

Por último, concluyó: "Quiere decir que hoy el valor por kilómetro que el IAPOS nos paga, es el equivalente sólo a un 35 por ciento del litro de combustible”.

Tras la aprobación de la nueva tasa vial por parte del Concejo con la que el municipio podrá recargar el valor del combustible en las estaciones de servicio de Rosario, desde la Asociación de Transportes de Cargas salieron con los tapones de punta y se manifestaron en contra de la medida.

«La ineficiencia de ellos la terminamos pagando nosotros. La decisión del ejecutivo lo tomamos mal, porque en vez de apoyar a las Pymes y a quien da trabajo nos castigan por el aumento de más del doble del combustible y encima el señor intendente se le ocurre poner una tasa», enfatizó Alfredo Guagliano, presidente de la entidad.

«En privado cuando no le dan los números empieza a achicarse, pero ellos (por el municipio) en vez de achicar le siguen sacando al privado para mantener el aparato obsoleto y sobredimensionado que tienen», continuó ofuscado Guagliano.

«Realmente es una injusticia lo que están haciendo. Estamos en una situación crítica en el transporte con insumos que son incomprables y con una demanda de trabajo que va a tener una baja muy importante», relató el titular de la entidad.

Pese a que la ordenanza ya fue aprobada en la última sesión, Guagliano adelantó que este martes mantendrán una reunión con estacioneros y otros sectores productivos que se ven afectados por el aumento de combustibles. «Vamos a ver qué definimos. Como ya lo aprobó el Concejo, vamos a tener que pelear para que no se reglamente», cerró.

Trabajadores nucleados en la Asociación De Transportistas de Personas con Discapacidad (Atraes) tomaron la determinación de ir a paro por falta de pago. La decisión unánime fue comunicada este jueves por referentes del sector.

En efecto, el personal del rubro llevará a cabo una medida de fuerza el próximo lunes 11 de septiembre. Además, el sindicato prevé una movilización hacia la sede de PAMI en Rosario, la cual iniciará pasadas las 9 y estará apuntada al reclamo por deudas atrasadas en el pago de las prestaciones.

Pablo Bolego, titular de Atraes, brindó declaraciones sobre la situación y señaló: «PAMI ya nos había avisado que su sistema de facturación había sido hackeado a nivel nacional, hoy nos encontramos sin haber cobrado mayo, junio, julio y agosto de este año».

Por último, el presidente de la asociación denunció: «También nos están debiendo las complementarias por los aumentos que se han dado a lo largo del año y han anunciado que se otorgaba a los prestadores transportistas un bono compensatorio del 20 por ciento de la factura de abril, el cual tampoco hemos cobrado».

Ante las consecuencias que comienzan a padecerse por la última sequía que afectó directamente los rindes de cosecha, el senador provincial Lisandro Enrico, quien días atrás impulsó pedidos al Gobierno Provincial en defensa de la situación que atraviesan los productores agropecuarios, mantuvo una reunión virtual con más de 50 integrantes de distintas cámaras de transportistas para escucharlos sobre la difícil realidad que se les presenta.

La intención del senador fue tomar nota de las solicitudes de los transportistas de cosecha y animales vivos afectados, porque son una de las fuentes laborales más importantes para muchas localidades santafesinas, y plantearlas en la Legislatura junto a los diputados Maxi Pullaro y Georgina Orciani.

“Santa Fe no se puede olvidar de estos trabajadores que también padecen las consecuencias de la sequía, por eso vamos a impulsar distintas propuestas para solicitarle al Gobierno Provincial que se les brinde asistencia”, manifestó Lisandro Enrico.

Por su parte, el precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Maximiliano Pullaro, señaló que “es necesario que el gobierno tome conciencia de cuántos puestos de trabajo están en riesgo por esta situación, no pueden seguir mirando para otro lado”.

Además, Pullaro señaló que “los transportistas expresaron que no sólo tiene altos costos fijos en sueldos, leyes sociales, tasas e impuestos, sino que incluso cuando pueden hacer algún viaje a las zonas portuarias, sufren la inseguridad perdiendo la carga por la rotura de boquillas o siendo atacados con piedrazos para robarle a los conductores. El abandono es total”, concluyó Pullaro.

En los próximos días, tanto Enrico en la Cámara de Senadores, como Pullaro y Orciani en Diputados, presentarán un listado de medidas para que desde el Gobierno Provincial se pueda dar respuestas a este sector laboral tan golpeado por la falta de lluvias. Entre las propuestas se destacan:

> Como primera medida, que el Gobierno Provincial incluya en la «Declaración de estado de emergencia» a este tipo de transporte.

> Que la emergencia contemple aportes no reintegrables para cubrir gastos como la VTV, peajes y bonos en las playas portuarias.

> Acceso a créditos blandos con períodos de gracia para afrontar reparaciones de equipo, compra de neumáticos y combustible, etc.

Por otro lado, a nivel Nacional, solicitarán ante la CNRT la posibilidad de prórrogas de hasta 12 meses en las Homologaciones correspondientes.

“De las últimas décadas, ésta fue la sequía más dura. Bajaron los rindes de cultivos, y no sólo la economía de los productores agropecuarios es alarmante, también las consecuencias llegan a otros sectores como los transportistas de cereal y ganado. Por eso vamos a pedir ante el Gobierno Provincial que se generen herramientas para ayudar a estas familias perjudicadas que tendrán un año complejo respecto a sus ingresos que dependen exclusivamente de los viajes que puedan realizar”, señaló Enrico.

Durante la mañana de este lunes frente a la sede de Pami en San Lorenzo al 900, trabajadores transportistas de personas con discapacidad se manifestaron en reclamo de una deuda de seis meses que sostiene la entidad para con ellos. Remarcaron que no cortaron el servicio en ningún momento durante la pandemia y que no quieren llegar a esa instancia, aunque advirtieron que de esta manera no podrán «estar mucho tiempo más».

Al respecto, Horacio Casas, vicepresidente de Atraes, dijo: “Estamos reclamando los seis meses de deuda que tiene el Pami con los prestadores de discapacidad. Hemos tenido ya tres reuniones y la directora nos dice que Buenos Aires tiene que hacer las transferencias. Hemos tenido comunicación con el director de discapacidad de Pami central en Buenos Aires, que nos dice que está todo auditado, listo para el cobro, pero la plata no está”.

“Tenemos siete facturas adentro, nunca hemos dejado de prestar el servicio y atender al discapacitado. Esto nos llevó para hacer esta movilización para el reclamo del paro”, afirmó el referente de la asociación que nuclea a los trabajadores del sector y agregó: “Tenemos un buen diálogo, pero este mes ya nos reunimos tres meses y ellos dicen que en Rosario ya hicieron todo bien, auditaron todo y que falta que Buenos Aires pague. Debe haber un problema entre ellos y nosotros estamos en el medio”.

Consultado sobre las complicaciones que está deuda les trae de acuerdo a los costos que deben afrontar, señaló:  “Mantenemos las unidades, pagamos los choferes, todos los gastos del vehículo, tenemos que tenerlo en condiciones para atender a las personas con discapacidad. No tenemos respuestas y así no podamos estar mucho tiempo más, pero no queremos cortar la prestación. Jamás lo cortamos y no queremos llegar a esa instancia”.

“El Pami tiene que entender que nosotros no llevamos encomiendas, no podemos dejar de atenderla a esta gente, que es muy sensible, que tiene muchos problemas. Les llevamos pañales, cosas de rehabilitación, tenemos mucho trabajo en esto y no podemos dejar a la persona con discapacidad sin atención”, continuó Casas, que se respondió sobre qué pasará si esta situación se extiende para cuando esté disponible la vacuna del coronavirus y tengan que entregarla: “No vamos a arrancar hasta que no achiquen la deuda y nos prometan que cada 30 días haya un pago. Podés tener uno o dos meses adentro, pero no seis. Dos boletas adentro, el arancel como corresponde y cada 30 días un pago”.

Transportistas de empresas de turismo realizaron este martes una movilización en el Monumento a la Bandera. Los manifestantes pidieron asistencia del Estado para el pago de trabajadores, debido afronta una crisis al estar paralizada desde marzo cuando se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus. En el nutrido reclamo participaron empresas de Rosario, el gran Rosario y ciudades aledañas.

La caravana inició desde el casino City Center de boulevard Oroño y Circunvalación, pasó por la zona de la fluvial y culminó con una importante concentración en el Monumento a la Bandera.

«Reclamamos el pago del ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) de abril. A través de un decreto, el Gobierno prometió que iba a pagar los sueldos de los empleados y todavía no lo ha hecho. La situación nuestra es bastante complicada”, dijo uno de los organizadores de la movilización en diálogo con Rosario Nuestro y agregó: “Estamos sin trabajar desde el 19 de marzo y seremos uno de los últimos sectores en retomar nuestra actividad normal, queremos que el Gobierno deposite los sueldos prometidos a los empleados”.

Empresas del turismo se movilizan en busca de ayuda urgente que les impida quebrar

“Aproximadamente unas 50 o 60 empresas, entre 3.000 y 3.500 trabajadores directos y obviamente hay trabajadores que se ven afectados indirectamente”, explicó y añadió: “Nos siguen cobrando todos los impuestos, pagamos la tasa de fiscalización nacional que eso corresponde a la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte), aunque no estemos transitando por las rutas igual nos cobran el impuesto. Hubo una prórroga que vencía el 20 de abril, se postergó para el 25 de mayo y ahora se volvió a postergar para el 15 de junio, pero igual la tenemos que abonar”.

Además, el trabajador manifestó su preocupación frente al momento en el que deban regresar a las rutas: “No tenemos protocolo por parte del Ministerio de Transporte de Nación como lo tienen Aerolíneas, por ejemplo. Pedimos ese protocolo para que cuando empecemos a trabajar estemos listos, porque evidentemente va a llevar tiempo tener las unidades para volver a viajar”.

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