El gobierno de Javier Milei hizo oficial este miércoles el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 340/2025 que modifica el régimen de huelga al ampliar el listado de actividades consideradas como "servicios esenciales" y de "importancia trascendental", que deberán garantizar entre un 50% y un 75% de su funcionamiento durante medidas de fuerza sindicales.

“Los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos”, establece el artículo 3 del decreto publicado en el Boletín Oficial.

En esa misma línea, la normativa establece que “en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio”. Mientras que “en el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 50%”.

Entre los nuevos servicios esenciales se incluyen los sanitarios y hospitalarios; el transporte y distribución de medicamentos; los servicios farmacéuticos; el suministro de agua, gas, energía y combustibles; las telecomunicaciones, incluyendo internet y servicios satelitales; y la aeronáutica comercial con control del tráfico aéreo y portuario.

También figuran los servicios aduaneros, migratorios, vinculados al comercio exterior; el cuidado de menores y la educación en todos los niveles; el transporte marítimo y fluvial de personas, mercaderías y carga; y las operaciones costa afuera.

El DNU fue firmado por Milei y los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía, Justicia, Seguridad, Salud, Capital Humano y Desregulación del Estado, y se inscribe dentro del plan de desregulación impulsado por el Ejecutivo, en el ámbito de la marina mercante.

Desde los sindicatos, la primera reacción fue de la CTA Autónoma. Su secretario general, Hugo "Cachorro" Godoy, expresó en redes sociales que el gobierno “intenta nuevamente avanzar con lo establecido en el DNU 70/23 que ya ha sido declarado inconstitucional en dos instancias por la cámara laboral”.

“Esta nueva ofensiva autoritaria, llevada adelante mediante un DNU, representa un ataque directo a derechos consagrados en la Constitución Nacional. No lo vamos a permitir”, advirtió el dirigente.

El gobierno de la provincia le ofertó a los gremios de la salud un aumento salarial trimestral del 8% tras mantener una reunión paritaria en la sede del Ministerio de Trabajo en la capital provincial.

De acuerdo a lo indicado por fuentes del gobierno, la totalidad del aumento se distribuirá en tres tramos: un 3 % correspondiente a abril (a liquidarse por planilla complementaria), un 2,6 % para mayo y un 2,4 % para junio.

Asimismo, aclararon que “los aumentos se aplicarán sobre la base de los salarios de marzo y se garantiza un piso mínimo de $75.000. La propuesta también incluye una compensación para aquellos agentes que, en el primer trimestre, no alcanzaron a cubrir el índice de inflación”.

Por otro lado, durante la reunión se incorporaron otras propuestas a tratar para mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la salud. 

En ese sentido, según el Ejecutivo provincial, el secretario de Administración, Guillermo Álvarez, “se propuso unificar y actualizar el ítem de Provisión de Accesorios de Indumentaria y Material de Actualización Profesional, en $35.000, a partir del 1 de abril. Además, se resolvió extender a los profesionales médicos de ambulancias de emergencia y traslados de la Secretaría de Logística Integrada y Articulación de Redes (SeLIAR), de la que depende el SIES 107, el adicional correspondiente a la guardia activa de emergencia, también desde abril”.

Asimismo, se promovió la continuidad de mesas técnicas específicas para abordar cuestiones propias del sector profesional de la salud.

De las negociaciones participaron la ministra de Salud, Silvia Sancio, el secretario de Logística Integrada y Articulación de Redes (SeLIAR), Jorge Stettler; y los subsecretarios Juan Pablo Gutiérrez (Legal y Técnica), Martín Pirles (SeLIAR) y Gloria Blarasin (Recursos Humanos).

En tanto, desde la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), asistieron Marcelo Beltrame, Pablo Crispo, Sandra Barbieri, Pamela Menotti, Lucas Peiretti, Viviana Thomas y Luciano Muscara; mientras que por Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (SiPrUS) participaron Jerónimo Ainsuain, Cintia Gambutti y Gonzalo Cabruja.

Omar Pérez, dirigente de Camioneros y hombre de confianza de Hugo Moyano, irá a juicio junto a otros cuatro representantes sindicales el próximo 5 y 12 de junio, acusados de extorsión en grado de tentativa por un bloqueo al depósito de la pyme Andar Transportadora en 2020 para exigir el pago de una deuda inexistente.

Verónica Razzini, diputada nacional del PRO y exlíder del Movimiento Empresarial Antibloqueo, dialogó con el programa Camino a Casa, que se emite por Radio Mitre Rosario, y definió al bloqueo que sufrió en su empresa durante tres meses como un episodio devastador. “Nuestro bloqueo fue uno de de los más largos de los que llegamos a contabilizar en el Movimiento Antibloqueo. Hubo uno de 12 meses en Tandil, a una empresa fabricante de cerámicos que duró 12 meses y llevó a la empresa al cierre. Los mismos trabajadores se unieron para ir contra el sindicato y pudieron reabrirla”, señaló. 

En este sentido, Razzini se refirió a los tres meses de bloqueo que sufrió en su empresa, lo definió como “una locura” y señaló: “Nos sacaron 10 años de progreso por todo lo que hubo que sostener. En ese momento estábamos en pandemia y hacía diez días que nos habían permitido volver a abrir, así que perdimos prácticamente el año. En marzo empezó la cuarentena, a nosotros nos permiten volver a abrir el 30 de mayo y el 8 de junio nos bloquea Camioneros y no nos deja trabajar más”. 

En esa misma línea señaló que el conflicto se resolvió vía judicial, a finales de septiembre de 2020. “Recién a principios de octubre pudimos reabrir las puertas y volver a trabajar, fue prácticamente medio año y las pérdidas económicas, de personal y de tiempo fueron enormes”, remarcó. 

En este aspecto, la diputada nacional celebró el hecho de que estos casos lleguen a la Justicia, remarcó que existe un cambio de paradigma importante en el tratamiento de los bloqueos sindicales y destacó: “La lucha contra los bloqueos fueron una política de Estado. El año pasado se armó una unidad antibloqueo donde tuve participación en la conformación junto con el Ministerio de Seguridad. A principios de 2024 la ministra de Seguridad Patricia Bullrich me convocó para diseñar esta unidad que meses más tarde se transformó en un hecho con la aparición de la línea 134, que te da la posibilidad de llamar y en un corto lapso de tiempo las fuerzas de seguridad están en el lugar, haciendo mucho más fácil para un empresario denunciar y poniendo las cosas en su lugar”. 

Razzini señaló que a pesar de la disminución de los bloqueos, aún hay zonas del país donde los empresarios conviven con este tipo de situaciones. “Hay zonas, sobre todo en el interior, donde los empresarios viven muy amenazados, por ejemplo, en la región de Vaca Muerta, en Neuquén, donde hay que hacer un trabajo diferente porque son muchos años en los que los empresarios se acostumbraron a vivir bajo amenaza y a ceder ante las extorsiones continuas”, aseguró. 

Por último, Razzini hizo referencia a la metodología que utilizaba el Sindicato de Camioneros para extorsionar a las empresas. “El Sindicato de Camioneros generó una metodología donde una vez que te bloqueaban y te plantaban la bandera, te decían ‘mirá, lo más conveniente es que vos arme una empresa de transporte dentro de tu comercio y ahí me pones a todos los choferes’. Los tipos te sacaban de tu actividad y la gente accedía porque sabían que no tenían quién los ayudaran. Te obligaban a que vos generas una actividad nueva para después terminar vaciando tu comercio”. 

Los dirigentes gremiales que habían sido detenidos el miércoles por los incidentes ocurridos en la Legislatura santafesina el pasado 12 de septiembre, fueron liberados este jueves pasado el mediodía al término de una audiencia imputativa. 

A pesar de haber sido puestos en libertad, la fiscal Laura Urquiza aseguró que los sospechosos fueron imputados por “haber perturbado la sesión de los legisladores y por el delito de daño agravado”. 

“Asimismo, a otra persona se le atribuyó de forma particular el tener un arma de fuego sin su debida autorización”, agregó. 

En ese marco, los imputados deberán fijar un domicilio en la provincia, presentarse cada 30 días en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), tendrán prohibido acercarse a la Legislatura y no deberán portar armas de fuego o cometer delitos. 

Los detenidos liberados fueron Franco Casasola y Román González, integrantes de la comisión directiva de Amsafé Rosario, junto con el delegado Diego del Castillo y el referente de la Federación Nacional Territorial (Fenat) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTAA) Rosario, Maximiliano Molina.

El secretario general de Amsafé Rosario, Juan Pablo Casiello, destacó la liberación de los “compañeros" y afirmó que van a “ir a fondo por el caso”. 

“Lo que logramos hoy es un paso muy importante. Pero vamos a ir a fondo, exigiremos el desprocesamiento de los liberados y defenderemos que se garantice el derecho a la protesta", consignó. 

⚠️ TERMINÓ LA AUDIENCIA IMPUTATIVA ⚠️Van a liberar a los compañeros detenidos. Después de la fuerte movilización y unidad de la clase trabajadora se logró que en las próximas horas liberen a los detenidos.BASTA de perseguir a los que luchan pic.twitter.com/3nrG2n0dap

El conflicto partiario y universitario de la provincia se intensificó en las últimas horas cuando la Asamblea de Interfacultades que se desarrolló en la sede de humanidades de la UNR, votó para marchar hacia plaza San Martín en protesta de la detención de sindicalistas. 

La aprehensión de los líderes gremialistas, fue por los incidentes del 12 de septiembre en la Legislatura santafesina que discutían la reforma previsional.

En ese marco, la asamblea comenzó alrededor de las 17, con asistencia tanto de estudiantes como personal docente y no docente, que cortaron la calle en la sede de Entre Ríos al 700..

Así las cosas, se resolvió marchar junto a Amsafé en la plaza San Martín, que también convocó a una movilización en esa zona a las 17, mas un paro desde la 16. 

Por último, se realizará una nueva asamblea similar a la de este miercoles el viernes a las 17 horas en Humanidades. 

La Mesa Nacional del Transporte, que es integrada por los siete gremios más importantes del sector, analiza realizar un paro nacional de 24 horas para el próximo 17 de octubre. La medida de fuerza se confirmará tras el plenario que se llevará adelante el 8 de octubre, del que participaran las comisiones directivas y delegados.

Así lo definieron, luego de una reunión, Juan Pablo Brey (Asociación Argentina de Aeronavegantes), Pablo Moyano (Camioneros), Pablo Biró (Pilotos), Omar Maturano (La Fraternidad), Mario Caligari (UTA), Juan Carlos Schmid (Fempinra) y Raúl Durdos (SOMU).

Durante el plenario previo a confirmar la medida de fuerza, se espera conocer la postura de los demás gremios del sector.

“Los ejes de nuestros reclamos son tres: la falta de recomposición salarial; la libertad sindical y la defensa de la Soberanía Nacional sobre los distintos modos de transporte. La Mesa se pronunció por la recuperación del salario de los gremios del transporte que perdieron en forma general el poder adquisitivo desde que asumió Milei”, indicaron mediante un comunicado.

La Mesa Nacional de Transporte fue conformada la semana pasada, tras la escalada del conflicto entre el Gobierno nacional y los gremios aeronáuticos, luego de que Nación avance con la idea de privatizar Aerolíneas Argentinas. 

“Los distintos gremios presentes coincidieron en que desde inicios de este Gobierno se persigue a los dirigentes y se busca criminalizar la protesta social, que está amparada en la Constitución Nacional y en convenios de las máximas organizaciones Internacionales que regulan el trabajo”, señalaron.

En esa misma línea, continuaron: “Nuestro eje es la defensa de la soberanía del país que está representada en las Rutas Nacionales, en los ferrocarriles, mares, ríos y cielos, frente al atropello cotidiano que vemos implementa el gobierno de Javier Milei en cada modo”.

Además, en la reunión realizada este jueves los gremios decidieron acompañar la Marcha Federal Universitaria del próximo 2 de octubre.

El juez Carlos Leiva condenó, a un joven gatillero de 22 años llamado Gonzalo Nawojczyk, a cuatro años de prisión luego de que el sospechoso se declarara culpable de haber baleado la sede del Sindicato de Camioneros ubicada en Barrio Abasto, en Pasco al 1000, el 2 de octubre del 2023. 

En base al trabajo de fiscales como Franco Carbone, se logró establecer que el condenado actuaba bajo el mando del actualmente recluso de la Cárcel Federal de Ezeiza, Pupito Avalle, líder criminal fuertemente relacionado a la banda de Los Monos, que desde su lugar de reclusión comandaba distintas amenazas contra locales y gremios, como el sindicato de la Carne o la Uocra, al usar con total impunidad el teléfono del penal. 

En ese marco la sentencia fue alcanzada tras un acuerdo entre la Fiscalía y la Defensa en la que se le achacó al soldadito los delitos de abuso y portación de arma de fuego, y encubrimiento. 

Según lo expuesto durante las investigaciones del caso, el joven fue el perpetrador del ataque a tiros que sufrió la sede del Sindicato de Camioneros el 2 de octubre del 2023 en Pasco al 1000, en una serie de tres disparos que fueron efectuados al aire. 

En ese momento, el condenado efectuó el ataque sin acompañante o ayuda alguna a bordo de una moto Yamaha FZ de color rojo robada que le comenzó a fallar al poco tiempo de escapar, por lo que tuco que huir a pie. 

Tras huir al sur por San Martín, el delincuente se deshizo de algunas prendas de ropa sin percatarse que varios testigos que habían escuchado los disparos lo observaban con sorpresa. 

Justamente, uno de los testigos del hecho fue el que dio aviso a la Policía que tras patrullar las calles, detuvieron al sospechoso en Sarmiento y Cerrito, que luego de tirar su arma, una pistola calibre .380 en un contenedor, disimuló ser un peatón común y corriente mientras miraba su celular.