Por Mauro Yasprizza.

La discusión sobre los trapitos volverá a ocupar un lugar central en la Legislatura santafesina. El senador provincial Ciro Seisas anunció que buscará que el proyecto que prohíbe la actividad sea tratado nuevamente el próximo 2 de julio, con la intención de recuperar el texto original que había sido aprobado por la Cámara de Senadores.

La iniciativa propone incorporar la actividad de los cuidacoches y limpiavidrios al Código de Convivencia provincial, estableciendo su prohibición en el territorio santafesino. Al mismo tiempo, contempla que cada municipio pueda adaptar la normativa a través de ordenanzas locales, incorporando herramientas de ordenamiento urbano y programas de inclusión social para quienes hoy desarrollan esta tarea de manera informal.

Según explicó Seisas, el proyecto original surgió tras meses de debate en ambas cámaras y buscó dar una respuesta a una problemática que desde hace años genera conflictos en distintas ciudades de la provincia. El legislador sostuvo que el fenómeno dejó de ser una discusión exclusivamente local y hoy forma parte de una agenda que también atraviesa a otras provincias del país.

Sin embargo, el senador cuestionó las modificaciones introducidas durante el tratamiento en Diputados. En particular, apuntó contra el criterio que exige demostrar situaciones de intimidación, coerción o extorsión para sancionar la actividad.

A su entender, esa modificación debilita la ley porque esas conductas ya están contempladas en la legislación vigente. “Si para actuar hay que probar una extorsión o una amenaza, entonces no hace falta una ley específica para los trapitos”, planteó.

Otro de los puntos observados por Seisas fue la incorporación de nuevos cargos judiciales dentro del proyecto. Si bien aclaró que no está en contra de ampliar estructuras cuando sea necesario, consideró que esa discusión no debería formar parte de una norma destinada a regular una problemática puntual vinculada al espacio público.

Detrás de la discusión legislativa aparece un debate más profundo. Durante años la figura del trapito quedó atrapada entre la tolerancia social, la falta de regulación y los reclamos de vecinos y comerciantes. Para algunos representa una salida laboral precaria; para otros, una práctica que en muchos casos deriva en situaciones de presión, ocupación indebida del espacio público y conflictos cotidianos.

La definición que adopte la Legislatura marcará un rumbo. No resolverá por sí sola un fenómeno que lleva décadas instalado, pero sí permitirá establecer con claridad qué lugar está dispuesto a darle el Estado a una actividad que, hasta ahora, se movió en una zona gris.

El 2 de julio será una fecha clave. Allí se sabrá si la política logra cerrar una discusión que lleva meses de idas y vueltas o si el debate sobre los trapitos seguirá estacionado en el mismo lugar donde permanece desde hace más de treinta años: en el terreno de las soluciones inconclusas.

A horas de una nueva visita del presidente Javier Milei a Rosario por el 20 de junio, el Gobierno nacional celebró la baja sostenida de la violencia en la ciudad a partir del Plan Bandera. En este sentido, destacaron la caída de la tasa de homicidios en todo el país durante el último año.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, habló sobre la medida conjunta que fue llevada adelante por Nación, Gobierno de Santa Fe y Municipalidad de Rosario desde diciembre de 2023, con un refuerzo de fuerzas federales en zonas específicas, trabajos coordinados con la Policía de Santa Fe y el rol de la Justicia para avanzar con los casos. En este sentido, subrayó: “El Plan Bandera funciona y los resultados se reflejan en la vida cotidiana de los rosarinos. Hay menos violencia, más control y más presencia de nuestras fuerzas”.

En comparativa, la cartera recordó las cifras de años anteriores, cuando Rosario alcanzó los 20 homicidios cada 100.000 habitantes, un número que quintuplicaba los niveles de violencia del resto del territorio nacional. “Si hay algo que hizo funcionar al Plan Bandera fue la gobernanza del plan y la articulación entre la Nación, la Provincia y la Ciudad”, afirmó la ministra.

Por otro lado, en términos de estadísticas nacionales, desde Seguridad puntualizaron que la tasa de homicidios en Argentina durante 2025 fue de 3,6 cada 100.000 habitantes. De esta manera, el número se metió entre los más bajos la más baja desde que existen registros oficiales y se posicionó como uno de los menores de América Latina.

A su vez, afirmaron que los homicidios se redujeron un 7,3 por ciento durante 2025 y acumularon una caída del 18,4 por ciento en los últimos dos años. También, la tendencia descendente se sostuvo este año, con una baja interanual del 15,6 por ciento durante el primer trimestre.

En materia de femicidios, se detectó una baja del 10,8 por ciento en 2025 y del 23,5 por ciento en los últimos dos años.

El Gobierno de Santa Fe se hizo eco de la captura de Andrés Raúl “Plin” Acosta, delincuente vinculado a Los Menores y barrabrava de Central que pertenecía a la lista de los más buscados de la provincia.  Avanza la búsqueda de los prófugos de alto perfil restantes.

La vocera del Ejecutivo provincial, Virginia Coudannes, habló este martes por la mañana en una conferencia de prensa en Rafaela, donde se refirió al sospechoso de 27 años, sobre el que pesaba una recompensa de 25 millones de pesos y fue detenido este lunes a la salida de un boliche en San Telmo, Buenos Aires.

"En 23 meses capturamos a 17 prófugos de estas características. No podemos permitir que la violencia siga derramando sangre en la provincia”, señaló la funcionaria ante la prensa y destacó la política de seguridad impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro. 

A su vez, subrayó que las acciones permitieron reducir significativamente los índices de homicidios. En este sentido, comparó los más de 200 homicidios registrados en 2023 de enero a mayo con los 61 casos detectados en el mismo período de este 2026.  “No vamos a dar ni un paso atrás porque este es el camino”, agregó.

Matías Ignacio Gazzani - Investigado como líder de la banda de Los Menores.

Recompensa: 60 millones de pesos

Vicente Matías Pignata - Involucrado en causas federales por narcotráfico y lavado de dinero.

Recompensa: 35 millones de pesos

Jesús Maximiliano Eusebio - Acusado como integrante de la banda criminal La Mafilia, ligada al recluso Leandro “Gordo” Vilches.

Recompensa: 30 millones de pesos

Facundo Nicolás Aguirre - Homicidios y narcomenudeo en Rosario.

Recompensa: 30 millones de pesos

Fernándo Sebastián Vázquez - Acusado por el crimen de Andrés “Pillín” Bracamonte y Daniel “Rana” Attardo en Rosario.

Recompensa: 25 millones de pesos

Ramiro Gastón Escalante - Integrante de la banda de Lisandro “Limón” Contreras. Apuestas clandestinas, operaciones en criptomonedas, maniobras financieras.

Recompensa: 20 millones de pesos

Samuel Elías Reyes - Presunto autor del crimen de Zamir Torres (9 años) en Frontera.

Recompensa: 20 millones de pesos

La Policía de Investigaciones (PDI) cerró mayo con casi 500 allanamientos en el territorio santafesino. Así lo confirmó este martes por la mañana el Ejecutivo provincial, a través del nuevo secretario de Gestión Institucional, Federico Angelini.

De acuerdo a los registros del último mes por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, se llevaron adelante 498 allanamientos y requisas de PDI, en coordinación con fiscales y personal especializado.

En este sentido, fueron secuestrados 312 celulares, 32 armas de fuego, 846 municiones de diferente calibre y 43 vehículos ligados a distintas investigaciones judiciales. A su vez, en materia de narcocriminalidad, se incautaron 5.409 gramos de cocaína y más de 120 kilos de marihuana, junto con plantas de cannabis. 

En cuanto a dinero, se secuestraron más de 34 millones de pesos y 285.751 dólares. Gran parte del monto total está relacionado con actividades ilícitas.

Por su parte, Angelini confirmó que en Rosario se llevaron adelante 46 procedimientos y destacó: “Son el resultado de mucho tiempo de trabajo en la calle, reuniendo pruebas para presentar ante la Justicia. Vamos a seguir por el camino de la profesionalización de la fuerza porque cada allanamiento, cada investigación y cada golpe a las organizaciones criminales contribuye a reducir su poder de fuego y a brindar más seguridad a los santafesinos".

En la misma línea, opinó que “cada golpe a una organización criminal significa quitarle capacidad operativa, recursos económicos y margen de acción". También, consideró que "ese es el camino para seguir recuperando la tranquilidad en nuestros barrios”.

Rosario alcanzó los 70 operativos de inactivación en búnkers y puntos de venta de droga este miércoles. Fue durante un nuevo derrumbe en la zona sudoeste de la ciudad.

Las tareas fueron realizadas esta mañana en Centeno al 2.400, con supervisión del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni.

Según las primeras informaciones, el inmueble fue derribado a partir de un operativo integral en Villa Moreno y Villa Centeno, por reiteradas denuncias de venta de estupefacientes y el registro de hechos violentos. Además, allí secuestraron sustancias y hubo detenidos.

El fiscal César Cabrera brindó detalles al respecto y mencionó: “Se comprobó que la comercialización se desarrollaba antes de nuestra intervención e incluso continuó después. Por eso se solicitó el derribo del inmueble”.

Por su parte, Cococcioni respaldó la continuidad de las políticas de seguridad y recordó que se envió un nuevo paquete de medidas a la Legislatura para endurecer las acciones ya en marcha: “No es momento de flexibilizar la política de seguridad. Cuando un gobierno demuestra, junto con la Fiscalía y las instituciones del sistema penal, que las herramientas disponibles mejoran los indicadores, eso habilita a pedir nuevos instrumentos”, señaló.

Dos nuevos derrumbes de búnkeres se llevaron a cabo este jueves en la zona noroeste de Rosario. Fue en barrio Gráfico, donde operaba una familia que usurpaba inmuebles, los vendía y amenazaba a los inquilinos para recuperarlos.

Se trata de un nuevo operativo de la Ley de Microtráfico, realizado esta mañana en Benteveo al 700 y Jacobacci al 9000. Estuvo encabezado por el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación (MPA). A su vez, una tercera propiedad fue restituida a sus moradores legítimos.

El fiscal Franco Carbone estuvo presente en las intervenciones y brindó detalles sobre el mecanismo que utilizaba la banda criminal ligada al narcomenudeo. En primer lugar, mencionó: "Hay una familia que tiene atemorizado a todo barrio Gráfico. Algunos de sus integrantes están detenidos y otros tienen pedido de captura. Se dedican a la venta de estupefacientes al menudeo y también a las extorsiones”.

En la misma línea, afirmó que “consumían y comercializaban drogas en estos lugares”, los cuales ocupaban ilegalmente y vendían a personas de buena fe. Finalmente, extorsionaban a los compradores para que se retiren y volvían a tomar posesión del inmueble. A su vez, se registró un homicidio a pocos metros de uno de los búnkers.

De esta manera, ya son 118 las inactivaciones de puntos de venta de droga en Santa Fe por la Ley de Microtráfico.

El Gobierno de Santa Fe avanzó con el decomiso de una propiedad de la zona oeste de Rosario ligada a Osvaldo Raúl Bejarán, excomisario condenado en 2021 por enriquecimiento ilícito. Tras la ratificación del fallo este año por parte de la Corte Suprema, se habilitó el operativo y las personas que vivían en la casa fueron desalojadas.

La posesión del inmueble de dos pisos fue efectuada en un sector de calle Lavalle al 900 por personal de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad). Estuvo presente el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza.

En este marco, se confeccionó un inventario de los bienes que se encontraban dentro del domicilio, entre los que figuraba una pistola con balas. En este caso, la situación legal del arma de fuego quedó sujeta a pericias, en las que se buscará determinar si el portador contaba con autorización legal para tenerla.

Durante el procedimiento, Figueroa Escauriza anticipó que “el destino más probable” para el inmueble será un remate, aunque evaluarán si puede ser reutilizada bajo las tareas de algún organismo estatal.

En cuanto a Bejarán, el ex integrante de la policía fue investigado durante más de una década luego de cumplir funciones como jefe de Leyes Especiales, área encargada de la persecución de delitos de juego clandestino en la ciudad. Lo condenaron tras comprobarse que había un desajuste entre sus bienes y sus ingresos, incluyendo la compra de seis vehículos, dos propiedades y una licencia de taxi.

El Gobierno de Santa Fe reveló este martes que se halló una excavación dentro del pabellón de alto perfil de la Unidad Penitenciaria N°11 de Piñero. Fue durante una requisa y se busca identificar a los responsables.

El episodio fue divulgado esta mañana por la portavoz provincial Virginia Coudannes, a través de una conferencia de prensa en Santa Fe, donde se mostró un video en el que se aprecian las dimensiones del boquete. Según relató, se trata de “un socavón de 70 centímetros que encontramos en los baños de uno de los patios externos del pabellón de alto perfil”.

En este sentido, la funcionaria aseguró que la Secretaría de Asuntos Penales “dispuso el cierre del lugar, las sanciones correspondientes y las investigaciones en consecuencia”, medidas que abarcarán a los reclusos que sean identificados como autores y al personal penitenciario que, de forma intencional o por una falla en los controles, permitieron el avance de la maniobra.

A su vez, en relación al procedimiento que derivó en el hallazgo del pozo dentro de la cárcel, anticipó que "todas estas requisas van a continuar”. Luego, agregó: “Este Gobierno hace que los delincuentes no puedan tener un home office dentro de las cárceles”.

Por otro lado, la vocera se refirió al avance de la obra del Infierno, la flamante cárcel de alto perfil que estará ubicada sobre las rutas nacionales AO12 y 14, mencionó: “Estimamos que en septiembre ya podemos tener ese nuevo espacio, sabemos que necesitamos un lugar con las condiciones adecuadas y el espacio suficiente porque cada vez son más los presos”.

Tras las declaraciones del presidente de Independiente Néstor Grindetti y de Cristian Ritondo, cuestionando la designación arbitral, la comisión directiva de Independiente encendió la previa del partido ante Central, que se jugará a las 15 en el Gigante de Arroyito. Luego de estos dichos, el club de Arroyito resolvió no aprobar acreditaciones para los medios partidarios del Rojo, argumentando que “no están dadas las condiciones” para garantizar su seguridad.

Esta decisión provocó una rápida reacción de Independiente, que difundió un comunicado oficial dirigido a las transmisiones partidarias acreditadas habitualmente para cubrir el equipo. "Recibimos una comunicación oficial de Rosario Central, donde se nos indica que 'no pueden garantizar la seguridad de los periodista partidarios de Independiente' que concurran al estadio", señalaron desde la institución de Avellaneda. Asimismo, recomendaron especialmente “no asistir por cuenta propia, priorizando la integridad de cada uno”.

En el mismo comunicado, la dirigencia del Rojo anunció que ofrecerá las cabinas del estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini para que puedan transmitir el encuentro desde Buenos Aires. “Ponemos a disposición las cabinas de transmisión para que cada medio pueda realizar su cobertura desde nuestras instalaciones”, indicaron, aunque aclararon que el operativo dependerá de contar con varias transmisiones confirmadas.

Comunicado Oficial. pic.twitter.com/wPrVyXRjvd

La polémica se había encendido previamente con las declaraciones de Grindetti tras conocerse la designación de Yael Falcón Pérez como juez principal del partido. “Ojalá el domingo se hable de fútbol y no de decisiones polémicas”, expresó el presidente de Independiente, mientras que Ritondo agregó: “Esperemos que el arbitraje no sea un problema”.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe aclaró mediante un comunicado que la restricción a los periodistas “es ajena” al operativo provincial y destacó que cuentan “con las herramientas necesarias para garantizar la seguridad de todos los trabajadores de prensa debidamente acreditados”.

El Gobierno de Santa Fe confirmó este jueves que el sistema Lince de videovigliancia derivó en 370 intervenciones exitosas en Rosario en menos de un semestre. Así lo informó esta mañana la vocera provincial, Virginia Coudannes.

Se trata de la tecnología que utiliza inteligencia artificial para localizar personas, vehículos con su patente, domicilios y secuencias puntuales que ocurren en la vía pública y quedan captadas por las cámaras de la ciudad. A partir de una búsqueda en la herramienta, los investigadores pueden avanzar rumbo a una conclusión respecto al paradero de autores de hechos violentos.

En este sentido, la portavoz habló en conferencia de prensa desde la capital provincial y destacó que, entre octubre de 2025 y marzo de 2026, el sistema registró “más de 500 requerimientos, de los cuales más de 370 fueron positivos, y el 78 por ciento de esos casos tuvo hallazgos relevantes”.

“Lince todo lo ve. Todo delito deja rastros y Lince los encuentra y permite detener a los delincuentes”, agregó Coudannes, quien consideró que se trata de ”una herramienta fundamental para que los vecinos estén tranquilos". 

En simultáneo con el discurso de la vocera santafesina, esta mañana se confirmó que hay dos detenidos por un ataque incendiario con bombas molotov en una vivienda de Abanderado Grandoli al 3.800. 

El hecho sucedió este miércoles por la madrugada y, a partir del uso del sistema Lince, la Policía de Investigaciones (PDI) identificó a Tomás Ezequiel C. (19), presunto involucrado en el delito. Fue detenido en un procedimiento en Guiraldes al 300 bis. Horas más tarde, una mujer llevó a su hijo de 14 años a la sede de la PDI y  aseguró que participó del episodio. Fue aprehendido por disposición de la Fiscalía de Menores.

El Gobierno de Santa Fe aseguró este martes que se registró una baja en los casos de amenazas en contexto educativo en la provincia. En este sentido, el lunes cerró con 15 llamadas por episodios de similares características. 

Así lo dio a conocer esta mañana la vocera provincial, Virginia Coudannes, a través de una conferencia de prensa. Las cifras de este lunes fueron comparadas con las 70 y 80 notificaciones diarias que se venían contabilizando semanas atrás en el territorio santafesino. 

Desde el Ejecutivo mencionaron que la caída se produjo “luego del envío de las primeras notificaciones para recuperar el costo de los operativos”, dentro de los que se destacó una intimación por 6.024.944 pesos a los padres de una adolescente de la capital provincial, identificada como responsable de un hecho de intimidación en su escuela.

“No es broma la amenaza, es un delito y el delito se paga. Tenemos más de 15 expedientes iniciados para avanzar con notificaciones en otras localidades de la provincia”, aclaró Coudannes, quien también se refirió a las políticas empleadas a partir de la proliferación de casos y señaló: “No solo implican el recupero del costo del operativo, sino también el proceso investigativo penal que se desarrolla en paralelo”.

Previamente, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, afirmó este lunes que la deuda total que la provincia reclama a los diferentes responsables de intimidaciones por el costo de los operativos policiales asciende a los 250 millones de pesos. "No es una multa ni una pena: es una deuda civil que se ejecuta conforme al Código Civil y Comercial y al Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, lo que permite, por ejemplo, embargar sueldos o inhibir bienes”, subrayó el funcionario.

Las acciones policiales por casos de intimidación pública surgidos en escuelas de Santa Fe siguen desarrollándose y este sábado hubo tres allanamientos. Ocurrieron en San Lorenzo y Fray Luis Beltrán.

En primer lugar, en territorio sanlorecino, agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) intervinieron en un domicilio de Álamo al 1700 por una amenaza en contexto de institución escolar. Según las primeras informaciones, un menor de 16 años fue llevado junto a sus padres a una seccional policial y quedó a disposición de la Justicia, a partir de la participación del fiscal Maximiliano Nicosia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Por otro lado, hubo dos procedimientos en Pellegrini al 400 y Cochabamba al 1200, en la localidad de Fray Luis Beltrán.

De acuerdo a los resultados de los operativos, los uniformados secuestraron 14 celulares, dos computadoras de escritorio, un pendrive, una balanza de precisión, frascos con cogollos de marihuana y dinero en efectivo. Los elementos serán sometidos a pericias.

Cinco personas fueron detenidas en el marco de tres allanamientos realizados por Prefectura Naval en la zona sur de Rosario. Además, los uniformados secuestraron drogas, dinero y celulares.

El operativo fue ordenado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en barrio Tablada, en inmediaciones de Presidente Quintana y Chabuco. Los agentes detuvieron a los sospechosos y dieron con dos ladrillos de cocaína, marcados con un sello en forma de delfín.

Según las primeras informaciones, los aprehendidos son investigados por un vínculo con un preso perteneciente a la banda criminal Los Monos. El recluso en cuestión fue condenado en 2018 por balaceras contra domicilios de jueces y edificios judiciales.

Durante el despliegue fueron secuestrados 2,2 kilos de cocaína, 127 gramos de marihuana, 5.800.000 pesos, 4.700 dólares,  celulares, balanzas de precisión, entre otros elementos de interés para la causa.

Dos adolescentes señalados como responsables de una amenaza en una escuela de Llambi Campbell fueron imputados, convirtiéndose en los primeros sancionados penalmente por un hecho de estas características en Santa Fe. Habían dejado una nota en un baño que hacía referencia a un presunto atentado.

Los estudiantes, identificados como J.O. (16) y Yamil Alexander G. (18), fueron llevados a audiencia imputativa este martes en los tribunales de Esperanza. La Fiscalía de Menores, a través de la Dra. Ana Laura Gioria, les adjudicó los delitos de de amenaza coactiva e intimidación pública.

El episodio en cuestión ocurrió días atrás en una institución educativa, en la localidad ubicada a 220 kilómetros de Rosario. Se trató del hallazgo de un papel con un texto manuscrito que afirmaba “devuelvan los celulares o tiroteo”, en reclamo a una determinación del establecimiento contra el uso de los teléfonos.

Los imputados quedaron en libertad, aunque el menor de edad deberá cumplir con medidas dentro del territorio. Por otro lado, el joven de 18 años cumplirá con una sanción alternativa a la prisión preventiva.

Por Mauro Yasprizza.

El Gobierno de Santa Fe decidió avanzar con una medida que busca marcar un antes y un después: empezará a cobrarle a los padres los costos de los operativos que se activan ante falsas amenazas en escuelas. La decisión quedó formalizada a través de la Directiva N° 05/2026, firmada por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, que instruye a iniciar acciones administrativas y judiciales para recuperar el dinero que el Estado destina a cada intervención.

No se trata de cifras menores. Según datos oficiales, cada operativo tiene un costo base de entre 5 y 6 millones de pesos, aunque puede ser mayor dependiendo del despliegue. Solo entre el 16 y el 21 de abril se registraron 158 intervenciones en toda la provincia por amenazas en ámbitos educativos. Detrás de esos números, hay un dato que preocupa: los responsables identificados hasta ahora son menores de edad.

A partir de esa realidad, el Estado apunta a los adultos responsables. El procedimiento es claro: una vez identificado el autor, se inicia un expediente, se calculan los costos y se envía una intimación de pago a sus padres o tutores. Si no cumplen, el caso pasa a la órbita judicial, con posibles reclamos que incluyen intereses y gastos adicionales.

La decisión abre un debate necesario y, a la vez, incómodo. Porque corre el eje: ya no se trata solo de un problema de seguridad o de una travesura adolescente. La Provincia busca instalar la idea de que estas acciones tienen consecuencias concretas, no solo en lo penal sino también en lo económico.

El mensaje oficial es contundente: “No son bromas”. Cada falsa amenaza moviliza patrulleros, personal especializado, ambulancias y protocolos de emergencia que dejan de estar disponibles para situaciones reales. En un contexto donde los recursos son limitados, el impacto es directo y tangible.

Pero más allá del aspecto económico, la medida interpela a las familias. Pone sobre la mesa una discusión de fondo: el rol de los adultos en la formación y el control de los chicos. La decisión de cobrar los operativos no busca solo recuperar dinero, sino también generar un efecto disuasivo.

En tiempos donde las amenazas falsas se multiplican y generan alarma social, la Provincia eligió endurecer su postura. La pregunta que queda flotando es si el bolsillo será el límite que logre frenar lo que, hasta ahora, muchos consideraban apenas una “broma”.

El Gobierno de Santa Fe ratificó que los padres o tutores de los responsables de las amenazas a escuelas deberán pagar los costos de los operativos en cada caso. Se calcula que el despliegue que implica una intimidación a un establecimiento escolar ronda entre los 5 y 6 millones de pesos. Sólo el martes se registraron 78 situaciones en toda la provincia. 

Luego del incremento de incidencias registradas en todo el país a partir del tiroteo en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, muchas de ellas adjudicadas a un fenómeno viral de redes sociales, desde el Ejecutivo santafesino dictaron la resolución 1.201/26, que formaliza la decisión. 

El texto detalla el protocolo de resarcimiento de gastos por procedimientos con personal policial, que anticipó días atrás el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

En primer lugar, se establece que, una vez que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) identifique a los autores, cómplices, y adultos responsables de los mismos tras un hecho intimidatorio en el ámbito escolar, se calculen los costos del operativo. La Secretaría de Coordinación Técnica y Administración Financiera abrirá un expediente para cada caso con informes técnicos y constancias de intervención policial, entre otras pruebas que argumenten la cifra.

A su vez, el Departamento de Operaciones (D-3) de la Policía de Santa Fe brindará un detalle pormenorizado de los recursos humanos y materiales que intervinieron ante la denuncia del establecimiento educativo. Finalmente, la Subsecretaría de Legal y Técnica desarrollará una intimación de pago a cinco días y la enviará a padres o tutores de los estudiantes involucrados. Podrá ser saldado mediante un depósito o transferencia bancaria. 

Por otra parte, la resolución aclara que se puede efectuar un reclamo posterior en caso de que los gastos o los daños se agraven una vez pagada la multa. Si las personas notificadas no abonan en tiempo y forma, la Fiscalía podrá iniciar acciones judiciales.

El ministro Cococcioni reveló en conferencia de prensa que el costo estimado de una intervención policial por una amenaza escolar oscila entre los 5 y 6 millones de pesos. “Esa supuesta broma que debe ser atendida hace que recursos policiales que podrían estar patrullando la ciudad en otro lugar deban estar abocados durante horas a ese procedimiento”, subrayó.

Los casos de mensajes intimidantes en contexto escolar aumentaron este lunes en Santa Fe con más de 80 denuncias. Uno de los hechos más resonantes sucedió en el Colegio Maristas, donde encontraron una amenaza con una bala en un baño de mujeres.

Todo comenzó  cerca de las 11:00 en el establecimiento educativo de bulevar Oroño y Córdoba, en el centro de la ciudad, donde un directivo halló una cartulina con un texto referenciando un campamento que iba a desarrollarse este miércoles. El cartel tenía una munición calibre 9 milímetros pegada con cinta adhesiva.

Las autoridades de la institución dieron aviso al 911 y el Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) acudió al lugar para esclarecer la procedencia de la intimidación.

Además, este lunes hubo otros 13 procedimientos policiales por casos de características similares en la región. En total, se registraron 87 denuncias telefónicas en todo Santa Fe. Las intimidaciones se incrementaron en la vuelta a clases tras el fin de semana, ya que el Gobierno provincial confirmó que este viernes 17 de abril hubo otras 65 notificaciones.

Las autoridades del Ejecutivo santafesino brindaron una conferencia de prensa este lunes, donde señalaron que las amenazas “tienen que ver con retos virales de TikTok” y constituyen un “fenómeno global”. 

A partir del ataque armado en el que un adolescente asesinó a Ian Cabrera de 13 años e hirió a otros compañeros en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, la provincia impulsó un nuevo programa de educación virtual y difundió una serie de recomendaciones a las instituciones en la que se advierte sobre los hechos de intimidación pública que proliferaron en el territorio estas últimas semanas.

Por otro lado, desde el área de Seguridad recordaron que estos delitos significan un antecedente penal para los alumnos implicados e impulsaron una medida mediante la que las familias de los autores deberán cubrir los gastos del operativo policial. 

Un nuevo caso de flagrancia virtual fue resuelto en Rosario con la detención de cinco sospechosos por una balacera ocurrida el fin de semana en zona sur, a partir de la intervención del sistema de inteligencia artificial Lince. La policía aprehendió a dos jóvenes, dos hombres y una mujer. También secuestraron seis vehículos.

Todo comenzó con una serie de allanamientos por un ataque armado contra una vivienda de Flammarion al 4900. El hecho tuvo lugar este domingo por la noche, cuando un tirador en bicicleta abrió fuego frente a la casa y huyó. En el lugar encontraron 15 vainas servidas, aunque no se detectaron impactos de bala en la fachada.

Tras una investigación, que incluyó un análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) y grupos tácticos de la Policía de Santa Fe encabezaron procedimientos en Batlle y Ordóñez al 1700 (C y D), Padre Giaccone al 1400 y 1900; y Arrieta al 1700. En este último domicilio, un joven de 21 años, identificado como Leonardo Agustín B., se dio a la fuga a bordo de un Ford Focus, fue rastreado a través del sistema Lince y lo aprehendieron en Caballito Criollo al 5500.

El resto de los aprehendidos fueron José Alberto R. (35), Mónica Leonor F. (43), José Luis C. (58), y Javier Alejandro C. (23).

En cuanto a los bienes secuestrados, la PDI detalló que hay tres autos, tres motos, nueve celulares, balas y documentación, entre otros elementos de interés para la causa.

El segundo detenido por el tiroteo en la Escuela N° 40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal fue imputado este jueves por la mañana y a la brevedad se determinará si continúa privado de su libertad, luego de ser señalado como un “estrecho colaborador” del alumno de 15 años que asesinó a Ian Cabrera e hirió a otros compañeros.

La audiencia inició a las 10:00 en la cabecera del departamento santafesino homónimo y estuvo encabezada por el juez Boaglio. En este contexto, Fiscalía le atribuyó al adolescente de 15 años el rol de “participación secundaria” en el violento episodio. Ante un importante hermetismo, el magistrado dio lugar a un cuarto intermedio.

El imputado, punible por su edad, fue aprehendido este lunes en un operativo desplegado sobre la ruta N°11, a la altura de la localidad de Nelson, donde intentó escapar. Según confirmó el jefe del departamento de Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina (PFA), Guillermo Díaz, fue localizado como “estrecho colaborador” luego de las primeras pericias al celular del tirador. Además, hubo un allanamiento en su domicilio.

Además, en la conferencia de prensa de este miércoles de la que formaron parte la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva; y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; se dio a conocer que ambos menores formaban parte de una “subcultura digital”, con participación a través de plataformas como Discord, en la que se veneran y analizan crímenes. 

El Gobierno de Santa Fe reveló este jueves que hay 5.411 inscriptos para la nueva subasta de bienes incautados al delito que se realizará en Rosario el próximo 16 de abril, en el  Salón Metropolitano. Se trata del número más alto de participantes desde el comienzo de los remates organizados en la provincia.

La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) brindó detalles sobre el proceso de inscripción online y confirmó que hay interesados de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes podrán optar por un total de 150 lotes, entre los que figuran autos, motos, cuatriciclos y hasta un avión. 

En este sentido, el Ministerio de Justicia y Seguridad y la Policía de Investigaciones (PDI) cruzarán los datos de todos los anotados para corroborar que no tengan vinculación ninguna organización criminal a la que se le hayan extraído los bienes.

A su vez, el Ejecutivo santafesino garantizó el bloqueo de dominio de los vehículos mediante una nueva patente para brindarle tranquilidad al nuevo propietario.