La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, denunció a Horacio Pietragalla Corti, exsecretario de Derechos Humanos, por traición a la Patria y abuso de autoridad.

La titular de la cartera nacional apuntó contra el exfuncionario del gobierno de Alberto Fernández por su presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en mayo de 2022, donde asumió la responsabilidad de Argentina por la muerte de Santiago Maldonado. Además, Pietragalla había afirmado que el Estado «ocultó pruebas», «sembró pistas falsas» y «no les permitió a los familiares el acceso a la información relevante sobre la búsqueda de Maldonado».

En la denuncia, la ministra señala que Pietragalla aseveró hechos falsos y ocultó hechos auténticos, debidamente acreditados en la investigación judicial, y que esto se hizo con intención de involucrarla a ella, como ministra de Seguridad al momento de los hechos, en supuestas conductas ilícitas en la búsqueda e investigación administrativa suscitada por la desaparición de Maldonado.

También, Bullrich aclaró que los familiares del joven «participaron en la autopsia junto con otras cincuenta y cuatro personas, en la cual dieron el visto bueno a las conclusiones de ahogamiento por inmersión sin la intervención de terceras personas».

El juez federal Gustavo Lleral sobreseyó a cuatro gendarmes acusados por la desaparición y posterior muerte del joven Santiago Maldonado ocurrida en agosto de 2017 en el sur de nuestro país.

Maldonado murió luego de una protesta en la provincia de Chubut, en el paraje Pu Los de Cushamen y se investiga si la misma fue motivada por la participación de la Gendarmería Nacional.

Los sobreseimientos recayeron sobre el gendarme Emmanuel Echazu, investigado por desaparición forzada de persona; y también sobre Juan Pablo María Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Iván Ferreyra, estos tres últimos acusados por los delitos de daño, abuso de autoridad y omisión de deberes de funcionario público.

A Maldonado se lo vio por última vez el 1 de agosto de 2017 y su cuerpo apareció recién el 17 de octubre de ese año. La sospecha siempre estuvo sobre el accionar de la Gendarmería Nacional ya que ese 1 de agosto se llevó a cabo un operativo en la comunidad Pu Los en Resistencia Cushamen, en inmediaciones de la Ruta 40, la cual era ocupada por la comunidad mapuche.

Los gendarmes ya habían sido sobreseídos pero años atrás la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó esa medida y ordenó seguir investigando ante la sospecha que Maldonado pudiese haber sido abandonado por los efectivos en el Río Chubut donde su cuerpo fue encontrado.

«Que la copiosa y vehemente prueba analizada en los pasajes precedentes, descartan de plano cualquier especulación o conjetura tendientes a sostener que el cuerpo de la víctima fue artificialmente colocado en donde fue hallado, para así ocultar algún escenario secundario”, sostuvo el juez.

El magistrado evaluó que la Gendarmería no detuvo en ese operativo ni a Maldonado ni a ninguna otra persona, y también que haya sido llevado a algún lugar por la fuerza de seguridad.

Además, de la autopsia realizada el 20 de octubre de 2017 se constató que el joven murió por asfixia por sumersión y que su ingreso a las frías aguas del Río Chubut fue cuando estaba con vida. Maldonado no sabía nadar y las bajas temperaturas de las aguas atrofiaron su cuerpo y hasta se especula con la supuesta pérdida de consciencia.

“Debo tener por probado que Santiago Andrés Maldonado falleció en el Río Chubut, a la altura del predio ocupado por la comunidad denominada Pu Lof en Resistencia Cushamen, en la hondonada de aproximadamente más de 2 (dos) metros de profundidad en la que se sumergió el 1 de agosto de 2017; y que su cuerpo sin vida permaneció ininterrumpidamente allí hasta que fue hallado el 17 de octubre de 2017, primero sumergido en el fondo del lecho y, pocos días antes de su rescate, flotando en la superficie de ese curso de agua”, concluyó el juez en su extenso fallo.

“Teniendo siempre en cuenta la totalidad de los hechos que componen el objeto de esta causa y de sus acumuladas, puedo afirmar con absoluta certeza que ninguno de los sucesos y ninguna de las acciones humanas analizados son susceptibles de ser considerados delitos, de los tipificados por nuestra ley penal”, agregó en su extenso fallo.

En ese sentido, afirmó que “ninguna de las conductas desplegadas por los integrantes de la Gendarmería Nacional Argentina, que actuaron en el procedimiento, como ha quedado establecido a lo largo de este decisorio, puede ser considerada delito pues, como ya se vio, la actuación funcional de los uniformados fue ordenada judicialmente y siempre ajustada a la ley. Y ninguno de los funcionarios ejecutores de tales actos, incumplió, inobservó ni abusó de los deberes que tenían a su cargo en razón de su calidad funcional”

“Negarse a ver la realidad es materializar lo absurdo y vivir en la mentira. En el mejor de los casos, es abrazar una quimera”, concluyó el juzgado .

A horas de haberse conocido la denuncia penal que el actual Ministerio de Seguridad presentó contra el exmano derecha de Patricia Bullrich, Pablo Noceti, y apenas pasado el fin de semana, en el que se recordó a Santiago Maldonado en el tercer aniversario de su desaparición, la familia vuelve a ser víctima de ataques.

Sergio Maldonado, hermano de Santiago, recibió este lunes una seguidilla de mensajes amenazantes por WhatsApp. El remitente, no agendado por Sergio, es de la ciudad de La Plata, capital bonaerense, y el número es 0221-15-562-5829. Inmediatamente Sergio decidió subir a sus redes sociales la captura de pantalla de las amenazas.

Estos son algunos mensajitos que me llegan a #3AñosDeImpunidad #JusticiaPorSantiago #SantiagoMaldonado Me quedo con los mensajes de apoyo. pic.twitter.com/JhG8m6p6yP

— Sergio Maldonado (@vikingomaldo) August 3, 2020