El mercado se muestra cada vez confiado en que la Argentina cumplirá con sus pagos de deuda externa, por lo que la cotización de los bonos subió y el riesgo país cayó a su nivel más bajo desde julio de 2019.

Un clima internacional más favorable para la Argentina hasta la consolidación del superávit financiero y la acumulación de reservas explican el ánimo de los inversores.

Los títulos de deuda alcanza valores máximos desde la reestructuración de deuda en 2020.

En la tercera rueda de la semana, el riesgo país se posiciona en 814 puntos básicos, una baja de cinco unidades con respecto al cierre anterior (-0,61%).

Para encontrar una cifra similar, hay que remontarse al 31 de julio de 2019, cuando el indicador se ubicaba en 781 puntos básicos.

En aquel entonces, se estaba disputando la carrera presidencial entre Mauricio Macri y Alberto Fernández, un momento de incertidumbre que empezó a recalentar al índice.

Dos semanas después, las urnas sorprendieron con la victoria de la entonces oposición y, al día siguiente, el riesgo país se disparó de 872 puntos básicos a 1.467 puntos básicos. Apenas unos días después, ya superaba los 2.500.

Los Bonares trepan hasta 2,03% (AL41D) y los Globales, 3,64% (GD46D).

Según analistas, el optimismo entre los inversores se produce a partir de los avances en el plan de estabilización económica.

La baja de la inflación al 2,7% en octubre también es motivo de celebración entre los inversores, porque refleja que el programa económico empieza a rendir frutos.

Además, el Gobierno anunció otro mes consecutivo del superávit financiero, lo que otorga confianza al proceso de consolidación fiscal y de reformas desregulatorias.

En plena temporada de balances, con resultados que impulsan aún más al S&P Merval.

Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) también tendieron al alza. Esta rueda, se destacaron los papeles de Transportadora de Gas del Sur (+5,8%), Central Puerto (+4,4%), Pampa Energía (+3,8%) y Telecom Argentina (+3,8%).

El presidente Alberto Fernández firmó este martes un Decreto de Necesidad y Urgencia para prohibir los cortes de todos los servicios esenciales por falta de pago. La medida responde a la crisis económica profundizada por la cuarentena obligatoria para contener el coronavirus.

La medida es por 180 días incluye los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e internet y TV por cable por vínculo radioeléctrico o satelital. Es para los usuarios residenciales de los sectores más postergados y para pequeñas empresas, cooperativas y empresas de salud.

Los usuarios morosos beneficiados por la normativa tendrán un margen de hasta 3 facturas consecutivas impagas o intercaladas antes de que las empresas puedan proceder al corte.

La medida alcanza a los beneficiarios de AUH, pensiones no retributivas, inscriptos en el monotributo social, jubilados que cobren el haber mínimo, trabajadores que cobren el salario mínimo, los beneficiarios del seguro de desempleo, electrodependientes, empleados en casas particulares y exentos del ABL.

También a las Pymes y micro-empresas en emergencia, a las cooperativas y empresas recuperadas; a las empresas de salud públicas o privadas y a las de bien público que  participen de la cadena de alimentos. El Ejecutivo podría disponer la incluso de nuevos beneficiarios si lo creyera necesario.

Los usuarios que cuenten con servicios prepagos de electricidad no estarán obligados a pagar la recarga. A aquello que tuvieran contratados planes análogos de telefonía móvil e internet móvil, las empresas deberán garantizarles un mínimo de conectividad.

Entre los considerados, el texto obliga a las empresas a generar un plan de pagos especial para saldar las deudas para los sectores y las empresas más vulnerables.