La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, María de los Ángeles Sacnun, dijo este jueves que el dictamen aprobado  sobre el proyecto de reforma judicial enviado por el Ejecutivo «no fue a libro cerrado sino un consenso de trabajo».

«No se acompañó un dictamen a libro cerrado sino de trabajo, ya que estuvimos aportando ideas para mejorar el proyecto», explicó la senadora en un reportaje brindado a Radio 10 de Buenos Aires.

La iniciativa que busca modificar la organización y competencia de la Justicia Federal obtuvo ayer el dictamen de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado.

Sacnun aclaró que en los debates «se escucharon las voces de unos 50 expositores de las más variadas posiciones».

En ese marco, ejemplificó con el constitucionalista opositor Daniel Sabsay, quien, «dentro de las preguntas, referida a de qué artículo del proyecto podía deducir que hubiera impunidad, y él respondió que ninguno hablaba de eso».

«Es decir, dijo la verdad; ningún artículo establece eso», añadió la senadora en referencia a una de las principales críticas de la oposición.

En ese mismo sentido, recordó que el proyecto contiene un artículo que «hasta pareciera redundante, aunque está bien que figure, que dice que todas las causas en trámite seguirán en los mismos juzgados».

Por otra parte, destacó «el nivel de desconocimiento sobre las competencias» de los juzgados que se evidenció en los debates, y consideró que algunos legisladores «debieran mínimamente conocer de qué están hablando».

«He escuchado tanto desconocimiento de las competencias, de los delitos federales, que me parece que mínimamente debieran conocer de qué están hablando. Por ejemplo, en Santa Fe, mi provincia, hablamos de delitos de narcotráfico, de trata», enumeró.

«Incluso por la posición geográfica de mi provincia son temas fundamentales», dijo, y amplió con que «el lavado de activos es un delito que, además, impacta en la recaudación del Estado, sobre el que nadie preguntó».

Por otra parte, la legisladora dijo que, tras los debates, «se han introducido varias modificaciones», entre las que señaló como «fundamental» la decisión de «no acompañar la fusión de lo Contencioso Administrativo con lo Civil y Comercial» propuesta por el Poder Ejecutivo.

En este punto, Sacnun precisó que, en cambio, se resolvió incorporar la «creación de un tribunal que resuelve las situaciones de competencia», problema que a veces «demora años» las causas.

Entre otros aspectos, la reforma prevé la creación de la Justicia Federal Penal, mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional Penal, y el Penal Económico.

Para Sacnun, se trata de una «reforma ineludible, necesaria y que es parte del proyecto político que el Presidente (Alberto Fernández) explicitó durante su campaña» de cara a los comicios que lo consagraron como mandatario.

Tras varias manifestaciones en público y con una masiva marcha que nos avaló, Juntos por el Cambio volvió a mostrarse en contra de la Reforma Judicial planteado por el Gobierno Nacional. En esta oportunidad, se hizo público a través de una carta en la que solicitó al presidente Alberto Fernández que «retire el proyecto» de reforma judicial del Congreso con el argumento de que esa iniciativa «no contará con el respaldo de la gran mayoría de la población».

«Le pedimos al señor presidente que reflexione sobre el mensaje de la ciudadanía y retire el proyecto», dice un tramo de la carta que la coalición opositora elaboró durante un encuentro virtual de la cúpula partidaria y parlamentaria.

Los referentes de la oposición evaluaron que «hoy cualquier iniciativa en ese sentido se encontrará sujeta a sospechas y no contará con el respaldo de la gran mayoría de la población».

Uno de los principales partícipes de la carta es el Diputado Nacional de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias quien manifestó que “la Reforma” en este momento, “es irritante”.

“Estamos en un momento de enorme dificultad económica y sanitaria, con un gobierno que no solucionó ninguna de las dos cosas y que ha abusado de la cuarentena y de la paciencia de todos los argentinos. Siento que nos faltan el respeto a los ciudadanos y la oposición”, expresó Iglesias en diálogo con Radio Mitre Rosario.

En ese mismo marco, consideró que el proyecto “es innecesario” y “divide esfuerzos en un momento que tenemos que estar concentrados en otro tema”.

“Es muy difícil pensar que quien creó el problema, vaya a solucionarlo”, señaló el Legislador y arremetió: “El peronismo tiene mayoría en el Senado dese 1983, de manera que es decisivo en las designaciones de los jueces. Cuatro de los cinco jueces de la CSJ responden a designaciones hechas durante el gobierno peronista o por pedido del peronismo. El kirchernismo plantea un objetivo razonable y después hacen desastres con eso. Plantea la justicia social y transforma a la mirad de los argentinos en dependientes del Estado que viven de subsidios y no del trabajo”.

Por otro lado, se refirió al acuerdo con los bonistas internacionales y aseguró que «se evitó lo peor» aunque remarcó que tiene sus «serias dudas» con respecto a la negociación. »

«El peronismo ya sabía desde hace un año que iba a gobernar y decidieron postergar el tratamiento y ahora lo vemos. Hoy tenemos un dólar a 130 y eso fue en gran parte el riesgo de default y el Riesgto País que fue subiendo. La prolongación de la negociación fue una irresponsabilidad con serios costos para la economía», concluyó.

Alberto Fernández avanzará en su ofensiva para aprobar la reforma judicial en el Congreso, pese al masivo Banderazo que ayer fue protagonista en las principales ciudades del país. El Presidente soslayó el impacto político de la movilización y ratificó su decisión de licuar el poder de Comodoro Py, empujar cambios en el funcionamiento de la Corte Suprema y desplazar a camaristas federales que investigaron a Cristina Fernández de Kirchner por su presunta participación en casos de corrupción pública.

Desde esta perspectiva, la comisión de expertos presidenciales comenzó este martes a deliberar para debatir las facultades legales de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y la Procuración General, tres instituciones clave del Poder Judicial. La comisión es liderada de hecho por Alberto Beraldi, abogado defensor de CFK, amigo personal de Alberto Fernández, y un experto conocedor del derecho penal.

La composición actual de la Corte Suprema cuestiona en silencio la ofensiva de Olivos sobre el Poder Judicial, y la intención última de la Vicepresidente es ampliar su número para evitar una derrota procesal cuando sus expedientes terminen en el cuarto piso del Palacio de Tribunales.

Asimismo, la Procuración General está en manos de Eduardo Casal, un funcionario de larguísima carrera que resiste los embates del Kirchnerismo por su posición profesional respecto a las causas que investigan a Cristina Fernández y a ciertos empresarios que multipolicaron su fortuna cuando ocupaba Balcarce 50.

Los consejeros presidenciales no descartan la posibilidad de acortar los mandatos del Procurador, en tanto que los diputados oficialistas ya avanzan contra Casal por presunto mal desempeño en sus funciones. Una típica pinza política para desgastar a un funcionario que se mantiene equidistante entre el Gobierno y Juntos por el Cambio.

El ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta, cuestionó la propuesta de reforma judicial impulsada por el presidente Alberto Fernández. El proyecto de ley del Gobierno busca unificar y duplicar los juzgados federales y designará un consejo de notables para que asesore al Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento del sistema.

«Pocos se animarían sin ponerse colorados a plantear una posición negativa, el tema es cómo reformarla», dijo en primera instancia el ministro. En caso de aplicarse, el cambio impactará de lleno en la estructura de Comodoro Py, que ampliará el número de juzgados criminales que podrán investigar casos de corrupción, narcotráfico, trata de personas, pero también contrabando de mercaderías, lavado de activos y evasión empresaria, delitos que hasta ahora eran exclusivos del fuero penal económico.

«El camino que se eligió no es el más adecuado, en última instancia mantiene una lógica que es la misma que ha alimentado al sistema de reorganización de la justicia federal de hace más de 100 años, desde esa perspectiva me parece bien que se pretenda resolver un problema puntual de la justicia federal como Comodoro Py, habrá consenso en la política, Comodoro Py no podía seguir funcionando», aseveró Erbetta en diálogo con el programa El Puente de Radio Mitre Rosario.

«El problema no se resuelve creando 46 juzgados federales, esto es armar una burocracia verdaderamente superlativa. Uno de los grandes problemas de la Argentina es su burocratización, el camino más fácil y transparente para resolver este problema era implementar la reforma del Código Procesal Penal que fue sancionada durante el gobierno anterior a Macri y que su implementación fue suspendida», consideró el ministro de la Corte Suprema de Justicia santafesina.

Y agregó: «El juzgado es una estructura que tenemos de 1820 y el sistema de trabajo es el mismo, si uno no advierte que eso es un problema grave y seguimos insistiendo con la misma propuesta de creación tenemos un inconveniente serio. La propuesta de creación de juzgados es totalmente incompatible con la lógica de un sistema acusatorio, de audiencia pública y oral, que es un sistema de no haber expedientes y requiere que haya un procurador legitimado y nombrado, tema que está pendiente. Y requiere de una estructura del Ministerio Público y Fiscal, un sistema totalmente diferente al juzgado».

«Estoy sorprendido por la propuesta, porque es un problema que no se va a resolver de la mejor manera», concluyó.

El presidente Alberto Fernández presentó este miércoles el proyecto de ley para la Reforma de la Justicia, que busca unificar y duplicar los juzgados federales y designará un consejo de notables para que asesore al Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento del sistema.

En ese contexto, Fernández postuló un «nunca más» a la justicia utilizada para «saldar discusiones políticas» y pidió que esté en «manos de personas dignas que no sean permeables a ningún tipo de presión».

«Sólo busco hacer la República que todos declaman, pero algunos humillaron», expresó el Presidente, al encabezar el acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada, acompañado por la ministra de Justicia, Marcela Losardo; el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; la vicepresidenta de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco; y el futuro consejo asesor de las reformas judiciales.

Tras un repaso histórico sobre el vínculo entre la justicia y los gobiernos que lo precedieron, desde la última dictadura militar, Fernández advirtió que los cuatro años de la gestión de Cambiemos «estuvieron signados por medidas que afectaron las reglas de imparcialidad que deben gobernar la acción judicial en un Estado de Derecho«.

A modo de ejemplo, mencionó el decreto 257 de Mauricio Macri, que suspendió la modificación del Código Procesal Penal Federal, y el hecho de que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) «volvió a quedar bajo un manto de sospecha» con el permiso que se le otorgó para manejar «fondos reservados» y «participar de pesquisas judiciales».

«Hemos visto cómo el influjo del poder político y también de otros poderes, fue operando sobre la decisión de algunos jueces«, planteó.

«Se hizo uso de doctrinas que fueron utilizadas para convertir al encarcelamiento preventivo en un sistema de penas anticipadas; de esa manera, el principio de inocencia y de defensa en juicio fueron repetidamente vulnerados», remarcó el Presidente.

Consideró, en contraposición, que el sistema judicial «debe apegarse a las normas y abstraerse de cualquier influencia que quiera torcer la imposición de justicia» y, para eso, juzgó que «el poder de la justicia debe estar en manos de personas dignas que no sean permeables a ningún tipo de presión».

«La ley debe imponerse en forma igualitaria con prescindencia de quien ejerce el poder y quien resulta opositor», insistió. El proyecto tiene como columna vertebral la creación de la Justicia Federal Penal con asiento en la ciudad de Buenos Aires, mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico.

Propone también la unificación de las cámaras de apelaciones y la creación de tribunales orales, de fiscalías y defensorías y completar la transferencia de competencias penales a la Capital Federal.

Este miércoles el Gobierno Nacional presentará una reforma judicial federal en el Salón Blanco de la Casa Rosada a través de un proyecto de ley para ampliar los juzgados federales de 12 a 46 en total en lo que respecta a Comodoro Py ubicado en Buenos Aires y generó un gran descontento por parte del sector de la oposición en el momento más crítico que atraviesa el país por la pandemia del coronavirus.

Luis Juez, abogado y diputado nacional del partido Juntos por el Cambio, dialogó en El Puente por Radio Mitre Rosario y se refirió al procedimiento que tendrá el Frente de Todos en relación a la modificación del sistema judicial.

«Este análisis es muy fácil de acceder para cualquier ciudadano, hacer esto en un momento tan inoportuno y tan complejo en el que vive la Argentina por la pandemia al Gobierno deja muchas sospechas, arrancó el cordobés.

A la hora de buscar el trasfondo del proyecto que presentará el oficialismo, Juez argumentó: «Como conocedor del tema judicial, porque soy un abogado litigante, quiero decir que esto es por un problema solamente de Cristina. Si ella se daría cuenta que la mejor defensa que puede ejercer es teniendo las pruebas en la mano con la causa de Hotesur y Los Sauces y no modificando el sistema judicial metiendo a más integrantes que en la Corte Suprema sería lo mejor para este momento. Es un tema que solamente le importa a ella».

Y continuó: «Alberto Fernández definía que la Corte no había que tocarla y no había que modificarla. Él hace lo que Cristina le pide y me llama la atención porque es un hombre de derecho»

Cuando fue consultado por qué únicamente este proyecto se aplicará solamente en la capital del país, el ex embajador remarcó: «Esto es un problema únicamente de los porteños, no pasa en Rosario ni en Córdoba y esto nace desde Comodoro Py. Es un momento muy inoportuno para reformar uno de los poderes que tienen el Estado sin participación del ciudadano»

Por último, el verborrágico actor de la política macrista realizó una analogía para graficar el accionar del sector oficialista con la finalidad de quedar bien parado: «El Peronismo es como la empresa Arcor, una gran fabrica de golosinas para armar un terrible chupetiín y así de esa manera tentar a algún prócer de la política que se adjudique ser el ministro de la Corte Suprema».