El presidente Javier Milei encabezará este jueves a las 20 una cadena nacional para presentar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una de las principales iniciativas impulsadas por el gobierno.

El proyecto busca establecer que la preservación del valor de la moneda sea el único mandato de la entidad y prohibir por ley la emisión monetaria destinada a financiar el déficit fiscal.

La iniciativa fue elaborada por el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el presidente del BCRA, Santiago Bausili. Según adelantaron desde el oficialismo, el texto será enviado a la Cámara de Diputados tras el receso invernal.

Entre los principales cambios, el proyecto elimina la posibilidad de transferir utilidades contables al Tesoro, prohíbe el uso de letras intransferibles para asistir financieramente al Estado y endurece las condiciones para remover al presidente y a los directores del Banco Central, con el objetivo de fortalecer su autonomía ante futuros gobiernos.

Además, la propuesta incorpora un régimen de sanciones penales para los funcionarios que vulneren la independencia del organismo o autoricen asistencia monetaria al Poder Ejecutivo.

También prevé la implementación de un mecanismo de "shutdown" o paralización administrativa, inspirado en el sistema estadounidense, que impondrá restricciones al funcionamiento del Estado cuando se agoten las partidas presupuestarias aprobadas por el Congreso, evitando recurrir a la emisión o al endeudamiento para cubrir gastos adicionales.

El doctor en Derecho, docente de la Universidad Nacional de Rosario y exdirector de Reforma Política y Constitucional de Santa Fe, Oscar Blando, advirtió que el debate por la reforma electoral provincial no debería reducirse a una discusión técnica. Según planteó, detrás de los cambios propuestos sobre la boleta única y los pisos electorales aparece una disputa más profunda: qué tipo de democracia quiere construir Santa Fe.

En diálogo con el programa El Puente, por Radio Mitre Rosario, Blando sostuvo que la provincia necesita ordenar su legislación electoral, pero cuestionó que ese proceso sea utilizado para modificar aspectos centrales del sistema de representación.

“Es necesario un código electoral en la provincia. Hay leyes electorales desde los años 30, fragmentadas, contradictorias y no derogadas expresamente. Ciertamente se necesita un código que sistematice todas esas normas”, explicó.

Sin embargo, aclaró que la nueva Constitución santafesina no obliga a modificar ni los pisos electorales ni el esquema actual de boleta única de papel. “La Constitución no dice que hay que modificar los pisos electorales ni tampoco la boleta única de papel, que es el núcleo de todo este debate”, señaló.

Para Blando, las reformas electorales suelen beneficiar a quienes las impulsan. “En general las proponen los gobiernos. Nunca se hacen para ir en contra de quien las propone”, afirmó. En ese sentido, consideró que el cambio podría favorecer a las grandes estructuras políticas, como Unidos, La Libertad Avanza y el justicialismo, si logra ordenar su interna.

Uno de los puntos más cuestionados por el especialista es la posibilidad de pasar de cinco boletas únicas por categoría a dos boletas agrupadas: una para gobernador, senadores y diputados, y otra para intendentes y concejales.

“El argumento es simplificar y ahorrar costos, pero la democracia representativa no pasa por ahí. La motosierra no tiene que pasar por esto, sino por si el sistema funciona, si es eficaz y si es representativo”, sostuvo. Según Blando, la intención real sería permitir que las candidaturas más fuertes arrastren al resto de la lista. “Lo que se quiere es que el gobernador o los grandes electores arrastren a los demás”, remarcó.

También fue crítico con la idea de elevar los pisos electorales. Actualmente, Santa Fe tiene un umbral del 3% del padrón para acceder al reparto de bancas. Algunos proyectos plantean llevarlo al 5%, aunque también circula la posibilidad de un punto intermedio del 4%. “El problema es que el porcentaje se calcula sobre el padrón, no sobre los votos válidos. Si vota el 50% del electorado, un piso del 5% se convierte en un 10% real para empezar a repartir”, explicó.

Para el exfuncionario, ese mecanismo puede dejar afuera a sectores minoritarios y profundizar el alejamiento de la ciudadanía. “Si sos minoría, vas a quedar afuera. Y si una persona no encuentra su opción electoral en la boleta, no va a votar, vota al mal menor, anula o vota en blanco”, advirtió.

Blando también vinculó el debate con la reciente reforma constitucional, que eliminó el sistema de mayoría automática en Diputados. Hasta ahora, el partido ganador se llevaba 28 de las 50 bancas, aun sin alcanzar ese porcentaje de votos. Con el nuevo sistema proporcional, la cantidad de bancas debería acercarse más al caudal real de votos obtenido.

“Después de sancionada la Constitución, parece que algunos dijeron: estamos en problemas, podemos no tener mayoría. Entonces se concentraron en modificar la boleta única y elevar los pisos electorales”, analizó.

El especialista reclamó que la discusión no quede encerrada en la Legislatura y pidió abrir el debate a universidades, organizaciones sociales y ciudadanía. “Nadie cuestiona la legitimidad de la Legislatura para discutir la ley electoral, pero hay que abrirlo. Podemos alertar sobre errores antes de que se cometan”, planteó.

Consultado sobre cómo se lo explicaría a un vecino, Blando fue directo: “Te quieren cambiar las reglas de juego”. Y cerró con una advertencia: “Las reglas electorales no son un adorno de la democracia. Definen cómo se organizan las elecciones y qué representación tiene cada uno”.

El Gobierno Nacional envío al Congreso una reforma integral del Código Penal, una iniciativa que, según señalan desde el oficialismo, busca actualizar una normativa que no se modifica de manera estructural desde 1921.

El abogado penalista y asesor parlamentario del Senado, Fernando Soto, quien trabaja en conjunto con la senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich, señaló, en diálogo con el programa El Puente, que se emite por Radio Mitre Rosario, que el proyecto apunta a "ordenar un sistema disperso por más de mil leyes penales vigentes" y a reforzar los derechos de las víctimas.

“Desde que se hizo el Código Penal hace más de 100 años, nunca se hizo una reforma integral. Se hicieron parches, más de 1000. Está todo disperso, desarmónico”, explicó Soto, y destacó que uno de los ejes centrales es incluir dentro del Código delitos hoy regulados por leyes especiales, como lavado de activos, narcotráfico, contrabando, delitos electorales y modalidades delictivas contemporáneas.

Según subrayó Soto, la propuesta “no le saca derechos a los imputados, pero sí incorpora derechos y garantías para las víctimas”. Uno de los puntos plantea aplicar el "principio de duda" también de quien sufrió el delito, especialmente cuando se discuta su participación en el proceso o su oposición a medidas de libertad.

Otra de las modificaciones más relevantes tiene que ver con la imprescriptibilidad de delitos como homicidio y abuso sexual, una respuesta, según explicó, a casos donde los autores quedaron impunes por fallas en la investigación. “No está bien que un homicida se vaya a su casa porque el caso prescribió”, afirmó.

La iniciativa también propone que presdiente, ministros y altos funcionarios acusados de delitos graves tengan penas no excarcelables. Además, los delitos de corrupción cometidos mediante asociación ilícita tampoco prescribirán.

Asimismo, el proyecto contempla la posibilidad de secuestrar bienes sospechados de origen ilícito antes de que exista una condena firme. Soto recordó el precedente del caso “los bolsos de López”, donde la Justicia confirmó la validez del procedimiento. “Esto no lo inventamos, lo extendemos a todos los delitos graves con contenido patrimonial”, sostuvo.

El proyecto también incorpora figuras delictivas contemporáneas que hoy no están incluidas de forma explícita. “Motochorro, viuda negra, esquema Ponzi, entradera, salidera: todos estos casos se incorporan como agravantes”, señaló Soto.

Por otra parte, el abogado penalista se refirió a los cuestionamientos vinculados a la protesta social. En este sentido, Soto aclaró que el proyecto no penaliza la manifestación, sino que aumenta las penas cuando se produzcan daños, agresiones o ataques en ese contexto. “El derecho a protestar no es romper cosas o atacar a la Policía”, afirmó.

El Gobierno nacional confirmó este miércoles que se llevará a cabo una reforma migratoria, endureciendo los requisitos de residencia e ingreso al país para extranjeros. El anuncio fue realizado esta mañana por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa desde Casa Rosada. 

En primer lugar, el funcionario anticipó que los condenados que intenten ingresar a través de las fronteras serán rechazados por las autoridades migratorias, al igual que quienes sean descubiertos tratando de entrar al territorio de forma clandestina o quienes falsifiquen información relacionada a antecedentes.

En la misma línea, el portavoz mencionó que los extranjeros que sean condenados en el país van a ser condenados “sea el delito que sea” y que “se van a acortar los plazos para los procesos de apelación para expulsiones”.

Por otro lado, Adorni aseguró que los inmigrantes ilegales deberán pagar por los servicios de salud y quienes ingresen al país deberán garantizar un seguro médico para garantizar la capacidad de pago. 

En cuanto a la educación, el vocero anunció que las universidades nacionales estarán autorizadas a cobrar sus servicios a estudiantes extranjeros si así lo desean.

A su vez, el funcionario confirmó que, para recibir la ciudadanía argentina, solo se otorgará a aquellas personas que vivan durante dos años en el país sin abandonar el territorio nacional. 

El presidente Javier Milei encabezará una cena este martes por la noche con los diputados que apoyaron el veto a la reforma jubilatoria.

Tal como había anticipado días atrás, el mandatario recibirá con un asado en la Quinta de Olivos a los 87 legisladores que acompañaron la postura del oficialismo y evitaron que avance la reglamentación. 

El veto en cuestión obtuvo 153 afirmativos, 87 negativos y 8 abstenciones. Entre los nombres que avalaron la iniciativa en relación a la reforma aparecen integrantes de La Libertad Avanza, PRO, MID y la Unión Cívica Radical. 

"87 héroes le pusieron un freno a los degenerados fiscales que intentaron destruir el déficit fiscal que los argentinos con tanto esfuerzo logramos conseguir”, había expresado Milei cuando el veto recibió una votación positiva.

Según fuentes cercanas al Gobierno, los citados recibieron una invitación vía mail y el evento tendrá lugar a partir de las 20:00 en la residencia oficial.

El Senado de la Nación convirtió este jueves en ley el proyecto del Impuesto a las Ganancias a los trabajadores que cobren hasta 150 mil pesos con 66 votos afirmativos y una abstención. Fue durante una sesión especial en la que también quedó sancionada una reforma al régimen de Monotributo.

El proyecto es para modificar el alcance del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores que cobren hasta 150 mil pesos mensuales también se extiende a los jubilados que perciban hasta ocho haberes mínimos.

Los trabajadores que cobren entre 150 mil y 173 mil pagarán el gravamen, pero la AFIP establecerá las deducciones para evitar grandes diferencias entre los que deben tributar y los que están exentos.

Por otro lado, la actualización del piso para estar exento de Ganancias se ajustará por el Ripte (promedio de variación salarial que elabora la de Secretaria de Seguridad Social).

Uno de los cambios introducidos a último momento durante el tratamiento en la Cámara de Diputados establece que los ex presidentes y vicepresidentes de la Nación pagarán Ganancias sobre las asignaciones vitalicias.

Otra parte que establece que la ley tendrá vigencia al 1 de enero de este año, por lo que el Gobierno devolverá los descuentos ya realizados a quienes le corresponda.

Tampoco el aguinaldo de los sueldos hasta 150 mil pesos brutos pagará impuesto a las Ganancias, mientras que el personal de salud seguirá eximido hasta septiembre por las guardias u horas extras, en virtud de la pandemia de coronavirus.