La empresa Rappi anunció este martes que creará 200 puestos de trabajo en la Argentina antes de fin de año, a partir de la apertura de 50 tiendas de entrega para asegurar que los pedidos se concreten en menos de 10 minutos.

Así lo anunció la gerente general de Rappi Argentina, Astrid Mirkin, quien explicó que Turbo Fresh es la «nueva apuesta tecnológica de Rappi para redefinir la experiencia de la compra de ultra-conveniencia», en referencia a la adquisición de un producto que responda ​a una necesidad repentina, no planificada.

Es un tipo de consumo distinto al de la compra planificada que tiene una frecuencia mensual o que la «compra frecuente» que, según los supermercadistas, se ubica en una operación semanal de entre 15 y 20 productos.

La propuesta de Rappi, apunta a ese producto o productos que puedan entrar en una mochila y que resultan necesarios para resolver un imprevisto.

«Hace tres años desafiamos los límites al ofrecer entregas en 35 minutos, y hoy, gracias a la tecnología de punta desarrollada, será posible recibirlas en 10 minutos o menos», remarcó Mirkin en un comunicado.

Los usuarios de la aplicación tendrán disponible un catálogo con más de 1.000 productos de almacén (bebidas, snacks, alimentos importados), frescos (carnes, frutas y verduras), productos de higiene, pañales y comida para bebés.

La tecnología Turbo-Fresh de Rappi permite la sincronización de aplicaciones e integración en tiempo real, y establece un programa propietario de gestión automática y en tiempo real de stock e inventario que garantiza que todos los productos visibles en la aplicación se encuentren disponibles en la tienda y que no haya quiebres de stock.

Las pruebas realizadas aseguran que el pedido se puede preparar en menos de dos minutos, y la previsión es que el repartidor lo entregue en menos de 10 minutos en un radio de cobertura menor a 15 cuadras.

Por ahora la propuesta es posible en seis barrios de la zona norte de Ciudad de Buenos Aires y la previsión es extender a 50 tiendas en todo el país y 500 en la región.

El gobierno provincial decidió fijar un tope a las comisiones que se llevan las aplicaciones de delivery. El máximo ahora será de 18 por ciento contra el 30 o 35 que les solía quedar, tras un reclamo sostenido del sector gastronómico ante los altos precios que debían pagar por este servicio virtual.

Debido a las reiteradas quejas de titulares de bares y restaurantes, se decidió bajar el porcentaje de ganancias para las apps e imponer un cepo. A su vez, el secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano, aseguró que se multó a la empresa Pedidos Ya por “hacer caso omiso a una gestión de buenos oficios iniciada por dicha repartición en junio, y resolvió aplicar una penalización de 3 millones de pesos”.

«Se trata de una medida excepcional que decidimos tomar habida cuenta de que la empresa no aceptó ninguna de las instancias de convocatoria a presentación de documentación, ni las sucesivas audiencias que los sectores gastronómicos fueron solicitando durante el año a los fines de llegar a un entendimiento”, explicó el funcionario en una videoconferencia con representantes de las cámaras empresariales de Santa Fe, Rafaela y Rosario.

Trabajadores de empresas y aplicaciones de cadetería reclaman desde hace tiempo que la actividad sea regulada para terminar con sus precarias condiciones laborales. En ese sentido, presentaron un proyecto ante el Concejo Municipal. “Debe ser tratado como cualquier actividad comercial”, aseguró la concejala del Frente Progresista, Verónica Irizar, impulsora de esta iniciativa.

“No puede haber diferencia entre estas empresas y el resto de los comercios”, argumentó la edila y agregó: “Es imperioso que la ciudad adecue sus normas a la realidad en que vivimos, y es por eso que queremos aportar ideas y soluciones a un servicio que ha sido tan requerido, que emplea a mucha gente y que debe ser tratado como cualquier actividad comercial”.

El proyecto de la concejala progresista incluye la distribución de alimentos, mercaderías varias y los servicios de cadetería y/o mensajería que se realicen mediante el uso de motocicletas, bicicletas, monopatines o cualquier otro tipo de transporte, tanto convencionales como eléctricos. “Si bien la discusión laboral de fondo es competencia nacional a través del Congreso, entendemos que la ciudad tiene herramientas para regular una actividad que ha tenido ganancias importantes en el marco de la pandemia. Queremos que se generen fuentes laborales genuinas, que los rosarinos puedan tener un buen servicio y que estas empresas funcionen como el resto de los comercios en la ciudad”, aseguró.

De acuerdo a esta ordenanza, los comercios o empresas que presten el servicio de distribución de mercadería en los deberán contar con local debidamente habilitado por la Municipalidad. Además, deberán contar con una oficina administrativa receptora de pedidos y un espacio físico para la espera del servicio para las personas que trabajan, el que deberá contar con baños y lugar para refrigerio con disponibilidad de agua fría y caliente. La empresa tendrá que proveer a los repartidores la indumentaria y accesorios necesarios para el desarrollo de tal actividad.

“Es fundamental trabajar en una mesa conjunta entre el Municipio, el Concejo, las empresas y sus propios trabajadores para llegar a una solución superadora. Hemos conversado e intercambiado ideas junto a la Asociación Empleados de Comercio, y coincidimos en que hay que enmarcar esta actividad. Durante todo este período de aislamiento y aún con el distanciamiento obligatorio, han cumplido una función esencial y por ello entendemos que tener una propuesta para lograr un funcionamiento óptimo y ordenado”, concluyó Irizar.

La Subsecretaría para la Defensa de los Consumidores imputó este jueves a las empresas de envío a domicilio Rappi, Glovo y PedidosYa por presuntas cláusulas abusivas en su contratación y por difundir información engañosa.

Estas plataformas, «en sus términos y condiciones, poseen cláusulas que resultarían abusivas ya que se deslindan de responsabilidades frente a las y los consumidores; asimismo, para acceder al servicio, se requiere que los clientes desistan de derechos que son irrenunciables y se encuentran garantizados constitucionalmente», informó la Subsecretaría a través de un comunicado.

La dependencia oficial explicó que en el caso de Rappi y Glovo, cuando el consumidor accede a la app acepta contratar al trabajador del delivery, en vez de que el vínculo sea con la empresa prestataria del servicio -lo que se conoce como contrato de mandato-.

De esta manera, las compañías pretenden eludir todo tipo de responsabilidad por daños que pudieran ocasionarse en la relación de consumo.

La dependencia nacional también advirtió que «cuando un consumidor adhiere a los términos y condiciones del servicio ofrecido por las firmas, no puede prever que lo que está suscribiendo es un contrato con el trabajador de cadetería, ya que la información proporcionada no es suficientemente clara al respecto».

En el caso de Glovo, «además, en los términos y condiciones se identificaron cláusulas en las que el consumidor renuncia al derecho a revocación, también conocido como de arrepentimiento, en productos no perecederos. Es decir, los consumidores no pueden devolver el producto si no están satisfechos con la compra.

Además, la empresa establece que cualquier reclamo y consigna deberá realizarse en los Tribunales de Barcelona o ante la Corte Española de Arbitraje de la Cámara de Comercio. Este tipo de cláusulas están prohibidas por nuestra legislación, ya que no se puede condicionar o limitar el acceso a la justicia al disponer una jurisdicción distinta al lugar del domicilio del consumidor.

En el caso de PedidosYa, entre otras cláusulas, la firma se deslinda de la responsabilidad por cualquier error que pudiera contener la plataforma, y se reserva la posibilidad de dar de baja o rechazar a los usuarios sin expresar motivos que, por lo menos, justifiquen la medida. Asimismo, en sus términos y condiciones se hace referencia a otros instrumentos, pero luego no se especifica cuáles son, por lo que la información a las y los consumidores es confusa.

Este tipo de cláusulas en los términos y condiciones de contratación vulneran los derechos de las y los consumidores establecidos en la Ley 24.240, ya que la modalidad contractual establecida por las firmas, implicaría una desnaturalización de sus obligaciones y limitaría su responsabilidad frente al consumidor por cualquier daño que se pudiera ocasionar durante el servicio que brindan. Esto las haría incurrir en infracción ya que no brindarían información cierta, clara y detallada respecto del servicio que efectivamente prestan.

A partir de este jueves, las empresas tienen 5 días hábiles, improrrogables, para el descargo. Las multas por estas infracciones pueden llegar a los $5 millones.