La Cámara de Senadores de Santa Fe abre este jueves el debate sobre el proyecto de ley que busca la prohibición de la figura del cuidacoches en la provincia. El texto, propuesto por el legislador Ciro Seisas, aborda una serie de modificaciones al Código de Faltas provincial, establecido en la Ley 10.703.

En primer lugar, el proyecto prohíbe las actividades de  reserva, administración o cuidado de espacios de estacionamiento en la calle. De esta manera, abarca a quienes exigen dinero a cambio de estacionar y preservar los vehículos en lugares públicos, los conocidos “trapitos”, y también a los limpiadores de parabrisas que actúan en semáforos.

Además, plantea multas específicas, según el caso, las cuales irán de 10 a 50 unidades fijas, con detenciones de entre cinco y quince días si se trata de reincidentes u organizaciones coordinadas. A su vez, se contemplarán situaciones de amenazas o violencia, o actividades en las inmediaciones de eventos públicos masivos, como agravantes.

Otro de los cambios es la creación del Registro de Cuidadores Irregulares de la Vía Pública (ReCuid), una herramienta en la que quedarán identificadas las personas en situación de vulnerabilidad abocadas a cuidar coches, que no cuenten con antecedentes penales, quienes recibirán asistencia social. 

En ese sentido, Seisas  indicó que se realizarán capacitaciones laborales por parte de los Ministerios de Justicia y Seguridad y Desarrollo y Empleo para aquellos “que no tengan antecedentes y sean víctimas de los delincuentes que se apropian de la calle”, con el fin de que quienes queden excluidos por la prohibición de la actividad “tengan una oportunidad de empleo formal”.

En la previa al debate, la concejala rosarina Carolina Labayru afirmó: “Hoy se da la posibilidad de que se le puedan dar las herramientas a la policía para que pueda actuar. Al prohibir la actividad, directamente van a poder sacarlos de la calle, no importa si se comprueba o no la extorsión”.

En la misma línea,  remarcó que “el espacio público es para que la gente pueda transitar libremente, no tienen que abonarle por el uso a nadie que venga de prepo para pedirle o insinuarle un pago”. Asimismo, la edila consideró que la modalidad actual “se transforma en una puerta giratoria”, por lo que analizó: “¿Cuántas veces han demorado a una persona por averiguación de antecedentes? Hay un límite para poder trasladarlos y es un desgaste que tienen los policías y agentes de Control, no podemos estar yendo a cada cuadra una y otra vez… esto se tiene que terminar”.

El debate por el proyecto de ley de reforma laboral comenzó este miércoles en el Senado nacional, con expectativa por parte de la gestión del presidente Javier Milei, tras el anuncio de cambios en el dictamen con el propósito de lograr nuevos consensos entre legisladores.

La sesión inició alrededor de las 11:00 en el Congreso de la Nación, mientras en el exterior del recinto se lleva a cabo un operativo de seguridad por protestas de movimientos sociales y sindicatos.

Previamente, la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, presentó este martes por la tarde en una conferencia de prensa las 28 modificaciones del texto que fueron acordadas con un total de 44 senadores, número que le permite al Ejecutivo nacional aspirar a la media sanción. Estuvo acompañada por Eduardo Vishi y Martín Goerling, titulares de los bloques de la UCR y el PRO, respectivamente.

En este marco, la ex ministra de Seguridad reveló que la principal novedad será la eliminación del artículo 190 del dictamen, el cual proponía una rebaja del 3 por ciento en el impuesto a las Ganancias para las empresas. El freno de esta medida fue solicitado por gobernadores provinciales de todo el país dado que se trata de un gravamen coparticipable, que implicaría una pérdida de alrededor de 3 mil billones de pesos para los distritos. 

A su vez, el aporte patronal a las obras sociales se mantendrá en un 6 por ciento y continuarán como obligatorios por un año las contribuciones de integrantes de cámaras empresarias.

El presidente Javier Milei le puso la firma al proyecto de reforma laboral que será enviado al Congreso de la Nación este jueves.

La oficialización del documento tuvo lugar esta mañana en una oficina del Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, minutos después del aterrizaje del mandatario tras su viaje a Noruega, donde presenció la entrega del premio Nobel de la Paz a María Corina Machado.

La rúbrica contó con la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien difundió una foto del momento en redes sociales y aseguró que el proyecto será enviado “inmediatamente” al Senado. “Representa la transformación más grande de la historia argentina en materia laboral”, consideró el funcionario.

El Presidente de la Nación firmó hace unos instantes el proyecto de modernización laboral que se enviará inmediatamente al Congreso de la Nación. El mismo representa la transformación más grande de la historia argentina en materia laboral.Dios bendiga a la República Argentina.… pic.twitter.com/rJCrDJ3VY6

Por otra parte, el jefe de Estado designó a tres interlocutores para explicar la iniciativa ante los legisladores. Estos son el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; su secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, y el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero.

Desde el Ejecutivo nacional esperan obtener la media sanción durante las sesiones extraordinarias que comenzaron este miércoles y finalizarán el 30 de diciembre.

La concejala radical Anahí Schibelbein ingresó al Concejo una iniciativa para que el Ejecutivo estudie la posibilidad de habilitar nuevos espacios para estacionamientos exclusivos de motos en el centro de Rosario. Al mismo tiempo, el proyecto apunta a la colación de separadores físicos que impidan la invasión de estos espacios por parte de otros vehículos.

“La normativa que regula el estacionamiento de motovehículos y bicicletas en la ciudad data del año 1983, o sea que hace más de 40 años que no se discute el tema en la ciudad. En ese tiempo la moto se convirtió, por varios factores pero sobre todo por precio en relación al automóvil, en un medio de transporte muy elegido hasta tal punto que en los últimos 13 años se triplicó la cantidad de motos que circulan”, afirmó Schibelbein.

“Los motociclistas ocupan de modo inadecuado las veredas -sobre todo en horario laboral- como espacio de estacionamiento, y esto es consecuencia directa de la insuficiente dotación de espacios exclusivos para el estacionamiento de motos en las calzadas del área central”, agregó la edil.

En esa misma línea, la concejala de la UCR hizo hincapié en que el parque automotor de motos y motonetas supera los 208.000, según datos oficiales a enero de 2024 (datos.rosario.gob.ar). “Además la falta de separadores físicos en los mismos, facilita que sean ocupados por automóviles, y esta es otra de las problemáticas que buscamos resolver con el proyecto presentado”, remarcó.

“Nuestra propuesta no solo implica habilitar nuevos espacios para estacionamiento de motovehículos, sino también eliminar aquellas barreras físicas en la senda peatonal que impidan garantizar la accesibilidad, mejorando la movilidad peatonal para que los vecinos de la ciudad puedan realizar su desplazamiento diario de manera cómoda y segura”, finalizó Schibelbein.

El Concejo Municipal aprobó un proyecto para que la Municipalidad y la Oficina de Defensa del Consumidor tomen medidas para erradicar las llamadas reiterativas de ventas que ocasionan spam telefónico en Rosario.

La iniciativa, presentada por el concejal Federico Lifschitz, apunta a llevar a cabo campañas informativas para difundir entre la ciudadanía las herramientas necesarias ante casos en los que empresas realizan telemarketing de forma constante y sin autorización del usuario.

Por un lado, el proyecto que recibió luz verde en el Palacio Vasallo promueve el alcance de la Ley N° 13.112, sancionada en 2010, que establece un sistema de protección para los usuarios de servicios telefónicos contra llamados reiterados con fines de promoción y publicidad de bienes o servicios. 

En este sentido, el rol del municipio también será brindar información accesible y actualizada sobre el Registro Nacional y Provincial “No llame”, mecanismo que permite registrar una línea móvil o fija para pedir que se respete el derecho a la privacidad y al que las firmas deben consultar antes de efectuar llamadas.

A su vez, la propuesta impulsada por Lifschitz solicita sancionar a las empresas que lleven adelante una estrategia de spam telefónico.

El mítico estadio Luna Park de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), atraviesa una nueva etapa de incertidumbre. Un proyecto de remodelación impulsado por la empresa DF Entertainment, liderada por el empresario Diego Finkelstein, propone la demolición del interior del recinto, una iniciativa que despertó críticas por contradecir las normas de protección patrimonial.

De acuerdo a la información a la que accedió el portal El Marplatense, la propuesta, presentada en el marco de un concurso privado organizado por el Arzobispado de Buenos Aires y la comunidad salesiana (copropietarios del estadio desde 2013), plantea una ampliación del 80% del volumen del estadio, duplicar su altura, y modificar tanto la fachada como la cubierta. Según trascendió, estas modificaciones permitirían un mayor aforo y, por lo tanto, mayores ingresos por explotación comercial.

No obstante, el plan contradice las restricciones que impone el estatus de Monumento Histórico Nacional y porteño del Luna Park, el cual prohíbe expresamente la alteración de su estructura interna, el aumento de su volumen y cualquier modificación a su fachada.

El conflicto surge de un concurso privado convocado por el Arzobispado de Buenos Aires y la comunidad salesiana, propietarios del estadio en partes iguales desde 2013, tras la herencia dejada por Ernestina Lectoure.

La licitación para remodelar y explotar el Luna Park por un período de 20 años, con la condición de respetar las restricciones impuestas por su estatus protegido, fue lanzada por las entidades religiosas mediante la firma EY y recibió ofertas de una decena de competidores, entre ellos DF Entertaiment, La Nación, Fenix Entertainment, ASM Global y el productor Marcelo González.

Pese a las condiciones de preservación, el Arzobispado optó por la propuesta de DF Entertainment, empresa cuyo el 51% del capital está en manos de la multinacional estadounidense Live Nation Entertainment Inc.

La elección generó fuertes cuestionamientos desde sectores que reclaman preservar el valor simbólico del Luna Park, estadio que fue testigo de hitos deportivos, políticos y culturales durante décadas.

Esta situación pone en peligro el equilibro entre la preservación del valor histórico del estadio y la modernización. Mientras el proyecto avanza, aún no se han precisado mecanismos para asegurar la conservación del patrimonio arquitectónico de este símbolo de Buenos Aires. 

Unos 2 mil científicos agrupados en la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt) denunciaron ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que el gobierno nacional tiene retenidos más de 50 millones de dólares destinados a proyectos que forman parte de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i).

Entre los profesionales que firmaron el documento se encuentran investigadores, personal de apoyo y becarios afectados por la medida. Según señalaron, “forma parte de la parálisis que afronta el organismo desde 2024, marcada por las convocatorias prorrogadas y los sueldos congelados”.

Martín Rumbo, investigador del Conicet y miembro de Raicyt, se dirigió ante la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes y expresó: “Elevamos una denuncia general poniendo en conocimiento al BID el enorme atraso en ejecución de fondos y de proyectos de parte de la agencia durante todo 2024”.

“Allí enumeramos algunos aspectos que tienen que ver con el mal funcionamiento de la Agencia, que derivó en esta falta de ejecución de proyectos. Hubo muy escaso flujo de fondos para financiación de proyectos en 2024”, agregó.

A la retenión de fondos denunciada, los cuales ya fueron asignados y transferidos por el BID, se suma a la paralización que tuvo la propia Agencia durante el primer año de gobierno.

Los investigadores explicaron que “en gran parte de 2024 el organismo estuvo sin presidente o no logró formar su directorio. Por lo tanto, las demoras en los procedimientos administrativos asociados al funcionamiento del organismo podrían explicar los motivos del problema”.

“Que los proyectos estén paralizados implica que, si bien hay un cuerpo de científicos presente en el país, no tienen los insumos para poder ejecutar sus tareas de investigación”, explicó Rumbo.

La Agencia I+D+i es uno de los organismos encargados de promover la ciencia y la tecnología en Argentina a través del financiamiento de proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación.

Tras la llegada del nuevo gobierno, su tarea consistió en prorrogar convocatorias sin ofrecer soluciones a los reclamos de sus investigadores, por lo que Rumbo resaltó que “no hubo convocatorias nuevas ni herramientas de financiación, solo anuncios generales sin nada en concreto”.

El diputado Nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, impulsa un proyecto de ley que busca profesionalizar el corretaje inmobiliario para que las empresas empleen personal matriculado en la materia. 

En ese marco, el vicepresidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, (COCIR), Patricio Arpini, puntualizó cómo surgió el reclamo de mayor regulación en la profesión y a qué se exponen los clientes al hacer negocios con corredores sin profesionales matriculados a cargo. 

Al aire de una entrevista con el equipo de El Puente, programa que se emite por Radio Mitre Rosario, Arpini sostuvo acerca del proyecto de Mirabella: “Es un paso importante para tratar de profesionalizar aun más la actividad de corretaje inmobiliario. Regular más estrictamente su ejercicio”. 

“Para ello nos venimos uniendo tanto con legisladores nacionales como provinciales, como con el Colegio de Escribanos y centros de asesoramientos de inquilinos, para regular estas prácticas ilegales que afectan a los ciudadanos y profesiones relacionadas”, explicó acerca de las gestiones que vienen haciendo para llevar a cabo la medida. 

En ese sentido, precisó que la problemático es insostenible debido a las quejas de los clientes: “Creemos que a esta altura del 2024 no puede seguir liberado el ejercicio del corretaje inmobiliario, y más por todas las quejas y denuncias que se están viendo por parte de ciudadanos". 

“La mayoría de reclamos son por contratos de alquileres pero también hay denuncias por estafas o actividades por fuera de la ética profesional. Hay personas que dejaron los ahorros de toda la vida para comprar una vivienda y que por una estafa de una inmobiliaria por fuera del marco legal se ven afectados y pierden todo”, señaló. 

Por último, concluyó: “En ese marco, le expusimos todas estas problemáticas al diputado Mirabella y de ahí surgió el proyecto de ley para modificar el artículo 1346 del Código Civil y Comercial de la Nación que regula la actividad, al establecer que todas las sociedades dedicadas al negocio de propiedades, tenga socios o empleados que sean corredores inmobiliarios habilitados”.

Este martes la La Comisión de Mujeres y Diversidad junto a la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados dieron dictamen a un proyecto de ley que busca tipificar el acoso sexual en el ámbito laboral y académico. La iniciativa fue impulsada por el colectivo de Periodistas Argentinas y presentada por la diputada de Unión por la Patria, Mónica Macha.

El dictamen obtuvo 34 firmas y fue acompañado por los legisladores de Unión por la Patria, el PRO, los bloques de la UCR, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. 

El proyecto implicaría una reforma en la ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres con el fin de tipificar como delito la violencia y el acoso sexual en contextos académicos y de trabajo. 

En este sentido, el inciso que se agregaría define como acoso "la conducta o comportamiento verbal, no verbal, físico y/o psicológico, efectuado por cualquier medio, de índole sexual y no consentido, con el propósito y/o el efecto de atentar contra la dignidad de la mujer, generando sobre la misma un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante y/u ofensivo".

"La violencia de género hay que pensarla como un proceso vivo. Las realidades van cambiando y también la percepción que nosotras mismas logramos construir sobre las situaciones de violencia. Tal vez había cuestiones que antes naturalizábamos o las dejábamos pasar por miedo, vergüenza o humillación, hoy estamos dispuestas a que estén contempladas por la ley", sostuvo la impulsora del proyecto, Mónica Macha. 

Por su parte, el diputado santafesino de Encuentro Federal, Esteban Paulón, manifestó: "Este acuerdo pluripartidario que se antepone a cualquier interés sectorial, es el interés de poder avanzar en seguir garantizando derechos. Creo que son buenas señales y que habla de lo importante que es mantener con buena salud nuestra  democracia en Argentina".

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció que el Gobierno envió al Congreso la Ley Hojarasca, un proyecto que busca derogar hasta 70 leyes sancionadas en distintos gobiernos. 

Según el titular de esa cartera, el texto tiene como principal objetivo dejar sin efecto “normativas obsoletas que representaron un obstáculo a las libertades y afectaron el derecho a la propiedad, estre otros abusos del Estado”. 

Bajo el lema, “Cuanto más leyes, menos justicia”, la administración libertaria justificó la derogación de las distintas normas en seis puntos. 

El primero habla de como dichas leyes limitan la libertad individual y restringen el derecho a la propiedad.

El segundo refiere acerca de que algunas leyes proponen trámites inutiles; el tercero, por su parte, elimina textos que ya fueron mejorados por otras normas.

El cuarto punto, en tanto, apunta contra leyes que quedaron obsoletas por los avances en tecnología. 

El quinto, señala leyes que delimitaban obligaciones para organismos que ya no existen. 

Finalmente, el sexto borraría leyes que asignan financiamiento público a instituciones que deberían financiarse asímismas. 

En ese marco, el texto libertario prevé la derogación de leyes sancionadas en los gobiernos de, Isabel Perón; Juan Domingo Perón; Néstor Kirchner; Agustín Lanusse; Juan Carlos Onganía; Jorge Rafael Videla; José Uriburu; Agustín Justo; Edelmiro Farrell; Héctor Campora; Raúl Lastiri, Cristina Kirchner; Arturo Illía; Frondizi, Alfonsín y Bignone. 

El registro y fiscalización de personas jurídicas estará a cargo del gobierno de la provincia de Santa Fe. 

La Legislatura provincial sancionó el proyecto de ley que juntará en un único organismo las tareas del Registro Público de Comercio, que anteriortemente estaba a cargo del Poder Judicial; y las de la Inspección General de Personas jurídicas, que se encontraba bajo la órbita del Ejecutivo. 

En ese marco, el ministro de Gobierno e Innovación Pública de la provincia, Fabián Bastia, recordó que el proyecto sancionado fue una iniciativa provincial. 

En ese sentido, explicó: “Toda la información, tanto de sociedades en su integridad, como asociación civiles y fundaciones, van a estar bajo un mismo organismo, con el acceso a esa información de una manera más fácil y más ágil”. 

“La importancia de esta medida, en un primer punto, es simplificar los trámites, la gestión en nuestra provincia, para que no tengan una doble inscripción: simplificar este doble trámite en dos organismos diferentes, de dos poderes distintos, en un solo lugar, y que tiene como beneficiario directo a los ciudadanos”, subrayó. 

Así las cosas, la nueva ley responde al reclamo de sectores que estaban en contra de las demoras que generaban los trámites burocráticos a la hora de crear una sociedad. 

Por otra parte, el ministro de Gobierno destacó que, la unificación de los organismos de registro le permitirá a la provincia “tener mayor información para la tarea de inteligencia criminal cuando se investiga a las diferentes organizaciones delictivas, para trazar la ruta del dinero de las empresas y sociedades que usan para blanquear activos”. 

“La finalidad del Poder Judicial es juzgar, investigar, intervenir en cuestiones judiciales, no administrativas, por eso está bien que estas tareas pasen al Poder Ejecutivo, que es el órgano natural para hacerlo”, concluyó. 

Margarita Stolbizer, diputada nacional por Hacemos Coalición Federal manifestó que presentará un proyecto de ley para derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que lanzó el Gobierno nacional con el fin de destinar 100 mil millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

Stolbizer hizo hincapié en que el decreto no cumple con la obligación de enviar al Congreso las reformas de presupuesto y asignación de recursos. “Se trata de FONDOS RESERVADOS, o sea gastaran eso quien sabe quien y en qué. Nada bueno seguro y menos sin información ni control”, escribió la líder del partido GEN, en una publicación realizada a través de su cuenta de la red social X. 

Asimismo, calificó la medida de inmoral e hipócrita. “Los costos lo siguen pagando jubilados y trabajadores para que otros sigan de fiesta con la plata del estado. Doble discurso Doble moral”, sostuvo la diputada.

Por otra parte, advirtió la necesidad de que haya una reacción social para frenar la medida, a la cual describió como “una locura”. “No cumplen normas Constitucionales para asignar partidas y se burlan de nosotros mientras alimentan castas y mafias”, aseveró Stolbizer en el mensaje que lanzó en redes sociales. 

También, la legisladora apuntó contra el cargo de Jefe de Gabinete, que fuera ocupado por Nicolás Posse a comienzos de la gestión de Javier Milei y actualmente por Guillermo Francos, por incumplir con el deber de asistir al Congreso de la Nación una vez por mes para dar un informe. “8 meses de gobierno y en Diputados no aparece”, afirmó. 

“Siguen gobernando por DNU, abuso de poder y violando las leyes. Asignar fondos reservados y para inteligencia, son atribuciones exclusivas del Congreso”, enfatizó Stolbizer.

Estamos frente a un gobierno hipócrita. Firman DNU 656/24 que asigna 100 mil millones de pesos a la SIDE /AFI o como se llame un área de inteligencia que lo menos que tiene es eso.Además de no cumplir con la obligación de enviar al Congreso las reformas de presupuesto y…

El Jefe de Gabinete debe asistir al Congreso una vez x mes a dar Informe, dice la Constitución.8 meses de gobierno y en Diputados no aparece.Siguen gobernando x DNU, abuso de poder y violando las leyes.Asignar fondos reservados y para inteligencia, son atribuciones exclusivas… pic.twitter.com/S6bc7AS7fX

Los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, comunicaron que enviarán al Congreso de la Nacion un proyecto de Ley que contempla la posibilidad de realizar un Juicio en Ausencia para los delitos que son considerados como graves en el Código Procesal Penal. 

Los ministros hicieron el anuncio mediante una conferencia de prensa celebrada en el Salón Héroes de Malvinas de Casa Rosada, donde el titular de la cartera de Justicia, precisó que “Se debe terminar con esa costumbre de que los juicios terminen en los cajones o en los archivos" por lo que si "el imputado no comparece o se fuga, seguirá el juicio sin su presencia con una defensa bien resguardada". 

A su turno, Bullrich aclaró que el proyecto de Ley presentado es una “respuesta del presidente Milei a la sociedad Argentina que todos los días siente que hay impunidad”. 

En ese sentido, apuntó a que a través de esta nueva medida se está “dando un paso importantísimo en la igualdad de toda víctima frente a la Justicia”. 

Por último, ahondó acerca de los delitos se que juzgarían bajo esta nueva Ley: “Hemos definido para estos casos que los delitos más graves sean aquellos que generan una angustia colectiva y un mal en toda la sociedad, como lo es el financiamiento del terrorismo”. 

El proyecto impulsado por las carteras de Justicia y Seguridad de la Nación, si bien cotemplan que se pueda juzgar a un imputado mientras este este prófugo o no haya querido comparecer ante el tribunal, el mismo sólo podrá ser aplicado en determinados delitos. 

De esta manera, sólo se podrán aplicar este tipo de juicios en los delitos de Genocidio, Lesa Humanidad, crímenes de guerra o crímenes de agresión (todos contemplados en los artículos 6, 7, 8 y 8 bis del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional). 

También podrá enjuiciarse bajo esta modalidad a una persona que haya cometido los delitos de la Desaparición Forzada de Personas; la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes; el Financiamiento del Terrorismo; y a los que le fuera aplicable la agravante de terrorismo. 

En tanto, este tipo de juicios se implementarían en los siguentes escenarios. 

El primero ocurre cuando el imputado lográ fugarse de un juicio oral. Bajo este contexto, el juicio proseguirá para los otros imputados, y se suspenderá de forma momentánea para el prófugo, que más adelante será juzgado en ausencia. 

En el segundo caso, se llevará a cabo un juicio en ausencia cuando hayan transcurrido 4 meses desde el dictado de un pedido de captura nacional o internacional de un prófugo imputado, que no haya podido ser o haya sido denegada, su extradición. 

Por otro lado, se deberá grabar todo el juicio en ausencia a través de medios audiovisuales, bajo apercibimiento de declaración de nulidad. 

Por último, si el prófugo fuese capturado o se presentase durante la realización del juicio, el mismo tendrá derecho a ser oído. Asimismo, tras tomar conocimiento de su condena, el imputado podrá solicitar un nuevo juicio sólo en caso de que no supiese sobre su situación procesal, o si de haberlo sabido, haya tenido un motivo legítimo para faltar al susodicho. 

La Comisión de Justicia de Asuntos Penales del Senado de la Nación dictaminó la tipificación del Código Penal del delito de compraventa de niños. Se trata de un proyecto que busca establecer penas de hasta 15 años para aquellas personas que participen en delitos vinculados a la sustracción y comercialización de menores de edad.

“El proyecto lo presenté en 2022 y el kirchnerismo lo durmió”, señaló la senadora nacional por Santa Fe y autora de la iniciativa, Carolina Losada, en diálogo con el programa El Puente, que se emite por Radio Mitre Rosario. En este sentido, recordó la reacción pública cuando en aquel momento realizó declaraciones respecto a que en Rosario se vendían niños. “Me saltaron al cuello por todos lados. Yo soy rosarina y hablé sobre lo que tiene que ver con mi provincia, pero esto es algo transnacional y que pasa en todo el país”, remarcó. 

“En este momento hay 1.777 búsquedas activas en Argentina y tienen que ver con los chicos que tienen una denuncia, pero cuando el progenitor o a la progenitora son los que lo venden no hay un registro”, sostuvo la senadora. En esta misma línea, destacó que “la venta de niños es un tema que viene antes de la trata de personas, antes de conocer para qué venden al niño”.

Asimismo, la legisladora hizo referencia a que Argentina está sancionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2012 por no tener legislación respecto a este tema. “Hoy no está tipificado en nuestro Código Penal como un delito vender a un chico. Cuando sucede esto la justicia lo empieza a buscar por otro tipo de delito, como trata de personas o supresión de identidad (que implican procesos más largos). Esto le daría un marco legal a todo lo que tiene que ver con un problema que hoy tiene la sociedad argentina entera”, expresó. 

Respecto a la sanción que recibió Argentina, la senadora explicó: “La Corte Interamericana nos sanciona a nosotros por el caso Fornerón, que se trata de un hombre que presentó una denuncia porque su mujer vendió a su hija y como no existía delito, no se pudo llegar a los culpables”.

Losada manifestó que muchos jueces y fiscales la llamaron para agradecerle y felicitarla por el proyecto, y definió la iniciativa como “un adelanto enorme”. “No se sabe con exactitud, pero la semana que viene probablemente tengamos sesión y espero que sea incluido en la lista de temas a tratar”, expresó.

Por último, la senadora santafesina se refirió a la estadística respecto a los niños y niñas buscados en la provincia. “Son cinco en Santa Fe, pero hay un montón más que no tienen denuncia, porque muchas veces son los propios progenitores los que los venden. Si existe una denuncia particular hecha por la Defensoría de niños, niñas y adolescentes del gobierno anterior referida a una compraventa de niños en Rosario, que fue lo que dio pie a lo que yo dije en aquel momento. Si caminas los barrios y hablas con la gente, te van a contar por qué no pueden denunciar”, finalizó. 

El diputado Ariel Bermúdez, del partido CREO, presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe que busca abordar el problema creciente de la ludopatía, que tuvo una escalada desde la época de la pandemia por la proliferación de sitios de apuestas ilegales en la región. 

“Esto toma nuevamente impulso debido a la creciente oferta de portales y aplicaciones de apuestas clandestinas, que beneficiados por la falta de regulación, despliegan todo un aparato de marketing en redes sociales con el fin de atraer a más y más personas”, manifestó el legislador.

Por otra parte, se refirió a la tendencia en alza de la ciberludopatía entre los adolescentes . "Los sitios de apuestas ilegales encontraron en los adolescentes una población nueva a captar con distintas estrategias, como por ejemplo, el uso de influencers para publicitar y también la posibilidad de ofrecerles dinero para arrancar a apostar. Esto comienza como un juego inofensivo pero con el tiempo y las sucesivas pérdidas comienza a convertirse en una adicción, de la que no se tiene control", remarcó.

La iniciativa tiene como objetivos promover políticas de salud dirigidas a la prevención y tratamiento de la ludopatía, así como promover el acceso a servicios de asistencia integral para los jugadores compulsivos y sus familias. Entre las acciones propuestas se encuentran campañas de prevención, formación de personal especializado, relevamiento de la incidencia de la adicción al juego en la provincia y la creación de un Registro de Autoexclusión Provincial.

Por último, Bermúdez destacó la importancia de abordar este tema a nivel legislativo y señaló que el proyecto busca saldar una deuda histórica en la provincia al regular el juego y asistir a personas afectadas por la ludopatía.

a) Prevención primaria a nivel salud, con un abordaje psicológico y social.

b) Promover la formación de personal especializado para la atención y el tratamiento de la ludopatía.

c) Campañas de prevención y cursos de capacitación sobre ludopatía en instituciones educativas.

d) Relevamiento para conocer la incidencia real de la ludopatía en el territorio provincial y que permita la realización de un diagnóstico acabado sobre esta problemática.

e) Promover planes de investigación, docencia, divulgación y estadísticas sobre ludopatía y adicciones a través de Universidades Nacionales.f) Campañas de concientización que informen sobre las consecuencias nocivas de la ludopatía a través de medios analógicos y digitales.g) Línea de atención gratuita, atendido por personas con capacitación específica, para recibir consultas y brindar información relativa a la ludopatía.h) Promover la participación de organizaciones de la comunidad en la aplicación del programa creado por la presente ley, así como en el diseño y ejecución de otras medidas o acciones que lo complementen.i) Informe sobre las acciones llevadas a cabo y su evolución, en aplicación del programa creado por la presente ley, en coordinación con las autoridades de cada uno de los municipios de la provincia.j) Publicar por todos los medios de difusión de que dispone el Ministerio de Salud, todas las medidas llevadas a cabo para cumplir el objeto previsto en la presente ley.k) Crear el Registro de Autoexclusión Provincial previsto en el Capítulo V de la presente ley.l) Establecer una modalidad de colaboración entre la autoridad provincial y las autoridades municipales para la provisión y derivación de información a todas las salas de juego del territorio provincial, relativas a las personas anotadas en el Registro de Autoexclusión, incluyendo todas las altas y bajas que se produzcan.m) Realizar o promover toda otra medida que estime conveniente para el mejor cumplimiento del objeto de la presente ley.n) Realizar o promover toda otra medida que estime conveniente para el mejor cumplimiento del objeto de la presente ley. 

El gobernador Omar Perotti aseguró que impulsará un proyecto para establecer el voto joven desde los 16 años y anunció que lo enviará a la Legislatura para que sea tratado. «Es una instancia donde como provincia estamos retrasados», admitió el mandatario en el marco del Día Internacional de la Juventud por el cual encabezó este jueves en la ciudad un encuentro con representantes de la Federación de Estudiantes Secundarios de Rosario y referentes estudiantiles de toda la provincia.

Perotti recibió allí inquietudes de los presentes, vinculadas a la necesidad de obtener una mayor conectividad; también, sobre otros temas como el medioambiente, la educación sexual integral y la seguridad. “Los quiero rebeldes, cuestionadores, con todas las ganas. Discutan todo y enriquézcanse en esa discusión. Ustedes están dando un paso diferente, están sacando tiempo de ocio, diversión, amigos y descanso para ponerlo en su centro de estudiantes a favor de los otros; a todo aquel que da un paso como dirigente lo valoro enormemente, porque está trascendiendo lo propio para pensar y aportar en el conjunto”, dijo frente a los presentes.

A su vez, anunció que enviará a la Legislatura un proyecto para establecer el voto joven a partir de los 16 años. “Comparto plenamente la idea. Hay proyectos presentados, pero me comprometo a enviar uno que ojalá dispare la discusión para juntar a todos los que están representados. Es una instancia donde como provincia estamos retrasados; como no hemos actualizado la Constitución el voto habla de los 18 años y pareciera que entraríamos en contracción si aprobamos una ley que hable de esto, pero hay jurisprudencia que empuja fuerte a que la provincia vaya adecuando su normativa legislativa más allá que se haya o no modificado la Constitución”.

También, el mandatario santafesino dio detalles del programa “Primer Empleo”, que promueve la inserción laboral y formal de jóvenes de entre 18 y 30 años y en el cual la provincia intermediará entre los trabajadores y las empresas. “Muchas veces piden experiencia previa y eso es un gran problema. Con este programa, acompañamos la etapa de formación y la posibilidad de que esa experiencia sea para quedarse o mostrar en otra opción laboral”, explicó.

Por otro lado, se refirió al Boleto Educativo Gratuito (BEG), otro programa implementado por la provincia que tuvo gran aceptación. “Ayuda a remover obstáculos para el acceso a la educación”, dijo al respecto Perotti; y agregó que “Santa Fe debe ser la provincia con mayor cantidad de chicas y chicos que terminen la secundaria. El futuro de cualquier comunidad va a ser más contenedor si la sociedad tiene la capacidad de cuidar a su gente y generar conocimiento”, sostuvo.

Finalmente, el gobernador convocó y valoró el aporte de los jóvenes: “No creo en los gabinetes jóvenes, que se armaban para discutir temas de los jóvenes; yo quiero jóvenes en el gabinete que discutan todo: la política de seguridad, de educación, ambiental y de salud desde su óptica», concluyó.

El diputado provincial de Juntos por el Cambio, Gabriel Chumpitaz, presentó un proyecto que modifica el actual Código de Faltas santafesino y dispone sancionar de forma agravada a aquellos que exploten a menores de 14 años y los hagan mendigar o participar de cualquier forma de las limosnas en las calles. Podría haber sentencias a prisión de hasta 60 días.

“Este proyecto surge por los hechos cotidianos de maltratos que vemos en los principales corredores gastronómicos de nuestra provincia, donde los menores son manipulados y muchas veces fustigados en la venta de algún producto en bares o restaurantes, así como también en semáforos de larga espera donde se observa a niños y niñas entre los autos hasta largas horas de la noche», explicó el legislador.

Con esta iniciativa de Chumpitaz, se agravaría la actual multa que corresponde en la Ley provincial N° 10.703 para la mendicidad en menores, no solo ampliando los días de arresto sino también para el caso de que los padres, familiares o cuidadores de los niños utilicen alucinógenos para hacer sentir coaccionada a la persona a la que se dirige; o simulando enfermedad, mutilaciones o deficiencias físicas u otras prácticas relacionadas con drogas. En dicho caso, el personal policial más allá de la detención, elevará los cargos al Ministerio pupilar pudiendo los responsables perder la tutela del menor en cuestión.

Por lo tanto, el diputado del Pro precisó: “Si no controlamos y sancionamos este tipo de prácticas, pronto estaremos hablando de una red de explotación infantil en los principales nodos de la provincia. Nadie niega el derecho a pedir ayuda en una forma adecuada y respetuosa, pero no utilizando a los menores como vehículos para fines personales».

“Las principales autoridades en materia de seguridad de la Provincia, están más preocupados en controlar el actuar policial en un escritorio, que en procurar el cuidado y bienestar de los niños. Ante este panorama, solicitamos intensificar los controles de aquellos que se encuentran en situación de calle procurando su bienestar y el de su propia familia», culminó Chumpitaz.

Amplía el universo de contribuyentes que pueden adherirse a la moratoria vigente a todas las personas jurídicas y humanas para ofrecer alivio, pudiendo regularizar sus deudas los contribuyentes que no podían acceder en los términos de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.

•La deuda exigible en materia impositiva, previsional y aduanera que no está regularizada y que puede ser considerada dentro de una ampliación de moratoria es de $281.700 millones, entre personas físicas y jurídicas. El monto total asciende a $500.000 millones al sumar los planes de regularización vigentes.

•Permitirá incluir deudas vencidas hasta el 30 de junio de 2020

•Será posible adherirse hasta el 31 de octubre de 2020.

•Primera cuota vence el 16 de noviembre.

•Dependiendo del tamaño de las empresas e individuos que se adhieran podrán regularizar sus deudas en hasta 96 o 120 cuotas para las obligaciones tributarias y aduaneras.

•Los plazos serán de hasta 48 o 60 cuotas para las obligaciones correspondientes a los recursos de la seguridad social.

•Condonación parcial de intereses y total de multas.

•Tasa de interés fija del 2% mensual hasta enero de 2021 y, a partir de ese momento, una tasa variable en pesos (se reformularán los planes ya ingresados a la moratoria para que esa sea la tasa).

•Permite utilizar todas las devoluciones aprobadas y pendientes de pago que el contribuyente tenga a favor en AFIP para compensar la deuda (sólo pueden utilizarse aquellos saldos existentes antes de la aprobación de la ley y no puedan utilizarse saldos técnicos para compensar).

•Establece condiciones para las empresas de mayor tamaño. Durante 24 meses no podrán distribuir dividendos, realizar operaciones con títulos para eludir la normativa cambiaria ni acceder al mercado cambiario para realizar pagos a entidades vinculadas.

Fuente: Télam.

El proyecto de creación de la Campaña Nacional de Donación de Plasma Sanguíneo de pacientes recuperados de coronavirus de todo el país fue aprobado en horas de la madrugada de este viernes en la Cámara de Diputados. Por unanimidad, es decir logrando 229 votos positivos y ninguno negativo, obtuvo la media sanción y fue girado en revisión al Senado.

La iniciativa impulsada por el presidente del bloque del Frnete de Todos, Máximo Kirchner, además de proponer que el Poder Ejecutivo realice una campaña de divulgación a través de los medios a su alcance, incorpora dos días de licencia para quien done plasma, sin que pierda ningún beneficio laboral como premios o presentismo.

Cabe destacar que este proyecto zanjó todo tipo de colores políticos. Fue apoyada ciento por ciento también por diputados como Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO, y Carmen Polledo, que es la vicepresidenta de la Comisión de Acción Social y Salud. A su vez, contó con la firma de dos diputados que son médicos: Pablo Yedlin, del Frente de Todos y presidente de esa misma comisión, y Eduardo “Bali” Bucca, jefe del Interbloque Federal.

-Promoción de creación de una campaña nacional para la promoción de la donación voluntaria de plasma sanguíneo, proveniente de pacientes recuperados de COVID-19 de todo el país.

-Licencia especial para los y las donantes bajo relación de dependencia de dos días por cada donación de plasma que realicen

-Reconocer a los donantes como “ciudadanos/as solidarios/as destacados/as de la República Argentina”.

– Colaborar con el traslado de aquellas personas que deseen ser donantes y no tengan movilidad o tengan dificultades para ir al punto de donación.

El presidente Alberto Fernández ratificó hoy que su administración enviará este año un proyecto de ley de legalización del aborto al Congreso, y afirmó que no vive «en paz si una mujer termina en manos de un curandero».

«No vivo en paz con mi consciencia sabiendo que tal vez una mujer tiene que realizarse un aborto, no tiene las condiciones económicas para pagar ese aborto, y termina en manos de un curandero que con una aguja la termina lastimando y a veces matando», enfatizó Fernández, al hablar ante un auditorio repleto en el Instituto de Estudios Políticos de París.

Durante una conferencia magistral en el Instituto de Estudios Políticos de París, precisó: «Perdónenme, pero la hipocresía nunca se llevó bien conmigo. Por eso es que he propuesto, y lo voy a hacer, mandar un ley que termine con la penalización del aborto y permita la atención de cualquier aborto en un centro público».

De esta forma, días después de visitar al papa Francisco en el Vaticano, el mandatario nacional ratificó su voluntad de presentar un proyecto de legalización de la interrupción del embarazo.

«En la Argentina el aborto es un delito. Es un extraño delito donde casi nunca se condena a ninguna mujer por aborto pero donde todos sabemos que existe», manifestó el jefe de Estado.

En ese sentido, amplió: «¿Cuál es el problema de que exista un delito de aborto? El problema es que todo aborto se vuelve clandestino y en la clandestinidad el riesgo de vida y de salud de la mujer se potencia».

«El problema es más agudo de acuerdo a la clase social de quién practica el aborto. Si es una clase social alta, practicará el aborto en un centro de salud adecuado, con condiciones de asepsia adecuadas y el certificado médico dirá que tuvo una aborto espontáneo y su salud estará absolutamente garantizada», relató.

En tanto, afirmó: «Si estamos en presencia de una mujer sin recursos, toda su vida corre peligro. Y si zafa su vida, corre el riesgo de quedar infértil o sufrir lesiones internas».

«La discusión del aborto, para mí, es parte de la discusión hipócrita que históricamente tiene la Argentina cada tanto.

Durante años debatimos si la persona divorciada se podía volver a casar», apuntó el Presidente.

En ese marco, trazó una analogía con una vivencia personal junto a su madre y su nueva pareja: «Soy hijo de una madre divorciada que reconstruyó su familia. Mi familia es la que reconstruyó mi mamá, y mi padre es el segundo marido de mi mamá no mi padre biológico».

«Un día vino (el ex presidente Ricardo) Alfonsín y propuso legalizar el divorcio vincular y permitir un segundo matrimonio.   Fue un debate insufrible. Salió la ley, mi mamá y Carlos se casaron y los tres hijos fuimos testigos. ¿Para qué discutimos durante 20 años esto?», cuestionó.

Por último, sentenció: «Siento que con el aborto pasa algo parecido. Hay quien siente que legalizar el aborto lo vuelve obligatorio. No es obligatorio para nadie. Es un tema que debemos resolver desde el mundo de la salud pública. No podemos poner en riesgo la salud de la mujer que decide abortar».