Diego Spagnuolo, ex director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), fue procesado este lunes por  asociación ilícita, fraude al Estado y sobornos. La decisión se inscribe en la causa por presuntas coimas en la repartición e incluye a otros 18 acusados.

La determinación fue oficializada por el juez federal Sebastián Casanello, quien le adjudicó al ex funcionario delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada y cohecho pasivo, en el marco del caso que se destapó a mediados de 2025 a partir de la difusión de un audio.

Spagnuolo encabeza la lista en la que también se encuentran nombres ligados a la agencia como Daniel Garbellin (ex subdirector)i; Miguel Calvete y Pablo Atchabahian (operadores externos), además de otros empleados. Además, a Spagnuolo le embargarán un total de 202 mil millones de pesos. La misma medida será aplicada al resto de sospechosos y todos seguirán en libertad.

Según el fallo del magistrado, ANDIS “fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación”.

Por otro lado, Casanello ordenó una serie de indagatorias a personas jurídicas de las droguerías Profarma SA, Génesis SA, New Farma SA y Floresta SA-

Ginés González García, ex ministro de Salud de la gestión del ex presidente Alberto Fernández, fue procesado sin prisión preventiva este viernes, por el escándalo del vacunatorio VIP durante la pandemia de coronavirus.

El ex funcionario fue considerado “coautor penalmente responsable del delito de abuso de autoridad y peculado” en la resolución de la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, María Eugenia Capuchetti, quien dispuso un embargo sobre sus bienes por 130 millones de pesos.

A su vez, en la misma resolución fueron procesados Alejando Salvador Costa, Marcelo Ariel Guille, Alberto Alejandro Maceira, María Elena Borda, Lucrecia Silvia Raffo, Silvia Cristina Bacigalupo y Graciela Beatriz Torales.

Dicha polémica fue iniciada en 2021, en medio de la pandemia de Covid-19, y se dio paso a la causa con el foco de investigación puesto en el funcionamiento de un vacunatorio privado paralelo ubicado en el Ministerio de Salud durante la gestión de González García.

El fallo indica que Ginés está acusado por “haber ilegítimamente ordenado, ejecutado, o avalado en infracción a los deberes inherentes a su cargo que el 18/02/2021 se trasladara al Ministerio de Salud un equipo de vacunación del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas con diez dosis de la vacuna contra el Covid-19 asignadas a dicho establecimiento”.

En el mismo se remarcó fueron vacunados indebidamente a la siguientes personas: Horacio Verbitsky, Jorge Enrique Taiana, Eduardo Félix Valdés, Florencio Aldrey, Dolores Noya Aldrey, Lourdes Noya Aldrey, Matilde Noya Aldrey, Salomón Schachter, Seza Manukian y Félix Eulogio Guille.

La magistrada explicó que durante esa fecha ninguna de las personas que fueron inoculadas “cumplía con los criterios para vacunarse de acuerdo a lo establecido por los lineamientos técnicos de la Resolución MSAL N° 2883/2020, dictada el 30/12/2020 por González García”, la cual era "complementaria a la ley 27.491 de "Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación", en la medida en que no integraban las categorías de "Personal de Salud" o eventualmente "Personal Estratégico"".

El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10, a cargo de Diego Amarante, ordenó el procesamiento del peluquero Roberto Giordano por el delito de insolvencia fiscal fraudulenta.

Fuentes judiciales informaron a Télam que el magistrado a cargo de la causa dispuso la prohibición de salida del país y embargó al empresario por 30 millones de pesos.

La causa tiene su origen en una denuncia penal realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). La investigación judicial evidenció que el empresario creó una serie de sociedades donde habría designado como autoridades a conocidos sin capacidad contributiva.

Esos individuos fueron convocados para la formación y el funcionamiento de las sociedades cuando en realidad, quien detentaba el efectivo manejo de las mismas era Giordano.

El procesamiento judicial sostiene que, posteriormente, Giordano desapoderó a los «prestanombres» de sus bienes en detrimento de sus patrimonios.

Hizo esto a través de la venta de los mismos a valores nulos, bajos o transferidos a personas carentes de solvencia económica para afrontar tales adquisiciones, conjuntamente con el traspaso de su personal y bienes de uso.

Asimismo, en el marco de la causa se corroboró que el empresario habría ocultado al menos 17 bienes de su propiedad a través de tres firmas: Guildin SA, Adraltior SA, y Nilamar SA.

A través de esa maniobra defraudó a sus acreedores, entre los que figura el fisco nacional.

Las empresas no eran operativas, sino que tenían como única finalidad ser titulares de inmuebles sin ejercer actividad alguna.

Así se determinó que las operaciones de transferencias de inmuebles, se suman a la creación de las sociedades, con la única finalidad de impedir fraudulentamente el cobro de sus deudas.

A través de este mecanismo, Giordano utilizaba la cadena de peluquerías para acumular deudas laborales, comerciales, pero fundamentalmente tributarias y previsionales.

Así se financiaba y permitía el crecimiento de su negocio, al tiempo que su patrimonio era ocultado a través de sociedades y testaferros, impidiendo sucesivamente a la Dirección General Impositiva (DGI) el cobro de sus deudas tributarias y previsionales.

Además de su procesamiento, teniendo en cuenta la naturaleza económica del delito investigado, el juez dispuso la prohibición de salida del país del peluquero, que comenzará a regir cuando finalicen las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo

Asimismo, se le ordenó el embargo sobre los bienes de Giordano por la suma de $ 30 millones.