Mariano Ríos Artacho seguirá en prisión preventiva luego de que la jueza de segunda instancia Carolina Hernández rechazara los planteos de las defensas y confirmara la medida cautelar. La resolución se conoció tras una audiencia realizada el lunes y sostiene la hipótesis de la Fiscalía sobre una organización que habría operado de manera sistemática para desviar dinero depositado en cuentas judiciales.

La decisión también comprende a Julio Héctor M., Fabricio Emanuel R., Gustavo C. y el abogado Emilio B., quienes permanecen detenidos. En cambio, otros seis imputados recuperaron la libertad durante el proceso. Los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani investigan una maniobra que se habría extendido durante siete años y que consistía en utilizar órdenes judiciales para retirar fondos de distintas cuentas.

Hasta el momento, los investigadores revisaron 48 de las 148 cuentas bajo análisis y estimaron que el perjuicio económico rondaría los 425 millones de pesos. Según la acusación, el dinero habría circulado entre distintas personas y parte de los fondos habría regresado a manos de Ríos Artacho. El exfiscal reconoció que tenía problemas vinculados al juego, negó haber integrado una organización criminal y ofreció devolver el dinero, aunque la jueza consideró que esa situación no descarta la posible existencia de una asociación ilícita.

Hernández sostuvo que los elementos reunidos hasta el momento apuntan a una metodología planificada, con división de tareas y utilización irregular de fondos judiciales. También valoró que Ríos Artacho contaba con acceso y facultades para firmar las órdenes que habrían permitido concretar las operaciones investigadas. La prisión preventiva fue confirmada hasta el 2 de diciembre, mientras la Fiscalía continúa con las medidas destinadas a determinar el alcance de la maniobra y las responsabilidades de cada imputado.

La Justicia de Rosario dictó tres meses de prisión preventiva efectiva para una pareja acusada de engañar a decenas de personas mediante la venta fraudulenta de paquetes turísticos y pasajes aéreos. Ambos fueron imputados por 23 hechos registrados entre marzo de 2025 y octubre de 2026, en los que habrían obtenido importantes sumas de dinero en pesos y dólares.

La medida fue dispuesta este martes por el juez de Primera Instancia Alejandro Negroni, durante una audiencia en el Centro de Justicia Penal. La acusación fue impulsada por los fiscales Aurelio Cicerchia y Matías Ocariz, de la Unidad Especializada en Cibercrimen, quienes también solicitaron y obtuvieron la autorización para embargar e inmovilizar fondos de las cuentas bancarias, billeteras virtuales y plataformas de activos digitales de los imputados.

Según la investigación, Natalí D., de 35 años, fue acusada como autora de 23 estafas. La mujer contactaba a sus clientes exclusivamente por WhatsApp y se presentaba como intermediaria, inversionista o representante de una empresa turística con acceso a tarifas preferenciales, pese a que no contaba con un local comercial ni una agencia registrada. En algunos casos, entregaba los primeros pasajes de manera efectiva para generar confianza y conseguir nuevas recomendaciones, pero luego captaba operaciones por montos mayores que nunca cumplía.

La Fiscalía sostiene que, una vez recibido el dinero, la mujer postergaba las entregas con distintas excusas, como fallas en el sistema, problemas con superiores, bloqueos bancarios o inconvenientes personales, sin devolver los fondos. Incluso, en algunos casos, habría ofrecido a sus clientes convertirse en revendedores a cambio de comisiones.

Por su parte, su pareja, Federico Germán L., de 32 años, fue imputado como coautor de ocho hechos de estafa. Para los investigadores, cumplía un papel clave en el manejo del dinero, ya que habría aportado sus cuentas bancarias (incluida una radicada en Italia, donde se recibían pagos de las víctimas), administrado los fondos y realizado devoluciones parciales de montos reducidos para dilatar los reclamos.

La pareja había sido detenida el viernes pasado durante dos allanamientos realizados por personal de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI) en Arroyo Seco, en Gálvez al 900, y en Rosario, en Nicaragua al 800. En los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, computadoras, tarjetas bancarias y motocicletas, elementos que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación.

Los dueños de Rosario Motorsport quedaron en prisión preventiva por 60 días tras una audiencia imputativa realizada este viernes en el Centro de Justicia Penal de Rosario. El fiscal Iván Enríquez les atribuyó, junto a otra mujer, 67 hechos de presuntas estafas vinculadas con operaciones de compra, venta y permuta de vehículos. La jueza María de los Ángeles Granato hizo lugar al pedido de detención para los dos hombres, mientras que la tercera imputada continuará el proceso en libertad bajo restricciones.

Los acusados fueron identificados como Juan Gabriel A., Eduardo E. y Noelia E., hermana de este último. Según la investigación, habrían utilizado la firma Rosario Motorsport SAS para recibir autos usados o dinero en pesos y dólares a cambio de otros vehículos, incluidos modelos cero kilómetro, sin cumplir luego con las entregas ni devolver el dinero correspondiente.

La Fiscalía sostuvo que las operaciones se concretaban mediante ofertas de precios y facilidades de pago que generaban confianza en los clientes. De acuerdo con la acusación, los imputados habrían recibido vehículos en consignación o como parte de pago, con conocimiento de que el dinero obtenido por su venta no sería entregado a los propietarios.

La causa tomó estado público a fines de agosto, cuando comenzaron a trascender denuncias contra la agencia, ubicada en avenida San Martín al 2600, en la zona sur de Rosario. El abogado Santiago Barbarach, representante de un grupo de damnificados, señaló que más de cien personas podrían haber quedado afectadas por operaciones incumplidas. Entre los casos denunciados, varios clientes entregaron sus autos usados y dinero con la promesa de recibir una unidad nueva.

Según el letrado, el mecanismo incluía plazos aproximados de 40 días para entregar los vehículos, pero las demoras se acumularon y los compradores no recibieron las unidades acordadas. La empresa solicitó la apertura de un concurso preventivo de acreedores, aunque, según explicó el abogado, el trámite todavía no se había abierto. La investigación penal continúa para determinar las responsabilidades en las operaciones denunciadas.

El padre de Nicolás Ramírez, presidente del Concejo Municipal de Villa Gobernador Gálvez, y su pareja quedaron en prisión preventiva efectiva por el plazo de ley tras ser acusados de forzar la internación de una mujer de 83 años en un geriátrico y despojarla de sus bienes.

Walter Ramírez (53) y Marilina Díaz (48) fueron detenidos la semana pasada en Avellaneda al 2200 a partir de una investigación a cargo de la fiscal Cecilia Brindisi que inició el 30 de octubre de 2025 a partir de una denuncia de la víctima. 

Según se dio a conocer, las partes se conocieron en 2023 en el marco de un siniestro vial, hecho mediante el que establecieron un vínculo impulsado por engaños de la pareja hacia la jubilada, a quien aislaron de su familia. De acuerdo a la versión de la Fiscalía, la llevaron a cederle el control de las llaves de su casa y del manejo de sus tarjetas bancarias. 

Además, en 2024, hicieron que les de un poder general de amplia administración y disposición de bienes ante una escribana y recibieron la transferencia de la titularidad de un Renault Sandero, secuestrado en el reciente procedimiento de la Policía de Investigaciones (PDI). Luego, Ramírez rescindió el contrato de alquiler que cumplía la mujer y, tras ser ingresada a residencias de Alvear y Rosario, entró a vivir al domicilio su hijo Nicolás, concejal galvense y dirigente de Movimiento Evita.

A su vez, Brindisi detalló que se registraron el retiro de haberes previsionales de la anciana, compras con sus tarjetas por montos elevados y créditos en su nombre por un total de 5.410.000 pesos.

El juez Federico Rébola dictó prisión preventiva efectiva para el hombre y la mujer por un plazo de cuatro meses.

La defensa de Nahir Galarza realizó una nueva presentación ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos para solicitar la revisión de su condena a prisión perpetua. El recurso busca que la Justicia provincial reexamine el fallo por el homicidio de Fernando Pastorizzo, ocurrido en diciembre de 2017 en la ciudad de Gualeguaychú.

El planteo fue firmado por el abogado Eduardo Gerard, quien asumió la representación legal de la joven a fines del año pasado. La estrategia se apoya en el artículo 527 del Código Procesal Penal de Entre Ríos, una normativa que habilita la revisión de sentencias firmes ante circunstancias excepcionales.

Según el escrito, existieron irregularidades tanto en la aplicación de la ley penal como en la validez del material probatorio utilizado durante el juicio.

El eje central de la impugnación apunta al desempeño de una perito de la Policía de Entre Ríos, licenciada en Bromatología, quien estuvo a cargo del análisis del teléfono celular de la joven.

La defensa cuestiona este informe de 1.500 páginas, ya que resultó la prueba fundamental para dar por acreditado el noviazgo con la víctima. Esta vinculación permitió a la Justicia imponer la figura de homicidio agravado por el vínculo, lo que derivó en la pena máxima.

Esta nueva instancia judicial surge luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara en julio de 2024 un recurso extraordinario de la representación anterior, dejando firme la sentencia en aquel momento.

Ahora, el nuevo letrado exige verificar si la interpretación jurídica aplicada a la causa fue la adecuada y si el material que fundamentó el fallo es válido.

Fausto Giordano, el joven de 20 años acusado de conducir alcoholizado el Peugeot 208 que volcó en la ruta provincial S26 y provocar la muerte de cuatro ocupantes, quedó en prisión preventiva este jueves. 

El sospechoso fue llevado a audiencia imputativa en los Tribunales Federales de Casilda, luego del siniestro vial ocurrido este sábado por la madrugada a la altura del Camino Borde de Distrito, donde seis jóvenes volvían después de pasar la noche en un boliche, el vehículo se descarriló y dio múltiples vuelcos antes de quedar en la banquina.

Producto del hecho murieron Lola Gironacchi, de 17 años, oriunda de Zavalla; Ramiro Tripiana, de 24 años y de Pérez; Sabrina Correa, de 17 años; y Zaira Lunge. Además, una adolescente de 17 años se encuentra internada con heridas de gravedad.

El fiscal Emiliano Erhet sostuvo que Giordano manejaba con 0.93 gramos por litro de alcohol en sangre y le adjudicó el delito de homicidio culposo agravado por la pluralidad de víctimas, en concurso ideal con lesiones gravísimas culposas.

En este marco, la jueza Mariel Minetti dictó prisión preventiva por el plazo de cuatro meses, mientras avanza la investigación.

Tres hombres que agredieron a inspectores municipales en una fiesta clandestina en la zona noroeste de Rosario fueron imputados por resistencia a la autoridad y heridas leves.

Se trata de los acusados por el hecho sucedido el domingo 23 de noviembre en D’Arienzo al 8900, en barrio Tango, cuando cuatro agentes se dirigieron al lugar ante un reclamo por ruidos molestos, recibieron una golpiza y terminaron heridos.

El secretario de Control y Convivencia, Diego Herrera, brindó detalles sobre lo ocurrido: "Fue la segunda vez porque ya habían ido más temprano. Cuando llegan se encuentran que la música estaba muy elevada, estaban tirando pirotecnia y había una camioneta haciendo maniobras peligrosas”.

Luego, el funcionario relató que “salieron desde adentro de la vivienda tres personas y empiezan a golpear a los inspectores sin mediar palabras”.

Durante la secuencia, una de las víctimas logró reportar la situación al 911 y, minutos más tarde, la policía detuvo en el lugar a los agresores y secuestró el vehículo que fue conducido de forma temeraria.

En la audiencia imputativa desarrollada días atrás en el Centro de Justicia Penal de Rosario, el fiscal Lucas Altare le adjudicó a los aprehendidos los delitos de lesiones leves y desacato a la autoridad.

En este marco, el juez Bilabo Benítez dispuso prisión preventiva para S.C. y M.C. por un plazo de 60 días. Por otro lado, E.A. quedó en libertad sujeto al pago de una fianza y la obligación de presentarse ante la oficina judicial de forma periódica.

La Justicia dictó prisión preventiva para los dos hombres acusados de asesinar a un vecino de 59 años en la localidad de Pérez, tras someterlo con violencia dentro de su vivienda. El magistrado a cargo del caso dispuso la medida por dos años para Ricardo César M. y Pablo Andrés O., señalados por el delito de homicidio en ocasión de robo agravado con arma de fuego. 

Según reconstruyó la investigación, los imputados, junto a otro cómplice aún con procesos en curso, llegaron al domicilio de la víctima en un Volkswagen Bora. Luego de maniatarlo junto a su hijo, le taparon la boca, lo asfixiaron y causaron su muerte. 

Durante el asalto robaron un televisor, dinero en efectivo, dos celulares y una Volkswagen Saveiro que estaba en la cochera. El vehículo fue hallado gracias al rastreo del GPS y a la localización del celular sustraído. 

El auto se encontró oculto en una cochera del sur rosarino, donde, al intentar incendiarlo para borrar huellas, los sospechosos abandonaron la camioneta y huyeron. Semanas más tarde, fueron detenidos tras allanamientos realizados en Rosario y Pérez. 

El fiscal del caso opinó que los datos recabados justificaban la prisión preventiva como única medida para asegurar el avance del proceso. Ahora, los acusados deberán responder ante la Justicia mientras continúa la pesquisa.

La Fiscalía imputó a los tres taxistas acusados de herir gravemente en una golpiza a un pasajero que no quiso pagar un viaje y recibieron prisión preventiva.

La audiencia tuvo lugar este miércoles en el Centro de Justicia Penal de Rosario, donde el juez de primera instancia, Hernán Postma, dictó la pena por 90 días para David Cabral (41), por tentativa de homicidio simple, y por 45 días a Omar Fernández (49) y Matías Vigliero (34), por el delito de lesiones graves como coautores.

Por su parte, el fiscal Lisandro Artacho reveló que la mecánica del hecho ocurrido el 13 de septiembre en Montevideo y Oroño fue esclarecida gracias a las filmaciones de las cámara de videovigilancia del Consulado de Italia. En este sentido, relató: “Nos permitió visualizar como fueron los hechos, primero la llegada del taxi, luego como la víctima se baja, camina unos 100 metros y es perseguido por la mujer que le reclamaba el pago del taxi”. 

“Llegan tres taxis, que son de los imputados. Primero llegan Vigliero y Fernández, hay un empujón mutuo y la víctima se cae al piso. Se le van encima, uno lo retiene y el otro le propina golpes de puño y una patada a la altura del cráneo”, agregó el fiscal.

Luego, Artacho mencionó que el hombre agredido, identificado como Flavio B., se “levantó tambaleante”, caminó hacia Cabral y este “le pegó un golpe muy fuerte a la altura del cráneo con el puño”. A su vez, mencionó que “cayó al suelo pesadamente, golpeando su cráneo con el suelo, y ya no se movió más. Inmediatamente los tres taxistas se subieron a sus vehículos y se dieron a la fuga”.

La víctima está internada en terapia intensiva en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) y continúa grave.

El detenido acusado de quemar con ácido a su ex pareja en Rosario fue imputado este jueves y recibió tres meses de prisión preventiva.

Se trata de Leonardo S., el hombre de 50 años que había sido acusado por una mujer que fue internada en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) días atrás con quemaduras de primer y segundo grado en el 10 por ciento de su cuerpo. La audiencia se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal local.

El sospechoso fue detenido este lunes en una vivienda de Italia al 3200, en la zona sur de Rosario, durante un allanamiento de la Policía de Investigaciones (PDI), instancia en la que los agentes le secuestraron el celular. Además, el operativo incluyó un procedimiento en Espinillo al 3700, en la zona oeste de la ciudad.

De acuerdo a la versión impulsada por la fiscal Guillermina Torno, S. habría agredido a la víctima de 36 años entre el 14 y el 18 de agosto. Además, el relato afirma que el hombre utilizó un agente químico para intentar remover tatuajes de la piel de su ex pareja. Por otro lado, el sujeto fue acusado de retener a la mujer en su domicilio para evitar que alguien vea las heridas provocadas por el ácido.

Ante el juez Rodrigo Santana, la Fiscalía le atribuyó al detenido delitos de lesiones graves agravadas por la relación preexistente y el contexto de violencia de género en concurso real con privación de la libertad agravada.

La jueza Hebe Marcogliese dictó prisión preventiva por el plazo máximo a un joven de 19 años acusado de haber intentado asesinar a un hombre en barrio Tablada, al sur de Rosario.

Se trata de Jano R., quien fue detenido en los últimos días por personal de la División Homicidios, tras ser identificado como el presunto autor del ataque a tiros ocurrido el pasado 3 de julio en Esmeralda al 3200.

Durante la audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal, el fiscal Lisandro Artacho detalló que ese día, cerca de las 19.55, el joven se presentó por segunda vez en el domicilio y preguntó a la víctima, identificada como Fabián Oscar T., si su nombre era “Lautaro”. Acto seguido, le disparó por la espalda.

El hombre, de 59 años y padre de un empleado policial, recibió un disparo que lo dejó herido de gravedad, aunque logró recuperarse tras ser trasladado al Hospital Provincial. Otros dos proyectiles impactaron en la pared de su casa.

La acusación también indicó que, más temprano, el joven había preguntado por la propiedad de una moto estacionada frente a la vivienda, lo que fue interpretado por los investigadores como parte del mismo episodio.

Testimonios recabados en la causa permitieron identificar al atacante como Jano R., un joven señalado como parte de un sector violento del barrio. Según fuentes del caso, es hijo de una mujer apodada “Camote”, con antecedentes delictivos en la zona de Grandoli y Biedma.

Aunque por ahora no se estableció el móvil del ataque, la Fiscalía remarcó que el acusado fue señalado de forma directa por vecinos. Desde el entorno de la víctima descartaron la existencia de amenazas o conflictos previos.

Este lunes, el juez Hernán Postma ordenó la prisión preventiva por el plazo máximo para Damián Sosa, acusado de participar en el asesinato de Gustavo Rivero, un trabajador metalúrgico que fue baleado durante un intento de robo en noviembre de 2022, en la intersección de Liniers y Gálvez, en Rosario. Sosa se convirtió en el tercer imputado por el crimen sumándose a Lautaro Benítez y Matías Gutiérrez, quienes fueron aprehendidos la misma noche del suceso.

La imputación contra Sosa abarca los delitos de homicidio calificado, tentativa de robo calificado y portación ilegítima de arma de fuego. Su captura se produjo el pasado 9 de abril, cuando efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria lo identificaron mientras conducía un Peugeot RCZ en la zona de Rouillón y Sanguinetti. Al verificar su documentación, los agentes comprobaron que tenía un pedido de captura emitido por el fiscal Adrián Spelta, quien lo vinculó al caso tras analizar un teléfono celular incautado.

A partir de las imágenes de videovigilancia y el testimonio clave de una mujer trans que se encontraba con Rivero dentro de su auto, un Peugeot 408, se logró reconstruir la secuencia del crimen. El relato de la testigo señaló que un grupo de jóvenes armados irrumpió sorpresivamente y lo obligó a bajar por la fuerza. Cuando Rivero intentó escapar con una maniobra al volante, recibió un disparo en el pecho. El auto quedó estrellado contra un árbol y los atacantes huyeron por calle Gálvez.

Rivero logró brindar detalles a la policía sobre los agresores antes de morir. Esa misma madrugada, arrestaron a Benítez y Gutiérrez en Roullón y Gálvez. Cerca del lugar se hallaron dos armas de fuego (una pistola 9 milímetros y otra calibre 11.25) en un contenedor de residuos. Los peritajes pudieron determinar que el disparo fatal fue realizado con la 9mm.

Con esta nueva imputación, la causa suma pruebas que refuerzan la hipótesis del intento de robo como móvil principal del crimen.

Juan José Raffo, un ex integrante de la Policía de Santa Fe, que ya contaba con una condena por su vínculo con la banda criminal Los Monos, enfrenta ahora una nueva acusación después de su captura reciente, tras dos años de permanecer prófugo. La Justicia lo imputó como miembro de una asociación ilícita liderada por Ariel “Guille” Cantero, que tenía conexiones con la barra brava de Newell's.

El juez Aldo Bilbao Benítez dictó la prisión preventiva para el acusado por 90 días, con la posibilidad de extender la medida si la Fiscalía presenta una acusación formal dentro de ese período.

Raffo, de 50 años, había sido condenado a 5 años y 10 meses de prisión, en abril de 2018, por su rol dentro de Los Monos. En marzo de 2023 comenzó a ser investigado nuevamente y se mantuvo prófugo hasta el pasado 11 de marzo, cuando fue detenido en el barrio porteño de Barracas durante un operativo realizado por la Policía de Buenos Aires a raíz de las órdenes de captura emitidas por la Justicia Federal y la Justicia de Santa Fe.

Durante una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal de Rosario el fiscal Luis Schiappa Pietra lo acusó de integrar una asociación ilícita encabezada por Cantero y en la que también participaban figuras como Leandro “Pollo” Vinardi, Pablo Camino, Guillermo “Chupa” Sosa y los ex policías Marcos Barúa y Luciano Arellano. Este último aceptó, en febrero de este año, una pena de tres años de prisión por encubrimiento agravado y violación de secreto.

Según la investigación, la organización operó entre febrero de 2020 y noviembre de 2022 con el objetivo de fortalecer su control sobre la barra brava de Newell's, lo que les permitía obtener beneficios económicos y territoriales, a través de amenazas, extorsiones, abusos de armas y usurpaciones, entre otros delitos.

De acuerdo a lo planteado por Fiscalía, el ex policía, pese haber cumplido su condena anterior, mantuvo lazos con la banda criminal y actuó como informante. En este sentido, se lo vincula con un sector liderado por Vinardi, al que le brindada información confidencial sobre investigaciones en curso.

Uno de los episodios ocurrió el 19 de abril de 2022 cuando, presuntamente, alertó a Sosa sobre avances en la investigación de un crimen vinculado con el asesinato de Nelson “Chivo” Saravia, ex líder de la barra leprosa, ultimado en octubre de 2021. Según los investigadores, Raffo accedió a estos datos por su relación con la Policía de Investigaciones (PDI), particularmente con Arellano, quién formaba parte del área de Homicidios.

Asimismo, otro hecho que lo incrimina fue el que ocurrió en abril de 2022, cuando le informó a Sosa sobre cambios en la cúpula de la Policía santafesina, dato que le habría servido a la organización para ampliar su dominio territorial.

En una audiencia realizada este lunes, un hombre fue imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización tras haber hallado en su poder cerca de 70 kilos de marihuana. El detenido había sido arrestado en el marco de los allanamientos por el asesinato del ex líder de la barra brava de Rosario Central, Andrés "Pillín" Bracamonte.

Se trata de Alejandro Nicolás V., quién fue detenido el jueves pasado durante una serie de operativos solicitados por los fiscales provinciales Luis Schiappa Pietra y Georgina Pairola en distintas viviendas de Rosario y Granadero Baigorria.

En el contexto de la investigación por los asesinatos de Bracamonte y su ladero, Raúl "Rana" Attardo, ocurrido el 9 de noviembre de 2024 tras un partido en el Gigante de Arroyito, también fue aprehendido Alejandro "Cani" Z. Se cree que ambos habrían facilitado la fuga del sicario responsable del ataque, cuya identidad aún se desconoce.

De acuerdo a la pesquisa, "Cani" tendría vínculos con la banda "Los Menores" y había sido señalado por una testigo como alguien que mantenía conflictos previos con Bracamonte.

Durante los allanamientos, en el domicilio de V. se encontraron 48 panes de marihuana, lo que derivó en otro procedimiento en una vivienda lindera ubicada en la calle Aguzzi al 4000. Allí, se hallaron otros 15 paquetes y se detuvo a una mujer.

En la audiencia de este lunes, los fiscales federales Matías Mené y Santiago Cruz Alberdi formalizaron la imputación contra V. por el delito de tenencia de drogas con fines de comercialización. El juez de garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz determinó que el acusado permanezca en prisión preventiva por 60 días. Además, se ordenó el peritaje de cuatro teléfonos celulares incautados, dos de ellos en poder del imputado y los otros dos pertenecientes a mujeres que se encontraban en la vivienda allanada. 

Tras una audiencia llevada a cabo este miércoles en el Centro de Justicia Penal, la jueza Lorena Aronne dictó prisión preventiva por 90 días para Melisa. P., una mujer de 44 años acusada de haber asesinado a su novio el 25 de febrero pasado en un departamento del centro de Rosario. A pesar de la resolución judicial, la defensa sostiene que se trató de un suicidio y apelará al fallo de la magistrada.

El hecho sucedió en un edificio ubicado en calle Alvear al 1500, donde Tomás Saravalli, de 39 años fue encontrado sin vida en la sala de estar sobre un sofá cama. Según el informe médico policial, el hombre tenía un disparo en la frente y, según el reporte de la Brigada Motorizada, en su mano izquierda se encontró una pistola calibre 40. Según la hipótesis del fiscal Alejandro Ferlazzo, el disparo fatal ocurrió cerca de las 5 de la mañana.

En este sentido, la investigación indica que la pareja había mantenido una discusión, que culminó cuando Melisa P. se fue a dormir a la habitación. En su declaración, la mujer afirmó que despertó a las 7:30 y encontró a su pareja inconsciente en el sofá. Ante la situación, pidió ayuda a una vecina estudiante de medicina, quién fue la que constató que Saravalli se encontraba sin signos vitales. Minutos después de las 8:30 notificó al 911 lo ocurrido.

Pese que en primera instancia las autoridades manejaron la posibilidad de un suicidio, tras los peritajes que llevó adelante el Gabinete Criminalístico, la causa derivó hacia la hipótesis de un homicidio calificado. En este contexto, la pesquisa estuvo a cargo del fiscal de Homicidios Culposos Matías Edery, pero después pasó a manos de Ferlazzo, quién ordenó la detención de la sospechosa.

Asimismo, en la audiencia el fiscal afirmó que Melisa P. "aprovechó el estado de indefensión de la víctima y efectuó el disparo utilizando un almohadón, que quedó sobre su rostro con un orificio de entrada y salida del proyectil". En este aspecto, sumó que Saravalli era diestro, por lo que resulta poco probable que haya disparado con la mano izquierda.

Por su parte, la abogada defensora Malena Corvalán argumentó que no existen riesgos procesales y que la acusada siempre estuvo a disposición de la Justicia. Asimismo, reiteró que la hipótesis del suicidio no debe descartarse y solicitó la libertad de Melisa P., quién respondió preguntas de la fiscalía durante la audiencia.

A pesar del planteo de la defensa, la jueza Aronne avaló la carátula que propuso la Fiscalía: homicidio calificado por el vínculo y por alevosía, agravado por el uso de arma de fuego, y tenencia ilegal de arma de guerra.

La investigación sigue su curso y se esperan los resultados del dermotest y el análisis del teléfono de la acusada.

El juez Florentino Malaponte le dispuso la prisión preventiva hasta el 9 de enero del 2025 a un hombre que golpeó y atropelló a su ex pareja, accionar que causo que termine de volcar con su auto en zona sur. 

Se trata de Matías Maximiliano O., y el hecho del que se lo acusa ocurrió este lunes en Pasaje Wagner y Sarmiento. 

Según el fiscal Lucas Altare, el violento hecho comenzó a las 3.30 de la mañana de ese lunes cuando el acusado, a bordo de un VW Vento, acudió al domicilio de su expareja y le tiró piedras al inmueble para que la mujer lo atendiera. 

Al momento de bajar y pedirle al violento que se retirara, él la comenzó a golpear y le robó el celular para luego irse a su aito. 

Tras subir al vehículo, la mujer quiso evitar que se fuera, pero el imputado sólo aceleró y condució por la calle con la víctima arriba del capó, hasta que chocó con autos estacionados. 

Por el choque, la mujer salió despedida y al chocar contra el suelo, sufrió múltiples heridas como escoriaciones, esguince de tobillo izquierdo y lesiones en muslo y muñecas. 

En tanto, el agresor terminó por volcar con el auto. En ese sentido, se lo imputó por lesiomes leves dolosas agravadas por mediar violencia de género, intento de hurto y desobediencia judicial por incumplir una orden de restricción. 

El juez Rafel Coria le dictó la prisión preventiva efectiva por el plazo de la ley, a Jonathan Ezequiel S., un trapito apodado Chucky que fue imputado por el homicidio de Matías Abraham, asesinado a piedrazos en Oroño y Brown, Pichincha.

Por el ataque, Abraham tuvo que ser internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), nunca recuperó el conocimiento y el primero de marzo falleció por un traumatismo de cráneo. 

Chucky fue imputado este jueves en una audiencia en el Centro de Justicia Penal, luego de que este martes la División de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), allanará un domicilio en la zona norte de Rosario, en el marco de las investigaciones por el crimen de Abraham, y lograran detener al acusado. 

Lo cierto es que el imputado fue grabado por las cámaras de seguridad de la zona al momento en el que le propinó los golpes asesinos al otro cuidacoches, pero las autoridades tardaron en identificarlo por un pacto de silencio entre los trapitos de Pichincha.

Así las cosas, todavía resta dar con el paradero del hermano del acusado, quien ayudó a Chucky en la pelea mortal que tuvo con Abraham en enero.

El fiscal Alejandro Ferlazzo acusó a Chucky de homicidio calificado por Alevosia, y según lo que expuso durante la audiencia, el hecho tuvo lugar el 20 de enero de este año en Oroño y Brown, cuando los dos cuidacoches comenzaron a pelearse. 

En medio de la pelea que fue observada por peatones, y cuando Chucky parecía haber perdido, un sujeto que fue identificado como el hermano del victimario apareció y le pegó una patada en la cabeza a Abraham, que perdió el conocimiento.

Al ver que el otro cuidacoches estaba tendido, una cámara de la zona ubicada en un edificio de Oroño al bis, captó como Chucky agarró una piedra y comenzó a golpear la cabeza de la víctima en repetidas ocasiones. 

Un amigo de la víctima fue el que identificó a los dos agresores en el mes de abril y permitió que la causa avanzara. 

La justicia dictaminó la prisión preventiva para tres hombres y una mujer por el robo a una cueva financiera de Venado Tuerto, el jueves 27 de junio pasado. 

Las cuatros personas fueron imputadas bajo la carátula de robo doblemente agravado, por uso de arma de fuego impropia, y por ser cometido en poblado y en banda. El juez Adrián Godoy determinó la prisión preventiva para el policía retirado Juan Valentín A. de 59 años, Matías Alejandro C. de 29 años, Alejandro A. de 36 años y Carla Sabrina A. de 37 años (a la que se le otorgó el beneficio de prisión domiciliaria por ser madre de cuatro niños).

La investigación, llevada a cabo por la fiscal Andrea Caballero, determinó que dos de los delincuentes ingresaron a una vivienda ubicada en Cabral y Rivadavia, en la localidad de Venado Tuerto, donde funcionaba una “financiera informal”, redujeron a golpes y amenazaron con un arma de fuego a un hombre y una mujer que se encontraban en el interior, y les exigieron la entrega de dinero en efectivo en pesos y dólares. 

Tras cometer el robo, encerraron a las víctimas en el baño y se dieron a la fuga en un auto Nissan Versa estacionado en inmediaciones del lugar, donde los aguardaban el policía retirado y la mujer. 

La policía, alertada por la filmación de un vecino que capturó el momento en que los delincuentes huían y los llamados que dieron aviso sobre golpes y gritos provenientes de la vivienda, realizó un operativo cerrojo mediante el cual lograron atrapar a los delincuentes en la ruta 33, al altura de Villada cerca del mediodía. La aprehensión se logró gracias a una cámara inteligente del municipio de Firmat que captó el paso del Nissan. Dentro del vehículo los efectivos encontraron 10.000 dólares y 3.5 millones de pesos.

Dos de los imputados cuentan con domicilio en Rosario, uno en Pérez y otro en Arrecifes (Provincia de Buenos Aires).

Este lunes se llevó a cabo, en el Centro de Justicia Penal de Rosario, una audiencia imputativa por el asesinato de Natividad Yreneo Torres, el hombre de 62 años asesinado a golpes en barrio Triángulo y Moderno, el 19 de mayo pasado.

La Jueza de Primera Instancia, la Dra. Trinidad Chiabrera, dictó la prisión preventiva por el plazo de ley a un joven de 18 años identificado como Lautaro Gastón S., imputado por el fiscal Patricio Saldutti de la Unidad de Homicidios Dolosos, bajo la figura de homicidio simple en calidad de autor.

La acusación detalla que el sospechoso habría perpetrado el ataque alrededor de las 00:30 horas en el cruce de Pasaje Dos Hermanas con las calles Cisneros y Maradona.

Según el relato del fiscal, Lautaro Gastón S. habría empleado un objeto contundente con la intención de causar daño mortal, propinando múltiples golpes en la cabeza y el rostro de la víctima, Natividad Yreneo Torres, de 62 años. 

Tras el brutal suceso, la víctima fue encontrada tendida en el suelo mientras el agresor continuaba con golpes dirigidos hacia su cabeza. La intervención de los vecinos logró detener la violencia, aunque el atacante huyó del lugar.

Torres fue trasladado de urgencia al Sanatorio Regional Rosendo García, donde falleció el 22 de mayo debido a las graves lesiones sufridas. La causa de su muerte fue declarada como traumatismo encéfalo craneano.

La jueza Valeria Pedrana dictó este miércoles prisión preventiva por el plazo de ley contra una joven acusada de haber estafado a una mujer por la suma de un millón y medio de pesos mediante la simulación de la venta de un inmueble que luego obligó a abandonar bajo amenazas y un ataque a balazos.

El delito habría sido cometido en coautoría con la pareja de la imputada, quien se encontraba preso en la cárcel Piñero y ya fue investigado por este hecho.

El fiscal Federico Rébola acusó a Daniela Carla R. de haber participado en un plan criminal que consistió en ceder la posesión de un inmueble ubicado en Barra al 3300 mediante un boleto de compraventa que contenía datos falsos y a cambio de un millón y medio de pesos.

No había pasado ni un mes desde que la víctima terminó de pagar la propiedad cuando el 27 de enero le apedrearon la casa. Al día siguiente, al salir, descubrió que le habían dejado una nota amenazando a su familia para que dejara la casa que recientemente había comprado.

Esa misma noche, dos personas llegaron en moto y balearon el frente, razón por la que decidieron retirarse. Cuando quisieron volver, el inmueble había sido pintado de otro color y le habían cambiado la cerradura. El 17 de marzo el domicilio fue allanado y le fue restituido a la víctima pero al día siguiente, Ismael Edgardo G., pareja de la imputada, la llamó desde Piñero para amenazarla una vez más, lo que hizo que decidiera abandonar definitivamente el inmueble.

Por estos hechos, el funcionario de la Justicia Rébola le imputó a Daniela Carla R. los delitos de amenazas con el fin de compeler a la víctima a que abandone su residencia habitual, agravada por la utilización de arma de fuego y en concurso real con usurpación, todos en concurso ideal con el delito de estafa.