El diputado de Unidos-UCR, Martín Rosúa, propuso limitar las dimensiones de los domicilios de condenados con prisión domiciliaria en Santa Fe.

El legislador presentó un proyecto de ley mediante el que busca establecer un límite máximo de 120 metros cuadrados para las viviendas donde se cumplan las penas de este estilo en la provincia, junto con una prohibición de amenities de lujo.

En la misma línea, la iniciativa apunta a regular “condiciones que transformen la pena en un privilegio” a través de un régimen de visitas idéntico al penitenciario y la prohibición de dispositivos como celulares y routers de internet. Además, apunta a implementar un sistema de un monitoreo electrónico obligatorio y controles sorpresivos, sumado a la revocación inmediata de la domiciliaria ante cualquier incumplimiento y un registro público para garantizar transparencia.

Respecto a la situación que cataloga como “prisiones domiciliarias VIP”, el integrante de la Cámara Baja consideró: “Durante años vimos cómo un instituto pensado para situaciones humanitarias terminó funcionando, en la práctica, como un beneficio reservado para unos pocos. Hablo de condenados por delitos graves, incluso corrupción y defraudación al Estado, que están cumpliendo su pena en departamentos de lujo, con acceso irrestricto a celulares,  internet, redes sociales y visitas ilimitadas". 

Luego, Rosúa agregó que “es evidente que, con estos privilegios, la ley no está siendo igual para todos” y ejemplificó: ”Se conocieron casos en donde se organizaron fiestas, reuniones masivas o celebraciones en el mismo domicilio donde se debía estar cumpliendo una pena".

“Mientras esto sucede, el resto de los internos en el Servicio Penitenciario Provincial cumple normas estrictas: cupos de visita, horarios fijos, limitaciones a la comunicación, espacios reducidos y control permanente”, subrayó el dirigente.

Por otro lado, ratificó: “El sistema terminó generando privilegios por capacidad económica, algo completamente incompatible con la Constitución y con cualquier principio republicano básico. Lo más preocupante es que esto no ocurrió por falta de norma, sino por falta de una aplicación rigurosa".

Las Justicia mantendrá las condiciones de detención vigentes que pesan sobre Cristina Kirchner luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificará su condena a seis años de prisión en la causa Vialidad por administración fraudulenta. 

La disposición fue dictada por la Cámara Federal de Casación Penal, a través del tribunal compuesto por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes decidieron conservar las restricciones en su régimen de visita y el uso de la tobillera electrónica. tras rechazar los pedidos de la defensa de la ex presidenta para modificar esos apartados. 

Las medidas se dictaron en el marco de una audiencia oral y pública en la que, en una mayoría compuesta por los magistrados Hornos y Barroetaña, argumentaron que se mantendrá el uso del dispositivo y las restricciones porque asegura un control judicial y una protección jurídica efectivas por riesgos procesales y a la seguridad de Kirchner. 

Por otro lado, Borinsky dio su moción en disidencia acerca de las dos cuestiones y consignó que la ex presidenta tiene custodia permanente por parte de la Policía Federal Argentina (PFA) y que las tobilleras son recursos limitados. 

Así las cosas, el tribunal no se expidió acerca de si se cambiará el domicilio donde cursa su detención en el barrio porteño de Monserrat. Es que la Justicia Penal no decide sobre el uso del espacio público, apartado que es de la jurisdicción del gobierno de Ciudad de Buenos Aires. 

El Tribunal Oral Federal N°2 fue el encargado del otorgarle el beneficio a mediados de junio para que pueda cumplir su condena en su departamento, pero bajo la consigna de que use una tobillera electrónica y su hijo Máximo Kirchner será el garante.

Además del uso del dispositivo, se le impusieron otras normas, como permanecer en el domicilio fijado salvo situaciones de fuerza mayor que está obligada a justificar o en caso contrario, obtener autorización previa por parte del tribunal; abstenerse de accionar de formas tales que perturbe el orden público del vecindario en el que reside; y en 48 horas presentar una nomina con familiares, médicos, abogados y custodios policiales para que la visiten sin autorización judicial. 

La Justicia decidió concederle el pedido de prisión domiciliaria a la ex presidenta Cristina Kirchner luego de que el martes pasado la Corte Suprema de Justicia ratificara su condena a seis años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad. 

De acuerdo a lo constatado por Infobae, el Tribunal Oral Federal N°2 fue el encargado del otorgarle el beneficio a la ex jefa de Estado para que pueda cumplir su condena en su departamento del barrio porteño de Monserrat, pero deberá usar tobillera electrónica y su hijo Máximo Kirchner será el garante.

Además del uso del dispositivo, Kirchner tendrá que cumplir con una serie de normas de conducta como permanecer en el domicilio fijado salvo situaciones de fuerza mayor que está obligada a justificar o en caso contrario, obtener autorización previa por parte del tribunal; abstenerse de accionar de formas tales que perturbe el orden público del vecindario en el que reside; y en 48 horas presentar una nomina con familiares, médicos, abogados y custodios policiales para que la visiten sin autorización judicial. 

Según la resolución emitida por dicho tribunal, se ordenó a la "Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad Nacional, la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónico”.

"En este estado de cosas, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente así como el hecho de que la peticionante supera los setenta años de edad, su permanencia en prisión en un establecimiento carcelario no sólo se presenta, por el momento, como una opción difícil de compatibilizar con una protección efectiva de sus derechos fundamentales por las razones ya señaladas, sino que además es una opción que la ley expresamente habilita a reemplazar por otra”, argumentaron en la Justicia para otorgarle la domiciliaria. 

En ese sentido, "Cristina Elisabet Fernández de Kirchner se encuentra, en calidad de detenida bajo la modalidad de prisión domiciliaria, cumpliendo la pena firme de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso que le fuera impuesta en esta causa”.

En tanto, la notificación sobre la disposición le llegó a Kirchner de manera virtual por lo que no deberá presentarse este miércoles en Comodoro Py para que su condena entre en vigencia. 

Un operativo sorpresa en la madrugada de este domingo desalojó a los militantes que acampaban en las inmediaciones del departamento de Cristina Kirchner, en el barrio porteño de Constitución. La Policía de la Ciudad de Buenos Aires, se presentó en la calle San José al 1100 para liberar la zona.

Según expresaron voceros policiales, “no se reprimió a nadie”, sino que “se limpió la zona y se fueron” los militantes que manifestaban su apoyo a la expresidenta. Además, señalaron que el procedimiento se desarrolló sin incidentes ni represión.

Durante este operativo, se retiraron carpas, banderas y estructuras instaladas sobre la vía pública en las inmediaciones al edificio en el que se encuentra Cristina. Sobre las 3 de la mañana, la circulación vehicular ya había sido restablecida y no quedaban agentes policiales en el lugar.

La autoridades indicaron que no se reportaron enfrentamientos ni detenciones y el despliegue tuvo como objetivo liberar el espacio público para normalizar la circulación, realizado de forma sorpresiva para evitar disturbios.

El desalojo se produjo luego de que la expresidenta solicitara al Tribunal Oral Federal 2 a cumplir la pena de seis años de prisión impuesta en la causa Vialidad con la modalidad de prisión domiciliaria.

La expresidenta Cristina Kirchner habló este viernes luego de la ratificación de su condena y aseguró que se presentará en los tribunales de Comodoro Py este 18 de junio.

La imputada publicó un texto esta mañana a través de su cuenta oficial de X, en el cual habló sobre su situación y puso a disposición de los usuarios el escrito que presentaron sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, ante el Tribunal Oral Federal 2, pidiendo prisión domiciliaria.

En primer lugar, la mandataria acusó a la Corte Suprema de Justicia de ponerle “un cepo al voto popular” y confirmó que su defensa envió una solicitud para afrontar la condena en el barrio porteño de Monserrat.

Luego, la figura política argumentó: “No se trata de un privilegio. Por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal. Por un lado, existen motivos institucionales. Fui Presidenta durante dos períodos consecutivos y, de acuerdo a la normativa vigente, debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”. Por otro lado, Kirchner justificó su pedido en base al intento de magnicidio ocurrido el 1 de septiembre del 2022.

Por último, la condenada agregó: “No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”.

El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona, poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención…

Los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu determinaron que, una vez notificada la sentencia, Kirchner contaba con cinco días hábiles para ser detenida en el marco de la causa Vialidad.

Tras ser ratificada su condena a seis años de prisión, la expresidenta Cristina Kirchner solicitó cumplir su pena en su domicilio de Capital Federal, sin utilizar una tobillera electrónica.

El pedido fue oficializado a través de los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, quienes presentaron un texto ante el Tribunal Oral Federal 2 luego de que se diera a conocer el fallo de la Corte Suprema. 

En el escrito, los representantes legales de la exmandataria pidieron que su defendida no pase por una alcaidía y cumpla con el arresto domiciliario en su departamento de San José al 1111, donde vive con custodia junto a su hija Florencia en el barrio porteño de Constitución.

En el mismo documento, los abogados solicitaron que no lleve una tobillera electrónica para controlar sus movimientos. Entre los argumentos de la defensa en materia de seguridad, para impulsar las peticiones ante el tribunal, se encuentra la edad de la líder política (72 años) y el intento de asesinato ocurrido en 2022.

Por su parte, el juez Jorge Gorini instó a la la ex vicepresidenta a presentarse en Comodoro Py dentro de un plazo de cinco días hábiles, mientras que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola presentaron un pedido para que sea detenida de forma inmediata.

Personal de Gendarmería Nacional detuvo a una mujer que violó el arresto domiciliario dispuesto por la Justicia Federal, según señalaron voceros judiciales. En medio de una jornada de equitación en el Club Hípico Argentino, la pareja del narcotraficante Fabián “Calavera” Pelozo fue detenida.

La mujer, Agustina Ercoli Navarro de 30 años, está acusada desde agosto de 2024 de poner en circulación bienes de origen ilícito pertenecientes a su pareja, el narco oriundo de Ibarlucea que permanece en el penal de Ezeiza con condenas por tráfico de drogas.

Además, Ercoli Navarro figura como titular del patrimonio que incluye propiedades en Córdoba, vehículos y departamentos en Rosario. Por eso, estaba obligada a cumplir prisión domiciliaria, debido a que fue procesada junto a su padre como integrante de una asociación ilícita liderada por Pelozo.

La Cámara Federal de Rosario había tomado nota de un informe de los días previos, el cual advirtió que la mujer no respetaba las condiciones del régimen domiciliario y llevaba una rutina de “vida normal”.

Se fugó de la prisión domiciliaria en Córdoba y GNA la atrapó montando a caballo en un club hípico de CABA.Agustina Ayelén Ercoli Navarro, esposa del narco asesino Fabián “Calavera” Pelozo, detenido bajo el régimen de Alto Riesgo, se fue directo a la cárcel. ADENTRO.Acá no… pic.twitter.com/jkSR5LZT5X

A raíz de esto, fue localizada por la Gendarmería el viernes en el porteño Club Hípico Argentino, a metros del estadio de River. Ercoli Navarro realizaba saltos de obstáculo al ser detenida y posteriormente fue trasladada a la cárcel de Ezeiza.

El narcotraficante fue condenado por gestionar la llegada de cargamentos de cocaína a Santa Fe mediante bombardeos aéreos y, mientras permanece en prisión, habría ordenado operaciones, entre ellas un doble homicidio.

Entre las propiedades que posee Ercoli, según detalló la Procunar, se encuentra un lote en el Carlos Paz Golf Country Club, en San Antonio de Arredondo, Córdoba, valuado en más de 100 mil dólares. A su vez, cuenta con dos departamentos del centro rosarino, un conjunto de lotes en Ibarlucea, un depósito, un camión y una flota de vehículos, así como también dos minimarkets, una escuela de equinoterapia y un geriátrico.

El empresario Lázaro Báez, condenado a 12 años de prisión en 2021 por lavado de dinero en el caso de la “Ruta del Dinero K”, volvió a Santa Cruz para seguir su condena desde prisión domiciliaria en El Calafate, después de que la Justicia le otorgara el permiso tras permanecer en una casa del Conurbano bonaerense.

En el frente de la casa, se ubicó este domingo a la madrugada un cartel de bienvenida para Báez, de quienes le mostraron su apoyo de parte de algunos sectores. “Bienvenido, señor Lázaro Báez. Trabajo y Lealtad”, escribieron en el pasacalles.

Con un posteo en sus redes sociales, Báez expresó: “Deseo agradecerles a todas las personas que consideran que aún después de años de estar ausente en esta maravillosa provincia, aún tengo la posibilidad de darles una nueva esperanza de tener un trabajo y no tener que mendigar un plato de comida para su familia. Gracias. Viva Lupo, viva Santa Cruz”.

Este empresario comenzó como cajero bancario durante el gobierno de Néstor Kirchner en Santa Cruz, pero fue investigado en la causa por la salida y reingreso al país de aproximadamente 55 millones de dólares de origen ilícito, vinculados principalmente con la obra pública en Santa Cruz y otros delitos económicos.

Según informó Noticias Argentinas, el fallo determinó que Báez y sus colaboradores utilizaron una compleja red de sociedades que funcionaron como pantalla, así como cuentas bancarias en el extranjero para blanquear el dinero.

A través de Austral Construcciones, su empresa insignia, ejerció maniobras clave y la utilizó para la compra de bonos y otros activos que permitieron reintegrar los fondos al sistema financiero argentino con apariencia de legalidad.

Su condena a prisión contó también con una multa de 480 millones de dólares y se ordenó el decomiso de más de 61 millones de dólares, así como otros activos.

Los tres futbolistas de Vélez que fueron acusados de abuso sexual agravado continuarán detenidos en prisión domiciliaria en Tucumán, según resolvió este lunes la jueza local Laura Casas.

Se trata de Abiel Osorio, Braian Cufré y José Florentín Bobadilla, quienes ahora deberán buscar un lugar en el que quedar alojados bajo vigilancia policial.

Los tres jugadores permanecen aún alojados en la Dirección General de Investigaciones, adonde también permanece el arquero Sebastián Sosa, aunque en su caso porque aún no pudo reunir el dinero de la fianza.

En tanto, todos  continúan imputados pero con distintos grados de participación, lo que explica que Sosa –una vez depositada la caución- podrá regresar a Buenos Aires pero continuará con impedimento de salida del país.

La jueza ratificó el arresto domiciliario de Cufré, Florentín y Osorio por el término de 90 días, ante un pedido de las defensas de los futbolistas que pretendían la excarcelación en términos similares a los de Sosa.

Los abogados de las defensas preveían la negativa a las libertades en el día de hoy, pero consideraron que esta instancia era necesaria para despejar la vía de la apelación ante tribunales superiores del Poder Judicial tucumano.

Más temprano, la fiscal Eugenia María Posse; los representantes de la presunta víctima, Juan Andrés Robles y Patricia Neme, y la propia damnificada, se habían opuesto a la excarcelación de los futbolistas.

La periodista deportiva de 24 años de edad que denunció la agresión sexual consideró “injusto” que los futbolistas fueran excarcelados e, incluso, que se les concediera la prisión domiciliaria, porque supuso que gozarían de beneficios que a ella, como víctima, le son denegados.

En ese sentido, deslizó que los futbolistas podrían permanecer juntos, incluso con sus familias, y que por su potencial económico podrían alquilar una casa con piscina y campo de entrenamiento mientras esperan el juicio oral.

Las defensas hicieron hincapié en el temor de la presunta víctima en “cruzarse” con algunos de los denunciados y por ello justificaron el pedido para que fueran trasladados a Buenos Aires, con obligación de presentarse periódicamente ante el juzgado.

El triple crimen de Ibarlucea empezó a arrojar informaciones que le permiten a los investigadores reconstruir el momento del feroz ataque y también avanzar en las posibles causas en la que murieron tres personas, un hombre de 35 años, su pequeña hija de uno y presuntamente su mujer de 37. Esto último está en investigación ya que el cuerpo hallado estaba completamente calcinado.

Según fuentes policiales,  las víctimas fueron emboscadas cuando volvían de un casamiento en Campos de Ibarlucea. Al momento de identificar a las personas que se casaron y organizaron el evento, se encontraron con que una de ellas estaba cumpliendo una condena dictada por la Justicia Federal.

La mujer en cuestión se trata de Brisa Milagros L. F. quién recibió la prisión domiciliaria y fijó su domicilio en una casa ubicada en la zona sur de Rosario. Si bien no trascendió la causa por la que fue condenada la joven, se presume que podría estar ligada al narcotráfico.

Esta hipótesis que plantean los investigadores tiene que ver con que, entre los asistentes al casamiento, hubo personas muy ligadas al entorno de la banda de Los Monos.

Una vez que se conoció que la novia cumplía domiciliaria, se espera que la Justicia Federal informe si la autorizó a salir del domicilio fijado para asistir a su casamiento o si simplemente se retiró del lugar sin previa autorización, y tampoco control, por parte del organismo encargado de garantizar el cumplimiento de las penas.

Entre los detalles del casamiento, llamó poderosamente la atención que la mayoría de los invitados acudieron al exclusivo salón ubicado en 25 de mayo al 5300 de Ibarlucea, lo hizo en autos de lujo. De hecho, las víctimas circulaban en un Audi TT color blanco y luego fueron asistidas por otra persona que estaba en el lugar y que conducía una Amarok color gris.

Según imágenes que circularon en redes sociales, el evento no fue de concurrencia masiva sino que parecía ser para un selecto grupo de invitados entre los que se identificaron allegados a Guille Cantero. Pese a ser pocos, los asistentes bailaron y se divirtieron con los shows de Sergio Torres y la banda «Chanchi y los Auténticos».

Además, en la previa del casamiento la pareja y sus más cercanos se alistaron en el hotel de Puerto Norte, algo habitual entre quienes deciden celebrar su matrimonio en ese salón de eventos.

El Tribunal Oral Federal 4 dispuso hoy la reducción de la fianza que Lázaro Báez deberá pagar para salir de la cárcel de Ezeiza y acceder a la prisión domiciliaria.

El Tribunal fijó la caución en la suma de $ 386.578.500, una cifra que había sido sugerida por el fiscal Abel Córdoba, que había considerado excesiva la inicial de $ 632.500.000.

El fallo del TOF 4 se dio este miércoles luego de que la Cámara Federal de Casación Penal le ordenara reducir el número de la fianza que había sido dispuesta el pasado 8 de julio.

Los $ 386.578.500 surgen de la conversión al dólar oficial de los 5,5 millones encontrados en cuentas bancarias del acusado en paraísos fiscales del extranjero.

La decisión inicial del TOF 4 de los $ 632.500.000 era por seguir al dólar MEP.

La defensa del empresario había cuestionado el monto de la fianza y argumentado que su cliente no contaba con medios propios para pagarla, ya que sus bienes están embargados en las múltiples causas en los que es investigado.

El Tribunal Oral Federal 4 le otorgó hoy la excarcelación al empresario Lázaro Báez en la causa por lavado de dinero conocida como «La ruta del dinero K», por lo que podrá salir de la cárcel de Ezeiza tras cuatro años.

Los jueces dispusieron la colocación de una tobillera electrónica que le permitirá movilizarse a 100 kilómetros a la redonda de donde fijé domicilio, y también establecieron que antes de dejar el penal deberá pagar 632 millones de pesos de fianza.

Si bien obtuvo la excarcelación en esa causa, Báez quedará con prisión domiciliaria por otra investigación en su contra también por un delito de lavado de dinero.

El empresario y dueño de Austral Construcciones fue detenido el 6 de abril de 2016 por orden del juez federal Sebastián Casanello, en el marco de la causa por maniobras de lavado a través de la financiera SGI, conocida como «La Rosadita».

Tras muchos pedidos de liberación denegados, este miércoles la Cámara Federal de Casación Penal anuló un fallo que rechazaba su excarcelación o su prisión domiciliaria y le ordenó al Tribunal Oral 4 -que lo juzga por ese delito- volver a resolver sobre el planteo, algo que finalmente se resolvió a favor de Báez.

Luego d 69 años que violó a su nieta en reiteradas ocasiones, este lunes quedó en el medio de la tormenta una jueza feminista, acusada de ser quien dio vía libre para que el recluso cumpla condena en una casa en donde habitan al menos sin menores y lo haga sin la obligatoriedad de uso de algún dispositivo electrónico de control.

El caso había tomado resonancia en abril, cuando un tribunal integrado por Liliana Deiub, Federico Sommer y Richard Trincheri hizo lugar a lo solicitado por la defensa y le dio la prisión domiciliaria a Eugenio Ramón Llul, de 69 años y oriundo de la localidad neuquina de Junín de los Andes.

Según reveló este lunes el periodista Agustín Laje, en el fallo los jueces solicitaron un informe socioambiental -cómo y con quiénes va a vivir el criminal- y el caso fue tomado por la magistrada feminista Leticia Lorenzo. El periodista denunció que la magistrada hizo caso omiso a las observaciones de un fiscal -quien solicitó dispositivo electrónico de control y que no podía vivir en una casa donde habitan menores- y terminó aceptando la prisión domiciliaria en esa casa, que está ubicada a 10 cuadras de donde vive su víctima.

La indignación fue en aumento porque el acusado, sin ningún tipo de tobillera o pulsera de control, fue visto rompiendo con la cuarentena al menos dos veces y medios locales denunciaron que incluso intentó contactar a su víctima por teléfono.

Leticia Lorenzo ya había quedado envuelta en la polémica meses atrás, cuando en un fallo utilizó el lenguaje inclusivo y la expresión «típico de machirulo». «Mandó a su casa a un tipo que violó a su nieta durante años. En ese lugar viven 5 menores; lo mandó sin tobillera: salió dos veces y llamó a su nieta. Los medios la protegen», escribió Laje.

Una vez que Laje dio a conocer la noticia en las redes sociales, el tema se volvió tendencia número 1 en Twitter con el hashtag «#FeministaLiberaViolador».

El Tribunal Oral Federal 4 le otorgó hoy el beneficio de la prisión domiciliaria al ex vicepresidente Amado Boudou, condenado a cinco años y diez meses de prisión por la compra venta de la imprenta Ciccone. Así lo confirmaron fuentes judiciales, por lo que se espera que en las próximas horas Boudou salga del penal de Ezeiza para seguir preso en su domicilio, ubicado en el barrio porteño de Barracas.

El arresto domiciliario de Boudou «deberá ser conducido por el Servicio Penitenciario Federal» en su domicilio particular. Además, los jueces resolvieron implementar «respecto del encausado el Programa de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica».

En tanto, el Tribunal también dispuso «la supervisión y asistencia de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, para lo que se librará correo electrónico ordenando que con carácter urgente se incorpore a Amado Boudou a dicho programa».

Los abogados de defensores de Boudou, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, habían solicitado que pudiera cumplir con el aislamiento social preventivo y obligatorio fuera del penal de Ezeiza. El reclamo había llegado la semana pasada a la Corte Suprema de Justicia, que rechazó tratar el tema, luego de que el TOF 4 le negara el beneficio en una primera instancia.

Al negarse a analizar el caso, el máximo tribunal recomendó que el Tribunal Oral Federal 4 debía definir al respecto, y ahora los magistrados de ese cuerpo decidieron concederle la prisión domiciliaria.

Herme Juárez recuperó su libertad luego de pasar seis meses con en prisión domiciliaria. La información la confirmó el representante de legal del sindicalista quien aclaró que la decisión se tomó debido a que “no riesgo de fuga ni requisitos para que siga detenido”.

La Sala 2 de la Cámara Federal de San Martín resolvió quitarle al presidente de la Cooperativa Portuaria, Herme Juárez, la pulsera de seguridad con la que permanecía en prisión domiciliaria desde hace seis meses.

En tanto, el abogado de Juárez, Javier Rabadé, explicó en diálogo con un medio local, la decisión se tomó debido a que «no hay riesgo de fuga, ni de que entorpezca la causa, no hay requisitos para que siga detenido”.

Además, detalló que se apeló el auto de procesamiento ya que, según señaló el magistrado, «de todos los delitos que se le endilgan no hay pruebas para ninguno” y también informó que “la Cámara tiene que resolver un planteo de nulidad de la causa por una cuestión técnica de falta de requerimiento del fiscal”. «Se debería resolver la incompetencia de la causa, porque debería entender los Tribunales de Rosario y no de Campana, porque la causa arranca como narcotráfico, tomó la jurisdicción por Zárate un juzgado de Campana, y cuando desestiman la cuestión de narcotráfico el juez investiga delitos de índole económico y en teoría son de jurisdicción de Rosario”, remarcó.

El sindicalista había sido detenido tras un operativo en el marco de una causa por “asociación ilícita, coacción agravada, malversación, administración fraudulenta y lavado de activos”. El 1 de agosto pasado, pasó 23 días detenido en la Penitenciaría Nro 1 de Ezeiza y luego quedó con prisión domiciliaria en su casa de San Lorenzo.

La mujer de 27 años que se encontraba internada con el 90 por ciento de su cuerpo quemado falleció este miércoles. La joven, identificada como Florencia Coria, era rosarina y fue víctima de violencia de género. Hace días discutió con su pareja y terminó envuelta en llamas. En tanto, él declaró que ella misma se roció con alcohol y se prendió fuego. Actualmente ambos vivían en Villa Constitución.

La víctima tenía dos hijos de siete y tres años. Su hija menor es fruto de su relación con el agresor, quien está imputado por “homicidio agravado por el vínculo y femicidio en grado de tentativa ambos en concurso ideal”. Además, tiene período de prisión preventiva en su domicilio hasta este viernes. Mientras tanto organizaciones que luchan contra la violencia de género solicitan que continúe con su detención en la cárcel.

El trágico episodio ocurrió 29 de diciembre en la vivienda de la pareja. El acusado -identificado como Cristian- tiene 43 años, antecedentes penales y durante la discusión también sufrió quemaduras menores. En primera instancia, fueron atendidos en el hospital SAMCo de la localidad vecina. Días más tarde Florencia fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde ocurrió su deceso.