Nahir Galarza, la reclusa condenada a cadena perpetua por el crimen de su expareja Fernando Pastorizzo, fue autorizada a salir momentáneamente de la Unidad Penal N°6 de Paraná para hacer una visita familiar, en medio de un importante operativo de seguridad.

La joven de 27 años dejó su celda este miércoles por la mañana y fue escoltada hasta la ciudad de Gualeyguachú, donde se encuentra su abuela materna, quien padece una enfermedad oncológica. 

Según confirmó el medio Infobae, recibió el visto bueno de la Justicia para salir temporalmente del servicio penitenciario con el fin de ver a su ser querido, amparada en “razones humanitarias”.

De acuerdo a las primeras informaciones, el encuentro duró aproximadamente una hora y transcurrió con normalidad antes de que Galarza sea llevada nuevamente al penal de Paraná.

El inspector general Alejandro Mondragón brindó declaraciones acerca del  despliegue policial para el medio Elonce y aclaró: “Al ser un caso mediático, tratamos de manejarlo con la mayor discreción posible para evitar cualquier tipo de disturbio”.

Un joven de 19 años que le arrojó una molotov a un colectivo en la zona norte de Rosario con dos cómplices cuando era adolescente fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión efectiva.

El detenido, identificado como Agustín Hoyos, fue acusado por la fiscal Laura Riccardo como coautor los delitos de intimidación pública agravada por el uso de explosivos y daño agravado en concurso ideal con incendio agravado por la participación de menores de edad. El hecho ocurrió en enero de 2024, cuando los agresores le tiraron una botella incendiaria a una unidad de la línea 143 del Transporte Urbano de Pasajeros en Rondeau al 300, sin dejar heridos.

Tras su detención minutos después del episodio, al entonces adolescente le secuestraron una mochila con notas amenazantes dirigidas al ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, junto con un celular, dos envases de vidrio vacíos y combustible. Luego, quedó bajo prisión preventiva y, una vez finalizado el plazo legal, la Justicia determinó la extención de la medida.

Ahora, la jueza de Primera Instancia Hebe Marcogliese dictó una pena de cuatro años y seis meses de prisión preventiva para Hoyos, mientras continúan otras investigaciones por ataques y amenazas perpetuados durante los primeros meses de 2024.

El Centro de Justicia Penal de Rosario fue, este martes, escenario del comienzo del juicio oral por el asesinato de Nelson Saravia, un famoso barra brava de Newell´s quien encabezó el paravalanchas desde 2012 a 2015 y que fue atacado a tiros en la zona oeste en octubre de 2021.

En ese marco, el fiscal Luis Schiappa Pietra pidió que los cuatro acusados por el crimen sean condenados a prisión perpetua. Según lo indicado en la investigación, el homicidio se Saravia ocurrió cuando al menos cuatro individuos irrumpieron en su domicilio mientras dormía en su casa de San Nicolás al 3700.

Una vez dentro tras romper la puerta a patadas, fueron hasta su cuarto y los ejecutaron a tiros. Durante el ataque, Saravia estaba con su hijo y sobrino a quienes tuvo que hacer a un lado para evitar que quedaran atrapados en el tiroteo.

En base a lo expuesto por la Fiscalía, el asesinato comenzó a gestarse cuando hasta 22 sujetos mantuvieron un encuentro en una casa de Garibaldi al 3300, propiedad de otro barra brava llamado Guillermo Sosa acusado de planificar el ataque y por quien se pidió perpetua. 

En ese lugar, las cámaras de seguridad captaron como los sospechosos se armaron, prepararon vehículos, definieron los roles que iban a tomar en el atentado y se cambiaron de ropa. Tras cometer el crimen, regresaron a la casa, se desprendieron de las armas y comenzaron a discutir sobre cómo fue el hecho.

Entre los cuatro imputados están el dueño de la casa, Guillermo Sosa, sindicado por planear el asesinato; Alejandro Ficcadenti, sindicado como partícipe de la instigación del homicidio y el que cargó con munición una de las armas usadas; Esteban A., y Alexis D., quienes habrían formado parte de los que cometieron el ataque.

Los dos presos de la cárcel de Piñero acusados de golpear y abusar sexualmente de otro recluso fueron condenados a nueve años de prisión este jueves en Rosario.

Se trata de Santiago Navarro, de 38 años, y Emanuel Zárate, de 30, implicados en el ataque que tuvo lugar el 22 de marzo de 2022 en el Pabellón Nº1, Módulo A, del establecimiento penitenciario. El juicio tuvo lugar en el Centro de Justicia Penal de Rosario y fue encabezado por el juez de Primera instancia Alejandro Negroni.

Tras la acusación de la fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Julia Feldman, Los internos fueron sentenciados por abuso sexual con acceso carnal agravado y con armas y lesiones leves agravadas.

De acuerdo a la reconstrucción de la escena por parte de la fiscal, los autores agredieron a la víctima con un elemento contundente y le provocaron cortes con un puñal con complicidad de otros reclusos.

Luego, Feldman sostuvo que los condenados abusaron sexualmente de la víctima y la amenazaron con un cuchillo hasta que logró ponerse a resguardo.

La delincuente que asesinó a la comerciante Sandra López de catorce puñaladas fue condenada a prisión perpetua este viernes.

Se trata de Romina Soledad Pinillo, de 35 años, quien el 14 de abril de 2022 mató a la víctima de 45 años durante un robo en un cotillón de Rivarola al 6800, en barrio Godoy. 

Esta tarde en el Centro de Justicia Penal de Rosario, el fiscal Adrián Spelta le adjudicó a la imputada ser la autora del homicidio calificado por criminis causae en concurso real con Robo calificado por uso de arma. Los jueces de Primera Instancia Trinidad Chiabrera, Hebe Marcogliese e Ismael Manfrin dictaron la pena.

Según el relato del fiscal, la condenada llegó al comercio de zona oeste en un Volkswagen Suran a instancias de la tarde para cometer un robo y, ante la resistencia de López, la hirió de muerte propinándole 14 puñaladas en el cuello, rostro y omóplato derecho con un arma blanca. 

Luego, la delincuente salió del lugar con elementos robados y se retiró en el vehículo que previamente dejó estacionado en Biancofiori al 3100.

Por su parte, Pinillo declaró en el marco del juicio y, además de disculparse por el crimen, alegó que fue agredida por la comerciante antes del ataque. En este sentido, el fiscal Spelta consideró: “Es un fundamento muy vacío, nada de eso se pudo probar y no tenía correlato con la prueba que se había aportado. Dijo que estaba consumiendo hacia tiempo y que, probablemente, eso había provocado que reaccione de esa manera”.

Los autores del crimen de un hombre en Arroyito fueron condenados a prisión perpetua este viernes a dos años del hecho.

Se trata de Miguel y Ariel Arce, un padre de 42 años y su hijo de 22 que el 12 de febrero de 2023 asaltaron a Rubén Guzmán y su esposa Patricia Rigatuso en José Ingenieros al 1900 para robarle una camioneta, abriendo fuego contra ambos y asesinando al hombre en el proceso.

El episodio tuvo lugar un domingo por la tarde, cuando las víctimas llegaban a su domicilio a bordo de una Fiat Strada, fueron abordados por los delincuentes y resultaron heridos de bala tras resistirse al robo. Además, un menor de 13 años que se encontraba junto al matrimonio salió ileso. 

Guzmán recibió un disparo en el abdomen y fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde fue operado de urgencia, y Rigatuso fue ingresada al hospital Centenario. El hombre falleció el 29 de abril del mismo año.

Esta mañana, el fiscal Alejandro Ferlazzo acusó a los familiares por homicidio críminis causae, robo calificado y portación ilegítima de arma de fuego de guerra. En el marco de un juicio que inició el 18 de febrero, los jueces Nicolás Foppiani, Gonzalo López Quintana y Silvana Lamas dictaron prisión perpetua para los acusados.

Un ex prefecto identificado como Mauricio Cristian Marionsini fue sentenciado a prisión perpetua por asesinar a su mamá, Tamara Marionsini de 53 años y a la pareja de la mujer, Silvio Rubén Martini, de 65 años. 

La condena surgió luego de que la defensa y el fiscal Alejandro Ferlazzo llegaran a un acuerdo para que el acusado se declarase culpable. 

El aberrante hecho ocurrió el 20 de enero del 2024 en una casa de Vera Mujica al 4800 y el doble homicidio quedó registrado en vídeo. 

Ese día, el condenado acudió hasta la vivienda mencionada, donde funcionaba un negocio, y aguardó a que se retirara un empleado para poder ingresar al lugar. 

Una vez dentro, sorprendió a su madre mientras apagaba las luces y la apuñaló por la espalda. Luego fue hasta la habitación donde dormía Silvio y lo acuchilló. 

Tras el ataque a la pareja de su madre, que aun estaba con vida, regresó con la mujer, a quien volvió a brutalizar. 

Silvio habia alcanzado a salir de la habitación y se dirigió al comedor, pero para ese entonces el ex prefecto apareció y lo asesinó. 

Tras acabar con sus familiares, Marionsini robó dinero del local, los celulares de las víctimas y se cambió de ropa. 

También limpió la escena del crimen, escondió y trasladó los cuerpos en bolsas de consorcio a otra parte de la casa y lavó las sábanas donde durmió la pareja de su madre. 

Con el teléfono de su madre en su poder, le avisó a los empleados del negocio que el local no se abriría ese día -20 de enero-. No obstante, los vecinos de la zona denunciaron la situación a la Policía porque les parecía extraño que estuviera cerrado el almacen y porque reconocieron que los mensajes enviados desde el celular de Tamara no parecían redactados por ella. 

Además estaban al tanto del comportamiento errático y violento del hijo de la víctima, quien ya había amenazado a la mujer de muerte y la había agredido en diciembre de 2023 porque el condenado buscaba que se vendiera la casa para poder saldar sus deudas. 

De acuerdo a la información aportada por testigos para la causa, Marionsini tenía problemas con la droga y estuvo viviendo en Miami durante cinco años antes de regresar a Rosario. 

Se lo acusó, por el crimen de Tamara, de homicidio calificado por el vínculo, por mediar un contexto con violencia de género, por ensañamiento y por alevosía. En el caso de Silvio, por homicidio calificado por ensañamiento y alevosía. 

Un médico psiquiatra y un instructor de tiro de Rosario recibieron una condena de tres años de prisión condicional tras admitir su participación en una organización dedicada al desvío ilegal de armas al mercado negro. 

Según la investigación, ambos profesionales facilitaron la obtención de credenciales de legítimos usuarios a personas sin idoneidad, eludiendo los controles establecidos por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac).

El psiquiatra Marcelo Lemoine, de 40 años, y el instructor de tiro Paulo Fedeli, de 50, fueron señalados como responsables de emitir certificados de aptitud psicofísica a "prestanombres", personas de bajos recursos eran reclutadas por los líderes de la organización para comprar armas legalmente. Estas credenciales eran luego utilizadas para adquirir armamento que terminaba por venderse en el mercado ilegal a precios tres veces superiores.

El fiscal Gastón Ávila, encargado de la investigación, imputó a ambos como miembros de la asociación ilícita en diciembre del año pasado. Tras permanecer un mes en prisión, las defensas de los acusados alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía, que fue homologado por el juez Facundo Becerra.

La condena incluye, además de la prisión condicional, diez años de inhabilitación profesional. Lemoine no podrá ejercer como médico habilitado para emitir certificados psicofísicos, mientras que Fedeli quedó inhabilitado para trabajar como instructor de tiro y certificante de idoneidad.

Esta situación es muy habitual en otros países, como Estados Unidos, donde este fenómeno es conocido como Straw purchase o "compras de paja". Usuarios legales adquieren armas de fuego para desviarlas al mercado negro.

En octubre, la Fiscalía imputó a doce "prestanombres" que habían acumulado un total de 210 armas, de las cuales solo dos pudieron ser recuperadas durante los allanamientos. Estas armas, en varios casos, terminaron en manos de personas vinculadas al crimen organizado.

Según la investigación, los líderes de la red, identificados como Lucas Petrovelli, Rodrigo Sinsig y Javier Hernández, permanecen detenidos con prisión preventiva por su rol en la captación de personas vulnerables y la coordinación del circuito ilegal.

“El circuito de armas estaba muy bien estructurado. Había dos personas encargadas de captar a individuos con necesidades económicas, ofreciéndoles dinero a cambio de tramitar la credencial de legítimos usuarios”, aseguró el Fiscal.

En este esquema, el psiquiatra Lemoine realizaba los certificados sin tener en cuenta los protocolos exigidos por Anmac para declarar apta a una persona, mientras que Fedeli certificaba que las personas eran idóneas para el manejo de armas de fuego, sin reparos.

La Corte Suprema de Justicia Nacional, señaló que la prisión perpetua se aplicó de forma errónea en un caso concreto. 

La medida firmada por los jueces Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, responde a un caso en que la reclusión perpetua afectaba al derecho a la esperanza de un sospechoso. Asimismo, Ricardo Lorenzetti no avaló la propuesta. 

De acuerdo a lo constatado por Infobae, el falló declararía como inconstitucional el artículo 12, inciso 1 del Código Penal, al establecer que condenados por los delitos contemplados en el artículo 80 del Código Penal no pueden acceder a la libertad condicional. 

En ese sentido, la perpetua dejaría de serlo como tal ante la posibilidad de poder adquirir la libertad condicional. 

El caso por el que se originó la declaración de inconstitucionalidad es por el asesinato de una policía llamada María Luján Campilongo, ocurrido el 19 de noviembre de 2012, cuando hasta seis delincuentes que iban en dos autos, rodearon el vehículo de la joven y su novio que estaban de vacaciones, para luego disparles 30 veces. 

La cabo de la Policía Federal de 34 años murió de un disparo en la cabeza, mientras que su pareja logró sobrevivir. 

Por la causa había sido condenado por el Tribunal Oral de Menores N2 de Caba a prisión perpetua, un joven identificado como Sebastián Alejandro Guerra, al ser sindicado como coautor responsable de homicidio reiterado en dos oportunidades además de robo con arma de fuego reiterado en cuatro oportunidades. 

Pero la defensa del acusado solicitó que se declare esa pena como inconstitucional, debid a que le impedía acceder a la libertad condicional, pero el pedido fue rechazado por el Tribunal al argumentar que el sospechoso todavía no podía pedir su libertad al no cumplir el tiempo mínimo en su pena. 

Por tal motivo, el mismo pedido lo hicieron llegar a la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de Capital Federal, donde insistieron que la pena de prisión realmente perpetua aplicada en el caso es incostitucional, al ir en contra del mandato resocializador de la pena a cárcel y la prohibición de imposición de castigos crueles o inhumanos. 

En ese marco, la Sala I de Casación declaró la inconstitucionalidad del artículo 14 del Código Penal y su apliacación en el caso en cuestión. Pero la fiscalía redobló la apuesta y presentó un recurso extraordinario federal para dejar inválido tal pedido. 

En dicho recurso explicaron que la discusión de la legalidad de la norma que habilita las penas perpetuas debería darse cuando el condenado esté en condiciones de poder acceder a la condicional. 

Como el contrapedido de la fiscalía también fue aceptado por la Sala I de la Cámara Nacional de Casación, el caso giró a la Corte Suprema de la Nación, pero los magistrados antes mencionados no dieron lugar al recurso al no haber rebatido los arguementos de la defensa de Guerra. 

Guillermo Sebastián Camarasa, autor de la balacera contra los tribunales provinciales de Oroño al 940 que sucedió el 28 de septiembre del 2022, fue condenado a cinco años de prisión. 

Según informó el portal de Fiscales, La condena ya había sido dictada el 19 de junio pasado en el marco de un acuerdo de juicio abreviado al que arribó la defensa del acusado con el Ministerio Público Fiscal, integrado por el fiscal general Federico Reynares Solari, el fiscal federal Javier Arzubi Calvo y la fiscal coadyuvante María Virginia Sosa.

En ese marco, la sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de Rosario, y el condenado fue imputado por el delito de intimidación pública en concurso real con portación de arma de fuego. 

La condena se agravó debido a que el sujero registraba antecedentes penales por ocasionar daños a terceros o con el uso de armas. 

En ese sentido, se consideró en la sentencia que el trasfondo detrás del accionar del condenado fue el de “infundir temor tanto a los miembros del Poder Judicial de la Nación, como a la sociedad en su conjunto”. 

En esa misma línea, se señaló: “Los elementos de convicción reunidos en la instancia Judicial temprana temprana, permiten tener por acreditado que el acusado el día 28/09/2022 disparó con un arma de fuego en dos oportunidades contra la garita de seguridad perteneciente a la Prefectura Naval Argentina, emplazada sobre el predio perteneciente a los Tribunales Federales en Bv. Oroño 940”. 

"Lo acordado por las partes se encuentra razonable y objetivamente acreditado por las constancias de la causa en la etapa de instrucción, es decir que Guillermo Camarasa efectuó disparos con un arma de fuego contra la garita de seguridad del edificio de los Tribunales Federales", se aportó en la sentencia. 

Sobre la calificación de lo sucedido como intimidación pública, se sostuvo: “El hecho de haber disparado un arma de fuego contra un edificio afectado al funcionamiento del Poder Judicial de Nación, constituye un medio idóneo para generar el temor público que el tipo penal en análisis requiere”. 

De esta manera, la sentencia repasó que lo sucedido “cobra aun mayor relevancia si, nos detenemos a confrontar este hecho con la coyuntura que atraviesa la ciudad de Rosario”.  

Para finalizar, el tribunal aseveró que las pruebas obtenidas durante la investigación del caso como lo son los videos sobre el ataque y las municiones requisadas, permiten afirmar que  "sin perjuicio de que no se haya producido el hallazgo del arma de fuego utilizada en la ocasión, sin dudas el acusado portó el arma de fuego con que efectuó los disparos".

Un hombre de Rufino, departamento General López, fue condenado a seis años de prisión por haber almacenado fotografías de abusos contra niños, niñas y adolescentes en su teléfono celular, pero también por amenazas y desobediencia a órdenes de autoridades públicas.

José Alberto Bordón, de 43 años, comenzó a ser investigado a partir de la denuncia de una mujer que encontró el dispositivo móvil, y las imágenes de abuso a una menor, en la vía pública en la ciudad del sur de Santa Fe.

La sentencia fue firmada por la jueza Lorena Garini, en el marco de un juicio de procedimientos abreviados realizado en los tribunales de Rufino.

La Fiscalía Regional 3, a cargo del fiscal Horacio Pueyrredón, realizó la investigación que permitió llegar a la condena. Su colega Rafaela Florit representó al Ministerio Público de Acusación (MPA) en la audiencia en la que se le impuso la pena a Bordón.

La fiscal Florit afirmó sobre esta investigación que en abril de 2021 el condenado tuvo en su celular “fotografías explícitas de una niña en situación de abuso sexual infantil”.

Además, explicó que “la víctima es de Rufino e iba al jardín de infantes al momento en que fue encontrado el celular” y detalló que “todo se inició con el hallazgo del celular por parte de una vecina, en las calles Italia y San Martín”.

Tras encontrar el celular, la denunciante abrió el móvil con la intención de devolverlo a su dueño y pero descubrió “imágenes de un menor de edad en situación de abuso”.

Este jueves se dictó prisión preventiva efectiva para cuatro prestamistas colombianos por el plazo de 60 días por usura crediticia agravada. Fueron detenidos el pasado lunes luego que una joven comerciante de 25 años los denunciara. Para arrestarlos se llevó a cabo un operativo cerrojo en Gorriti al 5700, la vivienda de la víctima. ¿Cómo operaba esta banda?

Al respecto del modus operandi que llevaba adelante esta banda, el fiscal Dr. David Carizza de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos brindó detalles sobre el accionar de estas personas, a quienes acusó de “haber desempeñado la usura crediticia de forma profesional y habitual donde se aprovecharon de la situación de necesidad e inexperiencia de las víctimas obteniendo intereses desproporcionados en relación a los préstamos otorgados y, en consecuencia, colocándolas en una situación de ahogamiento financiero”. Para la acusación, el cuarteto desplegó este accionar durante todo el año pasado.

Por otra parte, precisaron que el primero de los prestamistas fue Alexander L.G., el cual se presentó en el comercio de la víctima y le dijo que estaba al tanto de que estaba en una apremiante situación económica. Entonces, le ofreció un préstamo de 50 mil pesos que tenía que devolver en 36 cuotas diarias de 2.800 pesos.

Carizza explicó que «de esta forma explotó económicamente la situación de necesidad de la contraparte, logrando una ventaja patrimonial desproporcionada mediante el referido crédito usurario», y dejó en claro que ese fue el puntapié para que la víctima quedara con la soga al cuello por la deuda que no logró saldar. La comerciante llegó a devolver 34 cuotas, 95.200 pesos, pero le quedó el saldo de 5.600 pesos.

El fiscal contó que Alexander L.G. regresó y amenazó a la joven. De forma intimidante, le “sugirió” refinanciar esa deuda con más intereses. A la damnificada no le quedaron muchas opciones, por lo que aceptó y a los días, el prestamista regresó con su padre Antonio G., que sería el que ahora iba a prestar otros 50.000 pesos para poder saldar la deuda de su hijo. Y así la víctima terminó con dos créditos, uno pagándole la refinanciación a Alexander de 2.800 diarios y el otro para el padre con una cuota diaria de 7.800.

Frente a la imposibilidad para pagar, Alexander presentó ante la comerciante otro prestamista, Christian P.H. Acordaron otro préstamo junto a nuevas refinanciaciones, con los correspondientes intereses. Días después, el tercer involucrado llevó al negocio al cuarto, Jairo R.M. A esta altura, la víctima ya tenía que pagar cuatro cuotas diarias que llegaban a un total de 23.045 pesos.

Ya en diciembre, Antonio G. volvió a reunirse con la damnificada y le propuso una nueva refinanciación de los cuatro créditos en tres cartones de 150.000 pesos cada uno, a devolver 50 cuotas por día de 4.260 pesos, lo que dejaba una suma de 213.000 pesos por cartón y 639.000 pesos en total, según detallaron desde la Fiscalía. Para la mujer fue imposible afrontar estos pagos y el pasado 13 de enero Antonio se presentó en su casa y volvió a amenazarla diciéndole que tenía saldar la deuda, porque de lo contrario le quemarían la vivienda.

Por esta situación límite, la comerciante juntó el valor necesario y finalmente hizo la denuncia. El fiscal decidió imputar al cuarteto por los delitos de usura crediticia agravada por habitualidad o profesionalismo, en carácter de coautores. En tanto, Antonio G. sumó la acusación por amenazas coactivas. Tras escuchar a las partes, el juez Ismael Manfrín aceptó los cargos de la Fiscalía y dictó la prisión preventiva por el plazo de 60 días para los colombianos, mientras avanza la investigación.

La pesquisa continúa para determinar si hay más personas involucrados en estos delitos, como así también precisar si hay más víctimas de este accionar. A su vez, los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos ordenaron nuevas medidas para corroborar si estos hombres tienen relación con la banda que se hacía llamar «Los Colombianos» y que la semana pasada fueron imputados por siete hechos similares donde ofrecían préstamos con un interés del 360 por ciento anual y tenían su sede de operaciones en el Mercado de Productores, de 27 de Febrero y Constitución.

El Tribunal Oral Federal 4 le otorgó hoy el beneficio de la prisión domiciliaria al ex vicepresidente Amado Boudou, condenado a cinco años y diez meses de prisión por la compra venta de la imprenta Ciccone. Así lo confirmaron fuentes judiciales, por lo que se espera que en las próximas horas Boudou salga del penal de Ezeiza para seguir preso en su domicilio, ubicado en el barrio porteño de Barracas.

El arresto domiciliario de Boudou «deberá ser conducido por el Servicio Penitenciario Federal» en su domicilio particular. Además, los jueces resolvieron implementar «respecto del encausado el Programa de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica».

En tanto, el Tribunal también dispuso «la supervisión y asistencia de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, para lo que se librará correo electrónico ordenando que con carácter urgente se incorpore a Amado Boudou a dicho programa».

Los abogados de defensores de Boudou, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, habían solicitado que pudiera cumplir con el aislamiento social preventivo y obligatorio fuera del penal de Ezeiza. El reclamo había llegado la semana pasada a la Corte Suprema de Justicia, que rechazó tratar el tema, luego de que el TOF 4 le negara el beneficio en una primera instancia.

Al negarse a analizar el caso, el máximo tribunal recomendó que el Tribunal Oral Federal 4 debía definir al respecto, y ahora los magistrados de ese cuerpo decidieron concederle la prisión domiciliaria.