Los dos policías detenidos por un robo multimillonario en un falso allanamiento en Granadero Baigorria fueron imputados y quedaron presos.

Aldo Emanuel Rico (31) y Pablo Guillermo Flores (40) fueron llevados a audiencia en el Centro de Justicia Penal de Rosario, acusados por la fiscal Karina Bartocci de participar de un presunto operativo en una fábrica de plástico ubicada en Las Malvinas al 2700 el 19 de septiembre. 

Según la versión de Fiscalía, los autores del hecho huyeron con 18.900.000 pesos luego de presentarse en el lugar con chalecos y armas. Además, se dio a conocer que, tres días antes del asalto, la víctima fue interceptada en un presunto control vehicular en Formosa y La Rioja, fue trasladado a la Comisaría 24ª y le reveló al personal que en su camioneta había una bolsa con una importante suma de dinero.

El menor de los agentes pertenece a la División de Asuntos Internos y el mayor al Comando Radioeléctrico. Ambos fueron detenidos la semana pasada  y, tras el fallo del juez Fernando Sosa, deberán cumplir con prisión preventiva por el plazo de ley.

La Justicia rechazó un planteo de hábeas corpus que realizaron siete internos de alto perfil alojados en la Cárcel de Piñero que denunciaron las condiciones en las que estaban retenidos. 

El grupo de presos, que se encuentran en el pabellón 28 del complejo carcelario, aseguraron que no tienen ropa para vestirse o cubrir sus camas, que no hay muchos alimentos, que sólo les permiten salir al patio durante 30 minutos y que permanecen encerrados 23 horas. 

El recurso impulsado por los detenidos fue encabezado por Jonatan Riquelme, hermano de Fran Riquelme, que fue detenido en diciembre de 2024 y está acusado como miembro de una organización ilícita y por haber motivado un homicidio.

Su abogados, Ana Campodónico y Mariano Scaglia presentaron el pedido sobre las condiciones de encierro el 25 de marzo pasado pero la jueza Melania Carrara lo rechazó sin llamar a una audiencia. 

No obstante, los letrados apelaron el caso y el camarista Horacio Pueyrredón ordenó que debía haber un debate entre las partes involucradas para comprobar si se vulneraron derechos.

Llegados a ese punto, se realizó una audiencia durante la jornada del martes presidida por la jueza Marcela Canavesio en la que los presos, a través de una videollamada, expusieron las condiciones de encierro a la que eran sometidos. 

En ese marco, relataron que no reciben medicación ni se les hace controles médicos; que les tiran la comida cerca de la basura; que hay cables pelados que sobresalen en las celdas y que otros sectores del penal están habilitados para recibir visitas con contacto cuando ellos ven a sus allegados a través de un blíndex. 

La magistrada contrastó las declaraciones con los informes médicos sobre el estado de los internos, los reportes de la cárcel y los testimonios de las autoridades y llegó a la conclusión de que no se agravaron las condiciones de detención.

De esa manera, rechazó nuevamente el pedido realizado, aunque solicitó a las autoridades de la Unidad 11 que controles la forma en que se alimenta a los presos. 

El Gobierno, a través de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, presentó los flamantes uniformes del Servicio Penitenciario que fueron confeccionados por los mismos presos. 

Los ropajes de color gris fueron fabricados en los talleres que habían sido instalados en las cárceles en el marco del programa de “Manos a la Obra” que fue impulsado adentro del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en octubre del 2024 para que los internos trabajen desde sus lugares de reclusión.

En el acto se presentaron más de 3000 uniformes de los más de 6500 que se han realizado en los penales de Senillosa, Marcos Paz, Santa Rosa, entre otros.

En ese sentido, la titular de la cartera de Seguridad precisó: “La cárcel no puede ser un lugar de privilegios ni de ocio financiado con el esfuerzo de los argentinos. Cada detenido debe contribuir con tareas productivas. El que no trabaja, no cobra”.

El ministro de Seguridad y Justicia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, en compañía de la secretaria de Asuntos Penales, supervisó este miércoles los operativos para vaciar hasta 62 presos del penal de alojamiento provisorio de la Comisaría 2° de Rosario y trasladarlos al Complejo Penitenciario de la ciudad. También se desalojaron a 34 reclusos de la Comisaría 24° de Granadero Baigorria. 

En ese sentido, Cococcioni destacó: “Poder sacar presos de comisaría porque el policía tiene que estar trabajando en las calles, no cuidando al preso. Es mejor que los detenidos estén en las unidades penitenciarias ya que, el preso en comisaría genera como efecto de arrastre un montón de otros problemas”. 

"El patrullero tiene que estar dando seguridad, patrullando la ciudad, no siendo el remís del preso para llevarlo al hospital u otras diligencias”, agregó. 

Luego, detalló cómo era la situación de las seccionales antes de que asumieran la provincia: "Cuando asumimos recibimos la Unidad Regional II con 600 detenidos en comisaría. Hoy al final de este día, van a quedar 302 que es la cifra más baja desde que comenzó la gestión, teniendo en cuenta que la población penal no para de aumentar, como consecuencia de algo que es positivo, que es la proactividad policial en calle, que es la mejora de las investigaciones criminales, que hace que durante todo el año 2024 la población penal en total haya crecido a un ritmo un 50 % superior de años anteriores. Es decir, mientras sacamos presos de la comisaría, la Policía sigue deteniendo delincuentes”.A su turno, Masneri concluyó acerca del operativo: “Hoy estamos trasladando 100 personas -de la 2ª de Rosario 62 y 34 de la comisaría 24ª de Granadero Baigorria- y el viernes trasladamos casi 60, con esto podemos decir que en los últimos 10 días se trasladaron 182 personas que estaban en dependencia de la URII y que fueron al Servicio Penitenciario”.

La Secretaría de Asuntos Penales llevó a cabo, durante el fin de semana, el traslado de hasta 120 presos de la cácel de Piñero a otras prisiones de la provincia. 

Los reclusos fueron clasificados según su peligrosidad, el tiempo que llevan condenados y el progreso que han hecho. 

Asimismo, la medida busca mejorar la gestión del sistema penitenciario, la seguridad, el desempeño policial, y controlar de mejor forma a la población carcelaria, entre los cuales se tiene en cuenta el ingreso se los internos que proviene de las comisarías. 

En ese sentido, de los 120 reclusos, 80 eran presos federales que fueron derivados a pabellones de internos federales. 

El Gobierno nacional anunció que los presos del Servicio Penitenciario Federal de Argentina empezarán a limpiar y hacer labores de mantenimiento en sus establecimientos carcelarios sin recibir remuneración.

La medida fue impulsada por el Ministerio de Seguridad, liderado por la ministra Patricia Bullrich. La cartera confirmó que los reclusos tendrán que dedicarle hasta cinco horas diarias a cumplir con tareas de “mantenimiento, limpieza, aseo e higiene de los espacios propios y comunes” de la cárcel.

Además, los presos que se nieguen a cumplir con la reglamentación enfrentarán sanciones, como la pérdida de beneficios penitenciarios.

Previamente, Bullrich había presentado la propuesta en octubre, en el marco del programa Manos a la Obra, cuando detalló: “Este lanzamiento es un punto muy importante en el camino de las transformaciones y la reestructuración del Servicio Penitenciario Federal, y de la relación que tienen las personas privadas de su libertad con la deuda que tienen con la sociedad”.

En un discurso realizado durante la Entrega de Sables de la Policía Federal Argentina, el presidente Javier Milei anunció que se prohibirá el traslado de presos por cuestiones de género. 

Este aviso tiene que ver con la presentación de diez hábeas corpus por parte del líder de Los Monos, “Guille” Cantero, quién manifestó autopercibirse mujer con el fin de obtener el permiso "para recibir visitas de hombres".

"Sólo en un país cuyos valores han sido trastocados puede permitirse semejante barbaridad. Con nosotros esta estupidez se termina. Vamos a prohibirlo, los delincuentes no van a poder solicitar un cambio de penal bajo el paraguas de la identidad de género", señaló el mandatario nacional. 

"Vamos a impulsar una inciativa para que los sistemas penitenciarios provinciales puedan adherir. Quienes no adhieran a esta nueva normativa lo único que estarán haciendo es premiar la creatividad de los criminales y faltarle el respeto a las víctimas del delito", agregó Milei. 

Por otro lado, el presidente se refirió a los avances en materia de seguridad desde que comenzó su gestión. “Nosotros venimos a girar el timón, en 180 grados. Para nosotros el monopolio de la fuerza y la represión del delito es una responsabilidad pública e indelegable, porque el Estado debe garantizar la protección de la vida, la propiedad y la libertad de los ciudadanos”, señaló.

En esa misma línea agregó: “Nuestra administración se ha abrazado a tres pilares fundamentales, en primer lugar ‘el que las hace las paga’, es decir el delito hay que castigarlo en todo momento y en todo lugar; dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Pilar número 2: el orden público es sagrado. La calle es de todos; no la pueden secuestrar un puñado de inadaptados para tener de rehén a todos los argentinos. Desde el 10 de diciembre, el que corta no cobra y - en consecuencia - se terminaron los piquetes. Pilar número 3: los buenos son los de azul; los malos son los delincuentes. Dicho de otro modo, el Estado tiene que proteger a las víctimas y castigar a los victimarios”.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó el programa "Manos a la Obra", cuya finalidad es que todos los presos del país trabajen ocho horas diarias en las cárceles. “Nosotros queremos reinserción, pero no con base en la comodidad de aquella persona que afuera prefería robar en vez de trabajar y que aquí quiere llevarse un sueldo sin trabajar”, indicó la funcionaria.

En este sentido, el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, Fernando Soto, en una entrevista realizada en el programa Camino a Casa, que se emite por Radio Mitre Rosario, señaló: “Los presos por ley tienen que trabajar haciendo un cuidado del lugar donde ellos residen y por eso no cobran sueldo. Pero, también, hay trabajos que hacían los presos para mejorar su condición, como colaborar en la cocina, en la peluquería o en alguna limpieza, por los cuales algunos jueces les dieron el mismo sueldo que una persona que trabaja en el exterior, incluidas vacaciones y aguinaldo”. 

En este sentido, Soto sostuvo que algunos internos están inscriptos como voluntarios para realizar estos trabajos, pero no cumplen con sus tareas y, aún así, perciben un salario. “Se va a hacer un control porque muchos cobran más que un jubilado y no trabajan”, manifestó. 

En referencia a esta situación, el funcionario indicó que el sueldo de un preso suele ser el mínimo vital móvil, pero que a veces “juntan subsidios” y de esa forma incrementan sus ingresos llegando, en algunos casos, a cifras que superan los 700 mil pesos. 

En este punto, Soto remarcó que los presos no deberían percibir esos beneficios porque están cumpliendo una condena y es el Estado el que les provee techo y comida. “Nos parece un disparate, el mundo al revés. Por eso, se va a hacer control biométrico para que cumplan con sus tareas y si no trabajan, van a tener sanciones”, aseveró.

En esa misma línea, Soto expresó que estos controles, que actualmente no se ejercen, van a implementarse en las cárceles federales. “Recordemos que nuestra Constitución tiene un sistema federal, es decir que cada gobernador tiene sus sistemas con un servicio penitenciario, Congresos provinciales, Poder Judicial provincial. En este caso se aplicará en las cárceles federales, que existen en muchas provincias”, explicó. 

En ese mismo sentido, el funcionario opinó que lo que corresponde es indemnizar a las víctimas con parte del sueldo que perciben los presos. “Un porcentaje tiene que ser para la víctima, si hay un condenado con una sentencia firme, es porque hay una víctima. Al menos el 80% de los delitos son contra la propiedad, es decir que hay personas afectadas”, remarcó.

SE TERMINÓ LA VAGANCIA EN LAS CÁRCELES. AHORA TODOS LOS PRESOS TRABAJARÁN ARREGLÁNDOLASEl plan "Manos a la Obra" arranca ya. Y el que se niega, sanción directa. pic.twitter.com/6AHa6fttDM

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia dispuso mediante el decreto 008/2024, que los presos de alto perfil comiencen a usar uniformes de color naranja.

En ese sentido, la medida que está contemplada en la Ley de Ejecución Penal, que fue aprobada en diciembre, comenzará a regir en las unidades penitenciarias santafesinas a partir de la próxima semana.

Según explicaron desde el Ministerio de Seguridad provincial, la iniciativa tiene el objetivo de identificar, controlar y dilucidar los movimientos y acciones de los reclusos dentro de los distintos penales.  

A principios de año, y en diálogo con medios de la provincia, el ministro de Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni, explicó: “El uniforme te sirve para ver a cada preso dentro de la dinámica carcelaria; el que puede pasar esa puerta para ir a un taller o la escuela; uno tiene que poder visualizarlo”. 

“El tema del color no es por motivos de estigmatización, sino para visualizar y segmentar la población penal. Si usted está subido a una garita en el perímetro, tiene que poder ver que se mueven los puntitos anaranjados y si uno se sale de su vista, activa un protocolo”, concluyó el ministro acerca del uso de los uniformes entre reclusos.   

El intendente Pablo Javkin, se mostró de acuerdo con la postura de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que le restó importancia a la huelga de hambre de los presos de alto perfil. 

En ese marco, Javkin republicó un tweet de Bullrich y aseguró que el control carcelario que lleva a cabo Nación era algo que pedían desde hace años. 

“Control de cárceles, aislar a los delincuentes de alto perfil. Lo que pedimos durante años, al fin se está haciendo”, precisó. 

Control de las cárceles, aislar a los delincuentes de alto perfil. Lo que pedimos durante años, al fin se está haciendo. https://t.co/xR1EAIOdAw

A raíz del protocolo impulsado por la titular de la cartera de seguridad, los presos de alto perfil del Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza, realizaron una huelga de hambre debido a que estarán encerrados durante 20 horas y sólo pueden ver a sus familiares a través de un vidrio. 

En ese sentido, Bullrich había declarado mediante su cuenta de twitter: “Los que asesinaron, torturaron y dominaron Rosario durante años, ahora piden ‘abrazar a sus seres queridos’. Los narcoterroristas ya no tienen poder ni privilegios. Ni dentro ni fuera del penal". 

Los que asesinaron, torturaron y dominaron Rosario durante años, ahora piden “abrazar a sus seres queridos”. Los narcoterroristas ya no tienen poder ni privilegios. Ni dentro ni fuera del penal. https://t.co/u5rIIbW7KK

Meses atrás, el Ministerio de Seguridad decretó a través de la resolución 298/2024, las normas que deberían seguir los internos que orbitan en el Sistema Integral de Gestión para personas privadas de la libertad de alto riesgo en el Servicio Penitenciario Federal, de penales como el de Ezeiza, Marcos Paz, o Rawson. 

En primer lugar, los reclusos sólo pueden comunicarse telefónicamente a través de líneas autorizadas, una vez por semana en un horario determinado, y sólo durante un máximo de 20 minutos

Asimismo, se implementaron en los lugares de reclusión escáneres de rayos x, sensores infrarojos, detectores de metales y un monitoreo con reconocimiento facil las 24 horas del día. 

En tanto, como los menores y embarazadas no pueden ser escaneados, los reclusos sólo pueden ver a loa familiares sin contacto físico. 

Dos internos de la Unidad Penitenciaria número 6 de Rosario, ubicada en avenida Francia al 5.200 se fugaron este viernes al mediodía tras saltar un tapial.

Según las primeras informaciones, el episodio fue descubierto por un llamado a la Policía y avisaron que dos hombres saltaron una pared del predio en el que se encuentra la Jefatura de Policia.

Cuando los agentes del Servicio Penitenciario realizaron un conteo de internos, posterior a la comunicación telefónica, detectaron que faltaban dos reclusos.

Los presidiarios que se fugaron fueron identificados como  Fernando Nicolás Bordón, de 28 años, y Luciano David Rodríguez, de 27.

Bordón estaba preso (e imputado) desde el 30 de octubre del año pasado por un delito de robo calificado y robo agravado por privación ilegítima de la libertad.

En tanto, Rodríguez está imputado por lesiones dolosas agravadas (violencia de género), abuso de armas, portación de arma de fuego de uso civil, robo calificado en grado de tentativa, robo calificado por uso de armas y tenencia ilegítima de arma de guerra y precisaron que la condena en su contra vencía el 18 de octubre.

Un momento de alta tensión se vivió este miércoles por la tarde en el penal de la comisaría 5ta cuando presos del lugar intentar generar un motín prendiendo colchones y algunas pertenencias. Las fuerzas de seguridad lograron frustrar el cometido de los internos y controlaron la situación.

El episodio comenzó alrededor de las 15 cuando los uniformados que custodian el penal se percataron de las intenciones de varios de los internos que empezaron a incendiar colchones y otros objetos. De acuerdo a las primeras informaciones, este accionar de los reclusos fue en reclamo de la prohibición de recibir visitas, sobre todo en los casos de aquellos que son oriundos de la capital provincial.

Con velocidad actuaron los guardias de seguridad, que pudieron controlar la situación y persuadir a los internos para que cesen con estas acciones y se pueda reestablecer el orden en el lugar. Cabe destacar que no hubo lesionados ni heridos por este hecho y solamente se registraron algunos daños materiales.

Por otra parte, los tres presos que participaron de forma activa del intento de motín, fueron cambiados de penal e ingresaron al 2, donde quedaron alojados. A su vez, destacaron que no fue necesaria la intervención de personal policial que llegó al lugar como respaldo por si la situación se complicaba más, pero no tuvieron que intervenir.

Al menos 34 presos fugaron este domingo de una cárcel brasileña con problemas de hacinamiento y situada cerca de Foz de Iguazú, en la triple frontera con la Argentina y Paraguay, informaron fuentes oficiales. La huida de los presidiarios, 31 hombres y tres mujeres, ocurrió esta madrugada en la prisión pública de Medianeira, en el estado sureño de Paraná, precisó en un comunicado el Departamento Penitenciario del Gobierno regional, citado por la agencia de noticias EFE.

La investigación preliminar indica que los reclusos «contaron con ayuda externa para romper los candados de las puertas» del centro penitenciario y escapar. La cárcel tiene capacidad para 55 presos, pero albergaba en ese momento a 111, según un funcionario de la cárcel citado por medios locales y que prefirió no ser identificado.

Agentes de la Policía Militar de Foz de Iguazú realizaban búsquedas en la región y hasta esta tarde habían recapturado a uno de los presos fugados.

El sistema penitenciario brasileño es considerado por organizaciones internacionales como uno de los «peores» y «más inhumanos» del mundo debido al alto hacinamiento, las rebeliones constantes, las pésimas condiciones de internamiento y el poder de las bandas criminales.

La irrupción del coronavirus, que deja ya casi 1,6 millones de casos confirmados y más de 64.000 fallecidos en todo el país, complicó aun más la situación en las cárceles brasileñas. El Departamento Penitenciario Nacional (Depen), organismo estatal responsable por una población carcelaria de unas 750.000 personas, contabiliza cerca de 4.900 contagios y 62 muertos en las prisiones de todo Brasil, según el último balance oficial.

Además, investiga otros 1.146 casos considerados sospechosos a la espera de los resultados de los análisis. En cuanto al número de curados, casi 3.000 presidiarios se han recuperado de la enfermedad.Pese a las acciones para contener el avance del coronavirus en las cárceles, tan solo 16.747 presos han sido sometidos a pruebas de diagnóstico para el patógeno, de acuerdo con el Depen.

#Policiales Brasil: masiva fuga de presos a unos 70 kilómetros de Puerto Iguazúhttps://t.co/Q2roQWy3p7 pic.twitter.com/68sS2B2SYG

— misionesonline.net (@misionesonline) July 5, 2020

Unos internos de la Unidad 5 provocaron un incendio y arrojaron una manta en llamas a una celda en donde se encontraba un interno de 63 años. El hombre debió ser trasladado la Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), con quemaduras en el 60% de su cuerpo.

El hecho ocurrió minutos antes de las 21 de este jueves en la Unidad 5. Según el parte policial, dos internos se encontraban haciendo tareas de limpieza cuando provocan un incendio. En ese momento, arrojan una manta en llamas a través del pasa platos a la celda 7 del penal.

Dentro esa celda se encontraba un preso de 63 años de edad. Cuando la policía va a socorrer a la víctima y a apagar las llamas, notaron grandes quemaduras en casi todo su cuerpo, por lo que el interno es trasladado al Heca.

En el nosocomio dieron a conocer que el interno presentaba quemaduras de tipo A y B en el rostro, tórax y espalda, contando con el 60% de su cuerpo comprometido. Permanece en terapia intensiva y su estado es grave.

# INCENDIO INTENCIONAL EN UNIDAD 5 # Un interno de dicho Complejo Penitenciario resultó con QUEMADURAS en gran parte de su cuerpo cuando le arrojaron en su celda una manta encendida. Debió ser asistido y derivado al HECA donde ingresó con el 60 % de su cuerpo quemado con ….. pic.twitter.com/TXpuFj0dGY

— Jose Luis Juarez (@JoseljuarezJOSE) June 19, 2020

El Ministerio de Seguridad de Santa Fe compartió un relevamiento que denuncia que las comisarías santafesinas se encuentran saturadas, ‘’la cantidad de presos alojados en esas dependencias duplica la capacidad total de la provincia’’, informaron.

Por este motivo se declaró la emergencia mediante la Resolución 0665 que dispone, “en el marco del estado de emergencia declarado y hasta tanto no se adecúe el número de personas detenidas a las capacidades de alojamiento de cada dependencia, no se reciban más personas para ser alojadas en dependencias policiales provinciales”.

‘’La capacidad de 664 plazas se encuentra ampliamente superada’’, confirmaron desde el ministerio. El informe revela que el sábado hubo 723 personas detenidas en las distintas unidades regionales, casi cien personas más de lo permitido.

#Rosario✅Mesa de coordinación con Fuerzas Federales y el Municipio frente a la emergencia del #COVID19 y la supervisión de los nuevos controles sanitarios. pic.twitter.com/nAQNsgq0gn

— Ministerio de Seguridad de Santa Fe (@MinSegSF) May 21, 2020

A comienzos de marzo se empezaron a realizar inspecciones en las distintas penitenciarías de la región en relación a la capacidad para el alojamiento de personas, mientras se judicializan los casos y se establecen las penas.

En la ciudad de Santa Fe, la situación se ve más agravada, el espacio disponible permite custodiar a sólo 131 personas.

En relación al estado de infraestructura y las condiciones de vulnerabilidad de quienes pasan por las seccionales, el informe arrojó una preocupante realidad: “construcciones antiguas, con falta de obras y de mantenimiento, representando ello un peligro para la vida e integridad psicofísica de las personas detenidas y de los funcionarios/as policiales”, indicó.

En una entrevista con CNN Radio Argentina, el jurista y abogado perteneciente a la Usina de Justicia, Fernando Soto, sostuvo que el pedido de juicio político contra el juez Violini, integrante del Tribunal de Casación bonaerense, y acusado de “incompetencia, negligencia en el ejercicio de sus funciones y el incumplimiento de los deberes de su cargo”, es una decisión importante  que debe marcar un antes y un después en la Justicia   “El temerario obrar del Juez Violini es una causal que amerita su remoción como magistrado de la Cámara de Casación Penal, ya que con su decisión ha lesionado un adecuado servicio de justicia”, agregó Soto.

En referencia a lo anterior, el letrado argumentó que el pedido contra dicho magistrado no está basado en su ideas políticas, aunque señaló que “hay más postura ideológica que posición jurídica” en la decisión de dar lugar a un hábeas corpus colectivo en favor de libertades y arrestos domiciliarios de presos bonaerense en el marco de la cuarentena.“Él puede tener su idea política perfectamente. Nadie lo está denunciando por política. No se lo ha denunciado” por eso en el pedido de juicio político “ni en ningún lado”, aclaró luego.

Soto, contó al aire en la entrevista que Violini fue quien dio la orden para que todos los jueces, a quienes encomendó “revisar la prisiones preventivas por cualquier delito en un distrito como la provincia de Buenos Aires donde la población carcelaria asciende a 43mil internos “En todas las características, de forma abierta. Era por si se contagiaba. Eso es una falacia“, expuso. Además el  profesional afirmó que “los jueces están para aplicar la ley, no para violarla” y precisó que “nunca debió haber resuelto una orden para todos los jueces”.

“Hay leyes que regulan cuándo debe darse un arresto domiciliario y él en su orden genérica las omitió deliberadamente. Lo más fundamental es que una ley nacional. El Pacto de San José de Costa Rica es el más importante de derechos humanos en América Latina. Este tratado es ley en Argentina desde hace 35 años”, apuntó Soto. Y en consecuencia detalló: “Esta norma establece que la víctima tiene derecho a ser escuchada y se llama garantía judicial a ser oído. Usted tiene que escuchar a la víctima. No puede decidir como si la víctima no tuviera derechos“.

Sin embargo, sostuvo Soto, Violini  argumentó sobre sus fallos que fue “utilizado para atacar políticamente al Gobierno” y aseveró que “nunca ocupó un cargo político”, por lo cual solicitó que se investigue, pero reafirmó muy convencido que lo hecho “está bien hecho”.

“Si un juez no cumple con el tratado de derechos humanos esto indica que hay más una postura ideológica que una posición jurídica. La omisión de aplicar la ley en un juez que encima salteó las autoridades de todos los jueces es para nosotros ni más ni menos que incumplir la ley y por lo tanto los deberes de su cargo”, remarcó Soto que consideró que este tipo de jueces tienen la mirada sesgada de la aplicación de la ley que viene de antes de la cuarentena. “Cuando vino la cuarentena les vino al dedillo”, añadió. Finalmente la Suprema Corte de Justicia bonaerense revocó la medida dispuesto por el juez Violini el 8 de abril pasado y exigió que la situación de cada detenido sea “reencauzada” para que sea el juez competente el que lo analice, teniendo en cuenta el tipo de delito que cometió y la situación de la víctima.

La diputada nacional Graciela Camaño, perteneciente al partido Consenso Federal, presentó un proyecto para prohibir excarcelaciones de presidiarios que hayan cometido delitos graves, entre ellos mencionan violaciones, secuestros, homicidios o aquellos relacionados con la corrupción.

 La iniciativa plantea una modificación al Código Penal por la cual los jueces «no podrán, en ningún caso, conceder la prisión domiciliaria a personas condenadas por determinados hechos a los que se considera como graves», detalla.

«Si frente a una epidemia o pandemia, resultare indispensable la reducción de la cantidad de personas privadas de la libertad, la excarcelación no podrá, en ningún caso, concederse a personas condenadas por esos hechos», sostuvo Camaño.

El proyecto busca no permitirles el beneficio de prisión domiciliaria a presos con el justificativo de evitar que se propague el virus del Covid-19. La medida sólo aplicaría a presidiarios que se encuentren cumpliendo penas por delitos perpetrados contra la vida. Algunos de ellos con motivo de violencia de género, contra la integridad sexual, los de secuestro extorsivo, el robo agravado, la asociación ilícita prevista en el artículo 210 del Código, los que vayan contra el orden económico y financiero, entre otros.

Un tenso cruce se generó en las últimas horas en las redes sociales a raíz de la nueva grieta que se produjo en el país por la liberación de presos en el marco de la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus en las cárceles. Julia Mengolini publicó en Twitter su postura frente a la decisión de la Cámara de Casación de habilitar la prisión domiciliaria fundamentada en el peligro de contraer y propagar la enfermedad. La opinión de la periodista no pasó desapercibida para Lizy Tagliani, quien le respondió con los tapones de punta

“Toda esta mitología sobre los monstruos siendo liberados de las cárceles es una mentira y sobre todo una expresión del odio que sienten por los pobres”, expuso Mengolini en la red del pajarito, a lo que Lizy contestó: “Perdón te voy a aclarar que mi familia y yo venimos de ser muy pobres y ninguno visitó una comisaría más que para certificado de domicilio… y en nombre de muchos pobres te digo que tu tuit está lejos de defender a los más necesitados. Aunque entienda tu punto, necesito decírtelo”. Inmediatamente se generó un intercambio de opiniones.

La periodista le respondió a la conductora: “Me extraña Lizzy porque te considero una persona inteligente. En qué lugar del tweet lees que yo digo que toda la gente pobre es delincuente?! Estoy diciendo que la mayoría de la gente en las cárceles es pobre y no hay que ser muy piola para darse cuenta de esto”.

La refernte feminista continuó su hilo: “De acuerdo a las estadísticas oficiales la gran mayoría de los presos lo está por delitos no violentos contra la propiedad y con presión (sic) preventiva. Es decir, son pobres (culpables o inocentes) sin una condena firme y con muy pocos recursos para apelar o hacerse escuchar”.

“Los criterios con los que el Poder Judicial (y no el gobierno nacional) va a liberar presos son criterios restrictivos que tienen en cuenta la gravedad de los delitos -entre otros recaudos- para poder cuidar a la sociedad de la gente que sí es peligrosa”, dijo y agregó: “al mismo tiempo, las cárceles ‘deberán ser sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos’… si bien esto de que no son castigo es medio un cuento de hadas, tampoco deberían ser depósitos de humanos desechables. Se supone que se garantizan todos los derechos”.

Por último finalizó su postura argumentando: “Uno de los derechos más importantes de los reos es el derecho a la defensa (esto es fundamental en la civilización moderna, sino que el rey decida con el dedo y ya fue) y otro es el derecho a la vida. Y los jueces son los responsables de garantizar esos derechos”. “Me van a contestar con casos particulares en los que un delincuente salió gracias al Covid y volvió a delinquir. Claro que habrá errores que habremos de lamentar… pero sobre todo habrá fake News. Y sobre un caso se monta toda una teoría falsa. Se agita el miedo y el odio”, cerró.

La polémica por la liberación de presos pertenecientes a grupos de riesgo en las cárceles del país para evitar la propagación del coronavirus generó fuertes repercusiones en el arco político. Referentes de la oposición salieron al cruce de la medida tomada por algunos jueces pero apuntaron especialmente contra el oficialismo. En ese marco, el presidente Alberto Fernández expresó en las últimas horas que existe una «campaña malintencionada para hacer creer a la que el Gobierno prepara la salida masiva de detenidos».Además, sostuvo que organismos de derechos humanos e internacionales aconsejan eludir el hacinamiento, propio de los penales argentinos.

El mandatario formuló declaraciones a través de las redes sociales en medio del revuelo suscitado por los pedido de habeas corpus que desembocaron, en algunos casos, en la concesión de la prisión domiciliaria a algunos reclusos.»Lamento la conducta de quienes en circunstancias tan cruciales como los que vivimos, muestran su poco apreciable condición humana intranquilizando a la sociedad en momentos en que precisamente más necesita ser contenida», afirmó en Twitter.

En ese sentido, destacó que «Argentina, como todo el mundo, enfrenta una pandemia de enormes proporciones» y «el riesgo de contagio se potencia en los lugares de mucha concentración humana por lo que las cárceles se convierten en un ámbito propicio para la expansión de la enfermedad»- Al respecto, agregó que «organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han formulado recomendaciones para evitar que el hacinamiento en las cárceles ponga en riesgo la vida de los reclusos», enfatizó Fernández.

A su vez, afirmó que «en el mundo, muchos gobiernos han dispuesto libertades tratando de minimizar ese riesgo» y sostuvo que «algunos han conmutado penas, otros han indultado condenas y otros han dejado el tema en manos de la Justicia».

«En Argentina la solución del problema está en manos de los tribunales. Son los jueces naturales quienes, de considerarlo necesario, disponen libertades. Las cámaras de casación han hecho muy oportunas recomendaciones para hacer frente al problema», subrayó.

Lamento la conducta de quienes en circunstancias tan cruciales como los que vivimos, muestran su poco apreciable condición humana intranquilizando a la sociedad en momentos en que precisamente más necesita ser contenida.

— Alberto Fernández (@alferdez) April 29, 2020

Luego de los violentos motines en tres cárceles de la provincia, que se llevó la vida de cinco reclusos, se confirmó que sólo se dispondrán medidas para reestablecer las estructuras edilicias. El secretario de Justicia de la Provincia de Santa Fe, Gabriel Somaglia en diálogo con Radio Mitre Rosario, confirmó que no habrá medidas extras de seguridad en las cárceles de la provincia, luego de los sangrientos motines ocurridos el pasado lunes en los penales de Las Flores, Coronda y Piñeiro que dejaron el saldo de cinco reclusos fallecidos. En relación a ello Somaglia informó que «los operativos dispuestos solo serán para reestablecer las estructuras materiales dañadas en los diferentes penales». «Los daños son cuantiosos en lo que hace a las prestaciones esenciales como la del suministro de agua, y la de mampostería rota y quemada. Por lo tanto debemos actuar rápidamente y atender las cuestiones edilicias en pos de la seguridad», afirmó el secretario. Por otro lado, Somaglia confirmó que las muertes fueron producto de peleas violentas entre los mismos reclusos. ‘’En el caso de las cuatro víctimas del penal de Las Flores se trató de ataques ocurridos al pabellón de internos de conductas sexuales, mientras que la víctima de Coronda se trató de una disputa interna entre los mismos presos’’, respondió. Por último el funcionario descartó ante diferentes rumores, que el ex boxeador Carlos «El Tata» Baldomir fuese uno de los presos fallecidos en la fatídica jornada.

Motines en Coronda, Piñero y Las Flores: ascienden a cinco las personas fallecidas tras los disturbios