El Gobierno de Santa Fe reclamó este miércoles que existe una deuda de más de 6.000 millones de pesos de obras sociales y prepagas a hospitales y centros de salud públicos de la provincia.

Se trata de un monto de 6.102 millones de pesos que corresponde a prestaciones brindadas en establecimientos médicos a personas con cobertura, quienes no recibieron respuesta de sus financiadores primarios.

En este sentido, el Ejecutivo provincial reveló que PAMI concentra una quinta parte de la deuda, con 1.161 millones de pesos. Además, también deben dinero la Obra Social del Personal Rural y Estibadores, la Obra Social del Personal de la Industria del Caucho, la de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (Osecac) y la del Personal de la Construcción (Ospecon).

Por su parte, el ministro de Economía santafesino, Pablo Olivares, habló al respecto y remarcó: "Debemos distinguir entre un Estado que actúa, se hace cargo y garantiza la atención sanitaria a todos los ciudadanos, y un Estado bobo, que no reclama el recupero de los costos a quienes debieron cubrir esas prestaciones con los aportes de afiliados y empleadores y no lo hicieron”.

A su vez, la secretaria de Hacienda, Belén Etchevarría, explicó que “se trata de recursos que debió cubrir un privado y terminó afrontando el Estado provincial", motivo por el cual “deben ser devueltos para que el sistema público pueda mejorar o ampliar los servicios que brinda”.

La Superintendencia de Servicios de la Salud anunció este lunes a través de una publicación en el Boletín Oficial, que avanzará con un procedimiento para dar de baja a 56 prepagas acusadas de ser empresas fantasmas. 

Según el organismo, la medida busca reordenar el sistema de salud en el país, en línea con los planteos del Ministerio de Salud Nacional, y de esa manera, ofrecerle a la ciudadanía un mercado de coberturas mucho más transparente. 

Por ello, comunicaron que al menos 56 empresas de medicina prepaga tienen un plazo de quince días para acreditar la documentación correspondiente según el cumplimiento de las normativas. 

De no presentarse documentación tal como planes de cobertura, el padrón de usuarios, cuadros tarifarios, entre otras cuestiones, la institución conducida por Gabriel Oriolo aseguró que “se darán de baja y se le cancelará la inscripción provisoria” a dichas compañías. 

Es que se acusa a esas 56 empresas de haberse inscripto en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP), pero que no habían presentado ningún tipo de documentación ante la Supeintendencia. 

Anteriormente ya se habían dado de baja otras 58 empresas de medicina prepaga. 

Las auditorías realizadas en el sector relevaron que de las 661 empresas inscriptas, sólo 10 tenías su inscripción completa; mientras que el resto sólo tenía inscripciones transitorias, o ni siquiera habián presentado la documentación requerida. 

Asimismo, antes de avanzar con los procesos de eliminación, una gran cantidad de las empresas no le respondieron al Gobierno los pedidos para regularizar su situación legal. 

Este viernes la Justicia homologó el acuerdo entre el Gobierno de la Nación y las prepagas, que permite el aumento de cuotas a partir de julio. Por otra parte, quedó confirmada la devolución de aquellos montos pagados de más por los afiliados durante el primer cuatrimestre de 2024. Las empresas realizarán el reintegro en 12 cuotas.

El acuerdo señala que “el mecanismo de devolución de los montos cobrados en exceso por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC)” fue determinado por la Gerencia de Control Económico Financiero de la Superintendencia de Servicios de Salud. Asimismo, las empresas tendrán el deber de ”informar a cada uno de los socios beneficiarios de la compensación correspondiente, el crédito a su favor consolidado y actualizado a junio 2024". 

El Gobierno pidió en las últimas semanas que se retirara la medida cautelar, que regía desde abril y establecía el freno en los aumentos de las tarifas propuestas por las empresas, por lo cuál desde julio las prepagas ya podían volver a incrementar las cuotas sin ningún límite. 

Cabe destacar que antes del DNU 70/2023 que emitió el presidente Javier Milei, por lo cuál quedaron autorizados los aumentos sin tope de las prepagas, las subas eran reguladas por el Ministerio de Salud o la Superintendencia de Servicios de Salud, que establecían un tope de acuerdo a cada caso.

En este sentido, en los últimos días se conoció el arancel que cobrarán algunas de las principales empresas a partir del mes que viene y en todos los casos supera por varios puntos el índice de inflación del mes de mayo que fue del 4,2%. 

En una reunión llevada a cabo este lunes en el Juzgado Civil y Comercial N° 3, a cargo del juez Juan Rafael Stinco, representantes de empresas de medicina prepaga presentaron una propuesta para reembolsar a los afiliados los montos cobrados por encima de la inflación desde diciembre pasado.

Según la información, la propuesta incluye un plan de devolución del 24% en 12 cuotas, la eliminación de la investigación por cartelización iniciada hacia 7 prepagas por parte de la Secretaría de Comercio y el pedido al Gobierno de liberar los precios en el sector a partir de octubre.

Las empresas sugieren que la devolución se realice en 12 cuotas, ajustadas por el Índice de Costos de Salud y el Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), junto con el tope establecido por el Decreto Nº743/22 y el valor correspondiente a 6 salarios mínimos, vitales y móviles. Este mecanismo busca cumplir con lo establecido en la Resolución 1293/2022 del Ministerio de Salud.

Además, las prepagas proponen un cambio en el mecanismo de indexación para los próximos meses. Según el Gobierno, debía ser por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En este sentido, proponen que la indexación de junio se rija por el IPC, mientras que en el período julio-septiembre, se haga por el 95% de ese cálculo.

En respuesta, funcionarios del Gobierno expresaron su desacuerdo con la propuesta de devolución, argumentando que las empresas de medicina prepaga han aumentado las tarifas hasta un 165% mientras que la inflación acumulada fue del 114%. Señalaron que la oferta de reembolso del 24% en 12 cuotas no es aceptable para la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). 

El Gobierno oficializó que un 75 % de las empresas de medicina prepaga dará marcha atrás con los aumentos a las cuotas y retrotraerá los valores a los de diciembre. La medida fue anunciada este miércoles por la mañana en una conferencia de prensa del vocero presidencial, Manuel Adorni, en Casa Rosada.

El portavoz explicó que la determinación se tomó a través del Ministerio de Economía de la Nación y recalcó que, a partir de la retrotracción a la tasa de finales de 2023, las siguientes se ajustarán según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

“Deberán aplicar, como máximo, este IPC para ajustar las cuotas por los próximos seis meses. Este es el resultado de una medida de tutela anticipada que se dictó a raíz de una demanda por presunta cartelización”, puntualizó el vocero. Además, se reveló que la Superintendencia de Salud presentó una medida cautelar ante la Justicia para obligar a las empresas que concentran el 90% del mercado de la medicina prepaga a retrotraer el valor de las cuotas y devolver a los afiliados el monto por encima de la inflación que cobraron desde diciembre.

Por otro lado, Adorni agregó: “El Gobierno del presidente Milei no va a convalidar maniobras especulativas bajo ningún punto de vista, la Argentina de la avivada se terminó el 10 de diciembre”.

Más de 30 entidades que congregan a médicos de distintas especialidades anunciaron que comenzarán a cobrar un copago o bono adicional por atender a pacientes de prepagas y obras sociales, y que lo ajustarán cada dos meses.

“Hoy, los médicos decimos ¡basta! Basta de imponernos un valor no digno para nuestros honorarios, basta de demoras en los pagos, basta de débitos injustificados, y basta de no tener control sobre el valor de nuestro trabajo”, advirtieron.

Ese adicional, que representará un dolor de cabeza extra para millones de argentinos, podría tener un piso de 6.000 pesos por consulta. La decisión la comunicaron más de 30 sociedades y federaciones médicas de distintas especialidades de todo el país.

Lo llaman “bono complementario no reintegrable”, que deberán abonar los pacientes para que los profesionales puedan llegar al piso de 6.000 pesos por consulta que, según reclaman, no estarían alcanzando.

El anuncio lo hicieron a través de un comunicado enmarcado en el “Día de la Sanidad”. “Este 21 de septiembre, los médicos de la República Argentina no tenemos motivos para celebrar. Estamos atravesados por una triste realidad: una crisis que ha llevado los honorarios médicos al nivel más bajo de la historia”, alertaron.

“La consulta médica es un acto fundamental en el que atendemos las necesidades de nuestros pacientes, diagnosticamos enfermedades y trabajamos en su recuperación. También es el acto mediante el cual percibimos un honorario profesional que nos permite vivir dignamente», sigue el documento.

Dijeron que «tradicionalmente, este servicio era valorado por los financiadores de salud, pero nunca hemos tenido la capacidad de fijar su valor nosotros mismos. Nunca pudimos determinar cuánto debemos percibir por esta labor y cuándo debemos recibirlo».

Advirtieron que “en los últimos años, el valor de la consulta médica ha experimentado una drástica caída, situándose como uno de los más bajos de la región”.

Aseguran que a esto se sumó “el retraso en el pago de honorarios entre dos y seis meses”, lo cual, advierten, es “insostenible para los profesionales de la salud con el alto nivel inflacionario existente”.

Dijeron que “a partir de este momento el precio del servicio, el valor de nuestros honorarios estará en manos de los propios médicos, a través de nuestras asociaciones, cámaras, consejos, federaciones y sociedades médicas que nos representan”.

Explicaron que para seguir manteniendo la calidad y excelencia en la atención, implementarán a partir de la presente, un «valor ético mínimo de la consulta médica, y el ´honorario medico ético mínimo´ al que hemos arribado para mantener un piso arancelario federal digno es de 6.000 pesos».

«La diferencia entre lo que percibamos del sistema (gerenciadores, obras sociales, prepagos, sanatorios, clínicas) como valor de consulta y dicho ´honorario médico ético mínimo´, deberá ser abonado por el paciente en la consulta», señalaron.

Ese valor, anticiparon, «será ajustable bimestralmente teniendo como referencia el índice inflacionario en todo el territorio nacional». «No es un coseguro. No es un adicional. No es un copago. Dicha diferencia es un ‘bono complementario no reintegrable'», aseguraron, lo que sugiere que tampoco pretenden facturarlo.

El texto lleva las adhesiones de 33 entidades, como la Asociación Argentina de Cirugía, la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, la Sociedad Argentina de Cardiología, la federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, la Sociedad Argentina de Urología y la Asociación Argentina de Oncología Clínica.

Además, otras seis entidades, entre las que se cuentan el Consejo Argentino de Oftalmología y la Federación Argentina de Cardiología, expresaron su adhesión.

Las empresas de medicina privada comenzaron a avisar a sus afiliados que la cuota subirá 7% en el mes de octubre, a pesar del congelamiento anunciado por el ministro de Economía y candidato a presidente de la Nación de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Los referentes de las compañías dicen que lo de Massa fue un anuncio pero como no hay decreto sobre el tema envían los avisos a sus afiliados como les indica la normativa vigente.

Para septiembre, las prepagas ya están enviando facturas con un alza del 7,18%. Así, entre septiembre y octubre, los ajustes redondearían el 14%, si no hay una disposición clara por parte del Gobierno.

El domingo último, Massa incluyó entre los anuncios que hizo después de la devaluación pos PASO la suspensión por 90 días del aumento de la medicina prepaga para las familias con ingresos que no superen los $2 millones mensuales.

Desde 2022, el aumento de las cuotas de las prepagas se establece según la variación del índice de costos de salud, que es elaborado y publicado por la Superintendencia de Servicios de Salud.

En febrero último, el Gobierno estableció, además, un esquema de reajustes mensuales mediante el cual, si no se supera un determinado nivel de ingresos, se puede pedir la aplicación de un tope al porcentaje del incremento.

Las empresas del sector todavía no salieron públicamente a fijar posición porque están esperando la oficialización de la medida.

Sin embargo, los referentes insisten en que la decisión “no tiene lógica” porque el resto de los costos siguen subiendo.

Entre las alternativas que analizan está la de judicializar la medida o cobrar copagos (una situación que ya se viene dando en muchos puntos del país), y también congelar los aranceles de los prestadores, lo que es rechazado de plano por clínicas y sanatorios.

Esa última opción fue rechaza por las cámaras del sector prestador, que advirtieron que no la pueden soportar y que, de realizarse, generaría una crisis en todo el sistema.

Desde marzo se registra un fuerte corrimiento desde planes más altos a más económicos, ya que la clase media busca sostener un servicio básico de atención de la salud, ante un hospital público desbordado.

Según datos de las prepagas, por primera vez las altas de afiliados fueron menores a los egresos, algo que no se daba desde la crisis del 2001.

Desde entonces, los aumentos mensuales de las cuotas continuaron incrementándose en función del acuerdo del sector con el Gobierno y, además, la inflación general fue subiendo y determinando que los consumidores prioricen determinados tipos de compromiso.

Si la suba de setiembre se realiza, en los primeros nueve meses del año, las cuotas habrán acumulado un alza de 78,1% (63,8% para aquellos que se hubieran registrado como de menos poder adquisitivo). Ese era el acuerdo al que llegaron las partes.

En febrero pasado -después de que la vicepresidenta Cristina Kirchner criticara los aumentos de las prepagas- se modificó el esquema de instrumentación de los incrementos de las cuotas y pasaron a quienes perciban ingresos netos inferiores a seis veces el salario mínimo, vital y móvil que debieron completar una declaración jurada para que se le aplique un tope equivalente al 90% de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

En la carta que envían a sus afiliados, las prepagas señalan que «respecto de los y las contratantes que posean ingresos netos inferiores a SEIS (6) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles ($ 675.000,00), el Plan de Servicio Vigente podrá ser ajustado en un NOVENTA POR CIENTO (90%) del RIPTE del mes inmediato anterior publicado, siempre que el mismo sea inferior al ICS. Esta medida rige por el plazo de 18 meses a partir del mes de febrero de 2023, y el incremento a aplicar para octubre 2023, no aplica para dicho período.

La pandemia significó una crisis sanitaria en todo el mundo.

Durante los momentos más críticos, los establecimientos de salud se vieron colapsados: tanto por casos confirmados de Covid-19, como por consultas y miedo a esta enfermedad, y también a otras ya existentes.

Sin embargo, y al mismo tiempo, un gran porcentaje de personas se encontraban temerosas a la hora de tener que ir a realizar una visita a las clínicas y hospitales, ya que ello podía significar poner en riesgo su salud. En este sentido, se generó un aumento exponencial y hasta una saturación de los canales telefónicos que llevó a que los niveles de atención cayeran fuertemente.

Frente a este contexto, la tecnología comenzó a cumplir un rol clave, y la innovación sirvió como solución a dichas problemáticas.

Las empresas de medicina prepaga comenzaron a implementar asistentes virtuales, con el objetivo de disminuir la presencialidad en las sucursales, brindar información de calidad de forma inmediata y poder distribuir las consultas por motivo y prioridades.

Esta nueva herramienta, permite a los asociados realizar consultas sobre diferentes cuestiones, fundamentalmente administrativas como gestión de autorizaciones, consulta de cartilla o farmacias y sacar turnos médicos o en sucursales.

Si bien la brecha digital en Argentina existe y la demanda de los canales digitales está más relacionada a la población joven, es llamativo el crecimiento de la interacción de los chatbots de los mayores de 50 años.

Lo cierto es que el aumento exponencial del volumen de llamadas y consultas entrantes en los call centers, las largas filas de espera y los equipos de atención desbordados con bajos niveles de atención encontraron en esta herramienta una solución.

Los chatbots resuelven consultas relacionadas con dudas operativas, de turnos, agendas, días de atención y hasta afecciones más comunes en donde no es necesario recurrir a una atención personalizada.

Algunos centros médicos ofrecen la atención por videollamada en especialidades como Nutrición, dermatología, Endocrinología o medicina clínica.

Muchas veces los pacientes necesitan realizarse un análisis de sangre, o estudios de rutina como el electrocardiograma y a través de este formato los especialistas confeccionan las recetas para acudir a los laboratorios o a realizarse estudios particulares.

En lo que respecta a nutrición, muchos especialistas también monitorean y realizan un seguimiento a sus pacientes a través de estos canales.

El Gobierno nacional autorizó cuatro aumentos del 9% para las empresas de medicina prepaga, tres de los cuales se aplicarán este año y uno en enero de 2022. Así, las cuotas de las prepagas subirán un 27% antes de fin de año, que se sumará al 14% que el Gobierno autorizó en lo que va de 2021. La decisión se formalizó por medio de la Resolución 2125/2021 del Ministerio de Salud, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

De este modo, todas las Entidades de Medicina Prepaga inscriptas en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) fueron habilitadas para aplicar aumentos generales, complementarios y acumulativos de aquel que ha sido aprobado para mayo de 2021, de hasta un 9% a partir del 1º de agosto y el mismo porcentaje a partir del 1º de septiembre, 1º de octubre y 1º de enero de 2022. Las empresas deberán incrementar los aranceles de las prestaciones médico-asistenciales brindadas a sus beneficiarios siempre sobre los valores vigentes al mes anterior, aclaró la Resolución.

El Ministerio de Salud justificó el aumento al señalar que las empresas del sector «han informado el incremento de sus costos desde la fecha del último aumento de cuotas autorizado les ha causado un impacto significativo y, en función de ello, han requerido oportunamente a la Superintendencia de Servicios de Salud que se sirviera promover la autorización de nuevos aumentos que permitieran recomponer el financiamiento para afrontar tales costos».

«Al observar la variación que sufrieron los costos en salud, resulta necesario contemplar que los mayores costos del sector y la valiosa y necesaria inversión que han debido realizar los prestadores para hacer frente a la pandemia y evitar el colapso del sistema sanitario», añadió la cartera que conduce Carla Vizzotti.

No obstante, explicó que los costos del sector «fueron también mitigados a través de distintas medidas asistenciales propiciadas desde el Poder Ejecutivo Nacional, como ser el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), la postergación o reducción del pago de aportes y contribuciones de la seguridad social o el Programa de Recuperación Productiva (REPRO 2), con impacto directo en muchas entidades del sector».

Pero Salud resaltó que «sin perjuicio de la asistencia financiera excepcional otorgada a los Agentes del Seguro de Salud y los aumentos de valor de cuota autorizados a las Entidades de Medicina Prepaga, corresponde adoptar medidas que contribuyan a dotar de mayores recursos a los prestadores contratados por ellos».

La medicina prepaga aumentará nuevamente, esta vez un 4,5% en abril y un 5,5% en mayo, según oficializó este sábado el Gobierno en el Boletín Oficial.

De acuerdo con la Resolución 987/2021 firmada por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, los incrementos autorizados podrán percibirse una vez cumplida su notificación con treinta días corridos de anticipación.

Las subas afectarán a unos 4 millones de afiliados y se sumarán al incremento aplicado a partir de marzo, equivalente a un 3,5%, indicaron fuentes del sector.

En diciembre se había autorizado un ajuste del 7% para febrero, pero 24 horas después el presidente Alberto Fernández ordenó derogarlo.

La decisión tomó por sorpresa a los prestadores, que en el momento realizaron consultas informales y luego mantuvieron reuniones con el jefe de Estado.

El ajuste al alza estipulado para los dos meses responden al aumento salarial otorgado en el sector ante el acuerdo de revisión por inflación.

«El sector de los trabajadores de la sanidad se encuentra negociando la revisión de paritaria salarial correspondiente al año 2019/2020, en cuyo marco deviene oportuno reconocer la invaluable labor que dichos trabajadores vienen desarrollando desde el comienzo de la pandemia de COVID-19», indicó la resolución.

En ese sentido, aseguró que «resulta necesario adoptar medidas que contribuyan a dotar en forma inmediata, sin dilación alguna, de recursos genuinos al Sistema, que permitan obtener los mejores resultados como consecuencia de la negociación paritaria y en especial consideración de la situación sanitaria y epidemiológica actual».

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) pautó con las cámaras empresariales una recomposición salarial total para 2020 que llega al 36,1%.

«Al observar la variación que sufrieron los costos en salud, resulta necesario contemplar que los mayores costos del sector y la valiosa y necesaria inversión que han debido realizar los prestadores para hacer frente a la pandemia y evitar el colapso del sistema sanitario», consideró el Gobierno.

Manifestó que, por ello, «sin perjuicio de la asistencia financiera excepcional otorgada a los agentes del Seguro de Salud y los aumentos de valor de cuota autorizados a las Entidades de Medicina Prepaga, corresponde adoptar medidas que contribuyan a dotar de mayores recursos a los prestadores contratados por ellos».

El aumento en las prepagas no será el único que se deberá afrontar entre abril y mayo, dado que también pondrán más presión a la inflación los combustibles, la tarifa de subte, así como también la luz y el gas.

A ello se debe sumar el descongelamiento de los alquileres frente al vencimiento del DNU en medio de la segunda ola de coronavirus, que ya fue confirmada por la administración de Alberto Fernández.

De ese modo, la meta de inflación del 29% se encuentra comprometida, según advierten economistas, que llegan a pronosticar un 50% para este año.