Dos policías de la Comisaría 15ª quedaron detenidos tras dejar en libertad a un delincuente con pedido de captura que había sido aprehendido horas atrás.

El episodio se produjo este lunes por la madrugada, en la previa a la fuga en la seccional de zona sur donde tres reclusos escaparon y fueron recapturados. Según la investigación encabezada por la Unidad Especial de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe, los agentes dejaron ir sin consultar con la Fiscalía interviniente a Jonatan Sebastián Creciente, un hombre de 39 años buscado desde el 23 de diciembre pasado por delitos ligados al narcomenudeo en barrio Tablada.

En este marco, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) exigió la detención de los uniformados por los delitos de  “favorecimiento doloso de evasión e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Serán trasladados al Servicio Penitenciario.

A su vez, Asuntos Internos incautó los libros de guardia de la comisaría, celulares, documentación relacionada al procedimiento y registros fotográficos. Además, uno de los involucrados admitió la infracción.

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe se expresó acerca de lo sucedido y afirmó que “con la misma contundencia que defendemos a los policías que actúan dentro de la ley, seremos inflexibles con quienes manchan el uniforme cometiendo delitos”.

La audiencia por el caso de fraude en la Policía de Rosario por desvío millonario de fondos para combustible de patrulleros inició este jueves por la mañana y hay 14 detenidos que serán imputados a lo largo de dos jornadas.

La instancia judicial es llevada adelante por el juez de Primera Instancia Gustavo Pérez de Urrechu en el Centro de Justicia Penal de la ciudad. En este marco, el fiscal de la Oficina de Violencia Institucional de la Fiscalía Regional 2, José Luis Caterina, le adjudicó una serie de delitos a cada uno de los ex jefes, subjefes y numerarios implicados en la investigación.

En primer lugar, Daniel Acosta, ex titular de la Unidad Regional II, fue imputado por asociación Ilícita en carácter de jefe, cohecho pasivo, peculado de caudales públicos y defraudación agravada por afectar a una administración pública -en este caso, en carácter de partícipe primario.

A su vez, Diego Santamaría, ex Jefe de Comando Radioeléctrico de Rosario, quedó imputado por los delitos de asociación Ilícita en calidad de miembro y peculado de caudales públicos; defraudación agravada por afectar a una administración pública -en este caso, en carácter de partícipe primario y cohecho pasivo.

A Héctor Saucedo, ex Jefe de Policía Motorizada,  se le adjudican los delitos de asociación Ilícita en calidad de miembro y peculado de caudales públicos; defraudación agravada por afectar a una administración pública -en este caso, en carácter de partícipe primario; y cohecho pasivo.

En cuanto al ex jefe de la Secretaría Privada de la Jefatura de Unidad de la URII, Rodrigo Domínguez, se le adjudican los delitos de asociación ilícita en calidad de Organizador, peculado de caudales públicos, y peculado de bienes públicos (por el hecho relativo a los neumáticos) y defraudación agravada por 15 afectar a una administración pública, en este caso, en carácter de partícipe primario.

Adrián Bahl, ex Jefe del Escuadrón Caballería y Sección Perros de la URII, fue imputado por asociación ilícita en calidad de miembro; peculado de caudales públicos; y defraudación agravada por afectar a una administración pública -en este caso, en carácter de partícipe primario.

Por otro lado, a Fabián Becerra, ex Jefe del Grupo Táctico Multipropósito (GTM) se lo vincula a delitos de asociación ilícita en calidad de miembro y peculado de caudales públicos; defraudación agravada por afectar a una administración pública -en este caso, en carácter de partícipe primario- y cohecho pasivo y falsedad ideológica.

El ex Jefe de la Sección Logística de la URII, Roberto Blanco, recibió la imputación por asociación ilícita en calidad de miembro y peculado de caudales públicos y peculado de bienes públicos (por el hecho relativo a los neumáticos); y defraudación agravada por afectar a una 16 administración pública -en este caso, en carácter de partícipe primario.

A Nicolás Cuesta, ex Jefe de Policía Adicional de la URII, se le adjudicaron los delitos de asociación Ilícita en calidad de miembro y peculado de caudales públicos; defraudación agravada por afectar a una administración pública -en este caso, en carácter de partícipe primario-; cohecho pasivo y falsedad ideológica.

Otro de los imputados fue Diego L., ex Jefe del Cuerpo Guardia de Infantería. Fue por asociación ilícita en calidad de miembro y peculado de caudales públicos; defraudación agravada por afectar a una administración pública -en este caso, en carácter de partícipe primario-; cohecho pasivo y falsedad ideológica.

Edgardo R., ex Inspector de la VI Zona, fue imputado por los delitos de asociación Ilícita en calidad de miembro y peculado de caudales públicos; defraudación agravada por afectar a una administración pública -en este caso, en carácter de partícipe primario; cohecho pasivo y falsedad ideológica.

Juan V., ex numerario de la Brigada Motorizada de Rosario, recibió la imputación por el delito de asociación Ilícita en calidad de miembro. Ya había sido imputado por los delitos de peculado de caudales públicos; falsedad ideológica, cohecho pasivo; defraudación agravada por afectar a una administración pública en carácter de partícipe primario.

También, al ex sub Jefe de la Brigada Motorizada de Rosario, Juan H., se lo vincula al delito de asociación Ilícita en calidad de miembro. Ya había sido imputado por los delitos de peculado de caudales públicos; falsedad ideológica, cohecho pasivo; defraudación agravada por afectar a una administración pública en carácter de partícipe primario.

Por otro lado, Darío F., ex jefe del Escuadrón Caballería y Sección Perros, fue imputado por el delito de asociación ilícita en carácter de miembro. Los demás delitos ya le habían sido atribuidos en audiencia anterior el delito de peculado de caudales públicos; cohecho pasivo; falsedad ideológica.

Además, el ex interventor de Medicina Legal, Roberto S., quedó ligado a los delitos de asociación Ilícita en calidad de miembro y peculado de caudales públicos, defraudación agravada por afectar a una administración pública -en este caso, en carácter de partícipe primario; cohecho pasivo y falsedad ideológica.

Seis policías de la Brigada Motorizada y uno de la Comisaría 2ª fueron detenidos en el marco de una investigación por una golpiza a dos demorados en el centro de Rosario.

La presunta agresión se habría producido este viernes por la tarde en la seccional policial de Paraguay al 1100. Según las primeras informaciones, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) busca esclarecer un episodio en el que un adolescente de 17 años y un hombre de 40 sufrieron una golpiza por parte de uniformados tras un procedimiento.

Agentes de Asuntos Internos detuvieron a siete sospechosos horas más tarde, por orden del fiscal José Luis Caterina. Los policías serán llevados a audiencia imputativa esta semana.

Dos de los veinte detenidos en el marco de la investigación por malversación de combustible en la Jefatura de Rosario fueron liberados este viernes por la mañana.

Se trata de los policías Francisco T. y Ramón S., quienes recuperaron la libertad luego de que Fiscalía constatara que no hubo pruebas que indiquen que ambos intervinieron directamente en la maniobra y que “no se advierte que puedan entorpecer la investigación”.

Por otro lado, los dieciocho aprehendidos restantes serán llevado a audiencia imputativa este martes 13 de mayo en el Centro de Justicia Penal de Rosario, a partir de las 8:00. Dentro de los detenidos hay cuatro civiles y catorce policías, entre los que aparecen altos cargos de la Unidad Regional II de la ciudad.

La investigación, a cargo del fiscal de la Oficina de Violencia Institucional, José Luis Caterina, lleva desarrollándose por 10 meses en la región y se destapó este lunes, luego de una serie de 38 allanamientos en los que se produjeron las detenciones.

En este contexto, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe intervino la Unidad Regional II por un plazo mínimo de noventa días mientras continúa esclareciéndose el caso que vincula a integrantes de la policía con una sobrefacturación de combustible por 45 millones de pesos mensuales.

Dos agentes policiales fueron arrestados este martes, acusados de extorsionar a un joven en la comisaría 30ª, ubicada en la zona norte de Rosario. De acuerdo a la investigación, los uniformados le exigieron 500.000 pesos a cambio de no avanzar con una denuncia por abuso sexual.

Los implicados fueron identificados como el oficial Gerardo A. y el suboficial Pablo Luciano N., quienes, peses a ser detenidos en flagrancia, fueron liberados y deberán comparecer ante la justicia el próximo martes 22 de abril en una audiencia imputativa.

El episodio comenzó el viernes anterior, cuando el joven se presentó en la seccional de Superí 2840, en barrio Parque Field, con el fin de recuperar unas llaves dejadas allí por su expareja. En ese momento, fue conducido a una oficina, requisado y amenazado con una supuesta denuncia en su contra. "Le dijeron que había una denuncia por abuso sexual y que lo iban a detener si no pagaba", señalaron fuentes del caso.

En un principio, la víctima ofreció su celular y 32 mil pesos disponibles en su cuenta bancaria, pero los policías insistieron en que debía abonar medio millín de pesos para archivar el expediente. Luego de unos minutos, logró salir de la dependencia policial y radicó la denuncia correspondiente.

Tras ser notificada, la fiscal Karina Bartocci, de la oficina de Violencia Institucional, dispuso la intervención de Asuntos Internos, que organizó una entrega controlada. El joven regresó a la comisaría este martes con 100.000 pesos en efectivo, previamente marcados, y los entregó a los efectivos.

En ese momento, los investigadores irrumpieron en la dependencia, detuvieron a los policías, incautaron sus celulares y recuperaron el dinero, que había sido escondido en un cajón de la guardia.

Aunque fueron capturados en plena transacción, la Fiscalía optó por no mantenerlos detenidos y avanzar con la imputación sin la intervención de un juez. La investigación sigue en curso con el objetivo de determinar si existen más víctimas.

La investigación sobre el hecho que involucra a ocho agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT), acusados de realizar un operativo ilegal y robar entre 12 y 15 kilos de cocaína en agosto de 2024, tuvo avances significativos en las últimas horas.

El análisis de los teléfonos móviles incautados a los oficiales detenidos en octubre permitió al Área de Delitos Complejos encontrar conversaciones de WhatsApp relacionadas con la venta de droga. En estos mensajes, los implicados discutían precios y hablaban de la urgencia de vender la cocaína robada.

Como resultado, este jueves fueron arrestados en Rosario y en la ciudad de Santa Fe la esposa y dos cuñados de uno de los policías involucrados. De acuerdo a lo informado por fuentes judiciales, los tres civiles ahora enfrentan acusaciones por su presunta colaboración en la venta de los estupefacientes.

Durante una nueva audiencia, el juez Carlos Vera Barros avaló las imputaciones y dictó la prisión preventiva por 90 días, incluyendo los nuevos detenidos.

El hecho investigado ocurrió el 13 de agosto de 2024, cuando efectivos policiales ingresaron ilegalmente en una vivienda de la calle Forest al 5600, en Rosario. 

Durante el operativo, las víctimas (entre las que se encontraban dos menores de edad) fueron privadas de su libertad mientras los agentes se apoderaban de la cocaína, armas de fuego, y dinero en efectivo en una cifra cercana a 50.500 dólares y 285 mil pesos.

Según la investigación, tras el robo, parte de la droga fue trasladada a la ciudad de Santa Fe, donde comenzó a ser vendida. Mensajes de texto y de WhatsApp interceptados detallan cómo los implicados discutían estrategias de comercialización, precios y la necesidad de concretar la venta de la cocaína con rapidez.

Uno de los agentes, identificado como Guillermo Toledo, habría tomado al menos tres kilos de cocaína y planeado venderlos por 7 mil dólares cada uno. Incluso consideró la opción de fraccionarlos en medio kilo para elevar el precio a 4 mil dólares por paquete.

Los civiles involucrados también jugaron un papel clave, según la fiscalía. Miriam G., pareja de Toledo, habría facilitado el transporte de la droga hacia Santa Fe, mientras que Guillermo y Leonardo, cuñados del policía, participaron del fraccionamiento y venta de la sustancia.

Los allanamientos realizados por la División de Investigaciones Especiales de la Policía Federal en barrio Tablada y en la capital provincial llevaron a su detención este jueves.

En la audiencia, los fiscales Soledad García, María Virginia Sosa y Andrés Montefeltro argumentaron que la organización generó ingresos millonarios a través de la venta de la cocaína sustraída. Los policías enfrentan cargos agravados por comercio de estupefacientes, debido a su condición de funcionarios públicos y la actuación en grupo organizado.

Por su parte, los civiles detenidos también fueron acusados de tráfico de drogas con el agravante de actuar en conjunto con tres o más personas.

La jueza de primera instancia, María Melania Carrara, le dictó la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley a los diez policías del Comando Radioeléctrico, imputados por robos, allanamientos ilegales, haber falsificado actas de procedimientos, entre otros delitos. 

La audiencia en contra de los uniformados comenzó el lunes 30 de diciembre pero tras dictarse un cuarto intermedio, continuó el jueves 2 de enero hasta que este viernes se formalizaron las acusaciones y quedaron presos. 

El caso fue expuesto por el fiscal José Luis Caterina, quien acusó a los policías, Marcelo Gabriel Buljubasich; Stella Maris Campi; Agustina Noelia Molina; Gisela Lorena Noni: Melani Rocío Pabón; Bria Facundo Pereyra; Jaquelina Roldán; María Eva Tenallia; el jefe de tercio Gastón Nicolás Mendoza; y el jefe de tercio del Comando, Luis Alberto Pais. 

En relación a los hechos por los que se les imputa, el fiscal Caterina precisó: “Se han traído 14 causas en su contra que por cada policía hay hasta 9 o 10 delitos de los que se les acusa”. 

“La investigación comenzó de una forma muy tímida porque se sospechaba que había un tercio en particular que cometía procedimientos o allanamientos ilegales”, continuó.

“Cuando se comenzó a sistematizar la información, reunimos causas o hechos de características similares y vimos que había múltiples allanamientos ilegales contra personas en situaciones de vulnerabilidad o con conflictos pasados con la ley”, agregó. 

En ese sentido, describió que en el proceso de investigación, no sólo se sustentaron en los testimonios de las víctimas de los procedimientos ilícitos, sino también con los datos aportados por la Central de Emergencias 911, la geolocalización de los móviles policiales, y las transcripciones de las comunicaciones internas entre los acusados.

Asimismo, se analizaron las contradicciones que presentaban las declaraciones de los uniformados al momento de reportar los allanamientos y detenciones en la Fiscalía. 

De acuerdo a los Fuscalía, los delitos del grupo de policías se remontan hasta el 27 de marzo del pasado año cuando tres de los acusados, Campi, Tenallia y Buljubasich, allanaron múltiples viviendas de Villa La Bombacha. 

Dichos operativos, según los agentes, se realizó porque un hombre se habría negado a ser identificado, pero que cuando lo atraparon le secuestraron dos armas de una mochila. 

Por el hecho, ese “sospechoso” estuvo preso desde el 27 de marzo hasta el 31 de agosto. Fue liberado porque se comprobó que le habían plantado las armas y que el accionar había sido irregular.

En otro de los casos que fueron investigados por los fiscales, se refiere a un allanamiemto ocurridas el 19 de abril del 2023 en San Martín y Colectora de Circunvalación, que involucra nuevamente a Buljabasich, Campi, Tenallia, y a Noni y País. 

Puntualmente, los uniformados demoraron a dos personas a las que le robaron 35 mil pesos. Tras eso, entraron en el departamento de los afectados, en Cochet y Donado, plantaron una pistola calibre 9 milímetros y se allanaron sin motivos la vivienda de la suegra de las víctimas en barrio Tango. 

Sobre este punto, la Fiscalía argumentó que en el acta del procedimiento, se configuró un relato en el que los imputados justificaron su accionar luego de ver que un auto entregara a una moto una bolsa con un arma a un motociclista, y que el conductor se refugió en un inmueble de barrio Tango. 

No obstante, de acuerdo a los análisis del Ministerio Público de Acusación (MPA) precisaron que el acta era falsa, a oesar de que los policías involucrados insistieron con la versión fabricada de los hechos. 

La jueza María Melania Carrara resolvió que se pase a un cuarto intermedio en la audiencia imputativa en las que se imputan a los diez policías del Comando Radioeléctrico que fueron detenidos el 22 de diciembre por robos, falsificación de actas, allanamientos ilegales, entre otros delitos. En ese sentido, la audiencia se retomará el próximo jueves en el Centro de Justicia Penal. 

El caso es expuesto por los fiscales José Luis Caterina y Karina Bartocci, y como tal, la audiencia comenzó este lunes y recién a las 19 se decidió dictar el cuarto intermedio debido a los múltiples testigos afectados por los sospechosos que faltaban por declarar. 

Como tal, los acusados son el Jefe de tercio del Comando Radioeléctrico Luis Alberto Pais, el jefe de tercio, Gastón Nicolás Mendoza, Brian Facundo Pereyra, María Eva Tenallia, Jaquelina Roldán, Gisela Lorena Noni, Melani Rocío Pabon, Agustina Noelia Molina, Marcelo Gabriel Buljubasich, y Stella Maris Campi. 

De acuerdo a los fiscales, los delitos del grupo de policías datan desde el 27 de marzo del pasado año cuando tres de los acusados, Campi, Tenallia y Buljubasich, allanaron múltiples viviendas de Villa La Bombacha. 

Dichos operativos, según los agentes, se realizó porque un hombre se habría negado a ser identificado, pero que cuando lo atraparon le secuestraron dos armas de una mochila. 

Por el hecho, ese “sospechoso” estuvo preso desde el 27 de marzo hasta el 31 de agosto. Fue liberado porque se comprobó que le habían plantado las armas y que el accionar había sido irregular.

En otro de los casos que fueron investigados por los fiscales, se refiere a un allanamiemto ocurridas el 19 de abril del 2023 en San Martín y Colectora de Circunvalación, que involucra nuevamente a Buljabasich, Campi, Tenallia, y a Noni y País. 

En ese hecho particular, los uniformados demoraron a dos personas a las que le robaron 35 mil pesos. Tras eso, entraron en el departamento de los afectados, en Cochet y Donado, plantaron una pistola calibre 9 milímetros y se allanaron sin motivos la vivienda de la.suegra de las víctimas en barrio Tango. 

Sobre este punto, la Fiscalía argumentó que en el acta del procedimiento, se configuró un relato en el que los imputados justificaron su accionar luego de ver que un auto entregara a una moto una bolsa con un arma a un motociclista, y que el conductor se refugió en un inmueble de barrio Tango. 

No obstabte, de acuerdo a los análisis del Ministerio Público de Acusación (MPA) precisaron que el acta era falsa, a oesar de que los policías involucrados insistieron con la versión fabricada de los hechos. 

Los siete policías que participaron del robo de 77 mil dólares de un domicilio durante un allanamiento el 13 abril fueron imputados durante una audiencia que se desarrolló este fin de semana en el Centro de Justicia Penal (CJP). 

Seis de los agentes imputados pertenecen a la Comisaría 15° de zona sur de Rosario y el restante forma parte del Grupo Táctico Multipropósito. 

En el marco del encuentro, se los acusó de hurto doblemente agravado por aprovechamiento de un infortunio particular del damnificado, por ser miembros de las fuerzas de seguridad, y por falsedad ideológica. 

El fiscal de la causa, José Luis Caterina, diálogo con el equipo de El Puente, programa que se emite por Radio Mitre Rosario y repasó qué pruebas complicaron a los únicos dos detenidos de la causa. 

En primera instancia, Caterina relató que el operativo que involucró a los uniformados se realizó "como un procedimiento de rescate de menores pero después terminó siendo que habían aprovechado para sustraer una cantidad importante de dólares”. 

En ese sentido, explicó por qué algunos agentes están más complicados que otros: “La situación con algunos imputados es bastante compleja, porque llegaron a amedrentar a algunas de las personas durante el allanamiento". 

En ese marco, agregó: "A uno de los chicos retenidos durante el operativo le decían ‘decime en qué está metida tu familia o van a terminar todos separados’, por lo que no sólo es el robo sino también el amedrentamiento”. 

Más adelante, precisó que durante la audiencia imputativa " el juez avaló la imputación que consiste en hurto doblemente calificado por aprovechamiento de un infortunio particular del damnificado, por ser miembros de las fuerzas de seguridad, y por falsedad ideológica en calidad de coautores en concurso real". 

 “Quedaron detenidas dos personas, de las cuales una es el subjefe de la Comisaría 15, que es el que más complicado está por las pruebas recopiladas", continuó. 

En la misma línea, prosiguió: "Se pudo encontrar que se había encargado para hacerse una lancha que costaba cerca de 20 mil dólares. Otra persona allegada a él quedó con prisión domiciliaria al tener un menor de edad al que cuidar y a los otros se les pidió la prisión preventiva, pero el juez los liberó”. 

La mujer detenida si bien, no participó del allanamiento del 13 de abril, terminó complicada por la relación que mantenía con el subjefe de la comisaría: “La persona detenida con prisión preventiva tiene una relación con este policía de mayor jerarquía, trabajaban en la misma comisaría y pudimos acreditar que no sólo acompaña al subjefe al astillero donde encargaron la lancha, sino que también quedó como uno de los contactos anotados en el recibo por el encargo del vehículo acuático". 

Por último, el fiscal reveló que "en el domicilio del subjefe se pudieron encontrar 6000 dólares pero los otros domicilios de los demás policías no se pudieron allanar debido a que a veces no está actualizada la información de las direcciones donde viven". 

Seis de los siete policías detenidos habían llevado a cabo un allanamiento el 13 de abril en una vivienda del barrio Nuestra Señora de la Guardia con el fin de resguardar a tres menores, luego de que un familiar alertara al 911 que uno de sus cuidadores habría sufrido una crisis y que podría estar armado. 

En ese contexto, el fiscal José Luis Caterina explicó que los efectivos insertaron declaraciones falsas en las actas labradas en relación al operativo y datos apócrifos concernientes a los testigos. 

Además, se omitió la sustracción del dinero el efectivo en moneda extranjera y nacional.

En tanto, el robo de los 77 mil dólares se descubrió luego de que un familiar de las personas que fueron allanadas reclamara el dinero robado, momento en el que se le hizo saber al fiscal que no se refería a los 220 mil pesos sustraídos del domicilio sino a una gran suma en dólares que no constaba en el acta del operativo. 

Tres policías fueron imputados este miércoles por haberle “plantado” a un joven -allegado al clan narco Tripi- armas que habían sido utilizadas en atentados contra el gobierno provincial, ocurridos entre diciembre y enero pasado. La Jueza de Primera Instancia Dra. Carrara dispuso la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para los 3 imputados: M.M.M, D.R.G y L.E.V.

“Ellos plantaron, es decir, insertaron irregularmente tres armas de fuego, tres pistolas de grueso calibre en una persona inocente, conjuntamente con un cartel que hacía alusión a amenazas a Pullaro y a la TOE”, expresó, al aire del programa El Puente, que se emite por Radio Mitre Rosario, el fiscal de la causa Franco Carbone.

Y explicó que se enmarca dentro de seis hechos anteriores, “que fueron cometidos con esas pistolas, todas balaceras con amenazas al gobernador, un ataque al Banco Macro de Zona Sur, al HECA, a la Comisaría 19, a la dependencia de la TOE y a una estación de servicios, con un cartel de similares características al que le plantaron a esta persona”.

Consultado si el hecho de plantarle un arma a una persona inocente que hicieron estos tres uniformados, estaría enmarcado en un enfrentamiento entre dos bandas, Carbone indicó: “Esto es así. El objetivo, es decir, la persona que buscaron fue seleccionada específicamente. Hay una persona fallecida el miércoles pasado, que se llama Leonel Tripi, que básicamente es el líder de una facción que opera ahí en Parque Oeste”.

Seguido señaló que justamente la persona a la cual le plantaron estas armas es el chofer, una persona muy cercana a Leo Tripi.

Por otro lado, indicó “está la banda rival, si se quiere, que se está disputando este territorio desde hace mucho tiempo, esto también hay que decirlo, hay mucho dinero en juego de lo que es la venta de estupefacientes al menudeo en esa zona”.

Respecto a qué pena puede pesar sobre estos uniformados, Carbone detalló: “La escala penal de las personas que ejecutamos ayer va de los 3 años y 6 meses de prisión a 71 años de prisión. Esto no es espectacularidad ni mucho menos, pero el concurso entre los delitos significa un poco lo que ha querido el legislador penal, es decir, se reprime con tal clase de pena o con tal monto de pena tal conducta típica”.

Y adelantó que por el cúmulo de delitos que han cometido, se puede pensar en una pena muy alta.

En tanto, sobre los dos policías que fueron liberados el día lunes, que también fueron imputados, “el reproche penal que merece su conducta es sustancialmente menor, porque nosotros a ellos les imputamos haber encubierto el accionar de los demás o haber falseado el acta de procedimiento, porque ellos firmaron lo que los otros hicieron”, aclaró.

Es decir, “son personas subalternas, que tenían muy poquito tiempo en la policía, donde en una suerte de obediencia debida, o no, es lo que se está investigando, podrían haber suscripto este acta de procedimiento. Se sigue investigando, pero también ellos declararon, y eso nos permitió a nosotros solicitar una medida cautelar menos gravosa, que es la libertad sujeta a un montón de restricciones ambulatorias”, concluyó el Fiscal Carbone.

Tres policías fueron imputados este miércoles por haberle “plantado” a un joven -allegado al clan narco Tripi- armas que habían sido utilizadas en atentados contra el gobierno provincial, ocurridos entre diciembre y enero pasado.

La Jueza de Primera Instancia Dra. Carrara tuvo por formalizada la audiencia y dispuso la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para los 3 imputados: M.M.M, D.R.G y L.E.V.

La Fiscalía les atribuye haber encubierto seis ataques armados: a una sucursal del banco Macro (12/12/23), al Heca (13/12/23), a la comisaría 19ª (27/12/23), a la sede de la Tropa de Operaciones Especiales (20/1/24), a un joven que resultó herido en Pedro Lino Funes y Cerrito (22/1/24) y a una estación de servicio de Avellaneda y 27 de Febrero (23/1/24).

Vale señalar que en cinco de los seis hechos se dejaron notas escritas, algunas de ellas con mensajes dirigidos al gobernador Maximiliano Pullaro y a la Tropa de Operaciones Especiales.

Si bien eran cinco los policías que habían sido detenidos el pasado domingo por orden del fiscal Franco Carbone, solo llegaron a la audiencia imputativa tres de ellos, mientras que los otros dos, recuperaron la libertad el lunes, pero quedaron vinculados a la causa por haber prestado consentimiento en la falsificación del acta del procedimiento ilegal.

La provincia, a través de la Agencia de Control Policial dependiente del Ministerio de Seguridad, en el último año realizó un total de 68 allanamientos y detuvo a 120 policías, personal del Servicio Penitenciario y policías retirados. Los procedimientos forman parte de investigaciones que la Agencia realiza en conjunto con el Ministerio Público de la Acusación y a raíz de las denuncias recibidas en el 0800.

La Agencia cuenta con dos delegaciones principales radicadas en Santa Fe y Rosario, dos nuevas subdelegaciones en las ciudades de Reconquista y Venado Tuerto y próximamente abrirá una nueva sede en la ciudad de Rafaela. En este sentido, en el último año el organismo recibió 754 denuncias, de las cuales 173 fueron recibidas en la línea gratuita 08004443583, que luego derivaron en los allanamientos, detenciones y secuestros de armas de fuego, dispositivos informáticos y documentación.

Entre los delitos más comunes se encuentran los robos calificados, incumplimiento a los deberes de funcionario público, homicidio calificado, extracciones ilegales, entre otros.

LÍNEA GRATUITA PARA DENUNCIAS Y RECONOCIMIENTO AL PERSONAL POLICIAL

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Seguridad, posee una línea telefónica exclusiva para que la ciudadanía pueda denunciar y aportar información sobre situaciones inapropiadas o mal desempeño en relación a la conducta policial. La denuncia es anónima y de carácter confidencial.

El número de teléfono es 0800-444-3583, es una línea gratuita y está al servicio de la ciudadanía las 24 horas del día, los siete días de la semana y es atendido por profesionales de la Agencia de Control Policial, dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Allí se puede reclamar o denunciar el accionar policial o reconocer la labor que realiza el personal de la fuerza provincial.

Personal de la Agencia de Control Policial realizó este jueves una serie de allanamientos a requerimiento de la Fiscal Karina Bartocci de la Unidad Fiscal Especial de Violencia Institucional, en el marco de una causa por «Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público y Hurto Calificado».

Tras los procedimientos, fueron detenidos dos empleados policiales de la Policía Comunitaria de Rosario y se secuestró elementos de interés para la causa.

Las órdenes fueron cumplimentadas por personal de la Delegación Zona Sur que junto a personal de Operaciones Tácticas URII, irrumpieron en los domicilios de Copacabana 3800, Pasaje Venecia 3900 y Montecarlo 2800 de la ciudad de Rosario.

Estas acciones arrojaron como resultado el secuestro de armas de fuego: una escopeta marca Muira modelo D676, calibre 12/70, una carabina marca Marlin, calibre .22 wmr.only, con mira telescópica marca Bushnell, un sistema de cerrojo correspondiente a la carabina, un silenciador de carabina de metal, color plateado.

Como así también una gran cantidad de cartuchos de distintas marcas y calibres, más de una decena de celulares de distintas marcas y modelos, dispositivos de almacenamiento de datos (micro SD, pendrive) notebooks y demás elementos informáticos.

La causa que investiga la fiscalía tendría su génesis en la sustracción del arma reglamentaria a un efectivo de la Dirección General de Policía Comunitaria, dentro de su ámbito laboral y de las investigaciones realizadas por el personal de la Agencia de Control Policial se pudo establecer que no serían ajenos otros efectivos policiales de la misma unidad operativa.

La fiscal actuante dispuso el traslado de los dos efectivos policiales a sede de ACP, quienes fueron identificados como Ezequiel M. e Iván V., ambos oficiales de la Policía Comunitaria de Rosario, a quienes se le formó causa por los delitos de «Incumplimiento de los deberes de funcionario público, Hurto calificado y Tenencia ilegal de arma de fuego».

Personal de la Agencia de Control Policial, allanaron dos viviendas en las ciudades de Rosario y Capitán Bermúdez, procediendo a la detención de dos empleados policiales, a requerimiento de los jueces penales de 1era Instancia de Rosario, Nicolás Foppiani y Strologo.

El procedimiento y las consecuentes detenciones se realizaron en el marco de la investigación que lleva adelante el Fiscal del Ministerio Publico de la Acusación sede San Lorenzo, Javier Nicosia Herrera, sobre una causa de abuso sexual con acceso carnal.

Los allanamientos, a cargo de personal de División Investigaciones Judiciales y Administrativas de la Agencia de Control Policial Delegación Zona Sur, se realizaron en una vivienda de calle Lamadrid al 3300 de Rosario, logrando la detención del Subinspector J. M. R con prestación de servicio en la seccional 4° de Fray Luis Beltrán URVII.

Como así también en la finca de calle Gaboto al 200 de Capitán Bermúdez, y posteriormente se detuvo al Suboficial de policía L. R. P en su lugar de trabajo, siendo este el Grupo de Operaciones Complejas de la URVII de San Lorenzo. Asimismo, se procedió al secuestro de numerosos elementos de interés para la investigación, entre los que se destaca un automóvil, teléfonos celulares entre otros.

Por disposición de la justicia, los efectivos policiales fueron trasladados a la Unidad Regional de San Lorenzo, en calidad de incomunicados.

Personal de la Agencia de Control Policial, realizó esta mañana una serie de allanamientos, identificando a dos empleados policiales y logró el secuestro de elementos que habrían sido sustraídos en distintas causas judiciales.

Las medidas la llevaron a cabo Personal de la Delegación Sur y Centro Norte de la ACP, y contaron con la colaboración de la Agencia de Investigación Criminal, a requerimiento del Fiscal Carizza, de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos del MPA.

Los procedimientos se llevaron a cabo en el marco de la causa que lleva adelante, relacionada con la “Sustracción de Evidencias”, que fueron sustraídos entre Septiembre y Diciembre del 2021. Además, los elementos se hallaban al resguardo de la Agencia de Investigación Criminal en el depósito de secuestro de calle Lamadrid 550 de Rosario, encontrándose entre ellos aparatos de telefonía celular y computadoras.

Los allanamientos se realizaron en domicilios ubicados Alvear 80,0 de la ciudad de San Javier; Chile 600 de Granadero Baigorria y Dean Funes 6100 Rosario, Garay . 3800, La Paz 4000, Lavalle 1100 Mocoretá 2500 y Sánchez de Bustamante 2300, de Rosario.

Como resultados de las requisas personal de la Agencia de Control Policial, procedió a la aprehensión de dos empleados policiales, siendo los mismos el Oficial de Policía C. A. S. J. y el Suboficial de Policía J. A. C. Ambos prestaban servicio en la Agencia de Investigación Criminal Distrito Rosario.

En tanto se secuestró casi una decena de celulares, computadoras portátiles, un revólver calibre 32 largo y municiones del mismo calibre y otros elementos de interés a la causa.

Tras conocer el resultado de las pesquisas al Fiscal Interviniente, dispuso el traslado de los efectivos en calidad de Detenidos a su disposición como así los elementos secuestrados.

Una mujer y un hombre policías fueron detenidos producto de un operativo en el marco de una causa por estafas reiteradas.

El procedimiento tuvo lugar en una vivienda de calle Eva Perón al 2800 y fue encabezado por agentes de la Agencia de Control Policial.

Allí secuestraron dos armas de fuego calibre 9mm, un arma de fuego calibre 22, equipos informáticos, telefonía celular, dispositivos electrónicos y cartuchería correspondiente a las mismas, dinero en efectivo, y otros elementos de interés para la causa.

Con respecto a los oficiales detenidos, la mujer prestaba servicios en la Secretaría General Provincial, mientras que el hombre lo hacía en el Registro Provincial de Armas.

Luego de cumplir algunos requisitos protocolares, el fiscal decidió otorgar la libertad de la empleada policial y su retiro.