Una rápida intervención de efectivos de la Policía de Santa Fe permitió salvar la vida de una niña de un año y medio que sufrió una convulsión mientras era trasladada por su familia en un automóvil.

El episodio se registró este domingo alrededor de las 16:10 en la zona de bulevar Oroño y Garibaldi. Allí, un matrimonio que circulaba en un Nissan detuvo la marcha al encontrarse con un móvil policial y pidió ayuda al notar que su hija se encontraba inconsciente y convulsionando. 

De inmediato, los agentes organizaron un corredor de emergencia con el apoyo de otro patrullero para asegurar un traslado rápido hacia el Sanatorio de Niños. Durante el recorrido, los policías practicaron las primeras maniobras de reanimación a la menor, quien logró ser estabilizada cuando ingresó al Sanatorio de Niños, donde quedó recibió atención médica.

Del operativo participaron la oficial Claudia Risso y el suboficial Damián Bonaldi, con la colaboración del inspector Luciano Tudino y el suboficial Facundo Luna.

Dos expolicías del Comando Radioeléctrico acusados de abusar sexualmente de una menor de 15 años el 3 de marzo de 2023 en Roldán fueron condenados este martes en Rosario.

Los detenidos de 28 años, Lautaro Álvarez y Ezequiel Puntano, fueron llevados a juicio en el Centro de Justicia Penal de Rosario ante el juez de primera instancia Mariano Aliau. Son apuntados por un hecho que tuvo lugar en la ruta A012, a la altura de Carlos Gardel, en la ciudad vecina.

De acuerdo a la versión impulsada por la Fiscalía, el episodio sucedió a las 3:00, cuando la adolescente caminaba sola y, luego de que ambos agentes le ofrecieran llevarla hasta su casa en un patrullero, se desviaron hacia la banquina, donde abusaron de ella utilizando la fuerza. Posteriormente, tras ser interrumpidos por una comunicación radial, la llevaron a su domicilio bajo amenaza de que no cuente el abuso.

El magistrado dictó prisión por 12 años para Álvarez por abuso sexual con acceso carnal agravado por haberlo hecho cuando se encontraba en servicio. Por otro lado, en el caso de Puntano, fue condenado a 8 años por los mismos delitos, como partícipe primario. 

Una mujer embarazada de 35 semanas fue asistida por policías del Comando Radioeléctrico en el nacimiento de su hijo este sábado por la madrugada en la zona oeste de Rosario. Se encuentra en buen estado general.

El hecho ocurrió pasadas las 5:00 en Dean Funes al 4300, cuando madre entró en trabajo de parto y dio aviso a la policía. Agentes la llevaron de urgencia  a la Maternidad Martin en un patrullero, en un traslado que contó con la participación de otras unidades que llevaron adelante cortes de tránsito para agilizar el desplazamiento.

Minutos más tarde, la mujer dio a luz en el ingreso del establecimiento de salud y el recién nacido fue recibido por dos suboficiales, quienes le dieron los primeros cuidados hasta la intervención del personal médico, que posteriormente realizó el corte del cordón umbilical y atendió a la madre y el bebé.

En este contexto, la mujer está internada en buen estado general, mientras que el recién nacido fue derivado al servicio de Neonatología para su evaluación y asistencia médica.

Un nuevo caso de presunto abuso policial fue denunciado este lunes en la zona oeste de Rosario, cuando un hombre en situación de calle afirmó que un grupo de policías federales le fracturó el brazo durante un procedimiento. Los uniformados fueron demorados y recuperaron la libertad a la brevedad. La víctima fue intervenida quirúrgicamente. 

Todo comenzó durante la madrugada en Rueda y Lima, en Villa Banana. Según la versión de una mujer que acompañó a la víctima a hacer la denuncia, cuatro integrantes de la fuerza nacional lo arrojaron al suelo, le pegaron y le doblaron el brazo izquierdo, acción que le habría ocasionado la lesión.

Minutos más tarde, el herido acudió a efectivos del Cuerpo Guardia Infantería junto a la testigo y relataron lo sucedido. De acuerdo a la información policial, el hombre parecía estar bajo los efectos del alcohol. 

Fue atendido por personal del Sies, quien le diagnosticó una fractura en el antebrazo. Posteriormente, lo trasladaron en ambulancia a un hospital, donde fue operado.

En simultáneo, los acusados se negaron a identificarse con los agentes provinciales. En este contexto, el fiscal federal Martín Gambacorta ordenó la aprehensión de los cuatro involucrados, junto con el secuestro de sus respectivos celulares y armas reglamentarias. No obstante, todos quedaron libres horas más tarde.

El episodio de Villa Banana queda bajo la lupa luego de la investigación de Asuntos Internos por un hecho grave de abuso policial ocurrido en Larrechea al 1.900, el 27 de mayo de 2024. Diez agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT) fueron imputados por tentativa de homicidio la semana pasada, acusados de prender fuego a un hombre en situación de calle durante un procedimiento.

La víctima sufrió quemaduras graves en diferentes partes del cuerpo y, a pesar de que no puede hablar por el daño que le provocaron las llamas, dio su versión de forma escrita ante el fiscal Pablo Socca. Según el relato, el efectivo David Zeballos lo roció con líquido inflamable, lo incendió con un encendedor y amenazó a otros tres aprehendidos para que afirmen que el herido se provocó las lesiones a sí mismo.

Nueve acusados quedaron en prisión preventiva efectiva, según dictó el juez Rafael Coria en la audiencia, mientras que una implicada quedó en domiciliaria hasta agosto.

Una mujer de 84 años sufrió un atragantamiento con un trozo de chocolate este viernes en Granadero Baigorria y efectivos policiales lograron estabilizarla. No requirió asistencia médica adicional y se recuperó.

Todo comenzó en la zona de avenida San Martín y 21 de Septiembre, en la ciudad vecina, cuando una conductora le pidió ayuda a agentes que patrullaban la calle debido a una situación con su acompañante. La víctima no podía respirar debido a que un pedazo de chocolate le obstruyó la vía aérea.

Finalmente, los uniformados llevaron a cabo la maniobra de Heimlich y lograron que la adulta mayor expulsara el dulce. De esta manera, logró volver a respirar con normalidad y permanece fuera de peligro.

Dos agentes policiales murieron este viernes por la madrugada en un choque en la Ruta Nacional N° 98, en el norte de Santa Fe. Pertenecían a la Policía de Investigaciones (PDI) y se dirigían a un operativo.

El siniestro vial sucedió en el kilómetro 60 del corredor vial, entre las ciudades de Tostado y Vera. Según las primeras informaciones, cuatro efectivos viajaban en un Renault Logan para trabajar en allanamientos por microtráfico cuando impactaron contra el acoplado de un camión.

Una de las uniformadas, Milena Martinucci, murió en el acto, mientras que Pablo Mansilla fue hospitalizado en Reconquista y falleció este viernes por la mañana. Otros dos policías resultaron heridos.

En este contexto, quedó detenido el conductor del vehículo de mayor porte, un hombre oriundo de General Pinedo, Chaco.

El tránsito en el tramo afectado de la ruta permaneció cortado durante las primeras horas de la jornada. Intervinieron en el operativo policías de la Unidad Regional XIX y Bomberos Zapadores.

Una investigación de Asuntos Internos por coimas terminó con dos policías de la Comisaría 15ª detenidos este fin de semana en la zona sur de Rosario. Los descubrieron recibiendo dinero a cambio de no efectuar allanamientos.

Todo comenzó el jueves pasado, cuando dos hombres fueron demorados y los agentes acusados se comunicaron con un familiar para exigirle 300.000 pesos para no avanzar con procedimientos en las viviendas de los involucrados. Además, prometieron devolver el DNI de uno de los aprehendidos una vez recibido el monto.

A partir de una denuncia por parte de la víctima extorsionada, la fiscal Karina Bartocci de la Unidad Especial de Violencia y Corrupción Institucional ordenó la realización de una entrega controlada del dinero en la seccional policial de Sarmiento al 4300, con billetes de 20.000 pesos marcados.

Los uniformados, identificados como Leonardo B. y Sergio C., recibieron la coima y la ocultaron debajo de una impresora. Fueron detenidos dentro de la comisaría y a uno de ellos le secuestraron una réplica de arma de fuego.

Una mujer de 33 años dio a luz en el baño de su casa este martes por la madrugada en la zona oeste de Rosario. Policías la asistieron después del nacimiento y el bebé está en buen estado de salud.

La secuencia sucedió alrededor de las 4:00 en una vivienda de pasaje Suárez al 5000. Según las primeras informaciones, el padre del bebé, un hombre de 46 años, pidió ayuda a efectivos del Comando Radioeléctrico luego de que su pareja entrara en trabajo de parto. 

El niño nació en el cuarto de baño antes de que arribaran los agentes, quienes asistieron a la madre. Minutos más tarde, el menor fue dado de alta en el inmueble mientras. A la mujer la llevaron al Hospital Laprida para recibir una mejor atención.

Dos dramáticos episodios terminaron en un gran alivio gracias a la rápida intervención de la policía este lunes, cuando efectivos reanimaron a una beba de un año en la zona sudoeste de Rosario y a otra de seis meses en Pérez.

El primer hecho ocurrió en Ovidio Lagos y Montecarlo,  cuando una menor experimentó problemas para respirar a raíz de una obstrucción. Según las primeras informaciones, efectivos del Escuadrón de Caballería y sección Perros recibieron a la nena de los brazos de su madre, quien bajó de un Peugeot 307 y explicó lo sucedido. 

Instantes más tarde, trasladaron a la beba al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) a bordo de un patrullero, mientras uno de los uniformados le liberó las vías respiratorias mediante la maniobra de Heimlich. La paciente fue ingresada al establecimiento de salud y estabilizada. Posteriormente, la llevaron al Hospital de Niños Víctor J. Vilela para continuar con su observación.

El segundo hecho tuvo lugar minutos antes de las 21:00 en Pérez. Dos mujeres con una beba de seis meses descompensada en brazos llamaron la atención de policías del Comando Radioeléctrico que se encontraban en una estación de servicio de Las Palmeras y Godoy. 

De inmediato, trasladaron a la menor al Vilela de Rosario y una agente logró asistirla en el trayecto con maionbras de reanimación cardiopulmonar (RCP). La niña fue estabilizada y le diagnosticaron un cuadro de convulsión febril.

El gobierno de la provincia anunció este lunes en la sede de Gobierno de Rosario medidas para mejorar las condiciones laborales de policías y personal penitenciario. 

De acuerdo a la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani, las medidas apuntarán a fortalecer programas ya existentes. Entre ellos, está la frecuencia del transporte.

"Entendimos que existía un desequilibrio geográfico entre los lugares de reclutamiento y los destinos de servicio. La zona sur presenta mayor demanda de efectivos, mientras que el mayor reclutamiento se concentra en el norte provincial”, sostuvo. 

De esa manera, precisaron que van a incorporar dos nuevas unidades que conectan la ciudad de Santa Fe con el departamento Castellanos, facilitando el acceso a Rafaela y Frontera. En tanto, se reforzaron los traslados entre Rosario y Venado Tuerto, y desde la capital provincial hacia Vera y San Javier.

Por otro lado, se añadieron “paradas intermedias para optimizar los recorridos: en el trayecto Santa Fe-Rosario se incorpora una parada en el kilómetro 141 mediante una unidad tipo Traffic de la Policía; mientras que en el recorrido Rosario-Santa Fe se establecen paradas en los kilómetros 0, 11 (zona del peaje) y 141. Estas modificaciones buscan reducir la necesidad de concurrir a las terminales de ómnibus y minimizar los inconvenientes derivados de los traslados”.

Otra de las medidas refiere al alojamiento que reciben en Rosario efectivos de otros departamentos que prestan servicios en la ciudad. Así las cosas, desde el 1 de marzo, se implementará un sistema de alojamiento destinado a los efectivos de Vera que se desempeñan en las Unidades Regionales II, IV, VI y VIII.

En relación a la salud de los agentes, Orciani informó que se conformará la unidad de gestión tripartita integrada por los ministerios de Economía -a través de Iapos-, de Salud y de Justicia y Seguridad, para ejecutar y evaluar políticas públicas de salud mental de los policías. 

En el marco de esta medida, se buscará garantizar el 100% de cobertura en medicamentos vinculados a tratamientos de salud mental para los efectivos incluidos en el programa de Iapos, así como para quienes se incorporen en el futuro. Dentro de ese programa, también se incluirán a los familiares para que puedan acceder a asistencia terapéutica.

A su turno, el secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Salud, Gonzalo Chiesa, que dentro de este programa, trabajarán para capacitar a los equipos que se desempeñan en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad y el fortalecerán las estrategias de prevención. 

Once policías del Comando Radioeléctrico y la Brigada Motorizada fueron imputados este jueves por presunto incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos durante la manifestación que tuvo lugar esta semana frente a la Jefatura de la Unidad Regional II de Rosario.

La instancia legal tuvo lugar sin juez esta mañana en el Centro de Justicia Penal local, en oficinas del Ministerio Público de la Acusación (MPA), donde los fiscales Pablo Socca y José Luis Caterina le adjudicaron a los uniformados el abandono de sus funciones, en una audiencia que había sido notificada antes de la finalización de los reclamos salariales con patrulleros parados y sirenas encendidas en Ovidio Lagos y Juan María Gutiérrez. No obstante, los efectivos permanecen en libertad mientras la investigación avanza.

Las imputaciones llegan tras la conferencia del gobernador Maximiliano Pullaro de este jueves en la que anunció la firma de un decreto para llevar el salario mínimo de la fuerza a 1.350.000 pesos, con subas en tarjeta alimentaria y mejoras en las condiciones de traslado. 

Previamente, el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, había confirmado la marcha atrás de los pases a disponibilidad de policías investigados por no cumplir con su trabajo durante las movilizaciones.

Los agentes policiales volverán paulatinamente a sus funciones luego de que levantaran este miércoles las protestas que impulsaron a lo largo de tres días en reclamo de mejores salarios tras escuchar las medidas anunciadas por el gobernador Maximiliano Pullaro. 

El reclamo de los uniformados había comenzado el lunes a la noche frente a la Jefatura de la Unidad Regional II, en Ovidio Lagos al 5200 y las tensiones se elevaron a lo largo del martes y miércoles. 

El martes no se habían logrado avances en la negociación luego de que el abogado Gabriel Sarla, que representa a los protestantes, dialogara con los medios y afirmara que aun no habían sido recibidos por el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni cuando fue a una presunta reunión en la sede de Gobernación de Rosario y sólo l atendió otra funcionaria.

Aunque en las primeras horas del miércoles, los ministros de Justicia y Seguridad y Economía de la provincia, Pablo Cococcioni y Pablo Olivares, recibieron a representantes policiales y discutieron sus pedidos.

Aunque durante esta mañana se vivieron momentos de tensión luego de que el jefe de la Policía de Santa Fe, Luis Maldonado, fuera agredido en la ciudad. El conflicto cesó luego de que Pullaro anunciara en conferencia de prensa mejoras salariales tales como que ningún agentes cobrase menos de 1.350.000 pesos, aumentos en la tarjeta alimentaria, entre otras medidas. 

El Gobierno de Santa Fe anunció este miércoles que da marcha atrás con la decisión de pasar a disponibilidad a los policías investigados por abandono de funciones en el marco del reclamo por mejoras en las condiciones salariales.

Así lo confirmó esta mañana en la sede de Gobierno de Rosario el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, quien estuvo acompañado en una conferencia de prensa por su par de Economía, Pablo Olivares. Ambos encabezaron una reunión esta madrugada con representantes de sectores policiales involucrados en la manifestación.

En primer lugar, el funcionario remarcó que “a lo largo de todo este proceso, la seguridad estuvo garantizada”, con niveles de operatividad de entre el 80 y 90 por ciento, a la par que “se trabajó en conjunto con el Ministerio de Seguridad nacional y se redistribuyeron fuerzas para garantizar el policiamiento urbano". Además, mencionó que "no hubo situaciones de gravedad y todas las incidencias fueron atendidas”.

En relación a la negociación, puntualizó: “En los días previos hicimos un ofrecimiento al diálogo que había sido frustrado, nosotros en ningún momento nos negamos a dialogar pero no podíamos sentarnos a hablar si sentíamos que iba a condicionar la operatividad policial, pedimos que se reestablezcan niveles razonables de patrullaje y presencia policial en la zona urbana”.

Luego, Cococcioni reveló que “queríamos que quienes estaban reclamando dieran una muestra de compromiso hacia la ciudadanía" y valoró que el acatamiento del pedido “fue muy importante”. A su vez, agregó: "Procedimos a entablar contacto con una serie de referentes y delegados en la sede de Gobierno”.

Por otro lado, el titular de la cartera remarcó que no habrá pases a disponibilidad, medida que catalogó como “preventiva” tras el anuncio de este martes, y le pidió públicamente a los policías que siguen inactivos que “se reintegren de inmediato” a sus funciones.

El ministro Olivares tomó el micrófono y, al referirse a las causas de las movilizaciones, reflexionó: “Escuchamos los reclamos de los rangos inferiores. Hoy el personal tiene una carga horaria muy alta de 48 horas semanales, esto implica una alta dedicación y, al mismo tiempo, que la no tengan las mismas condiciones que otros casos donde tienen otros ingresos”.

“Lo que vemos hoy es que la carga horaria genera estrés, debe atenderse y compensarse. Todo aquel que porta un arma va a tener un ingreso que no va a ser inferior a la canasta básica tipo”, afirmó.

La movilización de parte del personal policial en la puerta de la Jefatura de Rosario continuaba este miércoles por la mañana tras una madrugada en la que se llevó a cabo una reunión entre representantes del sector y el Gobierno de Santa Fe.

A más de 24 horas del inicio de la manifestación en el edificio ubicado en Ovidio Lagos y Juan María Gutiérrez, decenas de patrulleros permanecen inutilizados en la vía pública, con sirenas encendidas, y un grupo de efectivos sigue reclamando por mejores condiciones laborales ante la custodia de fuerzas especiales. Bomberos de la ciudad tuvieron que acudir al lugar para apagar focos ígneos por quema de neumáticos en la calle.

Los ministros de Justicia y Seguridad y Economía de la provincia, Pablo Cococcioni y Pablo Olivares, recibieron a representantes policiales durante las primeras horas de este miércoles. En el encuentro, las principales exigencias fueron la adaptación de las mejoras salariales anunciadas la semana pasada para todos los sectores de la fuerza y la marcha atrás del pase a disponibilidad de los uniformados investigados por abandono de funciones.

En este contexto, hay actividad policial en el territorio local con aproximadamente 130 vehículos operativos y personal que no abandonó sus tareas, aunque desde el Ejecutivo provincial aseguran que todavía no se registran niveles normales de operatividad.

Horas atrás, el secretario de Análisis y Gestión de la Información santafesino, Esteban Santantino, brindó una conferencia de prensa y consideró que el conflicto “no es falta de voluntad ni falta de recursos", y mencionó que "quizás mejorando aspectos en los canales de comunicación vamos a poder destrabarlo”.

En la misma línea, el funcionario aseguró que “el canal de diálogo está abierto y no lo van a cerrar nunca”, y que mantienen la comunicación con jefes de otras partes de la provincia a pesar de la situación en Rosario.

La Jefatura de la Unidad Regional II continúa este martes siendo escenario de protestas por parte de agentes policiales y del Servicio Penitenciario. 

En ese marco, el abogado Gabriel Sarla, que representa a los protestantes, dialogó con los medios y afirmó que aun no fueron recibidos por el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni cuando fue a una presunta reunión en la sede de Gobernación de Rosario y sólo fue recibido por otra funcionaria.

“El ministro estaba ocupado, no nos pudo atender, está con el señor gobernador. Así que, para no demorarnos, solicitamos retirarnos por un momento para ir a jefatura, a seguir conversando con los compañeros y volver en aproximadamente dos horas y media”, aclaró. 

Luego, brindó detalles de la conversación que tuvo con la funcionaria que lo atendió: “Estuvimos dialogando acerca de la problemática de la policía, sobre todo por el tema salarial y las sanciones, a la espera de que venga el señor ministro, que dijo que iba a estar medio demorado”.

“Así que esperamos volver en dos horas y media, para poder conversar con el ministro y el señor gobernador. Hay una parte de buena voluntad de abrir una mesa de dialogo”. concluyó. 

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni,  se refirió este martes por la mañana a la movilización policial que tuvo lugar en las últimas horas en la Jefatura de Rosario y anunció que hay por lo menos 20 agentes identificados que abandonaron sus funciones y serán pasados a disponibilidad.

Cococcioni brindó declaraciones desde la sede local de Gobierno junto a los secretarios de Seguridad Pública y de Análisis y Gestión de la Información; Omar Pereira y Esteban Santantino respectivamente. En primer lugar, mencionó: “Venimos atravesando días de protestas tanto de sectores de la propia fuerza policial como familiares y allegados que plantean problemáticas. Han motivado el anuncio de un paquete de medidas tratando de recomponer a los efectivos que realizan tareas de calle”.

El funcionario consideró que la protesta es legítima y remarcó que el Ejecutivo santafesino es el primero “en destacar y ponerse a trabajar para tratar de dar respuesta a las necesidades y los problemas del personal", aunque puntualizó que "se fueron montando determinados grupos que empezaron a sumar, a partir de intereses particulares y sectoriales, acciones violentas, antijurídicas y empezaron a instigar al personal policial y sembrando fake news”.

Sobre los hechos que tuvieron lugar en el edificio policial de Ovidio Lagos y Gutiérrez, relató que los manifestantes trataron de “impedir la salida de los móviles hacia sus funciones de patrullaje y, en algún momento, un estimado de no menos de 20 unidades en Rosario fueron directamente paralizados, puestos en frente de la Jefatura. Luego algunas de esas personas cometieron abandono de servicio”.

“Tenemos detectada a gente allegada a sectores desplazados de la Policía de Santa Fe, en algunos casos vinculados a gravísimos delitos de corrupción cuyos perpetradores hoy están privados de su libertad”, subrayó el ministro, quien agregó: “No lo vamos a dejar pasar, utilizar a la institución policial y sus funcionarios para minar la política de seguridad que tanto trabajo nos costó es cruzar una línea que nosotros no vamos a consentir”.

En este contexto, se dio a conocer que hay 20 empleados de la fuerza identificados que serán pasados a disponibilidad y se les retirará el arma y el chaleco antibala. Además, desde el Gobierno de Santa Fe confirmaron que se encuentran trabajando en conjunto con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para investigar “posibles ilícitos penales” de policías y grupos “desplazados de la policía”.

En la misma línea, Cococcioni ratificó que el patrullaje en Rosario se está “sosteniendo con esfuerzos” este martes y aclaró que las decenas de vehículos policiales frenados “objetivamente elevan los niveles de riesgo”. También, comentó: “Me atrevería a decir que les acarrea responsabilidad penal si llegara a ocurrir un delito que no pudo ser evitado por esa acción”, concluyó.

Al ser consultado por las personas que participaron de la protesta con la cara cubierta, reveló que se reunió material que “los propios participantes suben a sus redes sociales” y que “se cruzaron límites en cuanto al tipo de acciones violentas”.  Nuevamente, afirmó que hay registro de encapuchados “claramente vinculados a sectores desplazados de la Unidad Regional II”.

Una nueva movilización de personal policial y familiares en reclamo de mejoras en las condiciones laborales del sector tuvo lugar desde este lunes por la noche frente a la Jefatura. La protesta llega tras el anuncio de aumentos salariales del Gobierno provincial la semana pasada. Se esperan  sanciones para los agentes que abandonaron sus puestos.

La convocatoria comenzó alrededor de las 23:00 en la institución ubicada en Ovidio Lagos y Juan María Gutiérrez, en zona sudoeste, cuando unos 20 de patrulleros salieron a la calle con sirenas encendidas en señal de protesta por la situación salarial, en el marco de los últimos anuncios de mejoras de suplementos, horas OSPE, tarjeta alimentaria y alojamiento para determinados efectivos por parte del Gobierno de Santa Fe.

🚨Tensión frente a la Jefatura: protesta y corte de calle complicaron el tránsitoUn grupo de policías y civiles se manifestó frente a la Jefatura de Policía y bloqueó el paso hacia el sur. Hubo presencia de efectivos para liberar la circulación y algunos manifestantes… pic.twitter.com/noYpQb8XNe

Según informaciones preliminares, durante los primeros instantes de la manifestación hubo incidentes en el portón de Jefatura con un grupo de familiares de empleados de la fuerza y civiles, algunos tenían la cara cubierta, que increparon a policías.

De acuerdo a fuentes oficiales, unos 80 móviles se encontraban en servicio durante las últimas horas en Rosario. Desde el Ejecutivo provincial evalúan tomar medidas con los efectivos que abandonaron sus tareas.

🚨Así se encuentra ahora la puerta y el frente de la UR II https://t.co/2VzSiJpOGh pic.twitter.com/JIm8kOYFLu

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, se refirió al caso del policía que intentó quitarse la vida en la Jefatura de la Unidad Regional II de Rosario y reflexionó que “hay problemas estructurales que no tienen una respuesta asistencial”.

El funcionario habló acerca de lo ocurrido este lunes en el edificio policial, cuando un efectivo del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI) que está de licencia por carpeta psiquiátrica se autolesionó en la cabeza con el arma reglamentaria de una colega. El hombre está internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) en grave estado.

En este contexto, Cococcioni  subrayó: “Cuando ocurre un hecho de estas características siempre se pone en análisis cómo se trabaja la salud mental del empleado policial. Hay problemas más estructurales que no tienen una respuesta asistencial”.

Luego, confirmó que hay  560 policías en Santa Fe bajo seguimiento psicológico y destacó que “se avanzó en convenios con las áreas de salud y hoy tienen tratamiento sin copago de Iapos”. 

Por otro lado, señaló: "Hay cerca de 460 empleados que han abandonado tratamiento voluntario y obviamente se evalúa para mantener o no el estado policial y la portación de arma, porque tenemos que pensar en su bienestar pero también en la seguridad de la sociedad, porque son ellos los que tienen que salir a cuidar a la gente”.

A su vez, el funcionario abordó la problemática del desarraigo de los efectivos que trabajan a muchos kilómetros de su hogar y mencionó. “La provincia recluta en el norte y tiene puestos que cubrir en el sur. Lo estamos abordando poniendo cupos geográficos, porque veníamos de años en donde casi el 80 por ciento del personal provenía de los tres departamentos del norte”.

En la misma línea, Cococcioni consideró que  “a la larga estas cosas se pagan” y reflexionó: “Cuando la gran mayoría del contingente policial cumple servicio a costa de un traslado muy largo con un desarraigo personal y familiar, tiene una repercusión y no admite una solución inmediata”.

Tras ser consultado por la hipótesis de que el salario es una variable que entra en juego en estas situaciones, mencionó: “Hay un ingreso inicial al que se le suman suplementos para los que hacen tareas en las calles. La mejora salarial llega con la antigüedad y con el ascenso. Cuestiones puntuales que hemos relevado se relaciones con situaciones personales, familiares o deudas que no están atadas al parámetro general de la remuneración". Además, puntualizó: "No juzgamos que la remuneración, que siempre se puede mejorar, pueda ser el detonante de alguno de estos episodios".

No obstante, analizó que los casos de autolesiones “son eventos multicausales” y “no obedecen a la inactivación o no de un protocolo”, ya que “hay aspectos personales” de por medio. También detalló que hubo personal que fue dado de alta y pudo continuar ejerciendo sus  tareas. 

Tres jóvenes de entre 19 y 21 años fueron detenidos en las últimas horas sospechados de haber protagonizado un escruche en la casa de dos policías en la zona noroeste de Rosario, de donde robaron las armas reglamentarias de los uniformados, entre otros elementos.

El episodio fue descubierto alrededor de las 17:00, cuando uno de los agentes reportó que ladrones habían ingresado a su vivienda ubicada en Tucumán y Barra y le sustrajeron pertenencias, incluyendo dos Bersa PTR calibre 9 milímetros.

Horas más tarde, a la medianoche, un testigo se presentó en la Comisaría 12ª y advirtió que había un grupo armado en las vías del tren y Magallanes. La Policía de Acción Táctica (PAT) llegó al lugar y se produjo una persecución a pie que terminó en el interior de un domicilio. 

Fueron aprehendidos con una de las armas reglamentarias robadas Walter V. (19), Walter Agustín T. (19) y Cintia Alejandra V. (21).  Otro joven logró escapar. 

 Los dos policías involucrados en la liberación del prófugo Jonathan “Cachorra” Creciente, sindicado como vendedor de drogas de barrio Tablada, en la Comisaría 15ª de zona sur fueron imputados este jueves y quedaron en libertad tras el pago de una fianza. Están acusados de haber realizado una falsa consulta al Ministerio Público de la Acusación (MPA) e intentado archivar el procedimiento de detención del prófugo. 

La audiencia tuvo lugar en el Centro de Justicia Penal de Rosario, donde Carlos G. (43) y Marisol P. (39) acordaron ante el juez Jorge Gasparini el pago de una fianza y el cumplimiento de reglas para colaborar con la causa.

De acuerdo a la versión expuesta por la fiscal Karina Bartocci, todo ocurrió este lunes a las 2:14 en la seccional policial de Sarmiento al 4300, poco tiempo después de la detención de Creciente, de 39 años, en Uriburu y Hertz con pedido de captura por amenazas y abuso de armas.

Según la acusación, los imputados declararon en el sumario policial una consulta al MPA, que no sucedió y trataron que la detención de Creciente pasara inadvertida mediante diversas maniobras irregulares. Minutos más tarde, lo dejaron en libertad.  La funcionaria les adjudicó a los uniformados los delitos de facilitamiento de evasión dolosa, falsificación ideológica de documento público, agravado por ser funcionarios públicos e incumplimiento de sus deberes por omisión. Cachorra continúa siendo buscado por la Justicia. 

El episodio se produjo en la previa a la fuga de tres reclusos de la Comisaría 15ª. Se trató de Julián Ezequiel Aguirre, Maximiliano Raiti y Lisandro José Rolón.