Una agente policial y su pareja, un guardia de seguridad privada, fueron sentenciados a cinco años de prisión efectiva tras se hallados culpables de delitos vinculados a usura y extorsión. La investigación reveló cómo una víctima fue sometida a amenazas y violencia tras solicitar un préstamo de 300 mil pesos, el cual, en pocos meses, se transformó en una deuda de cuatro millones.

El juez Rafael Coria homologó el acuerdo alcanzado entre el fiscal José Luis Caterina y los abogados defensores Paula Ríos y David Villada. De esta manera, se confirmó la condena contra la suboficial Yasmila Arredondo, quien prestaba servicio en una comisaría de Villa Gobernador Gálvez, y su pareja, Damián Sosa.

La causa también involucra a otras dos personas bajo investigación: Tatiana Mársico y Rodrigo Muñoz. Mársico, prima de Cristian "Pupito" Avalle, integrante de la banda Los Monos, y Muñoz, vinculado a la barra brava del club Coronel Aguirre, fueron detenidos en septiembre de 2024 tras permanecer prófugos. Según la fiscalía, actuaban como "matones" de Arredondo y Sosa.

El hecho se originó en agosto de 2023 cuando la víctima, empleado de una carnicería, pidió prestados 300 mil pesos a Arredondo. Acordaron devolver 350 mil en cuotas, pero semanas después, la mujer exigió devolver 900 mil pesos. Posteriormente, la cifra fue reducida a 600 mil tras una "negociación" forzada.

A mediados de octubre, la situación se agravó. En la puerta de un banco, el hombre fue interceptado por una pareja en un Renault Clio, que lo obligó a subir al vehículo. Dentro, uno de los agresores le mostró un arma de fuego y le advirtió que la deuda había aumentado a cuatro millones. "Si no pagás, te matamos a vos y a tu familia", le dijeron. Antes de ser liberado, la víctima entregó 200 mil pesos, pero le exigieron que al día siguiente buscara el resto en bancos y mutuales.

Horas después, Arredondo, Sosa y los otros implicados irrumpieron en la casa del deudor, lo golpearon y lo subieron a un auto. Durante el trayecto, Muñoz amenazó con disparar si alguien denunciaba el hecho. Luego, lo llevaron a la vivienda de Arredondo en Rosario, donde lo golpearon reiteradamente y le mostraron armas blancas para intimidarlo. "Si no decís dónde hay plata, te cortamos los dedos", le advirtieron.

Mientras estuvo retenido, la víctima fue obligada a firmar documentos por cifras millonarias y se recopilaron datos de sus familiares a partir de la información extraída de su celular.

Tras ser liberado, el hombre denunció los hechos y un operativo policial se puso en marcha. El 20 de octubre de 2023, la Agencia de Control Policial capturó a Arredondo y Sosa frente a la casa de la víctima. Entre sus pertenencias se hallaron un bastón extensible, dos manoplas, un gas pimienta, un cuchillo y una libreta con datos de los familiares del denunciante.

Arredondo fue condenada a cinco años de prisión efectiva, siete años de inhabilitación especial y una multa de 40 mil pesos por los delitos de usura, lesiones leves, amenazas coactivas calificadas, privación ilegítima de la libertad agravada, suscripción extorsiva de documentos y robo calificado por el uso de arma de fuego, aunque no se probó su funcionamiento.

Sosa recibió la misma pena y multa, imputado por los mismos delitos. Mientras tanto, Mársico y Muñoz continúan bajo investigación a la espera de una resolución judicial.

Este jueves, en subcomisario de la Policía Federal Argentina (PFA) fue detenido bajo firmes sospechas de que obtenía dinero de coimas a detenidas y detenidos alojados en los calabozos de 9 de Julio al 233, la sede local de la División Unidad Operativa Federal (Duof).

El procedimiento estuvo a cargo de colegas de la misma fuerza, pero de la División Antidrogas, a pedido de la Fiscalía Federal Nº 2, a cargo de los fiscales Claudio Kishimoto y Franco Benetti.

De acuerdo a la información de Rosario3, de las celdas de la Duof, se incautaron seis teléfonos celulares; otro en poder del subcomisario, que hasta hace poco fue subjefe de la delegación, y otros tres en su escritorio.

Según trascendió, la sospecha de coimas quedó al descubierto en escuchas judicializadas que, si bien se surgen de otra causa, generaron una nueva investigación, por cohecho e incumplimiento de deberes de funcionario público.

En efecto, las fuentes, indicaron la existencia de una relación “basada en la entrega de dinero a cambio de un trato especial y el permiso de ingreso de teléfonos celulares”.

Vale señalar que de las escuchas judicializadas que un individuo identificado como «Viejo» o «Jefe» se reunía con familiares de las detenidas en la Plaza de Zeballos y Colón, donde recibía celulares a ingresar en la dependencia, a cambio de 20 mil pesos por interna.

Ahora, los detectives constataron que el “Viejo” o el “Jefe”, en realidad era un subcomisario que hasta hace poco se desempeñaba como subjefe de la División Operativa y en la actualidad, en Investigaciones Especiales.

El integrante de la fuerza federal fue detenido bajo firme sospecha de que ingresaba ilegalmente teléfonos celulares, entre otros elementos, a cambio de pagos por ese “servicio”.

Una suboficial de la Policía de Santa Fe y su pareja, fueron imputados este lunes por haber entregado un préstamo informal a tasa usuraria a un joven al que luego secuestraron, amenazaron y golpearon ante atrasos en los pagos.

Yasmila Nahil Arredondo (28 años), que prestaba servicios en la comisaría 26ª de Villa Gobernador Gálvez (actualmente con carpeta médica), y Damián Ezequiel Sosa (22), terminaron detenidos el viernes pasado en la puerta de la casa de la víctima con dos manoplas con nudillos en punta, un bastón extensible, gas pimienta y un cuchillo táctico.

De la acusación del fiscal José Luis Caterina de la Agencia de Criminalidad Organizada, surge que en agosto pasado la suboficial le prestó 300 mil pesos al empleado de una carnicería de VGG, donde la agente hacía adicionales. Según relató la víctima en su primera denuncia hecha el miércoles de la semana pasada ante la Agencia de Control Policial, habían acordado que devolvería 350 mil pesos en varios desembolsos.

En tanto, la víctima declaró en la causa que, en septiembre, luego de haber recibido el crédito informal, Arredondo le envió un mensaje de texto vía Whatsapp en el que le decía que la deuda había ascendido a 900 mil pesos. Además, según la imputación, la policía le sugirió que si no pagaba la iba a «pasar mal» y que ella podía hacerle «romper las piernas» por otras personas. Tras una especie de negociación, el monto de la deuda quedó en 600 mil pesos.

Sin embargo, el miércoles de la semana pasada, día previo al acordado para realizar uno de los desembolsos, un hombre y una mujer que se desplazaban en un Renault Clio abordaron al joven en la puerta de un banco.

Le dijeron que venían de parte de la policía que le había prestado plata, y le dijeron que ahora debía 4 millones de pesos y añadió que en caso de no cancelar el total de la deuda, ellos, “que eran de Los Monos”, iban a matarlo a él o a alguno de sus familiares. La víctima declaró que entregó 200 mil pesos.

Según el fiscal, la mujer que manejaba el Clio, era Tatiana Josefina Mársico, prima de Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, un preso de la cárcel de Ezeiza que en varias investigaciones figura como la presunta segunda línea de Los Monos. Y quien iba como acompañante y amenazó con una pistola a la víctima era Rodrigo Emanuel Muñoz, un sospechoso que frecuenta la cancha del club Coronel Aguirre de Villa Gobernador Gálvez, donde opera la presunta banda de “Pupito”. Para ambos, Caterina ordenó un pedido de captura.

De acuerdo a la acusación, el jueves de la semana pasada, Arredondo, su novio Damián Sosa, Tatiana Mársico, Rodrigo Muñoz y otros dos sospechosos fueron hasta la casa del deudor, y lo obligaron a subir a un auto. El fiscal enfatizó que la víctima fue trasladada hasta la casa de la suboficial Arredondo, ubicada en Pueyrredón al 6100, en la zona sur de Rosario, donde le dieron golpes en la cara, en el cuello y le mostraron un bastón extensible, dos manoplas y una navaja.

Según la imputación, en un momento, Muñoz tomó la navaja y exigió al empleado de la carnicería que dijera dónde podían buscar plata. Además, mientras lo tenían retenido contra su voluntad, le sacaron el celular y extrajeron datos de sus familiares, que fueron anotados en una libreta que estaba en el domicilio de la suboficial.

Ni bien fue liberada, la víctima denunció por segunda vez la situación y allí médicos policiales constataron las lesiones que tenía en el rostro y en el cuello como consecuencia de la paliza.

Con la información de las dos denuncias, el fiscal Caterina ordenó un operativo a la Agencia de Control Policial en inmediaciones del domicilio de la víctima, donde finalmente fueron detenidos Arredondo y Sosa.

Allí secuestraron un bastón extensible, dos manoplas, un gas pimienta, un cuchillo táctico, papeles tipo cheques firmados por la víctima al realizar pagos y la libreta que contenía los datos de familiares del joven.

Vale señalar que la Fiscalía expuso que entre los días 6 y 17 de octubre, la propia Yasmila Arredondo denunció en tres ocasiones por “estafa” a la víctima. En esas presentaciones, justamente, se daba cuenta de que la pareja pretendía exigir la suma de 900 mil pesos (como si ese monto hubiera sido la deuda original) en lugar de 300 mil.

Tras escuchar la imputación del fiscal Caterina y los planteos de la Defensa, el juez Facundo Becerra ordenó la prisión preventiva efectiva por 120 días para los dos acusados.

Un policía resultó detenido este viernes tras ser sospechado de compartir un vínculo con una organización narcocriminal de zona noroeste. El procedimiento de la Agencia de Control Policial (ex Asuntos Internos) tuvo lugar a instancias de la madrugada en la Subcomisaría 21ª, ubicada en Ayala Gauna al 7900.

Según las primeras informaciones, el suboficial de la Unidad Regional II de Rosario fue aprehendido por orden de la fiscal interviniente, Viviana O’Connell, a raíz de una denuncia de un ciudadano por incumplimiento de deberes.

El testigo afirmó que el detenido recibía coimas, las cuales retiraba en un búnker de zona noroeste, para dejar actuar a una banda que comercializa estupefacientes. A raíz de la detención, el personal policial le secuestró los teléfonos celulares al sospechoso, quien opuso resistencia a la determinación.

En marco de la investigación por el homicidio de Jonatan Noguera, ocurrido el 16 de julio, en paraje Los Zapallos, fue imputado el efectivo policial Juan Antonio M.

Dentro de las diversas medidas probatorias, llevadas a cabo por personal de la Delegación Zona Centro Norte de la Unidad Especial de Asuntos Internos, Agencia de Control Policial al alcance, se dispuso el cotejo de muestras testigos del registro balístico del arma reglamentaria provista al empleado policial procesado, con las evidencias balísticas recolectadas de la escena del hecho.

Vale señalar que el trabajo realizado por personal de la División Criminalística y Pericias de esta Unidad, arrojó resultado positivo, hecho que derivó en una serie de allanamientos simultáneos en las localidades de Arroyo Leyes y Esperanza, el pasado 5 de agosto.

Posteriormente, el 20 de octubre se procedió al secuestro del arma reglamentaria del uniformado acusado, la cual se peritó a fines de establecer sus condiciones mecánicas, estado de conservación, y si la misma ha disparado las evidencias balísticas recolectadas de la escena del hecho, arrojando el trabajo pericial también resultado positivo, ratificando así las tareas efectuadas en primer momento con el Registro Balístico.

Este viernes fue detenido e incomunicado Emanuel Jesús P. mientras éste se encontraba prestando servicios policiales en la localidad de Nelson, en el marco de la investigación llevada a cabo por la Dra. Marisol Fabbro. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Delegación Centro Norte de la Agencia Control Policial.

La medida judicial obedeció en que el aprehendido, valiéndose de su condición de policía, habría proporcionado información sensible a Noel «Negro» González, (actualmente detenido), quién sería el ideólogo en planificar y premeditar un homicidio contra su ex pareja. Asimismo, cuenta en su haber con un frondoso prontuario delictivo.

Asimismo, en las pesquisas, consta que, a su vez, el «Negro» González, a cambio de una suma de dinero, le habría encargado el homicidio en un contexto de violencia de género a Gerardo Nestor “Nutria» Fernández, detenido el día de ayer en Villa Gobernador Gálvez e imputado en calidad de autor del delito primigenio (Homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa en calidad de autor).

Cabe señalar, que la responsabilidad penal que se le atribuye al efectivo policial, se originó mientras desempeñaba funciones en la Policía De Acción Táctica (PAT), en la Unidad Operativa Nro. 4 de Rosario.

Tanto Emanuel Jesús P., como Fernández, serán imputados formalmente ante la audiencia de debate a desarrollarse el próximo sábado.

Un sub oficial de la Policía fue detenido en la madrugada de este martes por una balacera en la zona centro de Rosario. Un uniformado que se encontraba en el lugar realizando tareas escuchó detonaciones de arma de fuego y de inmediato observó huir a un hombre que fue detenido y al momento de ser identificado se percataron que se trataba de un agente policial.

Sucedió alrededor de la 1 cuando un sub inspector estaba realizando tareas de policía adicional en la estación del ferrocarril en Alem y 27 de Febrero. Allí fue cuando oyó varios disparos y vio a un sujeto que salió corriendo, por lo que lo persiguió y logró detenerlo. Se trataba de Rubén S., sub oficial de la Policía de Acción Táctica en servicio activo.

Por orden de la fiscal de Flagrancia en turno, Dra. Raquel Almada, se trasladó el procedimiento. También secuestraron un arma de fuego marca Bersa Tunder calibre 9 milímetros.

Un policía fue detenido por pedir una coima a un motociclista en un control que se llevaba a cabo este jueves por la tarde en Circunvalación oeste y Baigorria. Un hombre, que iba a junto a su esposa a bordo del rodado, no tenía la documentación correspondiente, por lo que el agente le pidió 1.000 pesos para poder superar el inconveniente. Tras realizar la denuncia, detuvieron al uniformado.

El particular hecho sucedió este jueves por la mañana cuando el matrimonio a bordo de su motocicleta fue detenido por un control policial. Les pidieron la documentación del vehículo y cuando la entregaron les dijeron que faltaban algunos papeles. De todos modos, uno de los agentes les dijo que se podía solucionar con 1.000 pesos. Cuando el hombre que manejaba la moto afirmó que no tenía esa suma consigo, le retuvieron el DNI, regresó a su casa por el dinero y se los dio. Les devolvieron los documentos y siguieron camino.

Alrededor de las 17 las víctimas se dieron cuenta que les faltaba documentación por lo que se dirigieron a la sub comisaría 2da para radicar la denuncia. Cuando ingresan, reconocen al policía que les pidió la coima y les retuvo sus papeles. Por lo tanto, se procedió a la detención del sub oficial de la fuerza, por el delito de exacciones ilegales. Con respecto al resto del personal, no se adoptaron mediadas, se les tomó fotos, se realizó informe ambiental y se les secuestró su teléfono celular.