El ámbito judicial se encuentra afectado este viernes en Rosario debido a un paro de 24 horas. No obstante, hay guardias mínimas en los Tribunales Federales.

Se trata de una medida de fuerza impulsada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), en reclamo de mejoras salariales y laborales. En este contexto, las dependencias locales afines a la entidad gremial se adhirieron.

Los Tribunales Federales de bulevar Oroño al 900 y Entre Ríos al 400 funcionarán bajo un esquema de guardias mínimas hasta la finalización de la medida, con atención restringida.

Es la tercera vez en menos de dos meses que se lleva a cabo un paro de la misma magnitud en el sector.

Empleados judiciales confirmaron un nuevo paro en todo el país para este viernes contra las políticas económicas del Gobierno nacional.

Se trata de una medida de fuerza por 24 horas que se llevará a cabo este 17 de octubre por decisión de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) bajo la consigna “por el salario, contra el traspaso y en defensa del sistema jubilatorio".

La seccional regional del sindicato en la provincia adhirió a la iniciativa y ratificó que los Tribunales Federales locales de ciudades como Rosario y Santa Fe se verán afectados al cese de actividades.

La UEJN, liderada por Julio Piumato,  protestará por las condiciones salariales y la “constante amenaza a la independencia del Poder Judicial” por parte de la gestión del presidente Javier Milei.

En este sentido, desde el sector aseguran que, desde la asunción del mandatario en el Ejecutivo nacional, los salarios decayeron un 29,2 por ciento. Además, consideraron que necesitan recuperar poder adquisitivo que perdieron por la inflación de este año y reclamaron por el rechazo a los últimos pedidos de aumentos.

Por otro lado, los trabajadores judiciales insisten con su reclamo por el traspaso de la Justicia Nacional a la ciudad de Buenos Aires y contra los proyectos de ley que atentan contra las jubilaciones.

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) profundizará esta semana su plan de lucha sindical con nuevas medidas en todo el país. En Rosario, se realizará un "apagón informático" este miércoles desde las 10 de la mañana, mientras que el viernes 13 se concretará un paro nacional de 24 horas.

La protesta, encabezada por el gremio que lidera Julio Piumato, busca visibilizar lo que señalan ocmo un fuerte deterioro del salario desde la asunción del gobierno de Javier Milei. Según la UEJN, los trabajadores del sector judicial perdieron un 32% de poder adquisitivo como consecuencia del ajuste realizado.

"El conflicto no cesa porque el ajuste es real y lo sufrimos todos los días. Con destacable dignidad, continuamos en la defensa del salario, la lucha contra el traspaso y la defensa del sistema jubilatorio", señalaron desde el gremio en un comunicado reciente.

En Rosario, el apagón informático afectará el normal funcionamiento de los sistemas digitales en los tribunales, dificultando tareas administrativas y procesales. La ciudad se suma así a otras jurisdicciones del interior que llevarán adelante medidas similares según sus situaciones locales.

El paro del viernes se suma a las movilizaciones de este lunes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde trabajadores judiciales se concentraron frente a la Cámara Nacional del Trabajo.

La Unión de Empleados de la Justicia (UEJN) realizará este viernes un nuevo paro de 24 horas en todo el país, en el marco de una continuidad del plan de lucha que lleva adelante el gremio en reclamo de una mejora salarial y el rechazo del traspaso de la Justicia nacional al ámbito porteño.

En Rosario, la seccional local ya confirmó su adhesión a la medida de fuerza y anticipó que el paro tendrá "fuerte impacto" en la actividad de la Justicia federal. Las principales dependencias afectadas serán los tribunales de bulevar Oroño al 900 y los de calle Entre Ríos al 400.

“El viernes paramos 24 horas por el salario, contra el traspaso y en defensa del sistema jubilatorio”, ratificó la conducción nacional del gremio, encabezada por Julio Piumato, a través de sus redes sociales.

La nueva medida de fuerza se definió pese a que la Corte Suprema de Justicia resolvió esta semana otorgar una suba salarial del 2,5% con retroactividad al 1° de marzo. Sin embargo, desde el sindicato calificaron el aumento como insuficiente.  “Lo otorgado no es lo solicitado, seguimos perdiendo contra la inflación, por eso ratificamos el paro dispuesto para este viernes 23 de mayo”, expresaron en un comunicado.

La protesta de este viernes se suma a las acciones que se llevaron adelante semanas anteriores. Vale recordar que el viernes pasado hubo un paro total, y este miércoles la UEJN organizó un "banderazo nacional" con cese de actividades de 10 a 12:30 en los tribunales del país. Algunas seccionales del interior, además, realizaron un "apagón informático".

Piumato advirtió que la "pérdida salarial no se detiene" y volvió a criticar el impacto que está generando la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal: "Ya está golpeando a la Justicia en varias partes de nuestro territorio".

En este sentido, el gremialista subrayó su oposición al traspaso de competencias judiciales desde Nación a la Ciudad de Buenos Aires. "El traspaso sigue siendo una 'espada de Damocles' sobre fueros enteros de la Ciudad", destacó. 

Este viernes los trabajadores judiciales nucleados en la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) realizarán un paro nacional en reclamo de mejoras salariales y en rechazo a reformas impulsadas en el sistema judicial. La medida afectará la actividad en los Tribunales Federales de Rosario, donde se prevé una alta adhesión por parte del personal sindicalizado.

El eje central del conflicto gira en torno a las negociaciones paritarias. Desde el gremio sostienen que el poder adquisitivo de los empleados judiciales cayó un 31,26% en comparación con la inflación acumulada. El último ofrecimiento oficial, que contempla apenas un 2% de incremento retroactivo a febrero, fue considerado insuficiente por la conducción sindical.

Además, la UEJN manifestó su oposición al proyecto de traspaso de sectores de la Justicia nacional a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al advertir que ese proceso podría alterar las condiciones laborales de miles de trabajadores.

Otro punto de tensión es la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal. Según el sindicato, la reforma se está llevando adelante sin una planificación adecuada, lo que podría comprometer su funcionamiento y generar mayor presión sobre el personal.

Como antesala de la jornada de paro, este jueves se realizará un "banderazo" en distintas sedes judiciales del país, una modalidad habitual con la que la UEJN visibiliza sus reclamos.

Uno de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, denunció este viernes que en el máximo tribunal de justicia “se han creado oficinas sin sentido y cargos como nunca hubo” desde que el Gobierno anunció su intención de impulsar a dos nuevos jueces para completar al Poder Judicial, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. 

Sus declaraciones las hizo en el marco de la designación de Juan Pablo Lahitou como flamante Secretario de Desarrollo Institucional y la delegación de facultades de los magistrados de la corte al Secretario General del Cuerpo. Ambas resoluciones las firmó en disidencia. 

A través de un comunicado, expresó: “Desde que se anunció la nominación de dos nuevos jueces, se han creado cantidades increíbles de oficinas sin sentido, cargos de secretarios de Corte como nunca hubo en el Tribunal, secretarios letrados, acordadas para poner en cabeza de otros funcionarios decisiones de superintendencia que corresponden a los jueces de la Corte”. 

Dicha fijación de reglas generales, continuó, tienen el objetivo de que las "causas sean juzgadas por conjueces, presiones a los secretarios de Corte para que se jubilen, y designaciones de personas sin concurso ni experiencia con la sola prueba de la vinculación con algún ministro y otras más que se enunciarán en considerandos posteriores”. 

En ese sentido, afirmó que la “ambición desmedida” de la Corte implicó “que no sólo hubo un aumento de gasto, sino una pérdida de ingresos”. 

“Hubo un abandono total de los fondos anticíclicos, sin gestión alguna, que han perdido valor y que, seguramente afectará el funcionamiento, con las consiguientes responsabilidades”, señaló. 

Luego, afirmó que la implementación de esas medidas se constituyeron como “una falta de respeto a la sociedad, que ha reclamado austeridad en el Estado y es una falta de respeto al resto del Poder Judicial, que carece de los recursos necesarios para brindar un adecuado servicio de justicia a la población”. 

"Es evidente que se trata no sólo de un fin de año, sino de un fin de ciclo, y es relevante que la sociedad conozca las posiciones en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, aseguró. 

Por otro lado, apuntó contra los otros magistrados, y comunicó que se dictaron nuevas medidas que afectan a las facultades de los mismos “en materia de sentencias judiciales y de superintendencia, lo que no ha sucedido en toda la historia del Tribunal”. 

"La acordada referida a los conjueces, tiene la misión de que muchos casos no sean resueltos por los jueces del Tribunal, sino por otros jueces; es algo que nunca existió en toda la historia del Tribunal. Afectará la seguridad jurídica de los precedentes, porque al cambiar los conjueces, cambiarán los precedentes, y además, motivará presentaciones de nulidades”, consignó. 

Por último, concluyó: “La acordada referida a la delegación de funciones en la administración, permitirá que el administrador dialogue con jueces y juezas, funcionarios y funcionarias, otorgando o negando cuestiones relevantes, lo cual no sólo es llamativo, sino que nunca se hizo en la historia de la Corte”, continuó.

El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Santa Fe levantó el paro de 48 horas que había comenzado este miércoles y continuaría durante todo el jueves, debido a que la Corte Suprema de Justicia confirmó la firma de los decretos que contemplan el nombramiento de 382 nuevos empleados judiciales.

En este sentido, el motivo de la medida de fuerza era justamente reclamar al gobierno provincial la designación de cargos, promociones y ascensos dentro del ámbito judicial.

“La Corte nos informó que llegaron los decretos. Suspendemos el plan de lucha y mañana jueves trabajamos con normalidad”, manifestaron desde el gremio.

De acuerdo a la información, serán 191 nuevos trabajadores para la zona norte y 191 para la zona sur, que jurarán entre el viernes 6 y el lunes 9 de diciembre. 

Además, el sindicato señaló que la propia Corte Suprema de Justicia confirmó el compromiso por parte del Poder Ejecutivo, "de seguir firmando los decretos pendientes durante diciembre”.

Cabe destacar que también quedó suspendida la medida de fuerza prevista para los días 11 y 12 de diciembre, que contemplaba un nuevo paro de 48 horas con movilización.

Los trabajadores judiciales levantarán todas las medidas de fuerza previstas para los próximas semanas luego de que la provincia aceptara firmar los decretos de ingreso, promoción, y ascenso de personal antes de que comience el mes de diciembre. 

La medida se acordó luego de el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, se reuniera con funcionarios provinciales. 

En ese marco, el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia de Santa Fe, emitieron un comunicado de prensa en el confirmaron la suspensión de las medidas de manera momentanea hasta que el Ejecutivo cumpla con su propuesta. 

En ese sentido, se declaran en estado de Alerta y Movilización y precisaron que apelan “a la sensatez, a la cordura y a que el diálogo sea el camino para normalizar el Poder Judicial y respetar su independencia y régimen salarial”. 

El Ejecutivo provincial mediante la Fiscalía de Estado santafesina apeló al fallo que dio lugar a un amparo presentado por jueces jubilados y cónyuges de magistrados fallecidos contra la reforma previsional aprobada en la Legislatura. 

El fallo había sido dispuesto por la jueza laboral Silvana Quagliatti, pero el gobierno de Santa Fe califcó la medida de arbitraria. 

Desde la administración oficialista de la provincia, a su vez, se mostraron en desacuerdo con que la reforma previsional implique una pérdida de patrimonio o derechos, según dictaminó el fallo.

En ese sentido, afirman que los arguementos para dar lugar al amparo son de miramientos más políticos que jurídicos, puesto que, no se hizo un análisis social o económica de la reforma jubilatoria. 

La disposición de Quagliatti suspendió el pago del aporte solidario y el tope de haberes dispuesto en la norma aprobada en septiembre del 2024. 

La Justicia laboral de Rosario aceptó un amparo presentado la semana pasada por 18 magistrados jubilados y cónyuges de jueces fallecidos de la Provincia de Santa fe contra la ley de Emergencia Previsional. De esta manera, la norma queda sin efecto para los demandantes. Desde la Provincia indicaron que apelarán al fallo.

La jueza que emitió la resolución es Silvana Laura Guagliatti, de la Octava Nominación. Los reclamantes solicitaban que no se les apliquen los descuentos por aporte solidario en sus haberes previsionales y que se les devuelvan los aportes ya realizados.

De la misma manera, el reclamo pedía dejar sin efecto el tope de 20 jubilaciones mínimas al considerar la inaplicabilidad e inconstitucionalidad del artículo 9 de la ley 14.283, de manera que se mantenga la movilidad en los haberes jubilatorios. 

Además de este caso, conocido como Barbero y otros, esta semana se presentaron en la Justicia otros dos amparos colectivos patrocinados por el mismo estudio jurídico.

En el fallo, la jueza sostuvo: "Considero que la acción de amparo instaurada resulta admisible, toda vez que formulado tal test de selección, se advierten reunidos los requisitos enunciados. La afectación que se denuncia, con la urgencia que ello amerita, y dada la lesión potencial de derechos de trascendencia tal como son aquellos que hacen a la Seguridad Social, su libre ejercicio constitucionalmente reconocido y jerarquizado por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, determina la admisibilidad de la acción de amparo, siendo la vía idónea para sustanciar el debate"

En esa misma línea, agregó: “Los haberes jubilatorios son derechos adquiridos por los amparistas, quienes planificaron su vida y su situación económica futura en función de ellos, confiando legítimamente en la estabilidad de las normativas vigentes al momento de su jubilación. La modificación sustancial de estos haberes mediante una reforma normativa que no respeta los principios de progresividad y no regresividad, representa una lesión a la confianza legítima de los afectados”.

Por su parte, la Provincia ya prepara la apelación y sus argumentos se basan en que se trata de una ley válida cuya aplicación no reviste ninguna ilegalidad. En este sentido, señalan que las medidas tomadas se justifican dada la crisis del sistema previsional y no serían susceptibles de revisión judicial. Asimismo, afirman que la norma no afectan a los derechos de los jubilados y pensionados.

Los Trabajadores Judiciales concluyeron la primera parte del paro entre miércoles y jueves anunciado el martes, con una concentración y corte de calle frente a los Tribunales. En tanto, este jueves la medida vuelve a recobrar fuerzas con un paro sin acudir a los lugares de trabajo. 

En ese marco, el presidente del Colegio de Abogados, Lucas Galdeano, pidió que cese el conflicto entre el gremio y el Ejecutivo provincial porque “en medio del fuego cruzado quedó la gente” por la cancelación y reprogramación de audiencias. 

Al aire de una entrevista en Radio Mitre Rosario, por el programa de El Puente, Galdeano expresó: “Es un escenario de fuerte conflictividad que afecta seriamente el servicio. La Federación Santafesina incluso pensó en solicitar el levantamiento del paro del día de mañana, teniendo en cuenta que ya se concretó el pago de retroactivos”. 

En ese sentido, estableció que en un principio el reclamo era totalmente compensible: “Si bien nunca compartimos el paro como medida, uno llegaba a entender el reclamo". No obstante, “cuando ya cobraron, se justifica el levantamiento de la medida”. 

Por las sucesivas medidas de fuerza, Galdeano explicó como se ve afectado el sistema: “La ciudadanía tiene una demanda de productividad enorme que no da abasto y que de repente se ve obligada a parar porque todos los días se está paralizando". 

“El servicio de Justicia funciona al límite de su capacidad, por lo que cuando se paraliza se resienten mucho las actividades. Las audiencias cuestan mucho ser reprogramadas, y más cuando hay algunas que ya fueron fechadas hace un año”, agregó. 

En la misma línea, profundizó: “Esto genera complicaciones muy gravosas para la ciudadanía que es el destinatario final del servicio. Si bien el paro no fue total, fue parcial, hubo suspensiones de término y las audiencias se reprograman para el día siguente, pero mañana hay paro total”. 

Por último, ahondó acerca de los posibles escenarios que se podrían generar como alternativa a la salida del conflicto: “Ni el paro conduce a una resolución de conflicto, porque es una postura que ya se fijo en medidas de fuerza anteriores, ni necesariamente significa una solucióm que el Ejecutivo dialogue con el Judicial”. 

“Lo que planteamos desde abogacía es que el escenario debe parar, porque en el fuego cruzado quedó la gente”, concluyó. 

Este miércoles el gobierno Nacional anunció el envío de 150 pliegos al Senado, con el objetivo de cubrir las vacantes en el Poder Judicial. La medida incluye nombramientos de jueces, fiscales y defensores en todo el país.

El anuncio lo realizó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa donde estuvo acompañado del secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quién sostuvo que la administración actual heredó un déficit del 30% en cargos de jueces y un 50% en fiscales. "Esto hacía imposible que el sistema funcionara correctamente. Es como jugar un partido de fútbol con tres jugadores menos”, sostuvo el funcionario. 

En este sentido, el secretario de Justicia señaló: "Desde el inicio de esta gestión, el Gobierno del Presidente Javier Milei estableció como prioridad la designación de jueces idóneos para cubrir las vacantes que hoy existen en todo el país. Heredamos un país con todas las instituciones destruidas y la justicia no es una excepción”.

En esa misma línea, remarcó: "Con esta medida inédita, el gobierno se animó a meterse donde otros hicieron la vista gorda. Los 150 pliegos enviados superan la cantidad que se envió durante el primer año de los mandatos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri”.

Amerio aseguró que “esto le cambia la vida a la gente porque los jueces son los que meten presos a los delincuentes” y resaltó: ”Para que el que comete un delito vaya preso, necesitamos que haya un juez para condenarlo. Para que el que incumple un contrato pague las consecuencias, necesitamos que haya un juez dictando sentencia. Para que un proceso de adopción llegue a que un niño encuentre una familia, necesitamos un juez que lleve adelante el proceso”.

En este punto, el secretario de Justicia hizo hincapié en que "hay tribunales donde se juzgan delitos ordinarios como robos, hurtos y violaciones, y están sin juez desde el año 2018".

Por otra parte, el funcionario destacó que todos los candidatos a jueces enviados al Senado pasaron previamente por "una selección que realiza el Consejo de la Magistratura en la que se juzga su idoneidad para ocupar el cargo”.

Amerio se refirió a que ahora la aprobación de estos jueces requerirá de la aprobación del Senado, lo que implica “el acuerdo de los distintos partidos políticos que conviven en esa Cámara y en la que el partido del Poder Ejecutivo es minoría”.

En este sentido, concluyó: "Esperamos por parte del resto de los partidos que se tomen este proceso con responsabilidad, ya que no se trata de sacar ventajas políticas sino de tener un Poder Judicial con las herramientas y los recursos necesarios para resolver los problemas de la gente”. 

Trabajadores judiciales impulsaron, tras reunirse en una asamblea este martes, un paro para este miércoles y jueves. 

Desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales provincial llevan adelante la medida de fuerza por la falta de detalles en el pago de retroactivos y los ingresos al Poder Judicial.

El paro del miércoles será con asistencia a los lugares de trabajo, por lo que se desarrollara de 9 a 13 y a la tarde, a partir del fichaje de ingreso durante cuatro horas. 

En tanto, el cese de actividades del jueves será sin asistencia a los lugares de trabajo.

Autoridades del gobierno de Santa Fe se reunieron en la Casa Gris con el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA) María Cecilia Vranicich y anunciaron que pagarán los retroactivos que adeudan a empleados judiciales. 

En ese marco, el ministro de Gobierno e Innovación Pública santafesino, Fabián Bastía, reafirmó el compromiso de la provincia en pagar el retroactivo a los trabajadores y calificó a la reunión con el MPA como “muy valiosa”. 

No obstante, criticó a la Corte Suprema de Justicia por el manejo de los fondos presupuestarios: “Estos problemas tienen mucho que ver con lo que hemos dicho en muchas oportunidades sobre el manejo discrecional, desajustado y de manera ligera del presupuesto, lo que hizo que se quedaran sin fondos”. 

A su turno, el ministro de Economía, Pablo Olivares, detalló que la administración de Pullaro analiza un refuerzo presupuestario “que es del orden de los 5.200 millones de pesos para que el judicial pueda pagar las diferencias retroactivas”. 

En ese sentido, especificó que el decreto de ampliación de fondos estará listo entre esta semana y la que viene, por lo que los pagos podrían abonarse “en la primera quincena de noviembre”. 

Por otro lado, Bastía se refirió a los nuevos ingresos dentro del Poder Judicia y aseguró que analizarán caso por caso. 

“Se discutió el tema de los ingresos pendientes al MPA y la Justicia, pues está claro que el conjunto de los trabajadores judiciales tienen el mismo tratamiento”, precisó

Por último, concluyó: “Asimismo se revisará todo lo relacionado a los concursos y ascensos automáticos, por lo que son distintas las circunstancias en cada uno de ellos, y hay que analizarlas caso por caso”. 

El proyecto presentado por el Gobierno nacional referido a la posibilidad de divorciarse a través de un trámite administrativo, sin necesidad de acudir a la justicia, generó rechazo en distintos colegios de abogados del país.

“Nosotros consideramos que esta opción atenta contra la seguridad jurídica de la ciudadanía, porque sustrae del foro de familia al divorcio, vulnerando al principio de progresividad y no regresividad que pruebe la Convención Americana de Derechos Humanos y también el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos", manifestó la vicepresidenta del Colegio de Abogados de Rosario, Valeria Argüello, en una entrevista realizada en el programa El Puente, que se emite por Radio Mitre Rosario. 

En este sentido, Argüello sostuvo que desde el Colegio de Abogados creen que esta decisión “atenta contra el espíritu del propio Código Civil y Comercial de la Nación” que se sancionó en el 2015 y se centra en la mirada integral de la familia. “El código del 2015 permite iniciar de forma unilateral o conjunta el divorcio, acompañando a una propuesta reguladora para incluir un régimen alimentario de hijos menores de edad o mayores que se encuentran capacitándose, y en relación a los incapaces. Es decir se pone el ojo en las personas vulnerables.”, señaló.

En esa misma línea, agregó: “El mecanismo que establece el Código es virtuoso y el planteo que está haciendo el Gobierno a través de este proyecto va a terminar elevando la conflictividad porque vas a tener que ir al Tribunal a hacer, por ejemplo, el reclamo de alimentos o del régimen de comunicación”.

Asimismo, la vicepresidenta del Colegio de Abogados hizo hincapié en la importancia no solo del asesoramiento letrado, sino de la intervención de un juez ante un trámite de divorcio. “El juez en materia de familia, través de una mirada integradora, va a analizar la situación en su conjunto y no va a ver solo un compartimento estanco que sería el divorcio”. 

En este punto, remarcó que el sistema actual protege principalmente a las personas más vulnerables dentro de una familia, como los hijos menores de edad o quienes se ven mas perjudicados económicamente tras una separación. 

Por otro lado, Argüello refutó la postura del Gobierno sobre la supuesta reducción de costos que traería el nuevo trámite. “Lo barato sale caro, porque en realidad vas a tener que iniciar todos esos expedientes por separado y tampoco va a haber una achicamiento de plazos porque igualmente vas a tener que recurrir a la vía judicial para poder reclamar estos derechos”, expresó. 

Del mismo modo, la referente de los letradas sostuvo que el proceso judicial del divorcio, en el caso de que no existan complejidades, es un trámite muy acotado y que la mirada debe ponerse no en el tiempo que dure el proceso, sino en la calidad. “Lo importante es como se va a resolver una situación familiar puntual, porque si están involucrados a los hijos, por ejemplo, el juez tiene que tener una mirada puesta en el interés superior del niño que, obviamente, no va a tener el funcionario del Registro Civil. Esto no podes pensarlo en términos de tiempo porque va a depender de la situación particular del caso”, aseveró. 

Los jueces Hernán Postma, Alejandro Negroni y Mariano Aliau autorizaron a que se abra el celular del fiscal, suspendido por un plazo de cuatro meses, Matías Edery. El funcionario está sospechado de haber tenido una relación impropia con Mariana Ortigala, ligada a Los Monos, quien fuera su informante. 

No obstante, sólo se podrán estudiar las conversaciones que tuvo con tres contactos específicos, entre los cuales figura Ortigala. 

Además, la decisión del tribunal permite que se examinen los chats con Lorena Córdoba, imputada por extorsionar al dueño de una agencia de quinielas; y con Natalia Salinas, sindicada como otra informante del fiscal, pero que fue asesinada en febrero de 2021.

También se registrará la galería del teléfono para examinar el material recibido sobre un hecho ocurrido el 16 de febrero. 

Por otra parte, los magistrados resolvieron que se revise el celular de una trabajadora de la Agencia de Criminalidad Organizada (AIC), debido a que se la señaló por tener contacto con Ortigala. 

La Justicia provincial resolvió dar fin al receso extraordinario en el Poder Judicial como consecuencia de la pandemia del coronavirus. La reactivación será este viernes y a partir del 29 de junio se reanudan las audiencias.

Tras más de 80 días sin actividad y varios reclamos por parte de los magistrados, la Corte resolvió ampliar las prestaciones, con los recaudos sanitarios establecidos por ley, y se dispuso la reanudación de los plazos procesales, a partir del 19 de junio, bajo condiciones y modalidades establecidas; y de audiencias, a partir del 29 de junio.

En diálogo con Radio Mitre Rosario, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez confirmó la noticia y aclaró que la nueva atención será con horario “desdoblado”. Es decir, de 8 a 13 y de 14 a 19.

“Se aplicará el doble turno para que no se junten varios empleados en un mismo sector y respetar el protocolo sanitario. Lo decidirá cada juzgado y es tanto para el personal de Tribunales como para lo miembros del poder judicial”, detalló Gutiérrez.

Los cinco Colegios de Abogados de la provincia de Santa Fe (el de la capital, Rosario, Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto) elevaron a la Corte Suprema de Justicia un escrito en el cual solicitan la posibilidad que la actividad del Poder Judicial se reactive desde el lunes 13 de abril, al menos de forma parcial y tomando las restricciones sanitarias necesarias.

En diálogo con este medio, el presidente del Colegio de Abogados de Rosario, Carlos Ensinck, detalló el trabajo que pudieron realizar en este período de cuarentena: “Con respecto a los oficios de pago que procesamos lunes, martes y miércoles, se lograron trasferir en total casi 25 millones de pesos de dinero que estaba dentro del Poder Judicial y que tenía que ser oficiado al Banco Municipal. Se hicieron todas las transferencias, algunas están observadas, algunas están pendientes, pero se pudo avanzar muchísimo. Eso es con respecto a los oficios que estaban firmados pero no habían ingresado al banco”.

“Lo que estamos trabajando los cinco Colegios de Abogados de la provincia junto con la Corte de Justicia es poder armar un procedimiento para poder seguir trabajando con la plata que está depositada en los expedientes, pero aún no se ordenó que se pague”, continuó Ensinck y agregó: “También hacer acuerdos laborales o transacciones en civil y comercial, y especialmente las cuestiones del foro de familia, cuota alimentaria provisoria y cuota alimentaria definitiva. Todas esas cuestiones se están trabajando minuto a minuto para que desde el lunes se pueda poner en funcionamiento, aunque sea parcialmente, el Poder Judicial con las restricciones sanitarias que correspondan, pero que comiencen a trabajar especialmente los juzgados”.

A su vez, en la entrevista brindada a Rosario Nuestro, quien fue elegido como presidente de la entidad en diciembre, remarcó: “Hacemos una gran crítica al Poder Judicial, que no cuenta con un sistema informático para trabajar de forma remota. Ni los empleados, ni los jueces, ni los abogados, no se puede interactuar con el Poder Judicial. Santa Fe, que es una de las más importantes del país, es una de las peores provincias a nivel informático”.

Sobre cómo toman los profesionales de la ciudad la posibilidad que la actividad se retome desde el lunes, Ensinck precisó: “Hay gente que crítica, gente que no, gente que no quiere exponerse, otros necesitan salir a trabajar porque no tienen ingresos, está todo dividido, pero la generalidad solicita poder trasladarse para generar defensas penales, ingresos de expedientes, transacciones, todos con los cuidados necesarios, ya sea que haya cuarentena o la medida menor que es el aislamiento”.

Santa Fe, 8 de abril de 2020 

Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Dr. Rafael Francisco Gutiérrez

S/D:

Los cinco Colegios de Abogados de Santa Fe, nos dirigimos a usted solicitándole información acerca de los alcances que tendrá el servicio de justicia a partir del lunes 13 de abril del corriente.

No obstante tener en claro que la decisión dependerá, en gran parte, de lo que resuelva el Gobierno Nacional, resulta imprescindible, en el último día hábil de la semana, conocer cómo será la reanudación de actividades, puesto que los abogados/as debemos realizar la planificación de tareas con la debida antelación.

Pero debemos ser conscientes que la parálisis de la Justicia no sólo priva de uno de los pilares esenciales de la república, como es la división y control de poderes y la protección de las garantías constitucionales de los ciudadanos, sino que condiciona seriamente la paz social y la actividad productiva.

Sentado ello, sostenemos que es indispensable que los tribunales recuperen su actividad habitual garantizando las medidas de prevención y distanciamiento social.

Por lo que exigimos se determine:                                                               

1.- Que Jueces y Secretarios concurran a sus lugares de trabajo, así como también el personal que no se encuentren en los grupos de riesgos.

2.- Se encuentran programadas audiencias para la próxima semana, por lo que deberá determinarse desde que fecha se reprogramarán las mismas y bajo que modalidades. Consideramos que se deberán reacomodar las de Abril y Mayo (reprogramación de audiencias art 51, testimoniales y/o cualquier otra salvo para ratificación de convenios en cualquier fuero, especialmente laboral y familia).

Para tales fines así como para presentación de escritos de mero trámite o notificaciones resulta pertinente avanzar en el trabajo remoto, la digitalización de los procesos y utilizar las demás herramientas ofrecidas por la tecnología.

3.- Se fije una directiva clara y precisa en relación a que pasará con los plazos procesales y la actuación de los/as colegas que se hallan en los grupos de riesgos, entre otras cuestiones.

Sentado ello, sostenemos que es indispensable que los tribunales recuperen su actividad habitual garantizando las medidas de prevención y distanciamiento social. Se adopten medidas de prevención, además de reforzar higiene, de ser posible contar con un personal en la puerta del Tribunal controlando la entrada y salida, si fuera viable tomando temperatura corporal y exigir el uso de barbijos a toda persona que entre al Palacio de Justicia.

4.- Suspensión de la Feria Judicial de Julio. No tiene sentido alguno que contando con la posibilidad de recuperar la agendas de audiencias como el tiempo de labor perdido por este periodo de inactividad se vuelva a detener el sistema de justicia.

5.- Establecer que será obligación de los Sres. Funcionarios dar prioridad al libramiento de las órdenes de pago cualquiera sea su naturaleza,

Una vez más, nos colocamos a entera disposición para trabajar de manera mancomunada para garantizar el funcionamiento del servicio de justicia y resguardar la salud de los operadores del sistema.

A la espera de su pronta respuesta, lo saludamos atentamente.

Suscriben:

Dr. Andrés Abramovich, Presidente Colegio de Abogados de Santa Fe.

Dr. Carlos Gustavo Ensinck, Presidente Colegio de Abogados de Rosario.

Dr. Alberto Oscar Turcato, Presidente Colegio de Abogados Venado Tuerto.

Dr. Julio César Pagano, Presidente Colegio de Abogados de Reconquista.

Dr. Enrique Soffietti Berger, Presidente Colegio de Abogados Rafaela.