El gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, respaldó las reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei en materia migratoria y anunció que su provincia colaborará con la revisión de planes sociales otorgados por ANSES a personas extranjeras que no residen en el país. La medida busca revisar el padrón de beneficiarios para garantizar que los recursos públicos estén destinados a ciudadanos que vivan efectivamente en territorio nacional.

“Seguimos insistiendo en que se den de baja los planes que cobran ciudadanos extranjeros que no viven en Argentina”, manifestó Sáenz mediante un comunicado difundido a través de las redes sociales del gobierno salteño. En este aspecto, el mandatario provincial aseguró que su administración trabaja junto al gobierno nacional para avanzar en esa línea. "Nuestro compromiso es con los intereses de los argentinos", sostuvo.

En el mensaje, que fue compartido por el presidente Javier Milei en su cuenta de X, Sáenz agregó que desde el inicio de su gestión reclamó por un mayor control migratorio. "La reforma migratoria es un gran paso para el país y una demanda histórica de Salta", expresó.

La postura del gobernador se da en un contexto de cambios en la normativa migratoria. La semana pasada, el Ejecutivo nacional publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025, que modifica varios artículos de la ley vigente con el objetivo de restringir el ingreso y la permanencia de extranjeros.

Entre sus fundamentos, el texto señala que el escenario global actual podría derivar en un aumento significativo del flujo migratorio hacia la Argentina. Según argumenta el decreto, la situación amerita revisar las condiciones de acceso a los servicios públicos gratuitos, como salud y educación, para evitar impactos negativos sobre el sistema estatal.

La Policía Federal Argentina (PFA) realizó hasta 14 allanamientos en las sedes o domicilios relativos a movimietos sociales como CTD Aníbal Perón, Movimiento Evita, Movimiento Cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores LTDA, Confluencia Popular y del Movimiento Territorial de Liberación (MTL). 

En el marco del procedimiento fueron secuestrados teléfonos celulares y una gran cantidad de documentación relevante para la causa. 

La orden de los allanamientos fue dispuesta por el juez federal Ariel Lijo, para así avanzar con la causa sobre extorsión y amenazas que sufrieron beneficiarios de planes sociales, que eran obligados a ir a las marchas, según denunció el Ministerio de Seguridad de la Nación. 

En ese sentido, la causa comenzó a tomar forma cuando el Ministerio presentó ante la Justicia los llamados que se hicieron a la línea 134, donde personas tanto anónimas como identificadas denunciaron que sufrían amenazas en las que si no iban a las marchas, entonces se les iba a quitar cualquier tipo de asignación social que percibieran. 

El operativo se llevó a cabo en Ciudad de Buenos Aires y varias localidades del Conurbano Bonaerense, como los es en, Guernica, Tristán Suárez, Ingeniero Budge, San Justo, Sarandí, Rafael Calzada, Pablo Nogués, Maquinista Savio y en el municipio de Malvinas Argentinas. 

En CABA, un local de MTL que estaba en barrio de Parque Patricos resultó allanado. Y se secuestraron cuadernos, una chequera y un celular. 

En Tristán Suárez, se requisó un merendero del Movimiento Evita, se secuestraron celulares y se identificaron a dos mujeres. 

Luego, también se allanaron merenderos en Malvinas Argentinas e Ingeniero Budge. 

En Ingeniero Budge se requisaron documentación de la cooperativa UTEP; mientras que en Malvinas se requisó documentación de importancia. 

En Maquinista Savio, la oficina del Movimiento Evita y de la cooperativa La Esperanza y Evita Pueblo fueron allanadas. En ese lugar se relevaron carpetas, planillas, facturas y recibos. 

En San Justo se irrumpió en la sede de la Agrupación Unidad Carillo. 

Asimismo, los procedimientos alcanzaron a domicilios de actores sociales de Sarandí y Pablo Nogués. En esos puntos, se requisaron celulares y documentación. 

Los materiales y objetos secuestrados por la Justicia serán analizados para así seguir con las investigaciones. 

El Gobierno confirmó que más de 27 mil planes sociales serán dados de baja por irregularidades. La medida fue oficializada este sábado a través del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello.

Según reportó la cartera, se trata de 27.220 beneficiarios que incumplieron con los requisitos de los programas Potenciar Trabajo y Potenciar Empleo. La determinación surgió tras un proceso de verificación de datos que abarcó a todos los titulares adheridos a los beneficios.

«Inmediatamente se les suspendió el pago, evitando así la erogación incorrecta de 2000 millones de pesos del Estado nacional», detallaron desde el Ministerio. Además, confirmaron que algunas de las incompatibilidades se detectaron gracias al cruce de información entre ANSES y el Sistema de Identificación Nacional Tributaria y Social (SINTyS).

Las principales incongruencias aparecieron en personas con beneficios de jubilación o pensión, prestación por desempleo, monotributistas categoría C o superior, trabajadores autónomos, residencia en el extranjero, fallecidos, poseer un auto con menos de 10 años de antigüedad.

Se darán de baja más de 27.000 planes sociales

El Ministerio de Capital Humano realizó la verificación de datos y cumplimiento de requisitos de todos los titulares de los programas Potenciar Trabajo y Potenciar Empleo.

— Ministerio de Capital Humano (@MindeCapitalH) January 20, 2024

A partir de enero próximo, los planes sociales se convertirán en «programas de inclusión laboral», sus beneficiarios deberán cumplir con la contraprestación correspondiente y tendrán capacitación obligatoria, anunció este martes el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa.

«Habrá un nuevo cambio en el sistema de planes sociales. Queremos que las personas beneficiarias de planes pasen a ser beneficiarias de programas de inclusión laboral», dijo Massa.

Anticipó que tendrán «capacitación obligatoria» y serán inscriptas en los mecanismos de controles de contraprestación.

También anunció que «se pondrá en marcha el programa Puente al Empleo: el que pase a trabajar en una empresa mantendrá el beneficio durante un año, las empresas deberán complementar los ingresos hasta llegar al salario mínimo, y a cambio no pagarán cargas sociales durante dos años».

Los programas sociales van a tener capacitación laboral obligatoria, inscripción en las bolsas de empleo de cada una de las ciudades y de cada una de las gerencias de empleo, y además van a tener el control de contraprestación.

Los beneficiarios de planes quedarán inscriptos tanto en las unidades ejecutoras de desarrollo de programas productivos como en las actividades que desarrollen en provincias, municipios o empresas.

Massa dijo que, «en paralelo, consolidamos el programa Puente al Empleo. Aquel que hoy tenga un programa social y pase a trabajar en una empresa, va a mantener el beneficio durante un año, y el empleador que lo tome, deberá completar el salario de convenio. Pero además, para incentivar que esos empleadores tomen a estos beneficiarios de programas, no van a pagar cargas sociales durante dos años de estos trabajadores que incorporen como beneficiarios de programas sociales al mundo del trabajo».

«El enorme desafío que recorre la Argentina, es entender que trabajo y educación son los dos motores de movilidad social ascendente, y que generar oportunidades a aquellos que a lo largo de muchos años fueron excluidos por diferentes crisis económicas y sociales, o por una mirada pequeña por parte del Estado, en el caso de las personas con discapacidad, tiene que ser una barrera que rompamos para garantizar que la inclusión en el mercado de trabajo genere las oportunidades que los beneficiarios de programas sociales y aquellos que son beneficiarios de la pensión por discapacidad, tengan definitivamente sus oportunidades», señaló.

Considero «muy importante que generemos beneficios impositivos, eliminación de restricciones, pero sobre todas las cosas, garantía de oportunidades a los efectos de que la Argentina del trabajo sea una realidad para todos y todas los argentinos».

Además, Massa anunció la integración en el mercado de trabajo de las personas con discapacidad. «Había una absurda contradicción de que a quien tiene una pensión, se le suspende si accede al mercado de trabajo», explicó.

Dijo que se busca «eliminar esa barrera, romper esa pared que representa el límite entre la pensión y el trabajo». «El objetivo es de incluir y ampliar las oportunidades de las personas con discapacidad», destacó Massa.

A lo largo de los últimos años nos enfrentamos a la absurda contradicción de que quien tiene una pensión por discapacidad no puede acceder al mercado de trabajo porque se le suspende la pensión. De manera que un derecho proyectivo que el Estado había diseñado funciona como un límite para el desarrollo de las personas con discapacidad.

Dijo que se tomó la decisión de «eliminar esa barrera, de romper esa pared que representa para las personas con discapacidad el límite entre la pensión y el trabajo».

«Desde mañana, las personas con discapacidad, beneficiarias de la pensión, que entren al mercado de trabajo no van a perder ni a ver suspendida su pensión. Muy por el contrario, van a poder integrar la pensión a su ingreso en el mercado de trabajo», indicó.

«El objetivo que recorremos es el de incluir, el de incorporar, el de ampliar las oportunidades de las personas con discapacidad en el ingreso al mercado de trabajo. Y sentimos que este es un primer paso en un proceso en el que además debemos consolidar ese proceso de inclusión rompiendo barreras arquitectónicas a partir de un Estado que trabaje en el diseño de ciudades inclusivas», sostuvo Massa.

El Gobierno nacional tomó la determinación de quitarle los planes sociales a las personas imputadas por participar en episodios de saqueos durante esta semana en Argentina. La medida fue oficializada este sábado por el ministro de Economía, Sergio Massa, quien ratificó la ayuda económica a los comerciantes afectados por robos en banda entre el 19 y el 24 de agosto en el territorio.

El titular de la cartera dirigió una nota a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, donde expuso: «Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de hacerle saber que he dispuesto el otorgamiento de un aporte no reintegrable de siete millones de pesos a los comerciantes que resultaran víctimas de los robos en poblado y en banda ocurridos la semana próxima pasada».

Luego, agregó: «En mérito a ello y atento al esfuerzo económico que hace el gobierno en relación a estos sucesos, es que le solicito, tenga a bien proceder a la suspensión, en el marco de la normativa vigente del beneficio social asignado a las personas que hayan sido imputadas en las diferentes causas por la comisión de los delitos descriptos».

En tanto a los Aportes No Reembolsables (ANR) para dueños de comercios saqueados, el dinero será destinado a los damnificados en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Río Negro y Neuquén.

Las jubilaciones subirán 23,29% en septiembre próximo y habrá refuerzos de 27 mil pesos para quienes menos cobran, según anunció este jueves el Gobierno en cumplimiento de la Ley de Movilidad.

De esta manera, ningún jubilado o pensionado cobrará menos de 114.460 pesos.

Asimismo, el haber los jubilados de la mínima que se jubilaron con los 30 años de aportes efectivos (apenas 1,2 millones de personas) quedará en 123.760 pesos.

La movilidad, que regirá desde el próximo mes, impactará en todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones de ANSES, y alcanzará a más de 17 millones de beneficiarios.

En cuanto al refuerzo de 27 mil pesos para quienes cobran el haber mínimo, alcanzará a 5,1 millones de personas, alrededor del 70 por ciento de los jubilados y pensionados.

De esta forma, la jubilación mínima habrá tenido un incremento interanual del 127,3 por ciento (septiembre 2022 – septiembre 2023).

Ese crecimiento representa una recuperación del poder adquisitivo del 12,2 por ciento con respecto a diciembre de 2019, según los cálculos de la ANSES.

A su vez, con este nuevo aumento por movilidad, la Asignación Universal por Hija e Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo pasarán a ser de 17.093 pesos.

Esta tarde, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, anunció que el gobierno suspenderá “inmediatamente” los planes sociales otorgados en el marco del Potenciar Trabajo (PT) que hayan sido utilizados para la compra de dólares.

“Estamos entrecruzando la última base de datos del PT. Todo aquel plan social que haya sido utilizado para la compra de dólares va a ser suspendido inmediatamente”, aseguró la ministra en conferencia de prensa.

Y agregó: “Estamos trabajando para que la próxima liquidación, que será el 20 de noviembre, pueda tener entrecruzamiento y validación de incompatibilidades”. En ese marco, la funcionaria anticipó que “empieza un proceso de mucha transparencia a la hora de tener certezas sobre a quienes le estamos transfiriendo los recursos públicos”.

Cabe señalar que un informe reservado de la AFIP reveló que 253.184 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo no deberían recibir el cobro mensual de $27.275 —a valor noviembre— por las cuatro horas de labor que se supone realizan. Y determinó que las incompatibilidades detectadas son la compra de dólares con fines de ahorro en los últimos 6 meses y la presentación de declaraciones juradas de Bienes Personales.

El informe fue pedido el 30 de junio pasado por el entonces ministro del área, Juan Zabaleta. Según fuentes del ministerio de Desarrollo Social, el entrecruzamiento de información aún no llegó al despacho de Victoria Tolosa Paz. Sin embargo, anticipó que la decisión del gobierno nacional es dar de bajas a los beneficiarios que incurran en incompatibilidades, ya sea por la compra de dólares, por la adquisición de un auto o por que perciben más de un plan social por valores superiores al salario mínimo vital y móvil.

Al respecto, la ministra anticipó que, para evitar esas irregularidades, se empezará a implementar un sistema de validación de identidad a partir de la aplicación Mi Argentina. “Tenemos que evitar distorsiones en una política muy importante como ha sido el Potenciar Trabajo”, insistió la ex diputada nacional.

Este mediodía, la ministra Tolosa Paz mantuvo una reunión con las organizaciones de izquierda agrupadas en Unidad Piquetera. Si bien destacó que “hubo mucho diálogo”, admitió “diferencias” con los piqueteros. “El diálogo permite evitar el desplazamiento de mujeres con chicos y chicas a la 9 de Julio, acampar no es la salida de la pobreza y de la indigencia”, cuestionó la funcionaria.

En el encuentro, los piqueteros insistieron en la reapertura de más planes sociales y en que se cumplan los programas de entrega de alimentos y maquinarias para las cooperativas de trabajo. En ese sentido, Tolosa Paz se comprometió a garantizar la entrega de alimentos secos y la bolsa navideña de noviembre y diciembre para todos los hogares beneficiarios.

En cuanto a los planes sociales, ratificó la voluntad del decreto presidencial de la semana pasada, que señaló que no se ampliará más el Potenciar Trabajo. Se trata del programa social más grande del Ministerio, que otorga asignaciones a 1.350.000 beneficiarios. Al respecto, Tolosa Paz sostuvo que seguirán investigando para garantizar la “transparencia” en la entrega de asistencia y advirtió que suspenderán a quienes incumplan lo normado. “Vamos a trabajar muy fuerte para que las bajas que se den en el Potenciar Trabajo puedan redistribuirse en lo que conocemos como el fortalecimiento de las capacidades productivas”, prometió.

El ministro de Economía, Sergio Massa y su equipo ultiman detalles para la implementación del programa “Puente al Empleo”. Será a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), con el propósito de permitir que titulares de planes sociales se puedan integrar al mercado laboral formal.

La iniciativa del titular del Palacio de Hacienda consiste esencialmente en que un beneficiario de un plan pueda mantener esa ayuda del Estado durante el primer año en un puesto mientras que la empresa completa la otra parte de sus ingresos.

En efecto, la idea es poner en marcha el plan mediante un DNU para otorgarle una mayor seguridad jurídica.

Entre los aspectos salientes, cuando el trabajador complete los 12 meses del ingreso a la empresa deberá decidir si mantiene el plan u opta por el trabajo formal con obra social, ART, y todos los beneficios de estar en el mercado laboral, entre ellos, la indemnización futura.

En cuanto a las empresas, el borrador señala que el beneficio será que por un año el estado se hace cargo de parte del salario equivalente al plan.

El objetivo es que a través del programa “Puente al Empleo” se puedan incorporar 200 mil trabajadores de la economía social. Y que estas incorporaciones se den en pymes de hasta 100 trabajadores que son el 98% del total de los empleadores.

Básicamente, el plan intenta romper con el temor de las personas que poseen planes sociales a entrar al mercado laboral formal y que esto suponga perder ese beneficio.

Estiman que el Puente al Empleo funcionaría en casos como obreros del citrus, arándano, construcción, trabajadores rurales, tabaco y demás economías regionales.

Con información de NA.