Este lunes, el juez en lo Contencioso Administrativo, Martín Cormick, resolvió no hacer lugar a la medida cautelar presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en el marco de un amparo colectivo que busca declarar inconstitucional la resolución conocida como "Protocolo Antipiquetes". No obstante, instó a que la Justicia Federal supervise de cerca la manifestación convocada para el próximo miércoles.

La solicitud del CELS buscaba la suspensión del protocolo y solicitaba que la Justicia ordene al Ministerio de Seguridad respetar y garantizar los derechos a la vida, integridad personal, salud y libertad de quienes se manifiesten, transiten por las zonas afectadas o realicen cobertura periodística en estos acontecimientos.

Si bien el magistrado no dio lugar a la medida cautelar, reconoció la gravedad de los hechos ocurridos el pasado 12 de marzo. En su fallo, sostuvo que “no desconoce ni es impasible a los desgraciados hechos de público conocimiento sucedidos el 12/03/25 que no aparecen adecuados a los principios republicanos que consagra la Constitución Nacional y las normas supranacionales que constituyen la ley suprema de nuestro país”.

De cara a la movilización del próximo miércoles 19 de marzo, el juez Cormick afirmó que "observará presencialmente con suma atención todo lo que allí suceda", con el fin de detectar posibles irregularidades. Según detalló, incorporará de oficio cualquier prueba pertinente que pueda influir en la resolución sobre la inconstitucionalidad del Protocolo de Seguridad (Resolución 943/23).

Este viernes al mediodía, el microcentro de la ciudad, se produjo un grave incidente de tránsito con el saldo de varias personas lesionadas. Un automovilista atropelló a un grupo de manifestantes que cortaban el tránsito en Entre Ríos al 400, para protestar por una situación vinculada a una empresa tabacalera, y luego intentó huir del lugar sin preocuparse por las víctimas.

Tras el intempestivo hecho, que tomó a los manifestantes (Tabacaleros de la empresa Bronway) por sorpresa, varias personas salieron a perseguir al desaprensivo conductor, a quien alcanzaron en Corrientes al 400, donde descargaron toda la furia contra el auto, que sufrió importantes daños. Su conductor, en tanto, tuvo que ser rescatados por la policía de un probable linchamiento.

“Por calle Tucumán vino un auto a toda velocidad, y embistió a los chicos que llevaban la bandera, dobló por Entre Ríos, en un sector donde había chicas con sus bebés. Algunos llegaron a correrse, pero siguió con el auto por Urquiza inclusive con un pasacalle arriba”, relató una mujer que participaba de la protesta y fue testigo del incidente.

Y seguido aseguró: “Lo hizo con la intención de matar, nadie en su sano juicio puede hacer algo así, porque si era una emergencia, obvio nos corremos. Pero este tipo ni siquiera dijo por qué pasaba”.

Además, remarcó que “el tránsito estaba totalmente cortado en ese momento, y se llevó a todos los chicos puestos, sin importarle nada. Acá hay personas que están peleando por sus puestos de trabajo, el derecho a poder seguir trabajando. Y que a una persona le moleste y atropelle a todos, es una locura, no hay un muerto de casualidad”.

Finalmente, señaló: “Esto fue un intento de homicidio y voy a aportar todos los datos y videos que tenemos. Hay cientos de testigos, fue realmente una locura”.

En la mañana de este lunes, vecinos de barrio Magaldi realizaron un piquete para manifestarse en reclamo ante el posible desalojo de una tierras detrás del Mercado de Concentración de Fisherton, que recuperaron recientemente. Se trata de 82 familias que luchan por sus viviendas, ya que el último temporal les hizo perder muchos de sus bienes.

Sobre la intersección de Mendoza y Wilde se registró el corte y se desarrolló una nutrida manifestación en la cual exigieron una respuesta inmediata por parte del gobierno municipal y provincial, como así también y una asistencia urgente para las 82 familias que perdieron prácticamente todas sus pertenencias por las incesantes lluvias de la última semana.

Una de las tomas se encuentra sobre un lote de cuatro hectáreas que se extiende detrás del predio que el Colegio Cristo Rey tiene sobre la avenida Calasanz (continuación de Mendoza y luego de Wilde en dirección hacia Funes).  Su propietario comenzó las acciones legales en los tribunales provinciales en 2014 para desalojar a una docena de familias que se asentaron en su propiedad. El pasado 20 de septiembre cientos de familias se asentaron en masa.