Un total de 380 detenidos ya se encuentran alojados en las celdas de la Unidad Penitenciaria N°9 de Recreo , que fue inaugurada este jueves por el gobernador Maximiliano Pullaro. 

Así lo confirmó la vocera provincial, Virginia Coudannes, a través de una conferencia de prensa en Santa Fe en la que se refirió a lo ocurrido durante las primeras horas en el penal, ubicado a unos 180 kilómetros de Rosario. 

El lugar de detención cuenta con una capacidad de 891 plazas distribuidas en 475 celdas. El sitio cuenta con un sector para hombres (640) y otro para mujeres (251). En este sentido, la funcionaria mencionó que los reclusos fueron trasladados entre este jueves y viernes desde las comisarías 10°, 7°, 9°, 27° y subcomisaría 2ª de la ciudad capital. 

A su vez, Coudannes recalcó que la obra que conllevó una inversión de 80 millones de dólares “es un pilar fundamental en el plan de seguridad” y destacó la instalación de un sistema de videovigilancia con más de 400 cámaras con inteligencia artificial para permiten rastrear los movimientos de los presos.

La Policía Federal Argentina detuvo a 15 penitenciarios de la Unidad N°51 del Servicio Penitenciario Bonaerense, comúnmente conocido como el penal de Magdalena, sospechados de torturar y abusar sexualmente de cuatro presas el 3 de junio pasado. 

La investigación, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, consta de 146 páginas, que incluyen los testimonios de las propias detenidas, cuyas declaraciones resultaron coincidentes entre sí, y los análisis de la Asesoría Pericial que revelaron lesiones físicas compatibles con los maltratos denunciados. 

La principal imputada es Daiana Belén Balmaceda, de 31 años, jefa de vigilancia y tratamiento del establecimiento con rango de alcaide mayor, señalada como la organizadora y partícipe directa de los ataques.

De acuerdo a lo consignado por Infobae, la investigación apunta que los hechos comenzaron cuando penitenciarios irrumpieron en una celda para reprimir una pelea, lo que derivó en una secuencia de vejaciones, que la acusación describió como similar a las que ocurrían en un centro clandestino de detención. 

En ese contexto, Balmaceda habría exigido a una de las víctimas que le besara las botas, ordenó que la ataran y participó directamente junto a penitenciarios varones, que actuaron con el rostro cubierto, en los abusos sexuales. Dos días después del episodio, una de las víctimas intentó quitarse la vida.

Los cargos formulados son tortura y abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante, agravados por tratarse de funcionarias de una fuerza de seguridad. Balmaceda fue imputada como coautora de la violación de una detenida y partícipe necesaria del abuso de otra.

Entre los detenidos, figuran siete penitenciarias mujeres, incluyendo la subjefa de la unidad, la encargada de requisa y personal de Sanidad. Una enfermera fue acusada de falsear un acta médica para ocultar las lesiones de una de las víctimas. 

El Ministerio de Justicia bonaerense, a cargo de Juan Martín Mena, había anticipado la remoción de la cúpula de la unidad y la suspensión preventiva de los involucrados desde el inicio de la causa. Todavía resta capturar a dos prófugos. 

Un joven de 19 años que le arrojó una molotov a un colectivo en la zona norte de Rosario con dos cómplices cuando era adolescente fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión efectiva.

El detenido, identificado como Agustín Hoyos, fue acusado por la fiscal Laura Riccardo como coautor los delitos de intimidación pública agravada por el uso de explosivos y daño agravado en concurso ideal con incendio agravado por la participación de menores de edad. El hecho ocurrió en enero de 2024, cuando los agresores le tiraron una botella incendiaria a una unidad de la línea 143 del Transporte Urbano de Pasajeros en Rondeau al 300, sin dejar heridos.

Tras su detención minutos después del episodio, al entonces adolescente le secuestraron una mochila con notas amenazantes dirigidas al ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, junto con un celular, dos envases de vidrio vacíos y combustible. Luego, quedó bajo prisión preventiva y, una vez finalizado el plazo legal, la Justicia determinó la extención de la medida.

Ahora, la jueza de Primera Instancia Hebe Marcogliese dictó una pena de cuatro años y seis meses de prisión preventiva para Hoyos, mientras continúan otras investigaciones por ataques y amenazas perpetuados durante los primeros meses de 2024.

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, respaldó públicamente el proyecto del Poder Ejecutivo para establecer un nuevo régimen penal juvenil. La iniciativa, que propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, será debatida en la Cámara de Diputados el próximo jueves.

Durante una entrevista radial brindada a radio Splendid, el funcionario sostuvo que “un chico de 14 conoce perfectamente lo que hace” y rechazó que la normativa busque criminalizar a la niñez.

Según Cúneo Libarona, los menores actuales poseen una comprensión de la criminalidad de sus actos que difiere de la que podían tener décadas atrás. “Hoy estos chicos tienen conocimiento y voluntad; tal vez no lo tenía el chico de 1980, pero hoy lo tiene”, remarcó el ministro.

El titular de la cartera de Justicia también se refirió a su intención de modificar el Código Penal respecto a los asesinatos de mujeres. Propuso una redacción que abarque tanto el “hombricidio” como el “femicidio”, bajo el argumento de que la ley no debe otorgar privilegios ni generar impunidad según el sexo o la tendencia sexual.

Cúneo Libarona cuestionó la constitucionalidad de la figura actual por centrarse únicamente en la mujer. “Somos todos iguales ante la ley”, insistió, aclarando que no se busca derogar la norma para liberar a los 130 condenados actuales, sino hacerla “justa y proporcional” para todos.

La propuesta sugiere que si un hombre es asesinado por desprecio al sexo, aprovechamiento de superioridad o sometimiento, la pena sea equivalente a la aplicada en casos de víctimas mujeres.

Finalmente, el ministro aseguró que el gobierno nacional no tiene intenciones de derogar ni modificar la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

“El aborto se mantiene en la posición que tiene hoy, ya es ley y no hay ningún interés del gobierno en dar marcha atrás”, sentenció el funcionario.

Pablo Javkin, intendente de Rosario, se refirió este viernes por la mañana a la situación que atraviesa la ciudad en materia de inseguridad y en simultáneo opinó sobre el cambio de jefe de la Unidad Regional II por décima vez en el último tiempo.

«La ciudad tiene más del 90 por ciento de sus hechos graves concentrados en el 13 por ciento por distintas cárceles. No puede ser que los delincuentes tengan esa libertad. Yo no soporto más estas situaciones, que Rosario se torne invivible por personas que estén condenadas, hay que cortar ese problema de raíz», arrancó el funcionario

Y agregó: «Veremos que sucede con el cambio de la jefatura policial, por lo menos éste es alguien con el que veníamos trabajando y respeto mucho a Adrián Galigani».

A la hora de hacer un balance de la situación de Rosario, Javkin enfatizó: «No puede ser que todos hablen de Rosario para estigmatizarlo, hasta funcionarios de tercera línea. Y yo no comento la realidad, tiro las soluciones para tratar de generarlas desde acá».

Por último, la máxima autoridad municipal dejó una tajante respuesta: «Es muy claro lo que hay que hacer para combatir la inseguridad y la violencia en Rosario, es fácil darse cuenta y si vos no tenés un penal de alto riesgo y a la vez un buen servicio penitenciario es porque los compran o los amenazan. Hay que pensar que hay connivencia».

Este domingo por la noche, alrededor de las 20, cinco presos que estaban alojados en los calabozos de la Comisaría 10ma de la capital santafesina, rompieron los barrotes de metal ubicados en la parte superior del penal y lograron escaparse de la dependencia policial ubicada sobre Estanislao Zeballos y Lamadrid en el barrio Piquete Las Flores. Algunos de los presos estaban detenidos por robo y otros por sospechas de asesinatos.

Los policías recorrieron las instalaciones del penal y observaron que las rejas superiores fueron vulneradas, luego en el conteo de los detenidos, confirmaron la ausencia de cinco personas, por lo que se dio aviso al 911 quien intensificó los patrullajes para dar con los evadidos.

El fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación ordenó que la División Judicial instruya las actuaciones por la fuga de los cinco presos y dé intervención a la Agencia de Control Policial ACP, instruyendo actuaciones por la evasión. En tanto, autoridades de la URI iniciarán un sumario interno a todo el personal que estaba de guardia en la Seccional 10° durante la huída.