El Gobierno nacional promulgó este martes las leyes 27.795 y 27.796, de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, aunque su aplicación quedó suspendida hasta tanto el Congreso establezca los mecanismos de financiamiento.

La medida fue confirmada a través de la publicación de los decretos 759/2025 y 760/2025 en el Boletín Oficial. No obstante, el Ejecutivo frenó su entrada en vigencia hasta que el Congreso determine de dónde provendrán los fondos e incluya las partidas necesarias en el Presupuesto, al igual que sucedió con la ley de emergencia en Discapacidad.

La norma que afecta a las universidades busca actualizar los gastos de funcionamiento a través de un ajuste bimestral ligado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Además, determina que los sueldos del personal docente y no docente se actualicen en un porcentaje no inferior al IPC para el período comprendido entre diciembre de 2023 y la sanción de la ley. En la misma línea, el proyecto incluye la recomposición y actualización automática de los programas de becas estudiantiles, también vinculados al IPC.

Por su parte, la ley de emergencia pediátrica plantea la asignación prioritaria de recursos para insumos críticos, infraestructura, medicamentos, vacunas y personal esencial. Asimismo, contempla la recomposición salarial del personal de salud y prevé la exención del impuesto a las ganancias para quienes realicen actividades críticas, horas extras y guardias. 

Según el decreto publicado este martes, su implementación requiere una inversión superior al límite previsto por el Ministerio de Salud, significando un desembolso de 196.270.000.000 pesos.