Un médico pediatra de 40 años, identificado como Esteban A., recuperó la libertad tras la audiencia imputativa celebrada en los Tribunales de la ciudad de Santa Fe. El profesional está siendo investigado por tres presuntos episodios de abuso sexual ocurridos desde 2022.

A pesar del pedido de prisión preventiva realizado por la fiscal Vivian Galeano, el juez Octavio Silva consideró que no existen riesgos procesales suficientes para mantenerlo detenido. No obstante, el magistrado fijó una caución económica de 15 millones de pesos mediante un bien registrable y estableció estrictas reglas de conducta para el imputado.

Para transitar el proceso fuera de prisión, el profesional tiene prohibido acercarse o contactar a las víctimas y testigos por cualquier medio. Además, se le ordenó fijar un domicilio, designar un guardador y se le prohibió la salida de la provincia y del país.

En cuanto a su labor en el ámbito de la salud, el juez determinó que no podrá atender pacientes de manera individual, cualquier consulta deberá realizarse obligatoriamente en presencia de otro trabajador del área.

La fiscalía unificó tres legajos con denuncias de características similares. El primer caso data de septiembre de 2022, cuando una adolescente de 14 años denunció haber sido víctima de un abuso durante una atención en el Hospital Iturraspe. Aunque la causa había sido archivada originalmente, el juez Silva ordenó su reapertura tras detectar elementos que deben ser reevaluados.

La segunda denuncia, realizada en 2024, refiere a situaciones ocurridas en un ámbito familiar contra una niña que entonces tenía entre siete y ocho años. Por último, el tercer hecho es reciente y fue denunciado por una mujer adulta, quien señaló que el médico se propasó durante una consulta en un sanatorio privado de la capital provincial.

En tanto, la resolución judicial generó malestar y temor entre las denunciantes y sus familiares. “No me parece justo que ahora tenga que resguardarme yo, mi seguridad, la de mi hija y la de mi pareja. Tengo miedo, esa es la realidad”, manifestó Jemima, una de las jóvenes denunciantes.

Por su parte, la abogada querellante, Abril Rico, destacó que el juez reconoció la existencia de elementos de convicción y adelantó que buscarán acelerar los plazos para llegar a un juicio donde, dada la escala penal de los tres hechos, la sentencia podría ser elevada.

El Gobierno nacional promulgó este martes las leyes 27.795 y 27.796, de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, aunque su aplicación quedó suspendida hasta tanto el Congreso establezca los mecanismos de financiamiento.

La medida fue confirmada a través de la publicación de los decretos 759/2025 y 760/2025 en el Boletín Oficial. No obstante, el Ejecutivo frenó su entrada en vigencia hasta que el Congreso determine de dónde provendrán los fondos e incluya las partidas necesarias en el Presupuesto, al igual que sucedió con la ley de emergencia en Discapacidad.

La norma que afecta a las universidades busca actualizar los gastos de funcionamiento a través de un ajuste bimestral ligado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Además, determina que los sueldos del personal docente y no docente se actualicen en un porcentaje no inferior al IPC para el período comprendido entre diciembre de 2023 y la sanción de la ley. En la misma línea, el proyecto incluye la recomposición y actualización automática de los programas de becas estudiantiles, también vinculados al IPC.

Por su parte, la ley de emergencia pediátrica plantea la asignación prioritaria de recursos para insumos críticos, infraestructura, medicamentos, vacunas y personal esencial. Asimismo, contempla la recomposición salarial del personal de salud y prevé la exención del impuesto a las ganancias para quienes realicen actividades críticas, horas extras y guardias. 

Según el decreto publicado este martes, su implementación requiere una inversión superior al límite previsto por el Ministerio de Salud, significando un desembolso de 196.270.000.000 pesos.