El ex fiscal regional Patricio Serjal, imputado por juego clandestino en la provincia de Santa Fe quedó en libertad este miércoles mientras espera la realización del juicio que lo tiene como uno de los principales imputados por proteger una organización de juego clandestino en la provincia.

El camarista Guillermo Llaudet revocó la sentencia de la jueza de primera instancia Eleonora Verón, que había extendido la prisión domiciliaria domiciliaria del ex funcionario judicial. Le impusieron condiciones para que pueda salir a la calle, entre ellas una causión de 10 millones de pesos y que continúe con el tratamiento psicológico que lleva adelante.

Según revelaron  fuentes judiciales, las condiciones que tendrá que cumplir Serjal son que no puede salir de Rosario ni del país sin autorización del Ministerio Público de la Acusación. También debe entregar el DNI y los pasaportes nacionales y extranjeros que posea a la Oficiana de Gestión Judicial.

También se debe informar al Renaper y a Migraciones como a todas las embajadas de los países que emitieron algún pasaporte de Serjal, que tiene prohibido su ingreso. Semanalmente, el ex fiscal deberá acudir a la OGJ y firmar su comparecencia.

Para su libertad, Serjal tiene una causión de 10 millones de pesos, en efectivo o con bienes, en este último caso trabando embargo. Por último, impide el contacto con todos las personas relacionadas con la causa de juego clandestino.

También se le impone que siga con el mismo tratamiento psicológico y que lo informe semanalmente al MPA.

Este miércoles se llevó a cabo la ampliación a la audiencia imputativa al exjefe de fiscales de Rosario, Patricio Serjal, que seguirá preso por el plazo de la ley tras ser reimputado por ser parte de una asociación ilícita que protegía al juego clandestino en la provincia. Además, el exempleado del Ministerio Público de la Acusación y colaborador del exfiscal Gustavo Ponce Asahad, Nelson Ugolini, fue dejado en libertad bajo reglas de conducta.

La resolución de las situaciones de ambos se conocieron pasadas las 21 de este miércoles y fueron dictadas por la jueza de Primera Instancia Eleonora Verón. Los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, imputaron a los dos haber conformado una asociación ilícita integrada además por al menos, Ponce Asahad, Leonardo Peiti, Maximiliano Díaz, David Perona (fallecido), Alejandro Torrisi (condenado), el senador del departamento San Lorenzo, Armando Traferri, y otras personas que hasta el momento no fueron identificadas.

Cabe recordar que la organización, que se desplegó en al menos cinco localidades, se extendió entre el 24 de abril de 2017 (cuando se constató el primer contacto telefónico entre el senador Traferri y Peiti) hasta el 24 de julio de 2020 (fecha en la cual se reunieron en una cochera de Pichincha el abogado de Peiti y Ponce Asahad). El objeto de la asociación ilícita fue “usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegal y apuestas electrónicos sin contar con la autorización de la autoridad competente».

Durante la audiencia de reimputación, se precisó que «con sus diversos aportes y roles, organizaron, explotaron y administraron juegos de azar ilegal, ofrecieron y aceptaron dádivas a funcionarios públicos que omitieron hacer actos propios de su funciones, omitieron perseguir penalmente los delitos estando obligados a hacerlo y brindaron información reservada a personas con el objetivo de hacer fracasar cursos investigativos”.

Cuando comenzó esta nueva audiencia, el pasado lunes 21 de diciembre, los fiscales expusieron la carga de pruebas acumuladas contra Traferri, de quien dijeron que “al conocer el vínculo de Peiti con el juego ilegal en la provincia aprovechó sus influencias para vincularlo con Serjal y Ponce Asahad”.

Para los fiscales, Serjal fue el organizador de la cobertura judicial, quien abusando de su cargo, daba directivas a Ponce Asahad sobre las medidas tendientes a asegurar impunidad a Peiti en causas vinculadas a juego ilegal. En esta ocasión, se lo imputó por los delitos de Asociación ilícita en el rol de organizador en concurso real; Incumplimiento de los deberes de funcionario público; Cohecho pasivo agravado; Falsedad ideológica de documento público agravado por la condición de funcionario público; Omisión de persecución y Peculado de servicios todo en carácter de autor y en grado de consumado.

En lo que respecta a Ugolini, se lo imputó por los delitos de Asociación ilícita en calidad de miembro, en carácter de autor, en concurso real con Incumplimiento de los deberes de funcionario público, en carácter de autor y Cohecho pasivo agravado en carácter de partícipe primario. La jueza dispuso para Serjal la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley, manteniendo la ya dictada , mientras que para el exempleado del MPA dictó la libertad con reglas de conducta, no haciendo lugar al pedido de prisión preventiva efectiva solicitado por la Fiscalía.

Al exjefe de fiscales de Patricio Serjal, preso desde agosto por la causa de juego clandestina, le imputarán no avanzar en un delito ambiental cometido por una empresa en el Cordón Industrial. Es sospechado de frenar de forma deliberada una investigación por contaminación contra la ex petroquímica Electroclor de Capitán Bermúdez.

La audiencia imputativa está fijada para el próximo miércoles 23 de noviembre a las 10.30 en San Lorenzo frente al juez Eugenio Romani. Serjal es investigado una vez más por la Agencia de Criminalidad Organizada del Ministerio Público de la Acusación de Rosario, que citó, además, a los empresarios Sergio Tasselli y Matías Gallegos, por el lado de la empresa.

En septiembre de 2018 un fiscal de San Lorenzo allanó el predio de la Petroquímica Bermúdez tras una denuncia de la Fiscalía de Estado. La fiscal rosarina Verónica Caíni ordenó en ese momento un relevamiento en la planta que implicó además tomas de muestras del suelo.

Tras conocerse los resultados de esas muestras, se determinó que encontraron grandes niveles de contaminación con riesgo contra la salud humana en esa planta ubicada entre Granadero Baigorria y Capitán Bermúdez, que presidía Taselli. Allí funcionó la ex Electroclor y se producía hipoclorito de sodio y cloro envasado. En el legajo del caso se acumularon elementos que dejaban en claro que había un tratamiento negligente o delictivo de sustancias tóxicas en área urbana.

Sospechan que Serjal habría ordenado al fiscal Juan Carlos Ledesma que archive la causa contra Electroclor, a pesar de la prueba colectada. Cuando el exfiscal quedó detenido por incumplir tareas propias de su función como la represión al delito de juego clandestino, revisaron las instrucciones particulares que había impartido en otros asuntos, por lo que llegaron a este caso que fue reabierto por el fiscal Luis Schiappa Pietra, quien encontró abundancia de indicios para avanzar: evidencia del delito denunciado y total inconsistencia entre la prueba y la orden del ex regional.

María Eugenia Irribarren fue designada como la nueva fiscal Regional de Rosario, tras la escandalosa salida de Patricio Serjal, exfiscal que terminó detenido en una causa que investiga corrupción dentro del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Es la primera mujer en ocupar ese cargo y asume al menos por tres meses de forma interina hasta que se determine el reemplazo definitivo.

«Desde la implementación del sistema penal acusatorio en la provincia, la selección por parte del Poder Ejecutivo para ocupar los cargos de fiscales regionales fueron siempre de hombres, lo que resulta una muestra más del techo de cristal al que se enfrentan las mujeres para ocupar los puestos gerenciales en las instituciones», explicó el fiscal General de la provincia, Jorge Baclini, quien designó a Irribaren.

En la resolución N°00286/20, Baclini consideró que si bien «no es una medida que pueda contrarrestar las desventajas del género» para acceder a los cargos de jerarquías, es una «buena oportunidad» para poner de resalto esta situación con el convencimiento de que «se debe avanzar por este camino» y con medidas que refuercen «el empoderamiento de la mujer» en el Ministerio Público de la Acusación.

El predecesor de Irribaren es Patricio Serjal, nombre que estuvo en agenda en los principales diarios de la región luego de que le hayan dictado prisión preventiva acusado de recibir coimas millonarias por parte del empresario Leonardo Peiti, con quien acordó limpiar su nombre y filtrarle información en una causa que investigaba a una banda delictiva que se dedicaba a extorsión y juego clandestino. En la misma causa está involucrado el exfiscal Gustavo Ponce Asahad (quien estuvo al frente de la Unidad Especializada Covid-19). Tanto Ponce como Serjal están cumpliendo la prisión preventiva efectiva por el plazo de 90 días, a la espera de la sentencia de la Justicia.

María Eugenia Irribarren, sucesora de Patricio Serjal, se desempeñó durante 10 aós como fiscal de primera instancia en el viejo sistema. Además, también fue 10 años fiscal de Cámara y en octubre del 2018 pasó al Ministerio Público de la Acusación como fiscal de Cámara y actualmente se desempeñaba como jefa de la Agencia de Criminalidad Organizada.

Entre sus casos más resonantes, intervino como fiscal en el juicio a la banda narco Los Monos y el triple crimen de Villa Moreno.

En la audiencia imputativa de este martes donde se le dictó prisión preventiva por 90 días, el ex fiscal regional, Patricio Serjal, se defendió: se declaró inocente y aseguró que le «hicieron una cama». Además, afirmó: “Que yo tenía conocimiento de lo que hacía Ponce Asahad (NdR: el exfiscal detenido en la misma causa de corrupción) es totalmente falso».

“Quiero manifestar mi inocencia, pero yo voy a hablar por mí”, sostuvo Serjal, que acerca de si sabía del accionar de Ponce Asahad y sobre su vinculación con el empresario del juego Leonardo Peiti, dijo: «No tenía conocimiento, si es que los fiscales dicen se realizó. Hay un montón de cruces, pero no conmigo. No conozco al señor Peiti». A su vez sobre el supuesto encuentro en Capital Federal, apuntó: «Yo ese día estuve alojado en el hotel. Cené con una persona con la que quería cerrar un convenio para investigar delitos informáticos y fraude de los cajeros. A eso fui a Buenos Aires”.

Por otra parte, el ex fiscal regional señaló que lo «vinculan con con una organización criminal», a lo que remarcó: «Yo como fiscal regional no tenía implicancia en esa causa. Siempre les dije a mis fiscales que no quería saber ni nombres ni domicilios. Tampoco es cierto que me metí en una causa de Melincué». Sobre esto último explicó que llamó al fiscal regional de Venado Tuerto Alejandro Sinópoli para advertirle de que fiscales de Rosario podían pisarse con las investigaciones de Melincué.

“Me comentó Ponce que tenía una causa por extorsión que le parecía rara y que le querían sacar mucho dinero. Hablé con el director del Organismo de Investigaciones Víctor Moloeznik. Los puse en conocimiento para que supieran que había una investigación», continuó Serjal y añadió: «Peiti pudo haber estado por casualidad en ese hotel. Pero todo el mundo en Fiscalía sabía que yo me alojaba en ese hotel. El 18 de noviembre Jorge Baclini me dijo que tenía que renunciar porque había un problema con una compra mía de dos autos. ¿Fue casualidad que estuviera Peiti ahí o me quisieron hacer una cama de verdad? ”Me dije ‘evidentemente me quieren sacar del medio, por qué motivos no lo sé’. Pero por eso quieren que renuncie. Y eso hice y me presento aquí sin fueros”.

Con respecto a las presuntas coimas pagadas a Peiti a cambio de protección, se defendió: “Se dijo que hice pactos por dinero. Pero el dinero del que hablan, ¿dónde está?. Lo poco que hemos hecho con mi esposa fue con el dinero que ganamos. Mi señora y mis hijas se han ido a la casa de sus padres porque en este momento me encuentro desempleado. Ni siquiera puedo cumplir con mis obligaciones. Allanaron mi casa y la de mi madre. ¿Y dónde está el dinero? Se habla, pero en modo alguno están pudiendo probar los hechos que endilgan. Esto es una locura».

El ex fiscal Regional Patricio Serjal terminó detenido tras la audiencia imputativa en su contra realizada este martes en el Centro de Justicia Penal. Está acusado de recibir coimas por parte del empresario Leonardo Peiti a cambio de protección en una causa que investigaba a una banda criminal por juego clandestino y extorsión.

Serjal trabajaba de forma coordinada con el otro fiscal detenido, Gustavo Ponce Asahad, a quien también le dictaron prisión preventiva efectiva por 90 días la semana pasada. En la audiencia contra Serjal, los fiscales Gisela Paolicelli, María Eugenia Iribarren, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos presentaron las pruebas para culpar al exfiscal. Según los acusadores, Serjal cometió cuatro delitos puntuales.

Patricio Serjal, con la participación del fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad y su empleado Nelson Ugolini diseñaron y ejecutaron un plan cuyo objeto fue recibir dinero de Leonardo Peiti, a cambio se comprometían «a transmitir información reservada, no investigar hechos que podrían constituir delitos y/o interferir en las investigaciones en curso y/o retardar u omitir dictámenes propios de su competencia, todo con el objeto de que no prosperen imputaciones contra Leonardo Peiti», indicaron desde el Ministerio Público de la Acusación. Para cumplir ese objetivo llevaron a cabo distintos hechos:

Patricio S. acordó con Leonardo Peiti que quien se encargaría de mantener el vínculo con él a los fines de cumplir con este pacto sería Gustavo Ponce Asahad, reafirmando el acuerdo que tenían con el mismo desde al menos diciembre de 2018. En fecha 14 de noviembre de 2019, Serjal se alojó en el Hotel Etolie de Capital Federal donde se reunió con Peiti para indicarle el cumplimiento periódico de la cuota a abonar la que oscilaba al equivalente de entre 4 mil y 5 mil dólares mensuales y solicitarle el aumento de la misma. «En cumplimiento de ese acuerdo Ponce tuvo encuentros en distintas oportunidades a los fines de recibir el dinero acordado y transmitir información relevante», precisaron los fiscales. Uno de esos encuentros ocurrió el 9 de julio, cuando Peiti concurrió al Pasaje Rosales de Rosario y acordaron que serían entregados U$S10mil dólares ese día por la tarde. Dicha entrega se concretó cuando se reunieron a las 18hs, Peiti y Ponce. En otras oportunidades Ponce se reunía con Peiti en Oroño y Mendoza y recibía el dinero acordado.

El 16 de junio, Serjal concurrió al Organismo de Investigaciones del MPA, oportunidad en la cual pudo observar un diagrama de la estructura que era objeto de una investigación que tenía como sospechoso a una asociación ilícita integrada por distintas personas, entre las que se encontraban Alejandro Torrisi y Leonardo Peiti. Al otro día, el 17 de Junio, concurrió a ese lugar nuevamente, acompañado por el Gustavo Ponce Asahad. y volvieron a ver esa investigación. El 30 junio Ponce Asahad le informa a Peiti de la existencia de esa investigación que tenía como sospechoso al empresario y le advierte sobre posibles intervenciones de comunicaciones, aconsejando que cambiara y rompiera el teléfono, lo cual motivó que Peiti dejara de utilizar la línea que se encontraba intervenida desde la fecha 22 de junio. Además le pide U$100mil dólares para evitar que prospere la investigación en su contra y lograr que se lo tratara como una víctima de lo sucedido.

Por su parte, Nelson Ugolini, empleado de Ponce, transmitió información a Peiti sobre causas en trámite en Fiscalía que resultaban de interés para el cumplimiento del acuerdo. En una oportunidad informó al empresario sobre la causa que tenía como sospechosos a dos personas, las cuales habían sido detenidas el 8 de enero por portar armas de fuego sin la debida autorización legal. «Lo hizo remitiendo imágenes de pantalla que contenían la información requerida y entregada a Peiti por medio de la aplicación WhatsApp», revelaron desde el MPA.

El 18 de febrero, Nelson Ugolini le envía a Peiti un mensaje informándole sobre las causas que podrían tenerlo como sospechoso (causas de juego clandestino, correspondiente a los distritos judiciales de la 2da circunscripción de Rosario y en aquellas causas que investigaba el Fiscal Dr. Edery a esa fecha). El 6 de marzo, Ugolini le remitió información sobre los domicilios que serían allanados en los cuales funcionarían salas de juego clandestino, a esa fecha Gustavo Ponce Asahad tenía a su cargo la oficina de “Trámite de solicitudes jurisdiccionales, acciones de Hábeas Corpus preventivos, colaboración de extraña jurisdicción en materia de ejecución penal”.

Los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos revelaron que Serjal, Ponce y Ugolini obstaculizaron la investigación penal por juego clandestino a cargo de Matías Merlo, fiscal de Melincué que llevaba como imputado a Peiti y otros. Los acusados le informaron a Peiti la existencia de la investigación y la solicitud de los allanamientos, lo que motivó que el fiscal Merlo desista de su realización a consecuencia de esa filtración de información.

Además, en la audiencia revelaron que a sabiendas de la existencia de una investigación sobre juego clandestino cuya tramitación se encontraba ante la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, Ugolini creó un legajo sobre juegos de azar y se le asignó por fuera de la reglamentación vigente a Ponce Asahad, con el fin de interferir en los allanamientos que estaba por realizar el fiscal Merlo. «Esto les permitió justificar acceder a información vinculada a las investigaciones y vincular a un legajo propio los legajos a cargo de la Unidad de Delitos Económicos sobre juegos de azar, en el cual solicitó una veintena de allanamientos», denunciaron.

Peiti estaba siendo víctima de amenazas y extorsiones por parte de Maximiliano ‘Cachete’ Díaz y allegados a él. Díaz, actualmente detenido, integraba la banda delictiva que se dedicaba a este tipo de hechos y la que está acusada de organizar el ataque al Casino City Center. Los integrantes de la organización le reclamaban dinero a cambio de no dañar a Peiti o a su familia. Según los fiscales, Serjal, Ponce y Ugolini omitieron promover la persecución penal contra los posibles autores. «Para ello Serjal y Ponce se reunieron con una fiscal y le dieron indicaciones precisas de no realizar medidas de investigación, y que no cite a la víctima afirmando que se había comunicado con el abogado de la misma y éste le había informado que estaba fuera de la ciudad», detallaron en la audiencia.

Serjal viajó a Buenos Aires el miércoles 13 de noviembre y regresó el jueves 14 de noviembre de 2019, oportunidad en la que se encontró con Peiti alojándose en el “Hotel Etoile”. «El imputado viajó acompañado de un amigo y dicho viaje tuvo fines exclusivamente recreativos y se realizó en días laborables, en ese momento se trasladó en el vehículo oficial Toyota Corolla conducido por el chofer oficial asignado para el cumplimiento de sus funciones, habiendo solicitado a la Dirección de Administración de Economía y Finanzas de la Fiscalía General el reintegro de gastos de dos tickets de carga de combustible por la suma de $2.780 y $2.923 pesos de Buenos Aires, lo cual fue aceptado, emitiéndose un cheque a nombre de Serjal por las cifras requeridas», concluyeron.

Este martes desde las 14.30 será la audiencia imputativa a Patricio Serjal, el ex jefe de fiscales de Rosario, en el Centro de Justicia Penal. Hay nuevas pruebas en su contra que complican aún más la situación del hombre sospechado de haber cobrado coimas, junto con el fiscal Gustavo Ponce Asahad, a un miembro de una banda ligada a Los Monos a cambio de protección.

Según trascendió, las nuevas evidencias que serán utilizadas en la imputación son dos tickets de peaje, uno de carga de combustible que corroborarían viajes de Serjal a Buenos Aires entre el 13 y 14 de noviembre de 2019 que habrían sido para reunirse con Leonardo Peiti, el empresario del juego arrepentido que brindó a la Justicia detalles sobre las presuntas coimas, que rondarían los 4.000 y 5.000 dólares mensuales, que le pagaba tanto a este fiscal destituido como a Ponce Asahad.

Uno de los tickets de peaje es del acceso norte a Campana del 13 de noviembre, correspondiente al viaje de ida, y el otro del día siguiente, a las 13.49, del regreso a la ciudad en el Corredor Panamericano. Además, se avanzará en la denuncia hecha por el jefe de fiscales de Venado Tuerto Alejandro Sinopoli contra Serjal por haber filtrado datos de una causa que se tramitaba en Melincué contra una banda dedicada al juego clandestino, donde casualmente se investigaba a Leonardo Peiti.

El ex jefe de fiscales de Rosario será acusado de cohecho por el equipo de fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos. Por ese mismo delito, fue imputado con prisión preventiva el martes pasado el fiscal Ponce Asahad.

Por otra parte, en las últimas horas se conoció que los dos fiscales implicados en esta causa resetearon la aplicación Whatsapp cinco veces en poco más de un mes «en momentos clave de la investigación», según determinó un peritaje a sus teléfonos celulares.

El Fiscal Regional de Rosario, Patricio Serjal, renunció este domingo, sospechado de corrupción. Le presentó su dimisión a su cargo como cabeza del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la ciudad al fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, quien se la aceptará este lunes. La decisión se dio luego de la resonante investigación que lo involucra junto con el fiscal de Flagrancia Gustavo Ponce Asahad sobre cobertura institucional a un capitalista de juego ilegal.

“Soy ajeno a las cuestiones que se han ventilado y me he puesto a disposición de los investigadores para lo que los mismos requieran. Quiero dejar en claro que jamás he realizado actos que no se han ajustado a derecho durante mi función, hago referencia a mi actuación, desconociendo el modo en que han obrado otras personas y no siendo quién para juzgarlos”, aseguró Serjal en una misiva dirigida a Baclini, que le pidió que renunciara, y agregó: “Los acontecimientos ocurridos los últimos días ponen de manifiesto una situación de gravedad para el Ministerio Público de la Acusación”.

A su vez, en el mismo texto, el fiscal saliente afirmó que «en virtud de las circunstancias, es necesaria una renovación en el rol de fiscal regional, ello dada la relevancia política institucional que tiene el rol” y continuó: «Se debe velar en primer lugar por la Institución y la consecución de los objetivos planteados en el plan de desarrollo institucional, sin mezclar en ello cuestiones personales que puedan menoscabar la institucionalidad”.

Desde la Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPA de la provincia emitieron un comunicado donde le solicitaron que no sólo renuncie a su cargo de jefe sino también de fiscal de grado. «Los fiscales representados por esta Asociación solicitamos que el Sr. Patricio Serjal renuncie a su cargo de Fiscal Regional como así también al de Fiscal”, afirmaron.

Los fiscales representados por esta Asociación solicitamos que el Sr. Patricio Serjal renuncie a su cargo de Fiscal Regional como así también al de Fiscal

— Asociación de Fiscales y Funcionaries MPA (@fiscales_mpa) August 3, 2020

La olla a presión se destapó en el Ministerio Público de la Acusación. El fiscal Gustavo Ponce Asahad, que integraba la Unidad Especial Covid-19, quedó en el ojo de la tormenta al ser acusado de filtrar información de Fiscalía a una banda criminal. Ángelo Rossini, abogado defensor de Leonardo Peiti, empresario acusado de integrar esa organización delictiva, habló en Radio Mitre Rosario y contó que su cliente quedó en libertad tras declarar como arrepentido ante la jueza Valeria Pedrana.

El letrado hizo fuertes acusaciones que ponen en jaque a la justicia y política santafesina: Peite mantuvo reuniones con Ponce Asahad para beneficios personales a cambio de dinero bajo el aval del fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, quien había calificado como «gravedad institucional enorme» la filtración de información de Fiscalía.

En diálogo con el programa El Puente de Radio Mitre Rosario, Rossini adelantó que Peiti quedó en libertad tras una caución que asciende a los 10 millones de pesos, fijación de domicilio, prohibición de salir del país y firma semanal en una institución judicial.

La información de filtración desde Fiscalía a delincuentes fue denunciada hace dos semanas por los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, en la audiencia imputativa contra la banda criminal integrada por Alejandro Torrisi, policía retirado, Maximiliano ‘Cachete’ Díaz, detenido acusado de planificar el ataque al Casino City Center en enero de este año —que provocó la muerte de un hombre que se encontraba en la sección de fumadores— y Otniel Almonte De León, dominicano arrestado acusado de matar al ex integrante de la Policía de Investigaciones, Cristian Ibarra.

El abogado de Peiti negó que su cliente esté vinculado a esa banda: «La supuesta maniobras de apriete fue un malentendido y eso lo vamos a demostrar que es mentira». «Mi cliente es un empresario que se dedica al juego limpiio, tiene licencias en la provincia de Formosa, Misiones, Santa Fe y en Paraguay. Son hechos que vamos a defender en un futuro juicio oral», agregó.

Sobre su defendido, Rossini explicó: «Peiti es un empresario que tiene diversas empresa en Rosario y en todo el país, que estaba siendo acusado por distintos hechos. Él tuvo un contacto con el fiscal Ponce Asahad y con otro miembro de Fiscalía. Declaró en calidad de arrepentido, esto al afecto de aportar información a fiscalía (Edery y Schiappa Pietra) de los diversos encuentros que tuvo con el fiscal Ponce Asahad».

Según precisó el abogado Ángelo Rossini, Leonardo Peiti se reunía con Ponce Asahad para pedir «una suerte de protección e información a cambio de dinero». «Nuestro cliente declaró que hay una relación con el fiscal regional Patricio Serjal, trabajan juntos, el fiscal regional le dijo a Peiti ‘de ahora en más tratá con él’ (por Ponce Asahad)», dijo en diálogo con el periodista Andrés Cánepa.

La vivienda del fiscal Ponce Asahad fue allanada este viernes, en lo que significó un fuerte cimbronazo al Ministerio Público de la Acusación.

«Entregó su teléfono celular y la clave del mismo para que los fiscales hagan las pericias necesarias. Dio un montón de datos circunstanciados donde dio líneas de investigación, algunas de ellas fueron corroboradas y como consecuencia de esa corroboración hoy (por este viernes) se allanó la casa de Ponce Asahad», señaló Rossini.