La expartera acusada de sustracción de identidad de un bebé, Dolly Viale de Garrido, se presentó vía videoconferencia este martes en la formalización de la indagatoria y se negó a declarar. Deberá abonar una caución real de 5.000.000 pesos para quedar en libertad.

La audiencia se llevó a cabo esta mañana en los Tribunales Federales de Oroño al 900, por intermedio del Juzgado Federal N° 4 de Rosario y la médica jubilada participó vía Zoom, en la instancia que se desprende de la causa por supresión de identidad de Roberto Fargioni.

De acuerdo al relato impulsado por el Ministerio Público Fiscal (MPF), el hombre fue dado a luz en 1978 en el Hospital Roque Sáenz Peña de la ciudad y su acta de nacimiento habría sido adulterada el 9 de septiembre de dicho año por la mujer de 88 años. El documento acreditaba que el niño pertenecía a un matrimonio que no tenía vínculo biológico.

La sospechosa se abstuvo de prestar declaración, ante el asesoramiento del abogado Diego Sosa y frente al juez Carlos Vera Barros. En este contexto, se le leyeron los cargos y podrá continuar libre durante la continuidad del proceso legal siempre y cuando abone el monto millonario en un plazo de cinco días.

El caso de “Dolly”, la obstetra de 88 años acusada de robar la identidad de bebés recién nacidos durante el siglo pasado en el Hospital Roque Sáenz Peña conmocionó a la ciudad y este viernes hubo un avance en otra investigación de similares características. Otra partera de 87 años, Olga Concepción Artale de Silva, fue procesada sin prisión preventiva por dos casos de presunto supresión y alteración del estado civil de un menor de diez años, en concurso real con falsedad ideológica de instrumento público.

La causa es seguida de cerca por la Unidad Fiscal Rosario, donde abordaron desde 2022 y 2023 los testimonios de Ana Carolina Alzugaray y Romina Elisabet Lobos, dos mujeres que tenían dudas sobre sus orígenes y denunciaron irregularidades por separado.  

Por un lado, Ana se crió en Maciel bajo la responsabilidad de Clorinda Carolina Ceresole y José Manuel Alzugaray, quienes le confirmaron desde temprana edad que no era su hija biológica, a pesar de que su partida de nacimiento lo acreditaba. Además, le revelaron que fue entregada en una vivienda de Richieri al 2.000, en Rosario, tras un contacto con la hermana de la obstetra.

Posteriormente, surgió el caso de Romina, criada por Esther Candusso y José Francisco Lobos, quien de adulta conoció la verdad detrás de su identidad. Al igual que en la primera de las historias, la documentación daba fe de un vínculo biológico falso. Tras una serie de estudios, se ratificó que quienes criaron a ambas niñas no eran sus padres.

La Fiscalía y la querella elevaron los casos a juicio y pidieron la colaboración de la población para encontrar a las verdaderas madres biológicas. Da Silva se había negado a declarar en 2025 y alegó que sufre “olvidos involuntarios y déficit cognitivo de memoria” por un accidente laboral y un traumatismo reciente. 

Primero, el Tribunal ordenó la intervención del Gabinete Interdisciplinario de Diagnóstico Psico-Físico y Social de los Tribunales Federales de Rosario y, en un primer examen médico, determinó que la sospechosa tenía un deterioro cognitivo ostensible que le impedía comprender el proceso judicial. Luego, la abogada querellante se opuso al resultado y, en diciembre de 2025, se fijó un reexamen. 

En marzo de 2026 se realizó la segunda evaluación, la cual determinó que la médica presentaba un “deterioro cognitivo leve”, lo que modificó el criterio anterior, y que poseía las condiciones para la comprensión de la causa penal. Finalmente, el 2 de julio de 2026, tuvo que declarar por el caso vinculado a Ana Carolina Alzugaray y la semana pasada fue procesada. 

El Ministerio Público Fiscal imputó a una mujer de 88 años acusada de separar bebés de sus madres cuando trabajaba como partera en el Hospital Roque Sáenz Peña y entregarlos por dinero. Hay cinco denuncias bajo la lupa y también la investigan por supresión de identidad de su presunta hija, nacida en 1970.

Así lo confirmó la fiscal federal Soledad García de la Oficina de Criminalidad Económica y Trata de Personas del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos. Se trata de D. E. V., conocida con el apodo de “Dolly”, una exempleada del establecimiento de salud de Laprida al 5300.

La investigación se originó el 15 de abril de este año, a partir de la denuncia de una mujer que, al tener dudas acerca de su origen biológico en 2012, confirmó a través de un análisis que las personas que figuraban en su acta de nacimiento no eran sus padres biológicos y que su fecha de nacimiento había sido 13 días antes de lo documentado. Según declaró, la pareja que la crió le habría pagado una suma de dinero a la obstetra para acceder a su entrega.

A partir de una audiencia celebrada este miércoles en los Tribunales Federales de Rosario, ante el juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz, la Fiscalía alegó que la partera “de manera sistemática entre 1968 y 1980”, separaba recién nacidos de sus respectivas madres biológicas y los vendía. Además, de acuerdo al relato, V. habría confeccionado en 1970 un documento de nacimiento con información falsificada sobre su supuesta hija.

El magistrado rechazó la prescripción propuesta por la defensa y le adjudicaron a la mujer los delitos de supresión y alteración del estado civil y de la identidad de una menor de diez años y por falsedad ideológica de instrumento público. 

También, entregó el pasaporte, no puede salir del país ni mantener contacto con las víctimas y deberá presentarse cada 15 días ante la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.Por otro lado, ordenaron la extracción del ADN para corroborar si existe un vínculo biológico con los denunciantes.

La fiscal García brindó declaraciones al respecto y consideró que el accionar de la partera "produjo consecuencias jurídicas permanentes que hasta el día de hoy se mantienen inalteradas”. Luego, agregó: "Es un caso gravísimo el que se investiga en esta unidad fiscal, afectó derechos a la identidad y dignidad de esas personas”, evaluó la fiscal.