El Gobierno de Santa Fe movilizó a parte del gabinete a San Cristóbal tras el ataque en el que un menor de 15 años mató a otro de 13 con una escopeta en la Escuela Normal N° 40 “Mariano Moreno”. 

Este lunes al mediodía se desarrolló una conferencia de prensa en la que se confirmó la suspensión de las clases por tres días en el establecimiento educativo y se brindó información sobre el agresor. 

Tras una presentación del senador provincial por el departamento San Cristóbal Felipe Michlig, tomaron la palabra los ministros de Justicia y Seguridad; Educación e Igualdad y Desarrollo Humano; Pablo Cococcioni; José Goity y Victoria Tejeda. Además, estuvieron presentes el fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Carlos Botero; el intendente de San Cristóbal, Marcelo Raúl Andreychuk; la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Daiana Gallo Ambrosis; y la secretaria de Niñez, Daniela León.

Por un lado, Cococcioni se expresó respecto a lo sucedido esta mañana en la institución y mencionó: “Es un momento muy triste y conmocionante, así que queremos acompañar a la familia de Ian, estamos desde primera hora con equipos de las distintas áreas del Gobierno. No hay palabras ni actos que puedan remediar una pérdida semejante”.

Luego, advirtió que “tanto el presunto autor de este hecho terrible como sus víctimas tienen la particularidad de que son personas menores de edad" y resguardó información sensible argumentando "hay algunos datos que nos obligan a tener una doble precaución a la hora de comunicar”.

“Estamos trabajando en conjunto en elaborar una propuesta de intervención que se va a poner a disposición de la Fiscalía para que se lo presente ante los Tribunales”, anticipó el funcionario, quien recordó que la reforma de la Ley Penal Juvenil todavía no entró en vigencia y agregó: “Se trataría de un menor que, por la edad, es no punible a la luz de la legislación actual, con lo cual se va a hacer el máximo esfuerzo dentro del marco vigente para dar una contención adecuada en un caso de esta naturaleza”.

Por su parte, el ministro Goity reveló que “el agresor no registra antecedentes en el sistema educativo a lo largo de toda su trayectoria escolar" y que "se encontraba cursando el nivel secundario”. A su vez, puntualizó: “Sabemos que atravesaba una situación del ámbito intrafamiliar muy compleja”.

El fiscal Botero aclaró que nunca es “una situación simple" poder determinar de dónde el autor obtuvo el arma de fuego utilizada para una balacera. “Nos resulta imposible todavía tener esa información, si es que la llegamos a tener”, subrayó.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, reveló este jueves que ya hay detenciones por las balaceras con notas intimidantes que se produjeron en Rosario durante la última semana y consideró que los autores responden a “elementos residuales” de Los Monos.

Las declaraciones se dieron esta mañana en el exterior de la cárcel de Piñero, en el marco de la entrega de 50 camionetas pick-up que serán utilizadas por el Servicio Penitenciario. El funcionario se refirió a la balacera ocurrida este domingo en Ocampo y Necochea donde un hombre de 33 años resultó herido y al ataque registrado este martes por la noche contra una camioneta en Zelaya y Washington, sin víctimas.

En primer lugar, el titular de la cartera consideró que los episodios “están ligados a un conflicto territorial de elementos ligados al microtráfico de estupefacientes" y mencionó que "son desprendimientos vinculados a bandas que en su momento funcionaban como organizaciones criminales muy estructuradas, concretamente Los Monos”.

En la misma línea, agregó: “Hoy son elementos residuales que han quedado y, con el encarcelamiento de sus principales referentes, se dan estas cuestiones que a veces involucran algún grado de violencia”.

Por otro lado, mientras avanza la investigación, Cococcioni aclaró que “ya hay detenidos por ambos hechos y hay celulares secuestrados". Luego, concluyó: "Ninguna pretensión de instalar una modalidad violenta la vamos a dejar pasar”. 

El Gobierno de Santa Fe anunció este miércoles que da marcha atrás con la decisión de pasar a disponibilidad a los policías investigados por abandono de funciones en el marco del reclamo por mejoras en las condiciones salariales.

Así lo confirmó esta mañana en la sede de Gobierno de Rosario el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, quien estuvo acompañado en una conferencia de prensa por su par de Economía, Pablo Olivares. Ambos encabezaron una reunión esta madrugada con representantes de sectores policiales involucrados en la manifestación.

En primer lugar, el funcionario remarcó que “a lo largo de todo este proceso, la seguridad estuvo garantizada”, con niveles de operatividad de entre el 80 y 90 por ciento, a la par que “se trabajó en conjunto con el Ministerio de Seguridad nacional y se redistribuyeron fuerzas para garantizar el policiamiento urbano". Además, mencionó que "no hubo situaciones de gravedad y todas las incidencias fueron atendidas”.

En relación a la negociación, puntualizó: “En los días previos hicimos un ofrecimiento al diálogo que había sido frustrado, nosotros en ningún momento nos negamos a dialogar pero no podíamos sentarnos a hablar si sentíamos que iba a condicionar la operatividad policial, pedimos que se reestablezcan niveles razonables de patrullaje y presencia policial en la zona urbana”.

Luego, Cococcioni reveló que “queríamos que quienes estaban reclamando dieran una muestra de compromiso hacia la ciudadanía" y valoró que el acatamiento del pedido “fue muy importante”. A su vez, agregó: "Procedimos a entablar contacto con una serie de referentes y delegados en la sede de Gobierno”.

Por otro lado, el titular de la cartera remarcó que no habrá pases a disponibilidad, medida que catalogó como “preventiva” tras el anuncio de este martes, y le pidió públicamente a los policías que siguen inactivos que “se reintegren de inmediato” a sus funciones.

El ministro Olivares tomó el micrófono y, al referirse a las causas de las movilizaciones, reflexionó: “Escuchamos los reclamos de los rangos inferiores. Hoy el personal tiene una carga horaria muy alta de 48 horas semanales, esto implica una alta dedicación y, al mismo tiempo, que la no tengan las mismas condiciones que otros casos donde tienen otros ingresos”.

“Lo que vemos hoy es que la carga horaria genera estrés, debe atenderse y compensarse. Todo aquel que porta un arma va a tener un ingreso que no va a ser inferior a la canasta básica tipo”, afirmó.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni,  se refirió este martes por la mañana a la movilización policial que tuvo lugar en las últimas horas en la Jefatura de Rosario y anunció que hay por lo menos 20 agentes identificados que abandonaron sus funciones y serán pasados a disponibilidad.

Cococcioni brindó declaraciones desde la sede local de Gobierno junto a los secretarios de Seguridad Pública y de Análisis y Gestión de la Información; Omar Pereira y Esteban Santantino respectivamente. En primer lugar, mencionó: “Venimos atravesando días de protestas tanto de sectores de la propia fuerza policial como familiares y allegados que plantean problemáticas. Han motivado el anuncio de un paquete de medidas tratando de recomponer a los efectivos que realizan tareas de calle”.

El funcionario consideró que la protesta es legítima y remarcó que el Ejecutivo santafesino es el primero “en destacar y ponerse a trabajar para tratar de dar respuesta a las necesidades y los problemas del personal", aunque puntualizó que "se fueron montando determinados grupos que empezaron a sumar, a partir de intereses particulares y sectoriales, acciones violentas, antijurídicas y empezaron a instigar al personal policial y sembrando fake news”.

Sobre los hechos que tuvieron lugar en el edificio policial de Ovidio Lagos y Gutiérrez, relató que los manifestantes trataron de “impedir la salida de los móviles hacia sus funciones de patrullaje y, en algún momento, un estimado de no menos de 20 unidades en Rosario fueron directamente paralizados, puestos en frente de la Jefatura. Luego algunas de esas personas cometieron abandono de servicio”.

“Tenemos detectada a gente allegada a sectores desplazados de la Policía de Santa Fe, en algunos casos vinculados a gravísimos delitos de corrupción cuyos perpetradores hoy están privados de su libertad”, subrayó el ministro, quien agregó: “No lo vamos a dejar pasar, utilizar a la institución policial y sus funcionarios para minar la política de seguridad que tanto trabajo nos costó es cruzar una línea que nosotros no vamos a consentir”.

En este contexto, se dio a conocer que hay 20 empleados de la fuerza identificados que serán pasados a disponibilidad y se les retirará el arma y el chaleco antibala. Además, desde el Gobierno de Santa Fe confirmaron que se encuentran trabajando en conjunto con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para investigar “posibles ilícitos penales” de policías y grupos “desplazados de la policía”.

En la misma línea, Cococcioni ratificó que el patrullaje en Rosario se está “sosteniendo con esfuerzos” este martes y aclaró que las decenas de vehículos policiales frenados “objetivamente elevan los niveles de riesgo”. También, comentó: “Me atrevería a decir que les acarrea responsabilidad penal si llegara a ocurrir un delito que no pudo ser evitado por esa acción”, concluyó.

Al ser consultado por las personas que participaron de la protesta con la cara cubierta, reveló que se reunió material que “los propios participantes suben a sus redes sociales” y que “se cruzaron límites en cuanto al tipo de acciones violentas”.  Nuevamente, afirmó que hay registro de encapuchados “claramente vinculados a sectores desplazados de la Unidad Regional II”.

El Gobierno de Santa Fe anunció este viernes mejoras para el personal policial en sus condiciones laborales, incluyendo una serie de aumentos, la posibilidad de cobrar nuevos suplementos y el abordaje de la problemática del desarraigo para quienes cumplen funciones lejos de su lugar de origen.

El ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococccioni, encabezó una conferencia de prensa en la Sede de Gobierno de Rosario junto a los secretarios de Seguridad Pública, Omar Pereira; y de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino.

En primer lugar, el funcionario explicó: “Estamos avanzando hacia una reformulación de suplementos específicos. La decisión fue generar tres nuevos suplementos que van por destinos y tareas específicas. Se suman, no derogan ninguna de las retribuciones anteriores”.

El primero será un plus de 500.000 pesos para quienes realicen funciones operativas de seguridad en calle de 12 x 36 dentro de ciudades priorizadas; entre ellas Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Pérez, Granadero Baigorria y Santo Tomé.

El segundo incentivo será de 250.000 pesos para los agentes que trabajen en departamentos con mayor complejidad o de vacancia, incluyendo a todas las ciudades y localidades del Gran Rosario y La Capital que no fueron abarcadas en el primer suplemento, junto con San Lorenzo, Caseros, General López, Constitución y Castellanos. Quienes cobren este plus no podrán percibir de manera simultánea el medio millón de territorios priorizados y viceversa.

Por otro lado, hay un tercer extra, que es adicional al resto, destinado a choferes de toda la provincia. Será de 250.000 pesos para quienes estén habilitados para conducir patrulleros o motos. 

Otro de los cambios corresponde a la tarjeta alimentaria policial, que aumentará un 102 por ciento, de 86.847 pesos a 175.682 pesos. A su vez, la hora OSPE se incrementarán en un 31 por ciento. “Ya habíamos dado varios aumentos para fortalecer el patrullaje, hoy por hoy se ha decidido un nuevo aumento y la hora base, que estaba 5.500 pesos, hemos decidido llevarla a 8.000 pesos”, detalló Cococcioni.

También habrá subas del 47 por ciento en todas las categorías de adicionales. El rango más bajo irá de 2.781 a 5.283 pesos; el intermedio de 8.352 a 15.868 pesos; y el alto subirá de 11.000 a 21.000 pesos.

Luego, el funcionario presentó medidas en desarrollo que “van a ser estudiadas” de cara a una posible aplicación. En ese sentido, tras el debate por la salud mental en la Policía que reflotó tras la autoagresión en la sede de Jefatura de Rosario que terminó con la muerte de un efectivo, anunció que se trabajará en un programa para incorporar más recursos que permitan llegar a más casos de crisis de salud mental en la fuerza y brindar asistencia.

“Hemos escuchado las voces del personal policial que manifestaba un malestar en determinadas situaciones y hemos llegado a la conclusión de que el área ministerial de asistencia debe ser fortalecida”, reflexionó.

El titular de la cartera señaló que cuatro de cada cinco policías santafesinos son reclutados del norte para cumplir tareas en el sur y, ante la problemática del desarraigo, anticipó que se analizará un programa de apoyo para quienes alquilen una vivienda en el lugar de destino.

Además, Cococcioni explicó que también se abordará la posibilidad de ofrecer alojamiento en hotelería que imitará la política que el Ejecutivo provincial adoptó para integrantes de las Fuerzas Federales durante el Plan Bandera. “Se les paga hotel para que pernocten en Rosario. No es la medida ideal, nosotros queremos reclutar de donde hay que prestar servicio o que la persona se radique, pero si no logramos eso al menos le vamos a pagar el hotel”, concluyó.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, se refirió al caso del policía que intentó quitarse la vida en la Jefatura de la Unidad Regional II de Rosario y reflexionó que “hay problemas estructurales que no tienen una respuesta asistencial”.

El funcionario habló acerca de lo ocurrido este lunes en el edificio policial, cuando un efectivo del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI) que está de licencia por carpeta psiquiátrica se autolesionó en la cabeza con el arma reglamentaria de una colega. El hombre está internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) en grave estado.

En este contexto, Cococcioni  subrayó: “Cuando ocurre un hecho de estas características siempre se pone en análisis cómo se trabaja la salud mental del empleado policial. Hay problemas más estructurales que no tienen una respuesta asistencial”.

Luego, confirmó que hay  560 policías en Santa Fe bajo seguimiento psicológico y destacó que “se avanzó en convenios con las áreas de salud y hoy tienen tratamiento sin copago de Iapos”. 

Por otro lado, señaló: "Hay cerca de 460 empleados que han abandonado tratamiento voluntario y obviamente se evalúa para mantener o no el estado policial y la portación de arma, porque tenemos que pensar en su bienestar pero también en la seguridad de la sociedad, porque son ellos los que tienen que salir a cuidar a la gente”.

A su vez, el funcionario abordó la problemática del desarraigo de los efectivos que trabajan a muchos kilómetros de su hogar y mencionó. “La provincia recluta en el norte y tiene puestos que cubrir en el sur. Lo estamos abordando poniendo cupos geográficos, porque veníamos de años en donde casi el 80 por ciento del personal provenía de los tres departamentos del norte”.

En la misma línea, Cococcioni consideró que  “a la larga estas cosas se pagan” y reflexionó: “Cuando la gran mayoría del contingente policial cumple servicio a costa de un traslado muy largo con un desarraigo personal y familiar, tiene una repercusión y no admite una solución inmediata”.

Tras ser consultado por la hipótesis de que el salario es una variable que entra en juego en estas situaciones, mencionó: “Hay un ingreso inicial al que se le suman suplementos para los que hacen tareas en las calles. La mejora salarial llega con la antigüedad y con el ascenso. Cuestiones puntuales que hemos relevado se relaciones con situaciones personales, familiares o deudas que no están atadas al parámetro general de la remuneración". Además, puntualizó: "No juzgamos que la remuneración, que siempre se puede mejorar, pueda ser el detonante de alguno de estos episodios".

No obstante, analizó que los casos de autolesiones “son eventos multicausales” y “no obedecen a la inactivación o no de un protocolo”, ya que “hay aspectos personales” de por medio. También detalló que hubo personal que fue dado de alta y pudo continuar ejerciendo sus  tareas. 

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, brindó declaraciones este jueves por la mañana sobre el caso de Luna Zárate, la adolescente de 13 años que fue buscada por más de un mes y se descubrió que su cuerpo estaba en la morgue tras un atropello en Circunvalación y Avellaneda. “Hay que dar una respuesta basada en la evidencia”, puntualizó.

La menor, quien fue embestida por un Ford Focus durante la madrugada del 24 de diciembre, había sido declarada desaparecida tras la denuncia de su padre el 30 de diciembre. Fue identificada en el Instituto Médico Legal por su familia este miércoles por la tarde. Por el caso fue demorado un automovilista de 37 años oriundo de San Lorenzo, Marcos C., quien fue trasladado a la Comisaría 32ª y posteriormente quedó libre.

En este contexto, el titular de la cartera provincial fue consultado por el suceso bajo investigación y explicó: “Habría una denuncia de pedido de paradero formulada una semana después de la salida del hogar familiar. Lo que no hubo fue una identificación de los restos, que se pudo dar recién este miércoles por datos indirectos y algunos signos corporales”.

Luego, al ser consultado por un posible desentendimiento entre la Policía, el Instituto Médico Legal y la Fiscalía, el funcionario recalcó que “primero hay que investigar y esclarecer qué pasó para después llegar a una conclusión". En la misma línea, argumentó: "Algunos casos de identificación que pueden ser complejos y puede haber una explicación por la cual no se habría podido confirmar de inmediato que coincidía con la persona buscada”.

Cococcioni concluyó en que la familia de la víctima necesita “una respuesta basada en evidencias” y recalcó: “Me disculpo por la parquedad de siempre, pero en un tema tan delicado como este entiendo que lo peor que podemos hacer es salir a revolear conjeturas”.

El Gobierno de Santa Fe confirmó que se llevaron a cabo unos 70 allanamientos en la provincia durante las últimas 24 horas y derribó un nuevo búnker en Villa Gobernador Gálvez.

Así lo anunció este viernes por la mañana el ministro de Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni, en el marco de un operativo por la Ley de Microtráfico en pasaje Netris al 2600, en la ciudad vecina.

En primer lugar, el funcionario habló sobre la inactivación N° 103 en el territorio provincial y explicó: “No solamente estamos hablando de un punto de venta de drogas, sino de un lugar que estaba siendo utilizado como un refugio de delincuentes que, como en todos estos casos, provocaban múltiples delitos que empeoraban la vida de los habitantes del barrio”.

En este marco, el titular de la cartera mencionó que “entre ayer y hoy también estamos completando un total de 70 allanamientos de los cuales seguramente van a surgir nuevos derribos, nuevos lugares para inactivar, tanto relacionados con circulación de violencia altamente lesiva, como con microtráfico y sus delitos circundantes”.

Por otro lado, la fiscal Brenda Debiasi, del Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), reveló que el derrumbe del búnker en Villa Gobernador Gálvez está vinculado a la banda de Gerónimo Bogado y corresponde a una investigación que incluyó 102 allanamientos por grupos delictivos que operaban en el territorio . "Se logró la detención de todas las personas que estaban identificadas hasta ese momento, más de 50”, aclaró.

“Pudimos constatar a través de escuchas y pericias de teléfonos celulares que este lugar funcionaba como un aguantadero al que los miembros de la asociación se dirigían cuando no querían ser localizados por el personal policial. No tiene baño, cocina, mobiliarios, no tiene absolutamente nada, por ende, sostenemos que la única función era funcionar como aguantadero”, agregó Debiasi.

El Gobierno de Santa Fe hizo entrega de nuevas camionetas para la Policía este lunes en Rosario.

El acto tuvo lugar este mediodía frente al Monumento Nacional a la Bandera, en el centro de la ciudad, y contó con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro; el intendente Pablo Javkin; el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, entre otros representantes del Ejecutivo santafesino, el municipio y autoridades policiales.

Se trata de 72 vehículos robustos Ford Maverick que se suman a la flota local para reforzar el patrullaje y la presencia policial en calle. “Quisimos hacer esta entrega además de las que entregamos durante este año, las camionetas Toro, que fueron cerca de 400, 960 Fiat Cronos, 600 motocicletas y ahora vienen 720 camionetas más, Chevrolet Montana”.

Por su parte, Javkin brindó declaraciones ante los presentes y destacó: “Es un paso más a asegurarle a esta ciudad lo que ha recuperado, ocupar la calle para la gente buena. Eso requería una recuperación fuerte de la operatividad policial y del trabajo conjunto en todas las áreas”.

A su vez, el ministro Cococcioni habló sobre el rol de las camionetas en el esquema de seguridad y subrayó: “Vienen a fortalecer algunas áreas críticas, llega el turno de equipar a grupos especiales que están en los barrios más calientes de Rosario”. En la misma línea, agregó: “Son para meterse en absolutamente cualquier barrio y darle a nuestra policía una impronta, una presencia y una percepción ciudadana más importante”.

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe llevó adelante una nueva demolición de un punto de venta de drogas este jueves, ubicado en una cuadra de la zona sur de Rosario donde se registraron múltiples asesinatos ligados al narcomenudeo.

El operativo tuvo lugar en Garibaldi al 200, en barrio Tablada. Se trata del procedimiento número 56 en la ciudad por la Ley de Microtráfico. A nivel provincial, ya son 90 las inactivaciones. 

El inmueble  fue identificado como lugar de comercialización y fraccionamiento de estupefacientes vinculado a un sector del clan Funes. Además, desde el Ejecutivo santafesino revelaron que guarda relación con las dos estructuras unidas por un agujero que fueron derribadas este miércoles en Villa Manuelita.

El ministro Pablo Cococcioni supervisó las tareas este jueves  y detalló que la investigación “comenzó por una intervención de las fuerzas federales". En este sentido, explicó que la necesidad de llevar adelante el operativo está ligada a que, entre 2020 y 2023, hubo seis crímenes en la misma cuadra "vinculados a la circulación de estupefacientes”.

A su vez, el fiscal César Pierantoni del Ministerio Público de la Acusación (MPA) también estuvo presente y confirmó que el lugar está englobado “en una causa que llevó unos ocho meses de trabajo y culminó en una primera etapa con 19 allanamientos”, realizados este 19 de octubre. 

El Gobierno de Santa Fe amplió el proceso de inscripción online para varones del centro y el sur de la provincia que busquen formar parte del Servicio Penitenciario.

Así lo confirmó el Ministerio de Justicia y Seguridad mediante la resolución Nº 3180, publicada este viernes con la firma del ministro Pablo Cococcioni. De esta manera, el registro se extendió hasta el próximo domingo 30 de noviembre inclusive. A su vez, el plazo de entrega de documentación requerida continuará hasta el sábado 13 de diciembre.

La secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, brindó declaraciones sobre el proceso de incorporación de personal penitenciario y explicó: “Se trata del escalafón suboficiales dentro un cupo de 800 personas que prevé un 75 por ciento de ingresos masculinos. Por lo tanto, la extensión de plazo es solamente para varones”. 

En este sentido, la funcionaria aclaró que la ampliación de cupos será producto de las obras en El Infierno, la cárcel de alto perfil que se construye en Piñero. “Buscamos que se incorporen varones de entre 18 y 28 años que, por supuesto, luego tendrán que superar las pruebas que se realizan con posterioridad a la inscripción. Todo dentro de un plan que llevará a incorporar a 2.600 agentes penitenciarios en esta gestión”, agregó.

Los interesados en aplicar a las vacantes deben acceder a la web del Servicio Penitenciario y cumplir con una serie de requisitos, entre ellos ser argentino; tener domicilio en la provincia de Santa Fe; ser mayor de 18 años y no superar los 28 años al momento de la inscripción; no tener actuación contraria a los principios de libertad y democracia de acuerdo con el régimen establecido por la Constitución Nacional.

Además, los postulantes deberán acreditar antecedentes honorables y de buena conducta, no haber sido separado de la Administración Pública por exoneración, contar con título secundario y contar con las aptitudes físicas y psíquicas que establece la reglamentación.

Los narcotest para funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe y fuerzas de seguridad continúan en la provincia. Agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) de Rosario formaron parte de una nueva ronda de testeos.

Se trata de la medida impulsada por el Gobierno santafesino desde julio de este año, la cual inició con controles al gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de la cartera de Seguridad, Pablo Cococcioni.  En este caso, 35 integrantes de la conducción de la PDI realizaron las pruebas en la ciudad y dieron negativo.

En este sentido, la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Georgina Orciani, habló sobre la aplicación del programa y, en relación al cuerpo policial rosarino, destacó la importancia de llevar adelante los narcotest porque “se trata de un área muy ligada a la investigación del narcotráfico”. Además, agregó: “Es una forma de predicar con el ejemplo. Lo que buscamos con esto es desnudar una realidad ya que nuestro país y nuestra provincia no están exentas a los consumos problemáticos y mucho menos las fuerzas de seguridad".

A su vez, la funcionaria recalcó que “se tomarán las medidas necesarias” si un titular da positivo y, en caso de que se trate de personal de menor rango, aclaró que "se dará un abordaje de la salud desde su perspectiva más integral”.

“Hemos cubierto la totalidad de los empleados de carácter político de la conducción ministerial, casi la totalidad de los agentes penitenciarios como así también con funciones de conducción”, detalló Orciani, quien anticipó que el programa continuará con evaluaciones a las policías especiales del territorio.

El Gobierno de Santa Fe continúa con la convocatoria de músicos a concurso para cubrir 60 vacantes en la Banda Sinfónica Policial.

Se trata de la primera vez en la historia del cuerpo musical que la elección de los integrantes se desarrolla a través de la modalidad regida por un Orden de Mérito, tras la modificación impulsada por el Ministerio de Justicia y Seguridad, a cargo del ministro Pablo Cococcioni.

En este sentido, hay 60 vacantes abiertas, divididas en 40 para la capital provincial y 20 en Rosario, para sumar suboficiales policiales con escalafón técnico-músico. Los interesados tienen tiempo para anotarse hasta el martes 4 de noviembre, a través de la web del Gobierno de Santa Fe. 

En este sentido, los requisitos para inscribirse incluyen tener de 18 a 35 años; ser ciudadano argentino; contar con un título secundario o polimodal completo; condiciones de salud y aptitudes psicofísicas compatibles con la función; no contar con condenas ni imputaciones; no poseer otro cargo ni haber sido destituido o cesanteado.

Además, los músicos deben poseer un instrumento propio y rendirán un examen de cualidades y aptitud para el puesto a ocupar en la banda. En esta ocasión, para la agrupación musical rosarina, se requieren dos oboes; seis clarinetes; un fagot; tres saxofones; dos cornos franceses; tres trompetas; dos trombones y una tuba.

Marcelo Montenegro, jefe de la Banda Sinfónica Policial local, habló sobre la convocatoria y detalló: “Contamos con 206 años de historia y es patrimonio cultural de la provincia. Antiguamente se ingresaba con audiciones, siendo que el músico realmente demostraba la calidad para participar, gracias al gobierno de Maximiliano Pullaro y el empuje del Ministerio de Seguridad se reformó el reglamento y por primera vez se hace por concurso”.

En cuánto a las actividades que lleva adelante la agrupación sinfónica, el titular explicó: “Nosotros participamos en toda la parte protocolar de los actos institucionales y gubernamentales, no solamente en actos ceremoniales sino que también en desfiles con las Fuerzas Armadas”. 

En la misma línea, Montenegro detalló: “Tenemos repertorio de música popular y sinfónica, en Rosario somos una de las pocas bandas del país que toca la mayoría de los himnos de todo el mundo, cada vez que se hace un acto con la presencia de algún cónsul o embajador nos convocan de la Galería de Honor del Monumento a la Bandera y ejecutamos tanto el Himno Nacional Argentino como el del país agasajado”.

A su vez, la Banda Sinfónica Policial realiza diferentes presentaciones a lo largo del año en escuelas, clubes o espacios públicos. “Hacemos muchas actividades para la comunidad, somos la pata cultural de la Policía y el acercamiento musical con la comunidad lo tenemos desde ese lugar”.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, brindó declaraciones este jueves sobre la causa por el crimen de Lucas Cicarelli en la costanera central de Rosario y abordó la posible inimputabilidad de uno de los detenidos.

El titular de la cartera provincial habló esta mañana en exclusiva con Mauro Yasprizza de Radio Mitre Rosario acerca del asesinato que ocurrió el 19 de octubre en Moreno y el río Paraná, cuando dos delincuentes abordaron a una pareja con intenciones de robo y, tras un forcejeo, el joven de 30 años cayó por la barranca y murió.

Este miércoles se llevó a cabo la audiencia contra los dos detenidos, donde Andrés Rodrigo Frontera (38) quedó en prisión preventiva por el plazo de ley tras ser imputado por homicidio en ocasión de robo. No obstante, Pablo Ismael Ibáñez (30), acusado por el asesinato y señalado por Fiscalía como el portador de un arma de fuego utilizada en el hecho, no recibió imputación debido a que se determinó que no comprende la criminalidad de sus actos. Será sometido a nuevos estudios.

En un análisis sobre la situación, Cococcioni señaló: “En este caso no empezaría diciendo ‘¿cómo podemos hacer para ayudar a que esta gente se recupere en su subjetividad?’, tenemos que establecer cuál es la respuesta del sistema penal”.

“Tenemos dos puertas. En una te pueden reprochar tu participación en un delito, cumplís una condena y vas a la cárcel. En la otra tuviste una alteración morbosa de tus facultades, no pudiste comprender la criminalidad de tu acto y te dan una medida de seguridad", aclaró el ministro. Luego, respecto a la segunda alternativa, remarcó que "también vas a la cárcel pero no por un plazo determinado, vas por tiempo indeterminado hasta que un informe de peritos certifique que desaparecieron las causas que te hicieron peligroso”.

En este sentido, el funcionario consideró que si el sistema es bien aplicado “uno no zafa declarándose inimputable”. Luego, agregó: “Ahora escuchamos las voces que dicen que desde la salud mental hay que mandarle un acompañante terapéutico a la casa o enviarlo al Agudo Ávila o Colonia de Oliveros, y esto no es aceptable porque el Código Penal ordena que el juez imponga la reclusión al inimputable, privada de la libertad en un lugar que no pueda salir”.

Luego, Cococcioni sentenció que “a la familia y a la sociedad se le tiene que dar una respuesta". En la misma línea, reiteró: "O es imputable y va preso con una pena o es inimputable y va a la cárcel a cumplir una medida de seguridad hasta que estemos seguros que no es peligroso”.

En relación a la situación de Ibañez, quien cuenta con antecedentes por distintos delitos en el último año, el ministro puntualizó: “Uno puede tener más o menos nivel intelectual y no hay problema, pero salir con un arma a robar es un delito contra la propiedad porque el que roba quiere hacerse de los bienes ajenos y usa la violencia como medio, no es que el tipo se cree Napoleón y va a Waterloo”.

“Un ladrón con pocas luces no es necesariamente inimputable, eso hay que evaluarlo correctamente. No vaya a ser que terminemos aplicando un sistema de medidas de seguridad a alguien que debería hacerse responsable por sus delitos”, concluyó el funcionario.

El Gobierno de Santa Fe llevó a cabo la inactivación número 50 en Rosario de un búnker de venta de drogas en la zona sur de la ciudad.

Se trata de un inmueble ubicado en Presidente Roca al 5100, en barrio Tiro Suizo, que solía ser utilizado por la banda de Los Gorditos como centro de distribución y acopio de estupefacientes. En los últimos tiempos, el lugar era frecuentado por vendedores y compradores de sustancias y en los alrededores ocurrieron episodios de violencia con armas de fuego.

El ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, estuvo presente supervisando el operativo y afirmó que “detrás de cada búnker hay organizaciones de delincuentes que siguen intentando hacer pie en los barrios, adueñarse del territorio y querer mostrar que ellos mandan”.

Por su parte, el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, César Cabrera, brindó detalles sobre el caso y explicó que la vivienda había sido cerrada, pero en septiembre “habían vuelto a ingresar tras romper la puerta con una moladora para volver a utilizar el lugar con fines delictivos”.

De esta manera, el Ejecutivo santafesino destacó que ya se inactivaron 50 búnkers en Rosario y 78 en toda la provincia desde la aplicación de la Ley de Microtráfico. En este sentido, el ministro Cococcioni anticipó: "Seguramente cumplamos los dos años de la ley superando el centenar”.

El Gobierno de Santa Fe ofrecerá una recompensa económica para identificar a los autores materiales e intelectuales de la balacera contra el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), ocurrido este jueves en el macrocentro de Rosario.

El ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, brindó declaraciones esta mañana al respecto, en el medio de un fuerte operativo de seguridad en el establecimiento de salud a raíz del ataque. “No podemos permitirlo ni naturalizarlo, esto demuestra que nunca podemos relajarnos”, subrayó.

Sobre la medida que será lanzada en las próximas horas en el marco del programa de recompensas, el titular de la cartera provincial anticipó: "Vamos a estar dando detalles de un fuerte ofrecimiento por información sobre las personas que participaron de la balacera”. 

En este sentido, Cococcioni explicó que se difundirán "los datos que se saben hasta el momento", incluyendo imágenes de la secuencia, y junto a la Fiscalía Regional 2 se solicitará la colaboración de la ciudadanía para poder identificar y localizar a los responsables. “Es un hecho que no vamos a dejar pasar y vamos a poner todos los recursos para esclarecerlos”, remarcó.

A su vez, el funcionario reclamó que todavía faltan herramientas en materia judicial y argumentó: “Esto no podemos dejarlo en un abuso de arma, con pena de uno a tres años, la verdad es que tirar cuatro tiros contra un hospital en Rosario merece la perpetua, eso tiene que estar equiparado a una tentantiva de homicidio o a un homicidio consumado”. 

También, el ministro se refirió a la hipótesis que apunta a que la balacera está vinculada con la reciente internación de Dylan Cantero, joven de 21 años ligado a la banda de Los Monos que fue atendido en el Heca por una herida de bala en la pierna. “Es la sospecha más fuerte. También hay que decir que hacía horas que ya no estaba porque había sido de alta a las 8:40 de este mismo día", aclaró. 

Por último, Cococcioni concluyó: "La dificultad en estos casos suele ser que no hay una sola persona internada en el Heca que está relacionada a actividades criminales, pero hay claros indicios de que se debía a algo relacionado a Cantero”.

El Gobierno de Santa Fe completó la aplicación de los juicios por jurados en la provincia con la llegada del sistema a Rosario desde el 1° de octubre pasado.

Se trata del proceso por el cual se convoca a un tribunal compuesto por ciudadanos que decidirán por la culpabilidad o no del o de los acusados. Los participantes deben analizar los hechos denunciados que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente.

La medida comenzó a regir el año pasado en la Circunscripción Judicial N° 5 con sede en Rafaela; luego siguió con la Circunscripción Judicial N° 4 con sede en Reconquista; y la N° 3 con sede en Venado Tuerto. En este 2025, se sumaron la Circunscripción N° 1 de Santa Fe Capital y, por último, y la Circunscripción N° 2 de Rosario.

El ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, habló al respecto y detalló: "A partir de la entrada en vigencia, en cada circunscripción todos los casos penales por los delitos que establece la ley, que usualmente son los delitos más graves o de mayor conmoción social, las acusaciones que se presenten con posterioridad, van obligatoriamente a juicio por jurados”.

En este sentido, los casos que estarán contemplados por el sistema serán los homicidios calificados (art. 80 inc. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del CP); los casos de abusos sexuales seguidos de muerte (art. 124 del CP); el robo calificado por homicidio (art. 165 del CP) y aquellos casos que involucren a personal policial o penitenciario que hubiera actuado en situación de enfrentamiento. 

Por otro lado, Cococcioni subrayó que “el objetivo es acercar la justicia a la gente, generando mayor confianza en las instituciones y garantizando que la voz de la ciudadanía forme parte activa en la resolución de los casos más relevantes”.

El Ministerio de Justicia y Seguridad encabezó un nuevo derrumbe de punto de venta de drogas este jueves en la zona oeste de Rosario.

El operativo fue llevado a cabo esta mañana en Príncipe de Gales al 2800, barrio San Francisquito. El ministro Pablo Cococcioni estuvo presente supervisando el procedimiento. De este modo, se llegó a 75 inactivaciones en la provincia y 48 en la ciudad.

Se trata de un inmueble vinculado a múltiples episodios de violencia y comercialización de sustancias que fue allanado tras el aviso de los vecinos a la Fiscalía. Además, hubo detenciones y se investiga si en el lugar operaba la banda de Los Monos.

En este sentido, el titular de la cartera detalló que "desfilaban permanentemente delincuentes compradores y vendedores de estupefacientes, dejando también rastros muy claros de enfrentamiento de bandas narcocriminales que provocaban una disputa en el medio del barrio para ver quién se quedaba con este lugar”.

Por otra parte, la fiscal Mercedes Banchio del Ministerio Público de la Acusación (MPA) explicó que en el domicilio “no pernoctaba nadie porque no es un lugar habitable" y reveló que será restituido “a tres hermanas que eran hijas de quien alguna vez fue dueño del inmueble y vivió en este lugar”. 

El Gobierno de Santa Fe entregó 30 camionetas adaptadas para patrullaje en Rosario este miércoles. El acto de presentación tuvo lugar en el kilómetro 0 de la Autopista Rosario-Santa Fe y contó con la presencia de la vicegobernadora Gisela Scaglia y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

Los vehículos  serán destinados a la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y a la Guardia Provincial, a partir de una inversión de 1.350.000.000 pesos. En este sentido, Cococcioni afirmó: “Los móviles entregados en esta jornada fueron adquiridos con la administración propia de la APSV”.

Por otro lado, el funcionario aclaró que los móviles “no van solamente a fiscalización vial” sino que también “se suman a la incorporación de personal civil para hacer las tareas de controles en ruta”. Luego, agregó: "Están equipados de manera tal que tengan cierta autonomía, para que puedan cargar equipo personal para montar un puesto de manera autónoma en rutas, autopistas, caminos rurales y en todos los accesos terrestres a la provincia”.

A su vez, la vicegobernadora Scaglia apuntó contra la gestión del presidente Javier Milei por el estado de las rutas nacionales del territorio santafesino y subrayó: “Recuerdo haber escuchado al Gobierno nacional decir que no importan las víctimas fatales de las rutas, que ese no es un dato al que hay que mirar y considerar”. En este sentido, mencionó: “La tarea constante de nuestra Agencia Provincial de Seguridad Vial que tiene que controlar, parar y poner límites para que la gente respete las normas de tránsito en las rutas”.

Por su parte, el secretario de la APSV, Carlos Torres, brindó detalles sobre los últimos reportes en relación a cifras de fatalidad y explicó: “En el año 2024 tuvimos en cantidad de fallecidos en las rutas de la provincia de Santa Fe, la cifra más baja de los últimos 20 años".

El Gobierno de Santa Fe reveló información sobre el operativo de este fin de semana en el que fue capturado Yair D., integrante del clan Riquelme acusado de cometer un crimen en marzo de este año.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, se refirió al  procedimiento de la Unidad de Capturas de Alto Perfil realizado este sábado en Juan José Paso al 5.300, ordenado por el fiscal Patricio Saldutti.

En primer lugar, el funcionario explicó: “Se tenía noticia de que una persona prófuga podría estar yendo a un evento privado. La persona pudo ser observada y a la salida se lo interceptó, se lo identificó y fue puesto inmediatamente a disposición de la Fiscalía”.

El joven de 20 años tenía pedido de captura vigente desde hace cinco meses por el asesinato de Agustín Gabriel Rosales; hecho ocurrido el 21 de marzo en French y las vías. Será llevado a audiencia imputativa en los próximos días.

Por otro lado, Cococcioni confirmó que Jair D. “fue rodeado y no ofreció resistencia” y que “no tenía armas de fuego” al momento de su captura. ”Las búsquedas (de los otros implicados en el hecho) no cesan; pero hoy hay un prófugo más a disposición de la justicia".