El Gobierno de Santa Fe reclamó este miércoles que existe una deuda de más de 6.000 millones de pesos de obras sociales y prepagas a hospitales y centros de salud públicos de la provincia.

Se trata de un monto de 6.102 millones de pesos que corresponde a prestaciones brindadas en establecimientos médicos a personas con cobertura, quienes no recibieron respuesta de sus financiadores primarios.

En este sentido, el Ejecutivo provincial reveló que PAMI concentra una quinta parte de la deuda, con 1.161 millones de pesos. Además, también deben dinero la Obra Social del Personal Rural y Estibadores, la Obra Social del Personal de la Industria del Caucho, la de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (Osecac) y la del Personal de la Construcción (Ospecon).

Por su parte, el ministro de Economía santafesino, Pablo Olivares, habló al respecto y remarcó: "Debemos distinguir entre un Estado que actúa, se hace cargo y garantiza la atención sanitaria a todos los ciudadanos, y un Estado bobo, que no reclama el recupero de los costos a quienes debieron cubrir esas prestaciones con los aportes de afiliados y empleadores y no lo hicieron”.

A su vez, la secretaria de Hacienda, Belén Etchevarría, explicó que “se trata de recursos que debió cubrir un privado y terminó afrontando el Estado provincial", motivo por el cual “deben ser devueltos para que el sistema público pueda mejorar o ampliar los servicios que brinda”.

El Gobierno publicó este miércoles el decreto en el Boletín Oficial para desregular las obras sociales. La medida, publicada en el Decreto 171/2024, alcanza a más de 14 millones de trabajadores en relación de dependencia, sindicalizados, monotributistas, empleadas domésticas, y a más de 5 millones de personas que están en el sistema general.

La misma fue firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Nicolás Posse y el ministro de Salud Mario Antonio Russo.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca que los beneficiarios puedan elegir y dar curso a la libre competencia entre las obras sociales y prepagas.

“El derecho a la libre elección podrá ser ejercido por los afiliados titulares de los Agentes del Seguro de Salud comprendidos en el artículo 1° de la Ley N° 23.660, entre cualesquiera de las entidades incluidas en dicha norma, con la excepción prevista en el artículo 9°, señala el texto.

En el decreto, que comenzará a regir “el primer día del mes siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, se establece que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) se hará cargo del proceso de cambio.

A su vez, la norma aclara que la persona podrá ejercer su derecho en el plazo que la Autoridad de Aplicación establezca. Se hará efectivo el primer día del mes siguiente.

“El plazo mínimo de permanencia no resultará aplicable para aquellos beneficiarios que, encontrándose afiliados a un Agente del Seguro de Salud, hayan elegido a una Entidad de Medicina Prepaga como prestadora de su cobertura médica y esta se encuentre inscripta en los Registros establecidos en el inciso b) del artículo 5° de la Ley Nº 26.682 y en el artículo 6° de la Ley Nº 23.660. En este último supuesto podrán ejercer el derecho a la libre elección hacia esa misma Entidad de Medicina Prepaga”, explican.

Otro de los puntos a resaltar que se indican en el decreto es que los beneficiarios podrán elegir una vez al año su obra social, en el momento que lo desee, desde que haya comenzado su relación laboral.

El Gobierno oficializó este miércoles la desregularización de las obras sociales para trabajadores en relación de dependencia del sector público y privado. La medida que permitirá a los beneficiarios elegir su propia cobertura se emitió esta mañana a través del Boletín Oficial y entrará en vigencia desde el próximo 1 de marzo.

Se trata del Decreto 170/2024, firmado por el presidente Javier Milei, que expone que «el derecho a la libre elección podrá ser ejercido por los afiliados titulares de los Agentes del Seguro de Salud comprendidos en el artículo 1° de la Ley N° 23.660, entre cualesquiera de las entidades incluidas en dicha norma, con la excepción prevista en el artículo 9°”.

Por otro lado, el escrito oficial aclara: «El plazo mínimo de permanencia no resultará aplicable para aquellos beneficiarios que, encontrándose afiliados a un Agente del Seguro de Salud, hayan elegido a una entidad de medicina prepaga como prestadora de su cobertura médica y esta se encuentre inscripta en los Registros establecidos en el inciso b) del artículo 5° de la Ley Nº 26.682 y en el artículo 6° de la Ley Nº 23.660”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, reveló que el Gobierno publicará la reglamentación del capítulo del mega DNU 70/2023 que instrumenta la desregulación del sistema de obras sociales que administran los sindicatos.

Según precisó el vocero en la habitual conferencia de prensa matutina, la intención es que los trabajadores tengan la libertad de derivar sus aportes desde el inicio de su contratación a la obra social o prepara que decidan.

“En virtud de la reglamentación del DNU 70/2023, quiero informarles que los trabajadores tendrán la libertad de derivar sus aportes a la obra social o prepaga que elijan desde el inicio de su contratación”, sostuvo el funcionario.

En la misma línea, aclaró: “Durante décadas esto no pudo ser así ya que muchos estaban obligados a mantener la obra social que les obligaba la actividad o el sindicato al que pertenecían así que esto les va a dar mucha más libertad en virtud de que puedan elegir la obra social que consideren mejor, con mejores servicios, o lo que consideren la mejor atención”.

El objetivo de la administración libertaria es que los trabajadores no se vean obligados a permanecer durante todo un año a la obra social asignada por rama, sino que cuenten con la opción de elegir los prestadores que consideren al comenzar un nuevo empleo sin ningún tipo de intermediación.

De esta forma, las empresas de medicina prepaga se verán obligadas a aportar al Fondo Solidario de Redistribución por el total de la cuota que reciben.

La pandemia significó una crisis sanitaria en todo el mundo.

Durante los momentos más críticos, los establecimientos de salud se vieron colapsados: tanto por casos confirmados de Covid-19, como por consultas y miedo a esta enfermedad, y también a otras ya existentes.

Sin embargo, y al mismo tiempo, un gran porcentaje de personas se encontraban temerosas a la hora de tener que ir a realizar una visita a las clínicas y hospitales, ya que ello podía significar poner en riesgo su salud. En este sentido, se generó un aumento exponencial y hasta una saturación de los canales telefónicos que llevó a que los niveles de atención cayeran fuertemente.

Frente a este contexto, la tecnología comenzó a cumplir un rol clave, y la innovación sirvió como solución a dichas problemáticas.

Las empresas de medicina prepaga comenzaron a implementar asistentes virtuales, con el objetivo de disminuir la presencialidad en las sucursales, brindar información de calidad de forma inmediata y poder distribuir las consultas por motivo y prioridades.

Esta nueva herramienta, permite a los asociados realizar consultas sobre diferentes cuestiones, fundamentalmente administrativas como gestión de autorizaciones, consulta de cartilla o farmacias y sacar turnos médicos o en sucursales.

Si bien la brecha digital en Argentina existe y la demanda de los canales digitales está más relacionada a la población joven, es llamativo el crecimiento de la interacción de los chatbots de los mayores de 50 años.

Lo cierto es que el aumento exponencial del volumen de llamadas y consultas entrantes en los call centers, las largas filas de espera y los equipos de atención desbordados con bajos niveles de atención encontraron en esta herramienta una solución.

Los chatbots resuelven consultas relacionadas con dudas operativas, de turnos, agendas, días de atención y hasta afecciones más comunes en donde no es necesario recurrir a una atención personalizada.

Algunos centros médicos ofrecen la atención por videollamada en especialidades como Nutrición, dermatología, Endocrinología o medicina clínica.

Muchas veces los pacientes necesitan realizarse un análisis de sangre, o estudios de rutina como el electrocardiograma y a través de este formato los especialistas confeccionan las recetas para acudir a los laboratorios o a realizarse estudios particulares.

En lo que respecta a nutrición, muchos especialistas también monitorean y realizan un seguimiento a sus pacientes a través de estos canales.

Los trabajadores transportitas de personas con discapacidad atraviesan una situación más que delicada, frente una gran deuda que le reclaman al gobierno provincial del dinero que deben cobrar del programa Incluir Salud. Prestan un servicio más que importante durante la cuarentena.

“La situación es muy difícil, muy compleja, crítica te diría y mucho antes de la aparición de la pandemia”, explicó el presidente de la Asociación de Transportes Especiales de la Provincia de Santa Fe, Pablo Bolego, quien además contó: “En este contexto de coronavirus, el trabajo que venimos desarrollando es el traslado de viandas y bolsones de alimentos para personas con discapacidad que no pueden asistir a sus centros de rehabilitación o centros educativos terapéuticos”.

Con respecto a lo que se les debe, detalló: «Aún mantienen deudas con los transportistas todas las obras sociales y principalmente el programa Incluir Salud, que desde la Agencia Nacional de Discapacidad nos informan que han transferido todos los recursos a la provincia para saldar el año 2019 y sin embargo la provincia solo ha saldado el mes de julio de 2019”.

Bolego dejó bien en claro la preocupación que tienen los trabajadores de ATRAES y remarcó: “Este trabajo lo hacemos por recomendación de la Agencia Nacional de Discapacidad, de la Secretaría de Inclusión de la provincia y no tenemos garantías que esta prestación, en este contexto de coronavirus, sea abonado. Estamos muy preocupados, con miedo a contagiarnos y sin saber si vamos a cobrar”.