La Prefectura Naval Argentina realizó este jueves dos allanamientos en Rosario en el marco de una investigación por narcotráfico que lleva adelante la Justicia Federal de Corrientes. Los operativos se concretaron en una propiedad de España al 900 y otra ubicada en el barrio de Fisherton, en la zona de Aldea.

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Federal Nº 2 de Corrientes, a cargo de Juan Carlos Vallejos, para avanzar sobre una posible conexión con un cargamento de marihuana secuestrado el 1º de noviembre de 2025 en la localidad de Paso de la Patria. En aquella oportunidad, las fuerzas de seguridad encontraron 640 kilos de droga dentro de una camioneta Dodge RAM.

De acuerdo con la investigación, el hallazgo se produjo luego de que los efectivos siguieran a alta velocidad una camioneta con vidrios polarizados. Sus dos ocupantes descendieron del vehículo y escaparon, por lo que dejaron abandonado el rodado con la carga de estupefacientes en una zona urbana de la localidad correntina.

A partir de ese procedimiento, los investigadores comenzaron a reconstruir el recorrido de la camioneta e identificar a las personas que la ocupaban. Las tareas permitieron detectar un posible vínculo con un hombre y derivaron en los allanamientos realizados este jueves en Rosario, con el objetivo de reunir nuevos elementos para la causa. Por el momento, no se informó oficialmente sobre detenciones ni sobre el secuestro de elementos de interés durante los operativos.

Cinco menores y un joven de 20 años fueron detenidos en barrio La Guardia, donde un operativo policial terminó con el secuestro de 560 envoltorios con una sustancia compatible con cocaína y $1,6 millón en efectivo. El procedimiento se desarrolló durante un patrullaje preventivo y derivó en el ingreso a una vivienda de Pasaje 1229 al 2600.

La intervención policial se produjo después de que los efectivos observaran a dos adolescentes que circulaban en bicicleta y salían de la casa. Al notar el patrullero, ambos cambiaron de actitud: uno realizó un movimiento para esconder un objeto y los dos intentaron regresar rápidamente al domicilio. Esa situación llevó a los agentes a identificarlos y demorarlos.

A partir de lo ocurrido y con los recaudos legales correspondientes, la Policía avanzó sobre el domicilio. En el interior había otras cuatro personas: un joven de 20 años, dos mujeres y otro adolescente. La requisa permitió encontrar una bolsa con los cientos de envoltorios y una suma de dinero en efectivo, además de varios teléfonos celulares.

Los seis demorados fueron trasladados a sede policial junto con los elementos secuestrados. De acuerdo con el parte, los dos adolescentes que habían sido vistos inicialmente tampoco pudieron explicar qué objeto habían intentado ocultar ni justificar su procedencia.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo a seis sospechosos este sábado durante un importante operativo contra el narcotráfico desplegado en seis ciudades santafesinas. Además, secuestraron más de ocho millones de pesos en efectivo, armas y drogas.

En total hubo siete allanamientos en en Rosario, Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, Arroyo Seco y Villa Constitución. Los mismos fueron solicitados en el marco de una investigación dirigida por la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario. 

Además de los seis detenidos, los efectivos incautaron 1,258 kilos de marihuana, 255 gramos de cocaína, 8.954.500, 14 celulares, seis vehículos, cinco balanzas de precisión y diversos elementos destinados al fraccionamiento de estupefacientes. 

Por otro lado, en cuanto a las armas, hallaron pistolas, revólveres, escopetas y una pistola ametralladora. A su vez, descubrieron 12 cargadores y 877 municiones y cartuchos. También secuestraron una granada en una vivienda. Los aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia.

El Gobierno de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación supervisaron este miércoles el derribo de un inmueble ubicado en Chacabuco al 4100, en la zona sur de Rosario. La propiedad, vinculada históricamente a la banda de Alan Funes, era investigada nuevamente por la venta de estupefacientes.

El lugar había sido allanado en 2019, 2021, 2022 y 2026, procedimientos durante los cuales se secuestraron armas de fuego. Una nueva investigación se inició a partir de denuncias que advertían que la actividad ilícita había retomado en el inmueble.

Al ingresar a la vivienda, los investigadores encontraron múltiples envoltorios con estupefacientes y constataron que la propiedad no reunía condiciones de habitabilidad. La fiscal Brenda Debiasi solicitó entonces que el inmueble fuera declarado en estado antijurídico, resolución que permitió avanzar con su demolición.

El operativo se realizó en el marco de la Ley de Microtráfico y contó con la participación del Gobierno provincial, el MPA, la Justicia y fuerzas de seguridad. Según informó el Ejecutivo santafesino, con este derribo ya suman 87 los búnkeres demolidos en Rosario y 146 en toda la provincia desde la sanción de la normativa a fines de 2023.

Un hombre de 40 años quedó en prisión preventiva efectiva luego de ser acusado de regentear la comercialización de cocaína en inmediaciones del Santuario del Gauchito Gil y en domicilios de Ituzaingó al 100 bis y 200 bis.

La imputación de Diego Cantero fue presentada este lunes por la fiscal de Microtráfico Mercedes Banchio, quien le atribuyó el delito de comercialización de estupefacientes en calidad de autor.

La investigación comenzó el 8 de junio, cuando personal de Prefectura empezó a reunir información sobre una presunta actividad sostenida de narcomenudeo en ese sector de República de la Sexta. Las tareas realizadas a partir de denuncias permitieron, según la Fiscalía, detectar movimientos compatibles con la venta de droga y vincularlos con Cantero hasta su detención, concretada el 3 de septiembre.

Durante uno de los allanamientos, realizado en una vivienda de Ituzaingó al 200 bis, los efectivos encontraron una mochila con 239 dosis de cocaína y elementos utilizados para fraccionar la droga. También fueron secuestradas otras dosis y fragmentos de una sustancia blanca, además de cuatro teléfonos celulares que quedaron incorporados a la investigación.

Con los elementos reunidos, Banchio formalizó la acusación ante el juez Alejandro Negroni. El magistrado aceptó el pedido de la Fiscalía, por lo que Cantero deberá permanecer en prisión preventiva efectiva durante 90 días.

Ezequiel Riquelme, hijo del narcotraficante Francisco Riquelme, fue detenido este viernes en un departamento de alquiler temporario de los Condominios del Alto, en Puerto Norte, frente al shopping Alto Rosario en el marco de una investigación por asociación ilícita. 

Los investigadores lo señalan, además como uno de los presuntos encargados de manejar el paravalanchas de Rosario Central luego del asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte.

La captura se produjo durante un megaoperativo desplegado en las primeras horas de este viernes por efectivos de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y de la Unidad de Operaciones e Inteligencia (SIOPE), que incluyó distintos puntos de Rosario. Los allanamientos fueron diez y se concentraron principalmente en  la zona noroeste. Apuntaron contra la organización liderada por Francisco Riquelme, señalado como jefe de la célula que opera para Esteban Alvarado en el noroeste local. 

La causa se asocia a una investigación por asociación ilícita que encabezan los fiscales Marina Vigo y Patricio Saldutti. Ezequiel Riquelme está sospechado de pertenecer a la estructura de la barra de Rosario Central ligada a Los Menores, principal sospechosa del crimen de Andrés “Pillín” Bracamonte.

Por el momento,  fueron detenidas otras cinco personas. Durante los procedimientos los agentes secuestraron dinero en efectivo, drogas y teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes. 

La Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló a una organización acusada de lavar activos provenientes del narcotráfico en la región tras una serie de allanamientos en el sur de la provincia. Tres sospechosos fueron detenidos.

Se trató del operativo denominado “Lava Jato”, llevado adelante por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) con ocho procedimientos simultáneos en Rosario, Funes, Ibarlucea y Pérez. Fue a partir de una causa que data de octubre de 2024,  a cargo del fiscal Carlos Vera Barros, con intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la Delegación Rosario.

A partir de una extensa investigación, se detectaron inconsistencias entre el patrimonio declarado, la capacidad económica de los sospechosos y las operaciones comerciales registradas. Según se dio a conocer, la banda reinsertaba fondos delictivos en la economía formal con inversiones en agencias de venta de automotores, empresas constructoras, firmas metalúrgicas y otros emprendimientos comerciales.

Los agentes allanaron domicilios en avenida Libertad y las calles Fraga y Juan José Valle, en Rosario; avenida Fuerza Aérea y Ara San Juan, en Funes; Las Calandrias, en Ibarlucea; y dos domicilios sobre Batalla de Salta, en Pérez.

Los efectivos secuestraron 202.000 pesos, 2.632 dólares, 750 euros, una pistola calibre 9 milímetros, dos camiones, dos camionetas pick-up, tres automóviles, cuatro CPU, cinco notebooks, seis dispositivos de almacenamiento digital, siete celulares y documentación de interés para la causa.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia por presuntas infracciones a la Ley de Lavado de Activos.

La Justicia de Estados Unidos fijó para el 1 de junio de 2027 el inicio del juicio contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro por cargos vinculados al narcotráfico y tráfico de armas. La fecha fue establecida durante una audiencia preparatoria realizada este miércoles en Nueva York, tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa.

Maduro, de 63 años, permanece detenido desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn tras haber sido capturado en Caracas. Está acusado de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer armamento de guerra, mientras que su esposa, Cilia Flores, enfrenta tres cargos relacionados con la causa. Ambos rechazaron las acusaciones y, de ser hallados culpables, podrían recibir una condena a cadena perpetua.

La causa avanzó luego de que el gobierno de Donald Trump autorizara a Venezuela a pagar los honorarios de los abogados de la pareja, tras un planteo de la defensa que advertía que las sanciones económicas impedían ejercer el derecho a elegir representación legal. Durante su primera citación judicial, Maduro se declaró inocente y aseguró: "No soy culpable. Soy un hombre decente, el presidente constitucional de mi país".

Según la acusación, los fiscales sostienen que Maduro encabezó una organización dedicada al envío de miles de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos con la colaboración de sectores de las fuerzas de seguridad venezolanas.

Además del proceso penal, el exmandatario enfrenta una demanda civil presentada por familiares de cinco jóvenes asesinados en Venezuela, quienes lo responsabilizan por presuntas ejecuciones en el marco de un plan de violencia por parte del Estado.

Rosario y otros puntos de la provincia de Santa Fe fueron este miércoles escenarios de múltiples allanamientos por parte de las fuerzas federales para investigar el entorno de uno de los delincuentes más peligrosos en todo el territorio, el capo narco Mauricio Laferrara, apodado como Caníbal. 

Los procedimientos se realizaron en la ciudad, Pueblo Andino, en el departamento de Iriondo y en Rafaela, en el departamento de Castellanos. Puntualmente, en la segunda localidad mencionada, se allanaron casas ubicadas en Circunvalación y Santa Fe, además de 25 de Mayo y Héroes de Malvinas. 

Durante los operativos cuatro personas fueron advertidas por la Justicia de que iban a ser investigadas por sus posibles vínculos con la causa, que trata de determinar las conexiones existentes con narco. En tanto, los efectivos incautaron celulares, documentación, municiones, dispositivos para guardar datos y un arma de fuego sin su numeración. 

Caníbal Laferrara era un ex miembro de la organización que controlaba Esteban Lindor Alvarado, escapó del Complejo N° 1 del Servicio Penitenciario Federal de Villa Devoto, en ciudad de Buenos Aires, en octubre de 2023 y fue finalmente recapturado en junio de 2024 en Andino. 

Este jueves por la mañana dos escuelas de la zona sudoeste de Rosario fueron blanco de mensajes intimidatorios ligados al narcotráfico. En total, son cuatro las instituciones en las que ocurrieron episodios de las mismas características esta semana. En las dos últimas, las clases se dictaron con normalidad. 

Por un lado, la policía secuestró una bandera con un texto amenazante en la escuela 1337 Dr. Carlos Sylvestre Begnis de Nahuel Huapi y Mosconi, en barrio Acindar. Al igual que en el resto de casos, el escrito mencionaba a miembros de organizaciones delictivas.

Lo mismo sucedió en el establecimiento educativo 350 Provincia de Santa Fe, ubicado en Martín Rodríguez y Uriburu. El personal del lugar hizo entrega del trapo al Comando Radioeléctrico dentro de una caja de cartón.

El secretario de Análisis y Gestión de la Información provincial, Esteban Santantino, se refirió a los hallazgos y expresó: “Son amenazas y buscan generar conmoción pública, por eso no se los minimiza más allá de que los mensajes, en cuanto a su contenido, están orientados a grupos criminales y son entre ellos”.

A su vez, el funcionario desligó la seguidilla de episodios con antecedentes similares ocurridos en los últimos años. “No es una situación asimilable a lo que vivimos en los primeros días que se estaba implementando el régimen de detenidos de alto perfil o el trabajo policial intensivo en las calles”, concluyó. 

A los hechos de esta mañana se suman otros dos casos. En primer lugar, este lunes en la escuela N° 1.210 Luis Rullan de Superí y Molina, una portera halló una presunta granada con una nota intimidante en la que se mencionaba a al capo narco preso Marcelo “Frentudo” Fernández y al detenido Axel Iván “Gordo Axel” González. Finalmente, se constató que el supuesto explosivo era un encendedor. Los directivos suspendieron las clases para el turno mañana.

Posteriormente, este martes en la escuela N° 435 Dr. Luis M. Drago de Buenos Aires y Regimiento 11, apareció un paño de metro y medio con escrituras en aerosol negro. Fue secuestrado por la Policía de Investigaciones (PDI).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que su gobierno comenzará "muy pronto" a ejecutar ataques terrestres contra organizaciones narcotraficantes en Venezuela y en la región del Caribe.

La declaración fue realizada durante una reunión de Gabinete en la Casa Blanca. Trump defendió la decisión argumentando que las operaciones terrestres permitirán una acción más directa. "Vamos a empezar a realizar esos ataques terrestres. Ya saben, la tierra es mucho más fácil. Es mucho más fácil, y conocemos las rutas que toman", afirmó el presidente, y agregó: "Vamos a empezar con eso muy pronto".

El anuncio se da en medio de una escalada de tensión en la región. Estados Unidos ya sostenía un fuerte despliegue militar marítimo en la zona con el fin declarado de "combatir al narcotráfico".

La posible implementación de ataques terrestres genera dudas respecto al impacto que podría tener en países aliados y en naciones con roces diplomáticos con Washington.

Este jueves la Justicia Federal imputó a Brian Bilbao, uno de los narcotraficantes más buscados de la provincia de Santa Fe, quien cayó el martes pasado cuando transportaba casi una tonelada de cocaína en su camioneta. Tras una audiencia en la que se formalizaron los cargos por contrabando de estupefacientes agravado, el juez Carlos Vera Barros dispuso su detención por al menos 180 días.

Bilbao fue apresado el martes pasado en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, luego de una persecución que terminó con el secuestro de 956 kilos de cocaína que transportaba en una camioneta. Su arresto se produjo tras una serie de operativos coordinados por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), en el marco de una investigación que apunta a una organización que ingresaba droga al país mediante vuelos clandestinos desde Bolivia.

Según el Ministerio Público Fiscal, el grupo encabezado por Bilbao se dedicaba al ingreso, traslado, almacenamiento y distribución de grandes volúmenes de cocaína, y utilizaba aeronaves que aterrizaban en pistas clandestinas ubicadas en campos de la provincia de Buenos Aires.

Durante la persecución, Bilbao intentó evadir un control sobre la ruta nacional 8, pero fue detenido tras chocar contra otro vehículo en un camino paralelo, en la zona de Pavón. En la caja de su camioneta se hallaron bolsones repletos de panes de cocaína, valuados en miles de millones de pesos.

Casi al mismo tiempo, en la localidad santafesina de Arequito, se halló una avioneta accidentada con otros 60 kilos de cocaína.

Bilbao estaba prófugo desde octubre de 2023 y ya había sido señalado como jefe de una estructura narco dedicada al contrabando y lavado de activos. En esa causa, su hermano Waldo Alexis Bilbao fue arrestado en septiembre en Rosario, tras permanecer prófugo por casi dos años.

El Gobierno de Santa Fe reveló que lleva más de 700 fallos favorables en la Justicia ante hábeas corpus presentados por narcotraficantes.

La cifra fue confirmada a través del equipo jurídico del Ministerio de Justicia y Seguridad. En este sentido, la estadística abarca los últimos 20 meses, incluyendo la modificación de la Ley Penitenciaria.

En este sentido, en diciembre de 2023 se creó la figura del “interno de alto perfil” y los controles dentro de los establecimientos carcelarios fueron endurecidos. María Florencia Blotta, subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial, brindó declaraciones al respecto y explicó: “Antes de esta ley, los presos más peligrosos vivían como querían dentro de la cárcel, y a los agentes penitenciarios se les hacía casi imposible mantener el control”.

A su vez, desde la cartera de Seguridad mencionaron: “En Rosario y en otras ciudades de la provincia, los nombres que antes daban las órdenes para matar hoy están sometidos a un sistema que los acorrala”, apuntaron fuentes del Ministerio.

Por otra parte, el Ejecutivo provincial subrayó la importancia de los operativos de inactivación de búnkeres en el territorio, alcanzando los 78 derrumbes y cerramientos producto de la Ley de Microtráfico en Santa Fe, de los cuales 50 ocurrieron en Rosario.

 El Gobierno de la Nación informó este martes que solicitará que comience el proceso de extradición a Estados Unidos del empresario Federico “Fred” Machado, acusado por narcotráfico y vinculado al economista José Luis Espert por haberle pagado 200 mil dólares por una asesoría en 2020.

A través de un comunicado publicado en la cuenta oficial de la Oficina del Presidente, el Ejecutivo anunció: "Se ha tomado conocimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que declara procedente la extradición del imputado Federico Andrés Machado a los Estados Unidos, en el marco de la causa donde se investiga la comisión de delitos federales”.

En ese sentido, repasaron: "El Presidente de la Nación ha instruido a la Cancillería, a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a instrumentar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para dar cumplimiento a la decisión judicial y avanzar con el acto ejecutivo previsto por la Ley”. 

Por último, precisaron: “La República Argentina ratifica su compromiso en la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos, el narcotráfico y el crimen organizado, para desbaratar las mafias y fortalecer la seguridad tanto nacional como transnacional”.

Durante la jornada, la Corte Suprema de Justicia había habilitado la extradición del empresario tras rechazar los argumentos de su defensa y sostener que el pedido de la Justicia del país extranjero va en línea con las normas de cooperación internacional en materia jurídica. 

La Corte Suprema de la Nación habilitó a que Federico “Fred” Machado sea extraditado a Estados Unidos, luego de que la Justicia de ese país realizará un pedido para poder juzgarlo por narcotráfico, lavado de activos, asociación ilícita, entre otros delitos. 

Se trata del empresario vinculado al diputado nacional José Luis Espert por haberle pagado 200 mil dólares entre enero y febrero de 2020, que según el libertario, fueron por una asesoría para un proyecto minero de una empresa en Guatemala. 

La cifra esta registrada en el Bank of America y fue usada por otro candidato a diputado nacional, Juan Grabois, para denunciar al legislador y determinar si los fondos son "provenientes de una organización criminal que está siendo juzgada por la justicia federal del Estado de Texas, EEUU, por el delito de tráfico de estupefacientes se corresponden con una maniobra de lavado de activos y configuran por lo tanto el delito previsto y reprimido por el art. 303 inc. 1 del Código Penal”.

El fallo contra Machado fue confirmado por el máximo tribunal conformado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que rechazaron los argumentos de la defensa del empresario y consideraron que el pedido de extradición de Estados Unidos va en línea con las normas de cooperación internacional en materia jurídica. 

Machado enfrenta cargos por formar parte de una organización criminal que poseyó y distribuyó al menos cinco kilogramos de cocaína. Esa imputación es ampliada con otros dos cargos por tratarse de material estupefaciente importado de forma ilegal. Asimismo, pesan sobre el otras dos acusaciones que lo vinculan a una banda dedicada al lavado de dinero y a una maniobra para cometer un fraude electrónico. 

Estados Unidos llevó adelante este viernes un nuevo ataque en el Caribe, en el marco de su ofensiva militar contra embarcaciones vinculadas con el narcotráfico.

Según informó el secretario de Guerra, Pete Hegseth, tras el operativo murieron cuatro personas que navegaban a bordo de una lancha en aguas internacionales frente a Venezuela.

“Siguiendo las órdenes del presidente Trump, dirigí un ataque letal contra una embarcación narcotraficante afiliada a organizaciones designadas como terroristas”, publicó el funcionario en X. Junto al mensaje, compartió un video del ataque.

En esa misma línea, Hegseth aseguró que la lancha transportaba “cantidades sustanciales de narcóticos” con destino a Estados Unidos, y que la operación fue ejecutada sin bajas en las fuerzas estadounidenses. “¡Estos ataques continuarán hasta que cesen los ataques contra el pueblo estadounidense!”, advirtió.

El Pentágono explicó que la acción se realizó con armamento de precisión, aparentemente un misil, y que los servicios de inteligencia confirmaron que el navío estaba dedicado al tráfico de drogas.

Este operativo se suma a otros cuatro realizados desde septiembre: tres de ellos también en aguas cercanas a Venezuela y uno en las inmediaciones de República Dominicana. De acuerdo con el propio recuento del presidente Trump, el saldo de los bombardeos asciende a al menos 21 personas muertas.

Earlier this morning, on President Trump's orders, I directed a lethal, kinetic strike on a narco-trafficking vessel affiliated with Designated Terrorist Organizations in the USSOUTHCOM area of responsibility. Four male narco-terrorists aboard the vessel were killed in the… pic.twitter.com/QpNPljFcGn

Pequeño J, el narco peruano y su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, fueron detenidos en Perú. Están apuntados por ser los principales responsables del triple femicidio de Lara Gutiérrez, de 15 años, además de Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20.  

El líder narco se trataría de Tony Janzen Valverde Victoriano, quien fue apresado en la ciudad de Pucusana. En el marco del caso se sospecha que fue el encargado de diseñar el asesinato de las muchachas para luego transmitirlo en vivo mediante las redes sociales y así dejar un mensaje mafioso.

Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen.La Dirección Antidrogas detuvo a "Pequeño J" en Pucusana, mostrando que cuando se trabaja con decisión y coordinación, los delincuentes no… https://t.co/lDlk32XFJt pic.twitter.com/k1IbnjLn1W

 En tanto, otro de los aprehendidos es Ozorio, que cayó en Lima, tras un "trabajo conjunto de la Policía Nacional de Perú e Interpol de PFA”, de acuerdo a lo informado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. 

Interpol había emitido un pedido de captura internacional en el que lo acusan de haber formado parte del triple femicidio: “Un número indeterminado de sujetos de distinto sexo, entre los que se encontraban Maximiliano Parra, Daniela Ibarra, Miguel Ángel Villanueva Silva, Celeste González Guerrero, Julio Valverde y/o Montana y/ Pequeño Jota y el buscado, actuando de consuno y con división de roles, y con claras intenciones de causarles la muerte, aplicaron múltiples golpes de puño, patadas y diversos cortes utilizando armas blanca sobre la superficie corporal de la humanidad de las víctimas”.

“Ocasionándoles lesiones de tal magnitud que provocaron su deceso. Ello, obrando a traición y sobre seguro, aumentando intencionalmente y de manera inhumana el sufrimiento al causar padecimientos innecesarios que van más allá de lo necesario para cometer el acto”, precisa el comunicado. 

Con la caída de los dos narcos, la causa ya suma nueve detenidos, entre los que figuran Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Daniela Iara Ibarra (19), Maximiliano Andrés Parra (18), Víctor Sotacuro Lázaro, Ariel Giménez y la sobrina de Sotacuro, Florencia Ibáñez.

La Policía Federal Argentina (PFA) desmanteló una organización criminal acusada de vender drogas en Santa Fe y Córdoba.

Se trató de un allanamiento realizado por agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) en una vivienda de Frontera, localidad ubicada a 260 kilómetros de Rosario, en el oeste santafesino.

El operativo fue llevado a cabo por pedido del fiscal Carlos Vottero, encargado de una investigación por una familia que se dedicaba a fraccionar y comercializar estupefacientes en ambas provincias.

Los efectivos detuvieron a dos hombres y dos mujeres, todos mayores de edad y de nacionalidad argentina. También, secuestraron múltiples dosis de cocaína, una planta de marihuana, tres celulares, 209.000 pesos en efectivo, entre otros elementos de interés para la investigación. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia.

Efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron en la ciudad de Santa Fe a una sospechosa por microtráfico y le secuestraron droga y un arma de fuego. 

La detención de la mujer identificada como M. C. S., de 54 años, fue llevado a cabo por agentes de la División de Microtráfico de la PDI en un domicilio de barrio Punta Norte. 

Además de la aprehensión, le secuestraron un revólver calibre 38, múltiples cartuchos del mismo calibre, ocho celulares, 30 gramos de marihuana fraccionado y otros elementos de interés para la causa. 

El allanamiento fue ordenado por la jueza Cecilia Lablanca por solicitud de la fiscal interviniente Yanina Tolosa, quien dispuso el traslado de la imputada a la sede policial por tenencia ilegítima de arma de guerra y tenencia simple de estupefacientes (Ley 23.737).

En el mismo domicilio donde se detuvo a la mujer, había personas mayores y menores de edad, por lo que se tuvo que convocar a la Secretaría de Niñez y al Equipo Local de Niñez de la Municipalidad de Santa Fe para resguardarlos. 

El sindicado como narcotraficante condenado a cadena perpetua, Esteban Lindor Alvarado, fue acusado de instigar una balacera en la zona oeste de Rosario.

Se trata del ataque a un taller de chapería y pintura que tuvo lugar el 11 de mayo de 2022 en Bolivia al 2300, cuando dos hombres armados abrieron fuego en el interior del local en nombre del recluso e hirieron al dueño en una pierna y a un cliente en el abdomen. Escaparon tras perpetrar el hecho. 

En este marco, el acusado por la fiscal Marisol Fabbro es juzgado desde esta mañana en el Centro de Justicia Penal de la ciudad, ante un tribunal integrado por los jueces Facundo Becerra, Paola Aguirre y Hebe Marcogliese. Por su presunta implicación en el hecho, Alvarado enfrenta un pedido de 20 años de prisión.

También fueron apuntados en la red criminal Nahuel Yamil Clavero, César López Coronel y Lucas Fabián González. Los sospechosos están acusados de extorsionar a la víctima antes de la balacera.