La provincia junto al Ministerio Público de la Acusación (MPA) informaron que implementarán desde el primero de diciembre en Rosario y la capital provincial un sistema único de comunicación entre policías y fiscales. Su uso no está orientado y habilitado para la ciudadanía. 

Se trata de la nueva línea 0800-MPA, mediante la cual se integrará el sistema de Consultas Centralizadas de Flagrancia y Turnos del MPA que estarán en contacto con la Policía de Investigaciones (PDI) y el 911, además de todas las fuerzas dependientes del Ministerio, lo que apunta a estandarizar protocolos y reducir la discrecionalidad operativa en hechos que se cometen cuando llegas los agentes.

En concreto, será la vía unificada para el ingreso de consultas y directivas iniciales. Las mismas serán clasificadas por operadores especializados según su tipo de requerimento y derivarán a un fiscal sólo en los casos que lo exijan, para así resolver consultas simples o no penales mediante respuestas estandarizadas designadas en el Código Procesal Penal.

Dichas comunicaciones quedarán registradas y grabadas, lo que permitirá auditar las decisiones tomadas, los tiempos de respuestas y la actuación de los funcionarios. 

Sobre la nueva medida, el ministro de Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni, explicó: “Hoy la relación es entre dos humanos: un policía en calle y un fiscal al que se llama por celular. Eso da lugar a malentendidos y a un esquema difícil de ordenar”.

"Firmamos el primer protocolo que establece cómo actuar en flagrancia. El policía ya no deberá esperar la indicación del fiscal para iniciar medidas urgentes”, aseveró. 

A su turno, la fiscal General María Cecilia Vranicich, detalló: "Todas las consultas de turnos, en flagrancia o especiales, van a ser centralizadas a través de la oficina del 0800 MPA. Al fiscal le llegará sólo la consulta imprescindible”.

Por último, concluyó: "Este 0800 MPA es únicamente para fuerzas policiales, no para la ciudadanía”.

El ex fiscal Mariano Ríos Artacho fue imputado por abuso de autoridad, lesiones leves dolosas y amenazas.

Artacho renunció a su puesto en la Unidad de Delitos Económicos el 25 de junio de 2024 luego de haber sido suspendido por dos meses por la Legislatura provincial por uno de los hechos por los que se le imputó. 

En ese marco, la investigación impulsada por los fiscales Marcelo Nessier y Alejandro Benítez, señalaron que los delitos ocurrieron mientras trabajaba en la Fiscalía de Rosario. 

Uno de los hechos más “recientes” por el que es apuntado sucedió el 14 de junio de 2024, casi dos semanas antes de abandonar la Fiscalía, cuando en el casino del City Center se peleó con un Policía y lo amenazó. 

Por otro lado, el suceso que desencadenó su suspensión data del 29 de noviembre de 2022 cuando le entregó un Mercedes Benz C250 al comisario Álvaro Rosales. Dicho vehículo había sido secuestrado en un allanamiento a un empresario cerealero sospechado por estafas. 

De acuerdo a las investigaciones, Artacho y Rosales tenían una relación cercana y de compañerismo. Rosales fue detenido en 2022 apuntado por un abuso contra una cadete de la Escuela de Policía de Rosario. 

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) presentó un informe con los resultados obtenidos a partir de la ley 14.239, que apunta a combatir el microtráfico en la provincia de Santa Fe, a un año de su sanción. Se trata de la normativa que busca avanzar sobre la venta minorista de estupefacientes. 

En este sentido, el informe señala que, a partir de su entrada en vigencia el 29 de diciembre de 2023, las autoridades provinciales llevaron adelante 500 allanamientos y 900 audiencias, con 5700 personas investigadas, 100 condenadas, 833 imputadas, y 45 búnkeres derribados. 

María Cecilia Vranicich, fiscal general del MPA, en diálogo con el programa El Puente, que se emite por Radio Mitre Rosario, señaló que la valoración acerca de esta nueva incumbencia legal es positiva. “Entendemos que es una de las múltiples causas que ayudaron a bajar los índices de violencia en Rosario”, aseguró.

Asimismo, afirmó que lo que buscan es “especialmente instar a los organismos correspondientes a trabajar el consumo problemático de sustancias” y remarcó que “el objetivo priorizado en lo que refiere a mercados ilegales de drogas al menudeo” son “los conflictos que generan violencia extrema”.

En esa misma linea, la fiscal manifestó: “Lo punitivo, la pena es a lo último a lo que nosotros llegamos. En nuestra guía de adaptación está regulado, más allá de fallos que ya existen desde hace mucho tiempo en la Constitución Nacional, que con respecto a los consumidores ni siquiera se apertura a un legajo fiscal, pero entendemos que no es incumbencia del Ministerio Público de la Acusación, nuestro rol es punitivo”. 

La Justicia condenó por enriquecimiento ilícito a  Germán Rodrigo Matter, de 50 años, ex integrante de la Brigada Operativa de Drogas Peligrosas de San Lorenzo. De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) el ex agente recibió una pena de tres años de prisión condicional y una multa superior a los 23 millones de pesos. 

Asimismo, el ex policía fue inhabilitado de forma permanente para ocupar cargos públicos y se le aplicó una prohibición por seis años para la tenencia y portación de armas de fuego.  Al mismo tiempo, deberá cumplir una serie de normas de conducta, como reportar mensualmente su situación laboral y lugar de residencia.

El proceso abreviado se llevó adelante en los tribunales de Venado Tuerto, y estuvo a cargo de la jueza Paula Borello, quién dispuso la sentencia luego de que el imputado admitiera su responsabilidad por enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, portación de arma de uso civil sin autorización y tenencia de materiales explosivos.

En este sentido, el fiscal a cargo de la acusación, Eduardo Lago, indicó que el aumento patrimonial del ex policía entre 2013 y 2019, fue desproporcionado en comparación del sueldo que percibía, sin poseer otra actividad laboral registrada. Además, remarcó que Matter afronta otro proceso en la misma jurisdicción por amenazas y daños. 

En diciembre de 2019, la Dirección Provincial de Asuntos Internos, que pertenece al Ministerio de Seguridad, inició las investigaciones al descubrir la situación irregular en el patrimonio del ex agente de seguridad. Entre otros movimientos, lograron detectar la compra de 20 vehículos, entre motos, autos y camionetas.

En esa sintonía, el fiscal agregó que Matter compro tres lotes en Venado Tuerto y San Lorenzo, que registró algunos a su nombre y otros a nombre de sus padres. También, Lago indicó que "el condenado compró la llave de una remisería venadense y participó de un fideicomiso inmobiliario relativo a una edificación sanlorencina".

Por otra parte, durante un allanamiento en la vivienda de Matter, la policía secuestró 14.500 dólares en efectivo, que no pudieron ser justificados por el condenado. En ese mismo procedimiento, se secuestraron una pistola calibre 22 con 9 municiones y una granada de mano que fue desactiva mediante una detonación controlada por el personal policial. 

14 personas fueron imputadas en el marco de la causa que investiga la compra de armas de fuego de grueso calibre de forma legal, para su posterior venta en el mercado negro. La mayoría se encontraban registradas como usuarios legítimos. La Justicia dictó la prisión preventiva para 11 de ellos. 

Los sujetos fueron acusados por los delitos de provisión ilegal de armas de fuego, tenencia ilegítima y, también, la participación necesaria en un homicidio, entre otras acusaciones. La imputación la llevaron adelante el fiscal de la Unidad Fiscal de Homicidios Dolosos, Patricio Saldutti, y los fiscales Gastón Avila y Carla Cerliani, integrantes del Equipo de Trabajo para el Abordaje Estratégico de Armas de Fuego.

En este sentido, el juez Hernán Postma accedió al pedido de prisión preventiva por parte de la fiscalía para Federico P., Alexis M., Pablo S., José Martin R., Josué C., Julián B.E., Marcio M., Jorgelina B., hasta el 10 de diciembre de este año. Asimismo, para para Flavio P., y Lucas P hasta el 3 de febrero de 2025 y por el plazo de ley para Claudio S. En tanto, para Alfredo P., Pablo M. y Daniel P. se determinaron medidas alternativas por los próximos tres meses. 

La fiscalía indicó que 12 de los acusados son usuarios registrados legítimamente en la Agencia Nacional de Materiales Controlados. Estas personas habrían adquirido armas de fuego de manera legal para venderlas en el mercado negro y sin poder justificar con qué recursos las obtuvieron.

El fiscal Gastón Ávila manifestó que la investigación parte de un convenio realizado entre el MPA y el Ministerio de Seguridad de la Nación para abordar el asunto del mercado ilegal de armas. En este sentido, las investigaciones apuntaron hacia aquellas personas que obtuvieron 5 o más armas calibre 9 milímetros y no contaban con el dinero para realizar dichas adquisiciones. 

“Determinamos un primer panorama de doce personas sospechosas que juntaban entre ellas más de 200 armas, en su mayoría pistolas de grueso calibre. Allanamos en busca de ese armamento y el resultado fue que de las más de 200 que teníamos que encontrar encontramos sólo dos", sostuvo el fiscal.

En esa misma línea, Ávila indicó que se encontraron con gente que compra hasta cinco pistolas el mismo día, que no tiene ingresos y que adquieren una pistola de la misma marca, modelo y calibre, lo cual, remarcó, "es bastante inusual”.

Asimismo, de las 200 armas que habían adquirido 12 de los sospechosos, al momento de realizar los allanamientos lograron encontrar tan solo 2 pistolas.

En este punto, Ávila manifestó que las armas “no están” y destacó que "hay un caso muy emblemático de una misma persona que en los últimos 15 meses compró 35 pistolas calibre 9 milímetros por montos de más de 28 millones de pesos y tiene un ingreso mensual de 600 mil pesos”.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) avanza en el desmantelamiento de una red de apuestas ilegales online, que operaba mediante una Sociedad Anónima que habría sido utilizada como escudo protector de una organización que llevaba adelante estas acciones ilícitas.

El dato más alarmante es el que indica que el 23% de las transacciones analizadas fueron realizadas por adolescentes que rondan los 15 años de edad. En este sentido, el promedio etario general de quienes participaban de las apuestas era de 24 años. 

Esta investigación, que comenzó en mayo de este año, forma parte del Plan de Persecución Penal por objetivos priorizados de la Fiscalía General.

El ministro de Educación de la provincia, José Goity, junto a la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, y el Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Acción Social, Daniel Di Lena, fueron quienes realizaron la denuncia ante el MPA. 

Los denunciantes presentaron en ese momento el informe de 273 sitios webs que funcionaban de manera ilegal, número que posteriormente se amplio a 385.

De esta manera, el fiscal Nigro dispuso que se identificaran los fondos que fueron bloqueados e inmovilizados en esta jornada. Asimismo, ordenó el bloqueo de los dominios web utilizados de manera ilegal. 

Este jueves se llevaron adelante cinco allanamientos en la Ciudad Autónoma y la Provincia de Buenos Aires, en donde se secuestraron teléfonos móviles, documentos de sociedades comerciales, computadoras y otros dispositivos que serán analizados para avanzar en el caso.

Se pide ayuda a la ciudadanía de la región para dar con el paradero de Karina Núñez, una mujer de 29 años a la que se vio por última vez el 6 de agosto en Totoras

Según declaró su mamá, Carla García, al medio de LT23 de San Genaro, la mujer desaparecida vive con ella y con su hijito de 8 años y que está desesperada porque no tiene ningún dato. 

Asímismo informó que Karina sufre de retraso madurativo, tiene transtorno de ira, y que le gusta caminar. También aclaró que está medicada pero que en estos días ya no tiene sus medicinas. 

Cualquier información debe comunicarse al 911, a la Fiscalía Regional de segunda Circunscripción, o a los numeros 3476 619809, o 3476 551241. 

Este jueves la legislatura de la provincia de Santa Fe apartó, por unanimidad, a Gabriela Lescano de su cargo de fiscal, en el medio de una investigación por incumplimiento de deberes de funcionario público. En octubre del 2023, había sido suspendida provisoriamente. 

Lescano fue denunciada por alquilar una oficina externa donde una persona ajena al Ministerio Público de la Acusación (MPA) realizaba trabajos con legajos de investigación. 

Los senadores y diputados de la provincia votaron por unanimidad a favor de remover del cargo a la fiscal Regional de la 2ª Circunscripción Judicial (Cañada de Gómez) por mal desempeño de sus funciones. Asimismo, fue inhabilitada por 10 años para acceder al MPA.

La acusación fue presentada en la legislatura mediante un escrito que realizó la comisión de Acuerdos, basándose en la denuncia de la diputada radical Silvana Di Stefano.

Gustavo Feldman, abogado de la fiscal, había presentado este miércoles un recurso para que no se continuara con la acusación, argumentando que Lescano presentaba problemas de salud, no pudiendo ejercer su defensa debidamente. Esta presentación fue descartada por los legisladores. 

El titular de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, el senador Joaquín Gramajo, destacó la labor de la diputada Di Stefano, de la comisión bicameral y la defensa, y esbozó que el criterio de la comisión fue tener en cuenta aquellas resoluciones médicas provenientes de la Corte Suprema de Justicia y Caja de Previsión Social.

El crimen del policía Leoncio Bermúdez, derivó en un inesperado cruce entre el gobernador electo Maximiliano Pullaro y la Fiscalía. En efecto, tras el violento hecho que conmocionó a la ciudad, el sucesor de Omar Perotti formuló críticas al Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El ex ministro de seguridad señaló que había solo un fiscal disponible debido al feriado administrativo por el 450º aniversario de la fundación de la ciudad de Santa Fe. Fiscalía, respondió a sus dichos con un comunicado, y ahora Pullaro redobló la crítica.

“No se entiende o no se quiere entender”, se quejó el aún diputado provincial en un posteo en la red social “X”. Y seguido, aclaró: “Nunca dije que no se prestó el servicio de Justicia, sino que ante un homicidio aberrante, de enorme conmoción social, los poderes institucionales prefirieron no constituir un comité de emergencia para actuar con todo el peso del Estado, y solo había un fiscal en el edificio”.

“Los rosarinos esperan otra actitud de sus funcionarios públicos, un mensaje de mayor compromiso. Debo decir que en otras épocas la reacción frente a estos delitos era diferente”, concluyó el gobernador electo.

Vale señalar que la Fiscalía General del MPA difundió este miércoles un descargo a las críticas de Pullaro y aseguró que “inmediatamente después de ocurrido crimen se ordenaron numerosas diligencias y se pusieron en marcha diversas tareas investigativas, que se encuentran en reserva, en conjunto con otros fiscales y funcionarios en cooperación y coordinación con las fuerzas policiales”.

Este martes, a través de un comunicado, el Ministerio Público de la Acusación repudió las amenazas dejadas el viernes pasado al fiscal Matías Edery de la Agencia de Criminalidad Organizada.

En rigor, las intimidaciones fueron dejadas tras las balaceras contra la sede de la Agencia de Investigación Criminal y el destacamento policial conocido como “El Tanque”, ambos en la zona sur de la ciudad.

“El MPA manifiesta su repudio a las amenazas sufridas el viernes pasado por el fiscal Matías Edery de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 2, así como a aquellas destinadas a distintos actores y actoras del sistema de justicia penal”, expresó el organismo.

➡️ El MPA manifiesta su repudio a las amenazas sufridas el viernes pasado por el fiscal Matías Edery de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 2, así como a aquellas destinadas a distintos actores y actoras del sistema de justicia penal. pic.twitter.com/2TxgiN0sdD

— Ministerio Público de la Acusación (@mpa_santafe) August 29, 2023

Las amenazas fueron escritas en cartones y también estaban dirigidas hacia Héctor Rodolfo “Eric” Masini –condenado por narcotráfico– y Pablo Nicolás Camino –imputado por balaceras, homicidios y extorsiones–, presos que actualmente están en el penal federal de Rawson.

“Hechos delictivos en perjuicio de un o una integrante del MPA a raíz de su actuación funcional, no pueden ni serán tolerados. El MPA valora, reconoce y reafirma el compromiso institucional asumido en el trabajo de las y los fiscales, como así también de todas las personas que se ocupan de ejercer la persecución penal de los delitos”, publicó la institución.

Jorge Baclini, fiscal general del Ministerio Público de Acusación, habló sobre el panorama en Rosario en marco de la lucha contra el narcotráfico y los últimos sucesos violentos en la ciudad que tomaron notoriedad nacional.

El jefe de fiscales mantuvo una conversación con el periodista Eduardo Feinmann para el programa Alguien Tiene Que Decirlo de Radio Mitre, en donde detalló: «Es una situación que uno pensaba que tenía un límite y la verdad que permanente se va observando que se va corriendo el límite y ya el nivel de gravedad es cada vez mayor».

«Cada hecho nuevo que aparece nos conmueve un poco más, nos desborda también porque la cantidad de hechos es mayúscula y la verdad que todo eso nos pone al Ministerio Público desarticulado, porque tenemos prevista una cantidad de fiscales para otro momento delictivo y no para este», añadió.

Luego, Baclini se refirió a la balacera contra el supermercado de la familia Roccuzzo, en la que los agresores dejaron una nota dirigida a Lionel Messi. El fiscal general comentó: «El país puso la lupa en lo que es la repercusión mediática que generó y en algún discurso dialéctico. Yo lo que espero concretamente es que en la práctica se lleven a cabo todas las medidas que se están anunciando, es decir, si no se operativiza en calle todo lo que se anuncia, la verdad es que va a quedar esto en saco roto».

Contabilizando hasta este 7 de marzo, Rosario registró una cifra alarmante de 65 muertos por hechos violentos en los 66 días que lleva 2023. «El año pasado llegó al pico y este año viene con una proyección más alta», expresó Baclini, quien a su vez remarcó: «Aquí se reformó la Justicia Penal en el año 2014, ahí nosotros teníamos 4400 presos en la provincia. Hoy, nueve años después hay cerca de 10.500, es decir, la cantidad de personas detenidas ha aumentado en forma sideral pero el delito se fue agravando igualmente».

El jefe de fiscales profundizó en posibles caminos hacia una solución de la problemática y aseguró que «lo primero que hay que hacer es definir una intervención de fuerzas federales de forma inmediata, que pacifique, que sea bien visible y que genere una intervención que es necesaria, por lo menos por 50 o 100 días, por un tiempo que permita al nuevo ministro de Seguridad gestionar una organización de la policía de la Provincia en calle para darle tiempo, porque hoy es imposible».

Por otro lado, remarcó que los controles en las cárceles son una cuestión prioritaria en el territorio. «Es insostenible que nosotros encarcelemos a los cabecillas, a las segundas líneas o las terceras líneas, y que sigan operando desde las cárceles. Uno ve un nivel de impunidad fuertísima porque una persona que tiene una condena de 20 años y sabe que por ahí la expectativa puede ser que le den 5 años más, evidentemente no toma en cuenta esa mayor sanción y sigue instigando los delitos desde las cárceles», subrayó.

En la misma línea, Baclini reveló que la balacera que terminó con la vida de un nene de 11 años e hirió a otros tres menores en barrio Los Pumitas, «aparentemente fue orquestada desde la cárcel».

Mediante una disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA) se decidió dejar sin efecto el arresto domiciliario de 17 personas sospechadas de incumplir la cuarentena obligatoria. Los demorados tienen recientes antecedentes de viajes al exterior y serán imputados una vez terminado el aislamiento que decretó el presidente Alberto Fernández.

El fiscal Gustavo Ponce Asahad es quien está a cargo de la unidad de investigación que se encarga de la detención y seguimiento de los diferentes casos consideró que ninguna de estas personas presenta peligrosidad. De esta manera, quedan en pie 14 medidas cautelares dictadas por la presunta infracción de las normas sanitarias luego de visitas a otros países durante la pandemia de coronavirus.

Fuentes oficiales detallaron que el régimen de prisión domiciliaria se mantiene además para 23 personas que no respetaron el decreto de la Casa Rosada desde el viernes. Siete de ellas fueron detenidas este sábado en paralelo con controles en parques públicos y otros sectores del Gran Rosario.

En total hay 37 personas privadas de su libertad en sus casas por orden de la Fiscalía en la ciudad. Cabe aclarar, sin embargo, que tanto estas como las liberadas no pueden ser acusadas formalmente hasta que relajen las medidas sanitarias para prevenir el contagio de COVID-19.

El fallo que dejó en libertad a los dos implicados por la muerte del rafaelino Gonzalo Glaria, fue revocado por el juez  Cristian Fiz a cargo de la Cámara de Apelaciones quien ordenó la inmediata detención de ambas personas.

El fallecimiento de la víctima ocurrió el 31 de diciembre en Rafaela, por un accidente de tránsito ocurrido en medio de un asalto a dos jóvenes menores de edad.

Matías Perea y Cristian Milessi son los acusados y quienes resultaron imputados por la fiscal Ángela Capitanio por el delito de «homicidio en ocasión de robo». Estos habían quedado en libertad un día después de la imputación por orden del juez Osvaldo Carlos que desestimó los cargos que le atribuyó la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación.

Liberaron a los imputados por el caso Glaria, el joven rafaelino que murió persiguiendo a dos motochorros

Un estremecedor video que muestra el ataque sexual a una mujer de 35 años fue difundido en las últimas horas por la Justicia con el fin de localizar al agresor. El hecho ocurrió el 7 de julio de 2019 en Maipú al 2200.

En las imágenes se ve al atacante tirar a la víctima en el piso del hall de un edificio en estado de semiinconsciencia. A renglón seguido, la mujer lo aleja y es ahí donde ambos salen del cuadro. Inmediatamente, el delincuente la golpea hasta dejarla inconsciente y aprovecha para robarle sus pertenencias. Según consignaron fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el sospechoso sustrajo, documentos, llaves, tarjeta de débito y un reloj pulsera.

La víctima fue hallada desmayada por un vecino de la zona 45 minutos después del hecho. Fue atendida por personal del Sies y luego es derivada al Hospital Provincial. Presentaba lesiones compatibles con golpes en la cabeza con pérdida de conocimiento, fractura de tabique nasal con desviación, que requirió cirugía por presentar problemas al respirar.

En caso de cualquier dato que sirviese para dar con el agresor comunicarse al 911 o presentarse en el Centro de Justicia Penal de calle Sarmiento 2850, en la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, planta baja, Fiscal Raigal.