El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, respaldó públicamente el proyecto del Poder Ejecutivo para establecer un nuevo régimen penal juvenil. La iniciativa, que propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, será debatida en la Cámara de Diputados el próximo jueves.

Durante una entrevista radial brindada a radio Splendid, el funcionario sostuvo que “un chico de 14 conoce perfectamente lo que hace” y rechazó que la normativa busque criminalizar a la niñez.

Según Cúneo Libarona, los menores actuales poseen una comprensión de la criminalidad de sus actos que difiere de la que podían tener décadas atrás. “Hoy estos chicos tienen conocimiento y voluntad; tal vez no lo tenía el chico de 1980, pero hoy lo tiene”, remarcó el ministro.

El titular de la cartera de Justicia también se refirió a su intención de modificar el Código Penal respecto a los asesinatos de mujeres. Propuso una redacción que abarque tanto el “hombricidio” como el “femicidio”, bajo el argumento de que la ley no debe otorgar privilegios ni generar impunidad según el sexo o la tendencia sexual.

Cúneo Libarona cuestionó la constitucionalidad de la figura actual por centrarse únicamente en la mujer. “Somos todos iguales ante la ley”, insistió, aclarando que no se busca derogar la norma para liberar a los 130 condenados actuales, sino hacerla “justa y proporcional” para todos.

La propuesta sugiere que si un hombre es asesinado por desprecio al sexo, aprovechamiento de superioridad o sometimiento, la pena sea equivalente a la aplicada en casos de víctimas mujeres.

Finalmente, el ministro aseguró que el gobierno nacional no tiene intenciones de derogar ni modificar la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

“El aborto se mantiene en la posición que tiene hoy, ya es ley y no hay ningún interés del gobierno en dar marcha atrás”, sentenció el funcionario.

El Gobierno de Santa Fe encabezó una nueva inactivación de un punto de venta de drogas este miércoles en la zona norte de Rosario.

Las acciones conjuntas entre el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) tuvieron lugar esta mañana en un departamento de pasillo en Anchoris al 1600, donde ya habían sido bloqueados otros dos inmuebles meses atrás.

El fiscal Diego Giro del MPA estuvo presente y brindó detalles sobre la actividad en la vivienda. En primer lugar, mencionó que se trata de  “un pasillo donde era frecuente la venta de estupefacientes" y que “había denuncias de vecinos”. 

Previamente, en abril de este año, se llevaron a cabo allanamientos con detenciones en el lugar, instancia en la que se inactivó uno de los departamentos. Más adelante, las actividades ilícitas resurgieron y, en octubre, volvió a cerrarse otro de los espacios.

En la misma línea, Giro subrayó que hay seis detenidos, todos familiares entre sí, y dos fueron condenados en procedimientos abreviados. Por último, aclaró que la Justicia no autorizó el derrumbe de las propiedades debido a una posible  “afectación a derechos de terceros titulares registrales".

De esta manera, ya son 51 las intervenciones por la Ley de Microtráfico en Rosario y, a nivel provincial, se llegó a las 79.

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, anunció la suspensión de los fondos que se destinaban a diversos organismos de derechos humanos. Según argumentó el funcionario, las entidades manejaban más de $3.000 millones anuales sin ninguna fiscalización.

A través de un posteo en su cuenta de X, Cúneo Libarona señaló: "Decidimos suspender todos los pagos hasta que no realicen las rendiciones de cuentas".

En este sentido, el ministro afirmó que su cartera decidió "cortar otra caja millonaria en Derechos Humanos", y subrayó que los organismos administraban un presupuesto de  $3.359.732.866 para la ex ESMA. "Solo para cortar el pasto gastaban $16.000.000 por mes", detalló.

El recorte afecta a 13 organismos y al mantenimiento del predio de la ex ESMA, en sintonía con la política de ajuste del gasto público que lleva adelante el gobierno de Javier Milei.

Desde la asunción de Cúneo Libarona, el Ministerio de Justicia redujo un 37% su planta de personal que, de acuerdo a la información brindada por el Gobierno, implicó un ahorro de $820 millones mensuales.

Esta situación tensa la relación con los organismos de derechos humanos. A comienzos de este año, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, denunció que la gestión de Milei buscaba "cerrar la ex ESMA", luego de que se registraran despidos en el Centro Cultural Haroldo Conti y en el Archivo General de la Memoria.

"Es terrible lo que está pasando, habría que denunciarlo, estamos en eso los organismos de derechos humanos. Están despidiendo gente, quieren cerrar la ex ESMA", sostuvo Carlotto en ese momento. 

El Gobierno oficializó hoy las reformas en el mercado automotor, tal como había anticipado el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el pasado viernes. Las resoluciones 272/2024 y 273/2024, publicadas en el Boletín Oficial, establecen una reducción en los aranceles para la compra y venta de autos y la implementación del Legajo Digital Único (LDU) y el nuevo Certificado Digital para la venta de vehículos. A partir de esta decisión, el costo que implica la transferencia de un vehículo será del 1% en relación a su precio. Además, no se deberá abonar por la emisión de cédulas de identificación automotor, títulos, chapas, patentes ni la certificación de hasta dos firmas.  Desde la cartera de Justicia indican que las modificaciones realizadas hacen que la Administración Pública se ahorre unos $1300 millones por mes, al tiempo que $36.000 millones al año regresan al bolsillo de los ciudadanos. El Legajo Digital Único (LDU) tiene como objetivo simplificar el proceso de inscripción, ofreciendo un servicio estandarizado y accesible a nivel nacional. Este sistema incluirá un Certificado Digital Automotor (CDA) proporcionado por el Sistema Único de Registración de Automotores (SURA) y un repositorio digital para almacenar las imágenes de las solicitudes relacionadas con la registración de trámites. Además, se elimina la división jurisdiccional por polígonos, permitiendo que la transferencia de vehículos se realice en cualquier registro elegido por el titular, más allá de la jurisdicción que le corresponda. También, se suprimen los Registros intervenidos por agentes de la DNRPA, y se ordena el retorno de los empleados del Ministerio de Justicia a sus funciones originales en ese organismo. Estas medidas forman parte de la política de desregulación económica del Gobierno, que a través de un decreto emitido en diciembre de 2023 dispuso digitalizar y simplificar los trámites automotores sin necesidad de presencia física en los registros.

En una conferencia de prensa realizada este martes en la Municipalidad de Rosario, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, encabezó junto al intendente Pablo Javkin y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, la presentación de las jornadas del Foro Anticorrupción. 

En el marco de ese acto, el titular de esa cartera, defendió a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) ante la negativa de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de querer adherir a ellas. 

En ese sentido y ante la consulta sobre si se intervendrá a la AFA, Cúneo Libarona expresó: “La palabra intervención no se de dónde la sacaron. La realidad es que se tiene que respetar la ley, se acabaron las gambetas y los beneficios ilegales”. 

Luego, continuó: “Ahora bien, dentro del respeto a la ley, si la AFA tiene un estatuto que está en contra de un decreto del Ejecutivo debe cumplirlo de todas formas. Para eso hay organismos como la Inspección General de Justicia (IGJ)”. 

“No es válido usar el miedo sobre los clubes para que no les permitan a los socios elegir si quieren una SAD o no en algún porcentaje del club”, apreció acerca del conflicto con la AFA. 

Por último, el ministro de Justicia concluyó acerca de las SAD: “Soy más de fútbol que de derecho penal y si recorres, hay clubes donde las juveniles no tienen agua caliente, camisetas o toallas. Esos clubes, con el aporte de gente común, no necesariamente de grandes magnates, van a poder generar obras, inversiones y empleo”. 

Trece empleadas del Servicio Penitenciario fueron pasadas a disponibilidad luego del hallazgo de un dispositivo electrónico en la celda de Brenda Pared, imputada por orquestar los crímenes de cuatro trabajadores en marzo junto a su pareja, Alejandro “Chucky Monedita” Nuñez.

El Ministerio de Justicia y Seguridad reveló que el hecho se produjo en el Complejo Penitenciario Rosario (CPR) tras un control en las instalaciones donde permanece alojada la reclusa. 

Ante la aparición del dispositivo electrónico, 13 agentes quedaron bajo investigación, causa que llevará adelante el Ministerio Público de la Acusación (MPA). De igual manera, a las sospechosas se les abrió un sumario administrativo desde la Secretaría de Asuntos Penales.

Menos de dos meses atrás, en la Unidad Nº 5 del CPR, otro operativo de control tuvo como resultado el hallazgo de un celular en la celda individual de Macarena Muñoz, quien está vinculada a Pared.

La pareja de Chucky Monedita fue sindicada como la responsable de hacer llegar las órdenes del preso de alto perfil a los autores materiales de los asesinatos de Héctor Raúl Figueroa, Diego Celentano, Marcos Daloia y Bruno Bussanich.

Los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, comunicaron que enviarán al Congreso de la Nacion un proyecto de Ley que contempla la posibilidad de realizar un Juicio en Ausencia para los delitos que son considerados como graves en el Código Procesal Penal. 

Los ministros hicieron el anuncio mediante una conferencia de prensa celebrada en el Salón Héroes de Malvinas de Casa Rosada, donde el titular de la cartera de Justicia, precisó que “Se debe terminar con esa costumbre de que los juicios terminen en los cajones o en los archivos" por lo que si "el imputado no comparece o se fuga, seguirá el juicio sin su presencia con una defensa bien resguardada". 

A su turno, Bullrich aclaró que el proyecto de Ley presentado es una “respuesta del presidente Milei a la sociedad Argentina que todos los días siente que hay impunidad”. 

En ese sentido, apuntó a que a través de esta nueva medida se está “dando un paso importantísimo en la igualdad de toda víctima frente a la Justicia”. 

Por último, ahondó acerca de los delitos se que juzgarían bajo esta nueva Ley: “Hemos definido para estos casos que los delitos más graves sean aquellos que generan una angustia colectiva y un mal en toda la sociedad, como lo es el financiamiento del terrorismo”. 

El proyecto impulsado por las carteras de Justicia y Seguridad de la Nación, si bien cotemplan que se pueda juzgar a un imputado mientras este este prófugo o no haya querido comparecer ante el tribunal, el mismo sólo podrá ser aplicado en determinados delitos. 

De esta manera, sólo se podrán aplicar este tipo de juicios en los delitos de Genocidio, Lesa Humanidad, crímenes de guerra o crímenes de agresión (todos contemplados en los artículos 6, 7, 8 y 8 bis del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional). 

También podrá enjuiciarse bajo esta modalidad a una persona que haya cometido los delitos de la Desaparición Forzada de Personas; la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes; el Financiamiento del Terrorismo; y a los que le fuera aplicable la agravante de terrorismo. 

En tanto, este tipo de juicios se implementarían en los siguentes escenarios. 

El primero ocurre cuando el imputado lográ fugarse de un juicio oral. Bajo este contexto, el juicio proseguirá para los otros imputados, y se suspenderá de forma momentánea para el prófugo, que más adelante será juzgado en ausencia. 

En el segundo caso, se llevará a cabo un juicio en ausencia cuando hayan transcurrido 4 meses desde el dictado de un pedido de captura nacional o internacional de un prófugo imputado, que no haya podido ser o haya sido denegada, su extradición. 

Por otro lado, se deberá grabar todo el juicio en ausencia a través de medios audiovisuales, bajo apercibimiento de declaración de nulidad. 

Por último, si el prófugo fuese capturado o se presentase durante la realización del juicio, el mismo tendrá derecho a ser oído. Asimismo, tras tomar conocimiento de su condena, el imputado podrá solicitar un nuevo juicio sólo en caso de que no supiese sobre su situación procesal, o si de haberlo sabido, haya tenido un motivo legítimo para faltar al susodicho. 

Recientemente el Gobierno anunció que enviará al Congreso un nuevo proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años. 

El proyecto impulsado por las carteras nacionales de Seguridad y Justicia fue abiertamente apoyado por el subsecretario de Intervención Federal, Federico Angelini. 

En consonancia con lo expuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y por el propopio comunicado de la cartera, Angelini expresó: “Es momento de tomar medidas concretas para terminar con políticas garantistas que sólo benefician a delincuentes, y flagelan a la población”. 

De esta manera, señaló que la medida tomada por los ministerios es un paso “necesario para seguir construyendo medidas que recompongan la seguridad de todos los argentinos”. 

Luego, agregó: “No podemos seguir permitiendo que un delito quede impune sólo porque el delincuente es menor de 18 años”. 

“De la misma forma que el delito mutó hasta el punto de reclutar menores de edad inimputables, nosotroa debemos transformar a las leyes. Si delinquen como adultos, que se los juzgue como adultos”, continuó. 

Por otro lado, aseveró que si bien el proyecto no sólo apunta a castigar, sino también a contener, al momento de la verdad siempre se van a poner del lado de la ciudadanía: “Entendemos que esto no sólo se trata de castigar, sino también de prevenir y contener; pero sepan que, en este contexto, entre proteger a los delincuentes y cuidar a los ciudadanos de bien, siempre vamos a estar del lado de los últimos”. 

Por último, el subsecretario le habló directamente al Congreso: “Le pedimos a los legisladores, que tengan responsabilidad institucional y que debata seriamente, que escuche la voz de la mayoría de los argentinos que quieren un cambio y que quieren vivir en paz”. 

“Hay que terminar con la puerta giratoria de los menores que delinquen. Tantos años de kirchnerismo y cultura garantista del delito no son gratis, pero acá hay un Gobierno dispuesto a dar con la discusión y es momento de apoyarlo”. 

El Gobierno comunicó a través del Ministerio de Seguridad que enviará al Congreso un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. 

Como tal, el proyecto de ley penal juvenil busca comprender a los adolescentes entre los 13 y 18 años que esten imputados. 

En ese sentido, la titular de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich, explicó que este nuevo régimen no sólo busca que los delitos cometidos por menores tengan sanciones, sino que también les permita a los mismos alejarse de la delincuencia. 

Por consiguiente, de entre los puntos más importantes se destacan la privación de la libertad, que será en establecimientos especiales o secciones separadas de las unidades penitenciaras, a cargo de personas preparado. 

Se le será comunicado a los padres del menor imputado toda información relativa a los procesos legales. 

Se protegerán a las víctima, pues tanto jueces como el Ministerio Público Fiscal velarán en todo momento por la tutela de los derechos de las mismas. 

Por otra parte, las penas computadas serán de 3 a 6 años, siempre y cuando no exista la muerte de la víctima del delito, no se imponga sobre las mismas una grave violencia física o psicológica, las penas podrán reemplazarse por: amonestaciones, prohibición para acercarse a la víctima y sus familiares, entre otras sanciones. 

Asimismo, las penas impuestas tras un procesamiento tendrán un máximo de 20 años. 

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A razón de la difusión de este proyecto, el comunicado emitido por Nación señala: “Cumpliendo con el mandato del Presidente Javier Milei de terminar con la impunidad, enviamos al Congreso de la Nación un proyecto de ley que establece un nuevo régimen penal para los adolescentes de entre 13 a 18 años que delinquen”. 

En ese sentido, criticaron abiertamente a las anteriores gestiones políticas por nunca tratar el tema y apuntaron: “Esta gestión no tiene vocación de mentirles a los argentinos; las estadísticas indican que el delito juvenil existe, crece, y cuesta vidas”. 

Luego, agregaron: “Resulta imposible combatir a los delincuentes sin leyes que amparen a las Fuerzas Federales de Seguridad y a la Justicia a la hora de proteger a los argentinos de bien”. 

“Por ello los equipos conjuntos entre el Ministerio de Seguridad y Justicia trabajaron en la redacción del Proyecto de Baja de Edad de Imputabilidad para así terminar con toda la impunidad, y darle respuestas a la gente”, subrayaron. 

Por último, concluyeron: “El Gobierno espera que el Congreso de la Nación comprenda la urgencia y que trabaje prontamente en la aprobación de la norma”. 

La norma aun vigente es la ley 22.278 que fue sancionada un 25 de agosto de 1980 durante la última dictadura militar y establece en su primer artículo que «no es punible el menor que no haya cumplido dieciséis años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido dieciocho años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos años, con multa o inhabilitación».

El Ministerio de Justicia anunció que pasará a cumplir las funciones que tenía asignadas el INADI tras el cierre comunicado por el Gobierno. La cartera encabezada por Mariano Cúneo Libarona absorberá parte del personal del instituto.

A través de un comunicado, el ministro aseguró: «Es una prioridad de este Ministerio cuidar de manera muy eficiente a toda persona que sufra cualquier tipo de discriminación, xenofobia y/o racismo». Luego, el funcionario amplió: «Respetaremos y ordenaremos todo lo concerniente a un derecho tan importante como es la no discriminación, ya elaboramos un protocolo de actuación e investigación, y el régimen de educación general y capacitación que establecen las normas».

Por otro lado, se confirmó que las funciones que cumplía el INADI se llevarán a cabo a través del Ministerio de Justicia y consideraron: «El personal idóneo que trabaja en el INADI y que realiza con responsabilidad y compromiso su trabajo, será transferido al Ministerio, donde trabajarán con orden, seriedad e idoneidad».

En la misma línea, el texto afirma que INADI «contaba con una superestructura que no aseguraba que su trabajo fuera eficiente, por ejemplo tenía 7.000 expedientes sin trámite ni resolución, y en los últimos dos meses se resolvieron 2.000 de ellos».

«En relación con el recorte de gastos en el organismo, la cartera de Justicia ya redujo el personal (de 430 a 355) y los sueldos y además se pidió la renuncia a todos los delegados. También se redujo la cantidad de alquileres inútiles, concebidos con fines políticos, ajenos a la tarea del organismo, y rescindimos distintas contrataciones. Todo esto redundará en un ahorro para el Estado y la sociedad», finalizó.

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— Ministerio de Justicia (@jusgobar) February 22, 2024