En en un marco de posiciones divididas que dejan entrever una panorama de extrema paridad de cara a la firma del dictamen, la comisión bicameral permanente de Trámite Legislativo se constituirá formalmente mañana y se dará así el puntapié inicial al tratamiento del mega DNU 70 de desregulación económica que el Gobierno nacional dictó en diciembre pasado.

La reunión para la conformación de la bicameral se llevará a cabo a partir de las 12 en el Salón Arturo Illia del Senado, y se espera que cumplido ese trámite se inicie la discusión sobre la validez o no del mega decreto de necesidad y urgencia que está en vigencia desde el 28 de diciembre pasado.

También se debatirá sobre si cumple con los requisitos de necesidad y urgencia y si no legisla sobre materias que la Constitución veda.

La comisión tendrá en teoría diez días para dictaminar (es decir, hasta el 7 de marzo), aunque el manejo de los tiempos estará en manos del oficialismo, que reclama la presidencia del cuerpo y propone al senador Juan Carlos Pagotto (aunque en el radicalismo hay reparos sobre esa decisión ya que el libertario es nuevo en la Cámara y el reglamento es claro respecto de no encumbrar a representantes sin experiencia).

La conformación de la bicameral se activó luego de que el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, diera a conocer los nombres de los ocho diputados que integrarán la comisión junto a los ocho senadores anunciados el 2 de enero pasado por la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel.

De los 16 miembros totales, Unión por la Patria tendrá seis representantes, en tanto que tres serán de La Libertad Avanza, dos del PRO, dos de la UCR, uno de Hacemos Coalición Federal, uno de Cambio Federal y otro de Unidad Federal.

Por el Senado integrarán la bicameral Juan Carlos Pagotto (LLA), Víctor Zimmermann (UCR), Luis Juez (PRO), Juan Carlos Romero (CF), Carlos “Camau” Espínola (UF), y Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde y María Teresa González, de UP.

Por Diputados, serán parte el jefe de bancada libertaria, Oscar Zago; y el correntino Lisandro Almirón, por el oficialismo; Hernán Lombardi, por el PRO; el catamarqueño Francisco Monti; por el radicalismo; Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal; y Carolina Gaillard, Ramiro Gutiérrez y Vanesa Siley, por Unión por la Patria.

Entre La Libertad Avanza, el PRO y Cambio Federal, que son los sectores que están decididamente a favor del DNU, suman seis voluntades, la misma cantidad que los representantes de Unión por la Patria que están firmemente en contra.

Los votos clave serán entonces los restantes cuatro integrantes de las fuerzas intermedias, que inclinarán la balanza para uno u otro lado. Se trata de los senadores Zimmerman y Camau Espínola y los diputados Monti y Massot.

La definición de la nómina de ocho integrantes de la Cámara de Diputados para conformar la comisión bicameral se estiró más de la cuenta porque quedó enredada en una puja entre Menem y la bancada liderada por Germán Martínez, que a través de varios pedidos formales presionó infructuosamente para que le concedieran cuatro lugares.

El miércoles de la semana pasada, después de pisar la definición y con el plazo sobradamente vencido para conformar la bicameral, sumado a un pedido del radicalismo para que apurara el trámite, el titular de la Cámara baja le envió una misiva al diputado kirchnerista para rechazar la petición.

Y finalmente el lunes el riojano comunicó oficialmente la nómina de ocho diputados nacionales para la bicameral, con tres cupos para Unión por la Patria.

Al margen del tratamiento en la comisión, al ya haberse vencido los plazos para la conformación de la bicameral, el Senado -que es la cámara por la que el DNU ingresó- está habilitado para abordarlo directamente en el recinto.

El oficialismo intentará dilatar lo más posible ese escenario, ya que Unión por la Patria tiene 33 senadores y está a tan sólo cuatro votos de lograr la mayoría necesaria para rechazar el DNU. Alllí, las perspectivas son buenas para la fuerza opositora.

De todos modos, para poder invalidar el decreto se requiere el rechazo de ambas cámaras (de lo contrario queda definitivamente avalado y vigente), por lo que si el Senado avanzara en esa dirección luego el oficialismo podría juntar una mayoría junto a los bloques de la oposición dialoguista para aprobarlo.

La comisión bicameral permanente de Trámite Legislativo, que ayer confirmó los nombres de los ocho diputados nacionales que lo integrarán, se constituirá formalmente mañana y podrá abocarse al tratamiento del mega DNU 70 de desregulación económica que el Gobierno nacional dictó en diciembre pasado.

La reunión para la conformación de la bicameral se llevará a cabo el jueves a las 12 en el Salón Arturo Illia del Senado. A partir de ese momento, la comisión tendrá diez días para dictaminar.

De los 16 miembros totales, Unión por la Patria tendrá seis representantes, en tanto que tres serán de La Libertad Avanza, dos del PRO, dos de la UCR, uno de Hacemos Coalición Federal, uno de Cambio Federal y otro de Unidad Federal.

Ayer el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, confirmó la nómina de los ocho diputados que se sumarán a los ocho senadores previamente seleccionados para integrar la comisión.

La vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, había elevado la nómina de representantes el pasado 2 de enero.

Se trata de los senadores nacionales Juan Carlos Pagotto (LLA), Víctor Zimmermann (UCR), Luis Juez (PRO), Juan Carlos Romero (CF), Carlos “Camau” Espínola (UF), y Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde y María Teresa González, de UP.

La definición de la nómina de ocho integrantes de la Cámara de Diputados para conformar la comisión bicameral se demoró más de la cuenta porque quedó enredada en una puja entre Menem y la bancada liderada por Germán Martínez, que a través de varios pedidos formales presionó infructuosamente para que le concedieran cuatro lugares.

El miércoles pasado, después de pisar la definición y con el plazo ya vencido para conformar la bicameral, sumado a un pedido del radicalismo para que apurara el trámite, el titular de la Cámara baja le envió una misiva al diputado kirchnerista para rechazar la petición.

Y finalmente ayer el riojano comunicó oficialmente la nómina de ocho diputados nacionales para la bicameral, con tres cupos para Unión por la Patria.

De esta manera, serán parte el jefe de bancada libertaria, Oscar Zago; y el correntino Lisandro Almirón, por el oficialismo; Hernán Lombardi, por el PRO; el catamarqueño Francisco Monti; por el radicalismo; Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal; y Carolina Gaillard, Ramiro Gutiérrez y Vanesa Siley, por Unión por la Patria.

Con la composición de la bicameral ya conformada, el Congreso podrá tratar la validez o invalidez del DNU 70/2023 enviado por el Poder Ejecutivo el 20 de diciembre pasado.

«El DNU choca contra la Constitución Nacional, que es lo que vale por encima de cualquier ley. Es muy malo el instrumento que le ha mandado a los argentinos, sólo busca seguir ajustando. Si sigue tirando de la soga vamos a terminar ahogados», opinó Gutiérrez en diálogo con “El día menos pensado” por Radio Splendid AM 990.

Al margen del tratamiento en la comisión, al ya haberse vencido los plazos para la conformación de la bicameral, el Senado -que es la cámara por la que el DNU ingresó- está habilitado para abordarlo directamente en el recinto.

El oficialismo intentará dilatar lo más posible ese escenario, ya que Unión por la Patria tiene 33 senadores y está a tan sólo cuatro votos de lograr la mayoría necesaria para rechazar el DNU.

De todos modos, para poder invalidar el decreto se requiere el rechazo de ambas cámaras (de lo contrario queda definitivamente avalado y vigente), por lo que si el Senado avanzara en esa dirección luego el oficialismo podría juntar una mayoría junto a los bloques de la oposición dialoguista para aprobarlo.

Una jueza de feria del fuero laboral declaró la invalidez de una serie de artículos del DNU del gobierno de Javier Milei que afectan a derechos de los sindicatos y los trabajadores.

Si bien se trata de una decisión sobre el fondo de la cuestión reclamada por la CGT en el marco de la causa en la que ya obtuvo una cautelar que suspendió los efectos del decreto, el fallo aclara que si el Congreso convalida los artículos anulados volverán a cobrar vigencia.

El fallo fue firmado por la jueza de primera instancia Liliana Rodríguez Fernández, quien desgranó –además- una dura crítica sobre “la persistente impotencia política para resolver cuestiones que terminan en consecuencia en el ámbito de los tribunales”.

Los artículos del DNU declarados inválidos son el 73 (referido a aportes por cuota sindical), el 79 (horas extras y extensión de jornadas laborales y francos), el 86 (vigencia de las convenciones colectivas de trabajo), el 87 (realización de asambleas y congresos “sin perjudicar las actividades normales de la empresa o afectar a terceros”), el 88 (penalización de los bloqueos y otras formas de protesta) y el 97 (límites a las medidas de fuerza en servicios esenciales y trascendentales).

La jueza aclaró que según el procedimiento establecido en la Constitución, el DNU ya debió haber sido aprobado o rechazado por el Congreso.

“Las sesiones extraordinarias se encuentran convocadas desde el 26 de diciembre de 2023 hasta el 15 de febrero de este año, incluyendo en su temario el Mensaje 7/23 del 27/12/23 enviado a la Cámara de Diputados con el proyecto de ‘Ley de Bases…’ que propone justamente la ratificación del DNU 70/2023”, explicó la magistrada

“Las Cámaras deben (digo ‘deben’ porque la manda constitucional no admite alternativas) en estas sesiones extraordinarias abocarse al tratamiento del DNU 70/2023, dado que el plazo de la Comisión Bicameral se encuentra vencido”, explicó.

La invalidez de los artículos fue adoptada “en el marco de este juicio de amparo y de las circunstancias fácticas vigentes, sin perjuicio de aclarar que gozará de validez formal en el caso de ratificación por ambas Cámaras dentro del período de las sesiones extraordinarias en curso”.

Si ello no ocurriera, “su vigencia cesará de pleno derecho”, precisó el fallo, de una decena de páginas.

El Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra, presentó hoy un recurso extraordinario ante la Cámara del Trabajo contra la cautelar que suspendió el capítulo laboral del mega DNU del presidente Javier Milei.

De esta forma, Barra busca llegar a la Corte Suprema de Justicia para que anule el fallo del tribunal que aceptó una cautelar de la CGT y otra de la CTA de los Trabajadores mientras estudia si el DNU es constitucional.

La Cámara podrá aceptar la vía extraordinaria y pasar el recurso al máximo tribunal o rechazarlo y forzar a Barra a presentar un recurso en queja.

La estrategia que persigue Barra es que los más de 50 amparos presentados en distintos fueros se unifiquen en el juzgado del juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Esteban Furnari, quien está de vacaciones y es reemplazado por Enrique Lavié Pico.

El procurador considera que en «el caso del capítulo cuarto del DNU, la Cámara del Trabajo se saltó al juez de instrucción -que no dictó ninguna medida precautoria- y éste es uno de nuestros agravios porque no nos dio derecho a la defensa».

«Tenemos diez días para presentarlo, pero lo vamos a hacerlo antes. También, tienen diez días la CGT y la CTA para contestarlo. Ellos, seguramente, se van a tomar los diez días y la Cámara tiene que decir. Obviamente, va a aceptar nuestro recurso», agregó en una entrevista días atrás.

Consideró además que el recurso «llegará a la Corte en la última semana de enero», y agregó: «Vamos a pedir la habilitación de la feria, pero la Corte creo lo va a tratar en febrero porque ya lo dijo en el caso del gobernador de La Rioja. El problema es que nosotros ya estamos en casi 50 amparos contra el DNU».

A principios de mes, la decisión de la Cámara Nacional del Trabajo fue respaldada por los jueces José Alejandro Sudera y Andrea García Vior. En disidencia, la tercera jueza Dora González pidió que el expediente sea remitido a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, como había solicitado el fiscal del caso.

El debate del mega DNU y la “ley ómnibus”, hará que todas las miradas se dirijan al Congreso Nacional, donde ambas herramientas enviadas por el presidente Javier Milei, deberán ser tratadas por los legisladores.

Aunque con mecanismos distintos, ya que el DNU deberá ser aprobado o rechazado en su totalidad, en cambio, en la “ley ómnibus”, los diputados y senadores podrán introducir cambios.

“La idea de transformar un montón de cosas en la Argentina es muy buena porque realmente hemos llegado a este punto con una crisis terrible, con la pobreza, con todo lo que ya sabemos, con una inflación galopante y tenemos que dar una vuelta. Nuestro país no puede seguir haciendo lo mismo de la misma manera porque obviamente vamos al mismo lugar”, expresó, al aire del programa El Puente, que se emite por Radio Mitre Rosario, Germana Figueroa Casas, diputada nacional por Santa Fe y vicepresidenta de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados.

Respecto al DNU, la legisladora señaló que tiene un camino constitucional, que tiene que ir a una comisión especial, se aprueba o se va a rechazar en bloques. Si lo aprueba una de las cámaras, va a ir corriendo. Pero, mientras tanto, está vigente. Salvo para los que hicieron el amparo, digamos, que para ellos no”.

Y seguido remarcó que “está funcionando institucionalmente la Argentina porque, si alguien se presenta a la justicia, tiene un tipo de respuesta. Eso funciona”.

No obstante, se refirió a una situación del gobierno de Alberto Fernández, ya que hay más de 100 decretos de necesidad y urgencia que todavía no se trataron. “No se reunió la comisión bicameral desde hace dos años, que no se reúne para tratarlos también. Cómo las varas son distintas, cuando no se reunía la comisión, ahora hay urgencia”, remarcó Figueroa Casas

En esa línea comentó que durante los gobiernos kirchneristas hubo más de 880 DNU, “que modificaron cosas. Entonces creo que hay que analizar, ahora que están del otro lado, que vean el efecto de un DNU y lo que hay que modificar en la ley que reglamenta lo que dice la Constitución para poner más límites”.

Además, respecto al mega DNU, la diputada nacional planteó que “saca un montón de privilegios, de trabas, de beneficios para distintas corporaciones grandes y chiquitas en toda la Argentina. La idea es simplificar, como por ejemplo la receta electrónica me parece, que es algo fundamental, que tenemos que aprovechar”.

“Actualmente, por un decreto de Alberto Fernández, la gente, en su primer trabajo o cuando cambia y entra por primera vez a una empresa, tiene que quedarse en la obra social del sindicato por un año. Entonces, no puede derivar sus aportes”, agregó. Y seguido reconoció su preocupación por algunas cosas, “si son correctas o no, como en el caso de las farmacias”.

Con respecto a la ley ómnibus, Figueroa Casas, destacó que ahí sí los legisladores tienen incidencia en las comisiones, y en la redacción de los artículos. “Hemos hablado mucho con UCR, también con el bloque de Pichetto. Hemos venido intercambiando opiniones para ver qué sí, qué no, qué tal vez. Hemos hecho una especie de semáforo, que indica, esto no, no lo queremos; esto puede ser, pero con algunas modificaciones, y esto estamos de acuerdo”, concluyó la diputada.

La jueza laboral Silvia Garzón hizo lugar a una medida cautelar y suspendió las reformas laborales incluidas en el DNU de Javier Milei, tal cual lo solicitó la Federación Única de Viajantes de Comercio de Argentina (FUVA).

La cautelar suspende el tramo sólo de reformas laborales tal cual hizo lo propio días atrás la Cámara Nacional del Trabajo en dos fallos, uno a favor de la CGT y otro la CTA.

De esta forma, es el tercer fallo que suspende las reformas laborales en el DNU. Ahora, se prevé que el Gobierno Nacional apele el fallo de la Cámara ante la Corte Suprema de Justicia para tratar de mantener vigente ese aspecto del decreto.

La entidad había cuestionado que el DNU imponía no sólo limitaciones a la organización colectiva de los trabajadores, sino que además eliminaba la categoría de trabajadores como son los viajantes vendedores.

El DNU planeaba la eliminación del Estatuto del viajante contemplado en la ley 14.546.

La norma, recordó la jueza en su fallo, “fue dictada a fin de regular una actividad con modalidades específicas, y ha sido, a lo largo de estos años, respetada por las partes involucradas en la relación, sin que, “prima facie”, se avizore en los considerandos del decreto cuestionado que la especialidad del régimen que regula la actividad del viajante de comercio pudiera de forma trascendental afectar en materia social y/o económica, al extremo de haber sido derogada mediante un decreto de necesidad y urgencia”.

“Teniendo en cuenta lo haasta aquí expuesto, la derogación de la ley 14.546, como así también la modificación y derogación de las restantes normas en cuanto resulten de aplicación al conjunto de trabajadores y a la entidad gremial aquí agraviados, comprobados los requisitos de admisibilidad en cuanto a la cautela pretendida, y en consonancia con lo ya resuelto por la distinguida Sala de Feria en el precedente antes citado” es que la jueza dispuso la cautelar a favor de la entidad.

Según la jueza, el apartado incluido en el decreto “afecta” a los trabajadores del sector. El fallo podría ser apelado ante la Cámara la cual ya fijó un criterio similar a través de los fallos de la semana pasada.

El presidente, Javier Milei, envió hoy al Congreso de la Nación el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que desregula la economía y abre la puerta a la privatización de empresas públicas, la medida será tratada por el Poder Legislativo durante los próximos 10 días hábiles.

El extenso texto ingresó por el Senado para ser analizado en la Comisión Bicameral que debe estar integrada por ocho senadores y ocho diputados, aunque aún no fue conformada por diferencias entre el oficialismo y la oposición.

Una vez transcurrido el tratamiento, la Comisión emitirá dictamen respecto de la validez de la medida y, en caso de avanzar, el DNU tiene que ser aprobado por una de las dos cámaras legislativas para mantener su vigencia.

En tanto, para que el decreto pierda validez de forma permanente es necesario que sea rechazado tanto por Diputados como por el Senado.

La norma que envió el Ejecutivo al Senado viene sufriendo múltiples cuestionamientos por parte del Poder Judicial, aunque el primer fallo que le puso un freno llegó a través de la Cámara Nacional del Trabajo, que hizo lugar a un planteo de la Confederación General del Trabajo (CGT) y dictó una medida cautelar.

De esta manera, la Cámara consideró que no se habría configurado la situación de “extrema urgencia” requerida para que el Poder Ejecutivo pueda legislar sobre temas que son potestad del Congreso Nacional y suspendió los artículos del DNU vinculados a reformas en el ámbito laboral.

Tras darse a conocer la decisión del fuero laboral, el Gobierno anunció la presentación de una apelación al fallo elaborada por el Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra.

A pesar del anuncio del Ejecutivo, pasado el mediodía de ayer, el DNU tuvo un nuevo revés cuando la Cámara Nacional del Trabajo dictó una nueva cautelar que suspende la aplicación del capítulo laboral del decreto de Milei.

La segunda cautelar tuvo lugar mediante una solicitud de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA), que conduce Hugo Yasky, un día después de disponer una medida similar por pedido de la CGT.

El juez Enrique Lavie Pico habilitó la feria judicial de verano para tramitar los amparos que reclaman la inconstitucionalidad de la totalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Javier Milei.

La decisión en paralelo del juez es ratificar que aquello que se ha resuelto en la Cámara Nacional del Trabajo seguirá en éste fuero, por lo que ha desarmado lo que Lavié Pico tenía en su juzgado de tratarlo como un amparo colectivo.

Es una resolución contraria a lo pedido por el Gobierno Nacional a través de la Procuración del Tesoro que pretendía concentrar todos los amparos en el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal.

El Gobierno podrá apelar esa determinación del juez que decide tratar cada uno por separado, el que él tiene que es contra la totalidad, y aquel del fuero Laboral donde en dos cautelares ya se frenaron las demandas. De hacerlo intervendrá la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que resolverá si los amparos siguen analizándose por separados o se concentran todos en este último fuero.

“Torna procedente la habilitación solicitada, toda vez que la demora impuesta por el receso judicial de enero en la tramitación de estos actuados entraña un riesgo cierto e inminente de la posible frustración de derechos que no podrían encontrar una protección oportuna en el caso de tener que esperar el transcurso de la feria judicial”, explicó el juzgado en su fallo.

Pasó seguido, Lavié Pico le dio trasladado al Gobierno Nacional para que en un plazo de tres días haga un descargo en defensa del DNU ante la cautelar pedida y cinco sobre el fondo del asunto, tras lo cual resolverá.

Es una presentación hecha por el Observatorio del Derecho a la Ciudad que el magistrado, quien subroga ese juzgado cuyo titular es Esteban Furnari y está de feria, dispuso el levantamiento del receso para tratarlo y definir si es o no inconstitucional.

Además, el juez habilitó un pedido del Gobierno Nacional para que éste juez reclame al fuero laboral, donde hubo dos cautelares frenando el apartado referido a reformas laborales, y todos los amparos se acumulen en su juzgado.

Hasta el momento sólo hubo dos amparos de la Cámara Nacional del Trabajo suspendiendo el capítulo de reformas laborales, una haciendo un reclamo de la CGT y otro reciente de la CTA.

La Cámara Nacional del Trabajo habilitó hoy la feria judicial de enero para resolver el amparo presentado por la CGT contra el DNU de Javier Milei sobre si es o no inconstitucional tal cual lo solicitan.

El Tribunal tiene a su estudio una apelación de la CGT contra el fallo de primera instancia José Ignacio Ramonet, que había rechazado el pedido de la central obrera por considerar que el decreto no estaba vigente cuando se presentó.

“Esta sala considera que, frente a las particularidades del caso, lo traído a consideración amerita la apertura de la habilitación de la feria judicial solicitada, lo que así se resuelve”, sostuvo el Tribunal.

Los jueces María Dora González y José Alejandro Sudera resolvieron admitir el pedido de habilitación de feria y remitir para que dictamine el fiscal ante la Cámara, para luego resolver.

Ésta es una de las presentaciones contra el DNU ya que hay varios que tramitan ante el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 2, pues en ese juzgado al ser primero que recibió la primera presentación, y es donde el Gobierno Nacional a través de la Procuración del Tesoro de la Nación reclamó se unifiquen todos los recursos de amparo.

También hay otro planteo del Gobierno de La Rioja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la cual ya habilitó su tratamiento pero para después de la feria de enero. Antes, envió el expediente a la Procuración General de la Nación para que dictamine aunque el mismo no es vinculante al a hora de resolver.

Por ello, estando en vigencia el DNU podría destrabarse a través de alguna resolución judicial que haga lugar a un amparo dictando una cautelar, o bien por decisión de acuerdos entre el poder político.

Esta semana, el presidente Javier Milei envió al Congreso Nacional la denominada “ley omnibus”, ya que reúne cambios en muchos aspectos de la vida de los argentinos. Al igual que el mega DNU (decreto de necesidad y urgencia), elaborado por el Ejecutivo y que hoy viernes entró en vigencia.

“Es una ley muy extensa que estamos tratando, hemos dividido nuestro bloque en distintas comisiones o subcomisiones temáticas, en mi caso participo en lo que tiene que ver con seguridad, que es mi especialidad, y también en la comisión de energía”, expresó, al aire del programa El Puente, que se emite por Radio Mitre Rosario, Gabriel Chumpitaz, diputado nacional por Santa Fe, de JxC.

En esa línea, el legislador nacional hizo referencia que se trata de temas que tocan de lleno a la provincia de Santa Fe, puntualmente en relación a los biocombustibles, hidrocarburos y la transición energética.

Si bien afirmó que “la Argentina tiene que generar muchos cambios”, tal como proponen el DNU y la ley ómnibus, “la metodología no es la correcta”. “Hay temas que no son de necesidad y urgencia que pueden ser tratados con mucho más tiempo”, aseguró.

Además, Chumpitaz, aclaró que el DNU, a diferencia de la ley ómnibus, no puede ser particionado, “con lo cual eso es un problema importante, eso es, en su totalidad, la aprobación o el rechazo”.

Asimismo, el diputado consideró quel el decreto de necesidad y urgencia “tiene muy poca densidad en cuanto a la seguridad jurídica”. Y seguido dio como ejemplo la reforma en materia laboral: “Se pasa de tres meses a ocho meses el periodo de prueba y puede aparecer un juez que diga que esto es anticonstitucional. Entonces, queda muy debilitado ese DNU. Cosa distinta es si se trata, si se debate, si se logran los consensos en una ley en el Congreso Nacional”.

“Esto implicaría que dentro de cuatro años, cuando venga otro presidente, si es que viene otro presidente, no borre todo lo que hizo el presidente actual”, concluyó Chumpitaz.

La Corte Suprema de Justicia aceptó hoy analizar el pedido del gobierno de La Rioja para que declare inconstitucional el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente de la Nación, Javier Milei.

El Alto Tribunal recibió en su oficina de juicios originarios la solicitud del Gobernador Ricardo Quíntela para que haya una declaración sobre la inconstitucionalidad del DNU.

En una decisión de una sola carilla, la Corte anunció que “estudiará” el planteo luego del receso de enero. Pero mientras tanto, el expediente pasa a manos del Procurador General de la Nación interino Eduardo Casal, quien deberá dictaminar.

Casal emitirá un dictamen sobre si la Corte es o no competente para tratar el asunto y luego si es o no constitucional el DNU. Su dictamen no es vinculante, con lo cual el Tribunal puede adoptar un criterio distinto.

Junto con la acción declarativa también el Gobierno de La Rioja presentó una cautelar, con lo cual el Tribunal tiene la potestad de dar marcha atrás con el DNU más allá de si el mismo se declara inconstitucional.

Mientras tanto, con la feria judicial ya encima pues empezó pasado el mediodía de este viernes y recién se retoman funciones en febrero, es que hay otras presentaciones pidiendo la inconstitucionalidad en el fuero Contencioso Administrativo Federal y en el del Trabajo.

No obstante, esos Tribunales aún no habilitaron la feria para tratar los respectivos amparos y, de no hacerlo, todo quedará en poder de la Corte Suprema de Justicia.

La Confederación General del Trabajo (CGT) se movilizará esta semana, en lo que será la segunda prueba del Gobierno nacional y la calle.

Si bien aún restan ultimar detalles, la central obrera insignia marchará el próximo miércoles a raíz del mega-DNU que impulsó el presidente Javier Milei la semana pasada. La acción de Milei pega de lleno en cuestiones vinculadas al ámbito laboral y económico.

Pablo Moyano, integrante del triunviro y líder de Camioneros, calificó el decreto como una “locura” apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el protocolo antipiquetes: “¿Por qué no puso el protocolo anoche cuando había miles de argentinos en plaza del Congreso?”.

“El sábado están llamando los libertarios en apoyo a Milei. ¿Va a mandar el protocolo antipiquete el sábado? Es una ridiculez”, agregó Moyano en referencia a los cacerolazos del miércoles pasado y por una marcha en favor del Gobierno que no se concretó.

El decreto de necesidad y urgencia (DNU) dispuesto por el Gobierno nacional, publicado este jueves en el Boletín Oficial sustituye, mediante el Artículo 361, el artículo 22 del Decreto-Ley Nº 6582/58 ratificado por la Ley N° 14.467.

Esta nueva normativa indica: «La cédula, la licencia para conducir y el comprobante de pago de patente son los únicos documentos exigibles para circular con el automotor, y las autoridades provinciales o municipales no podrán establecer otros requisitos para su uso legítimo».

“En realidad, la ley de tránsito es una ley nacional a la que la provincia de Santa Fe está adherida. En principio este DNU, nosotros lo estamos analizando con los abogados de la Agencia de Seguridad Vial, pero en principio el DNU no modificaría la ley nacional, la 24.449, que es la ley de tránsito. Por lo tanto, lo más controversial que eran los requisitos para poder transitar con un vehículo por la provincia, que es la necesidad de portar, obviamente, el DNI, la licencia de conducir, la identificación del vehículo, el seguro, la patente y la RTO, que están contemplados en esa ley, no serían modificados”, explicó Carlos Torres, director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV).

“El DNU, es muy amplio, tiene 350 artículos, lo estamos analizando con los abogados de la Agencia, pero en principio la obligatoriedad de llevar esos documentos sigue existiendo”, agregó Torres.

“Ayer lanzamos controles de accesos a la provincia en 10 lugares, de norte a sur, que van a ser permanentes durante los 4 años, por indicación expresa del gobernador y del ministro. Ahora, a la medida que se acerque fin de año, vamos a incorporar 10 lugares más que se van a sumar en lo que ya sí va a ser el operativo verano, que eso lo vamos a trabajar con otros ministerios también”, señaló el titular de la APSV.

Seguido, Carlos Torres adelantó que “desde la Agencia de Seguridad Vial, nos vamos a abocar más a las rutas y las autopistas, pero se van a sumar, cerca de 25 lugares en donde va a haber controles permanentes, no solamente los accesos, sino estos del operativo verano, como la Autopista Rosario Santa Fe, los peajes, la circunvalación, Autopista Rosario Córdoba, Autopista Rosario Buenos Aires, y muchos otros lugares que se van a sumar”, que ademas incluirán controles de alcoholemia.