Después de varios meses de debate y negociaciones, la Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó este jueves la reforma del paquete de leyes de seguridad impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro. La iniciativa consiguió 37 votos afirmativos y 11 negativos en la votación en general, por lo que obtuvo media sanción y quedó en manos del Senado para su tratamiento.

El acuerdo llegó luego de que representantes de la UCR y el socialismo acercaran posiciones sobre los puntos más cuestionados del proyecto original. Las conversaciones se extendieron hasta casi la medianoche del miércoles y permitieron incorporar modificaciones solicitadas tanto por legisladores socialistas como por el Ejecutivo provincial y la Corte Suprema de Santa Fe. Con el entendimiento alcanzado, el plenario de las comisiones de Seguridad Pública y Asuntos Constitucionales emitió el dictamen que habilitó el debate en el recinto.

Entre los principales cambios acordados, se eliminó la posibilidad de tomar declaración a una persona imputada sin la presencia obligatoria de su abogado defensor en determinadas circunstancias. También se retiró el régimen especial que ampliaba las facultades de intervención policial en zonas atravesadas por situaciones graves de violencia. En cuanto a los allanamientos que el texto original contemplaba sin orden judicial, la nueva redacción establece que deberán contar con autorización del fiscal y control judicial.

La reforma modifica alrededor de media docena de normas provinciales, entre ellas el Código Procesal Penal y las leyes de inteligencia, Defensa y organización de la Policía. El proyecto lleva cerca de cinco meses de discusión legislativa y atravesó distintas rondas de consultas antes de llegar a esta instancia. Ahora se espera que el Senado lo trate durante la sesión de este jueves, si los tiempos legislativos lo permiten, o en la próxima reunión de la Cámara alta. Si obtiene la aprobación, Pullaro contará con una nueva ley de seguridad para la provincia.

La Cámara de Senadores de Santa Fe aprobó este jueves el proyecto de ley de Prevención, Protección y Gestión Integral del Riesgo frente a la Violencia de Género. La propuesta obtuvo media sanción con el respaldo de todos los presentes, incluidos los senadores justicialistas Alcides Calvo y Rubén Pirola, y ahora deberá ser debatida en Diputados para convertirse en ley.

El texto, elaborado por los ministerios provinciales de Igualdad y Desarrollo Humano, Justicia y Seguridad, y Gobierno e Innovación Pública, propone un sistema de evaluación que clasifica las situaciones en cuatro niveles: bajo, medio, alto y crítico. Para determinar el riesgo se considerarán factores como amenazas de muerte, presencia de armas, violencia sexual, estrangulamiento e incumplimientos de restricciones previas.

Según la gravedad de cada caso, la Justicia podrá disponer restricciones de acercamiento, exclusiones del hogar, dispositivos de alerta y otras medidas de protección. En situaciones de riesgo alto o crítico, se establece como regla general el monitoreo electrónico de la víctima y el agresor, además del posible retiro preventivo de armas y la aplicación excepcional de arrestos temporales ante determinados incumplimientos.

La iniciativa también busca simplificar las denuncias, garantizar la vigencia inmediata de las medidas de protección y crear un registro digital unificado para compartir información entre organismos estatales. Además, contempla asistencia jurídica, equipos interdisciplinarios especializados, protección para niños y adolescentes expuestos a la violencia y un fondo de emergencia para cubrir gastos urgentes, como traslados, alojamiento temporal y cambios de cerraduras.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno nacional, pero incorporó modificaciones que mantienen los límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La votación general terminó con 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones, en una sesión en la que el oficialismo necesitó el respaldo de sus aliados para avanzar.

El principal cambio fue la restitución de la Ley 26.737, sancionada en 2011 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. La normativa establece que la titularidad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. El capítulo que conserva esa regulación fue aprobado con 239 votos a favor, cuatro en contra y seis abstenciones, y deja sin efecto la derogación que había dispuesto el artículo 154 del DNU 70/2023.

La modificación llegó después de distintos pronunciamientos judiciales sobre la vigencia de la norma. La Corte Suprema había revocado un fallo que declaró inconstitucional su derogación al considerar que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata no tenía legitimación para presentar ese reclamo. Posteriormente, el máximo tribunal suspendió de manera cautelar la derogación en otra causa promovida por una organización ambiental, aunque todavía no resolvió la cuestión de fondo.

El proyecto también introduce cambios en los procedimientos de expropiación: exige una declaración específica de utilidad pública y el pago previo de una indemnización calculada según el valor de mercado del inmueble, incluido el lucro cesante. Además, contempla procedimientos judiciales sumarísimos para acelerar los desalojos, un plazo de protección de diez días para personas en situación de vulnerabilidad y modificaciones en el Registro de la Propiedad Inmueble. Debido a los cambios incorporados, el texto deberá volver al Senado para su revisión.

El Senado de la Nación aprobó el proyecto de ley que establece un marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados para uso industrial y medicinal, incluyendo la investigación científica con vistas a satisfacer el mercado local y generar exportaciones, que de esta manera logró media sanción y el debate continuará en la Cámara de Diputados.

La iniciativa obtuvo 56 votos a favor y cinco en contra y una abstención, y promete convertir al cannabis en otro commodity de los que exporta Argentina, tal como ocurre con los granos o la carne. Además, se busca «desbaratar el mercado informal de aceites y otras preparaciones herbarias irregulares que existe en la actualidad y terminará con la proliferación de productos que carecen de cualquier tipo de control respecto de su composición y calidad».

A su vez, el proyecto tiene como primer objetivo el de «establecer un marco legal que autorice, -a través de un fuerte esquema regulatorio-, las etapas de siembra, cultivo, cosecha, producción, almacenamiento, transporte, comercialización, importación, exportación y posesión de semillas de cannabis, de la planta de cannabis, y de sus derivados, con fines de aplicación medicinal, terapéutica, paliativa o de investigación científica».

«Legalizar los diferentes eslabones productivos y de comercialización del cáñamo o cáñamo industrial y sus subproductos», es la segunda premisa principal que plantea esta iniciativa. También se establece que «si bien el cáñamo no es un estupefaciente en los términos de la ley penal por no generar efectos psicoactivos, resulta necesario regular y controlar la actividad para evitar que en los cultivares de cáñamo se oculten cultivos ilegales de cannabis psicoactivo».

Sobre esta primera instancia aprobada, el senador de San Luis Adolfo Rodríguez Saá, que además es el presidente de la Comisión de Agricultura, aseguró: “Estos aportes nos han permitido discutir, debatir, escuchar las diferentes personalidades que nos expresaron sus opiniones sobre esta prometedora cadena productiva del cannabis y sus semillas y sus productos derivados. Hemos logrado un interesante consenso y recetado e incorporado una enorme cantidad de sugerencias y correcciones que han enriquecido el proyecto original”.

Cuando pasadas las 7.20 de este viernes se conoció el resultado de la votación en Cámara de Diputados por la cual el proyecto de legalización del aborto recibió media sanción, se desató la marea verde en plaza San Martín. Militantes rosarinas festejaron tras una vigilia de casi 20 horas, en medio de llantos de alegría, euforia y abrazos que serán interminables.

Fueron 131 los legisladores que votaron a favor, 117 lo hicieron en contra y hubo seis abstenciones, por lo que ahora la discusión para saber si la iniciativa ganará carácter de ley, continuará en la Cámara de Senadores. Mientras tanto, quienes portan el pañuelo verde le dieron rienda suelto a los festejos en la ciudad.

Desde el jueves por la mañana, la plaza ubicada en pleno centro de Rosario frente a la sede de Gobierno fue epicentro de las manifestantes a favor de la legalización del aborto, mientras que durante la jornada también se registraron movilizaciones de quienes se expresaron en contra del proyecto de ley, portando el ya característico pañuelo celeste, teniendo al Monumento a la Bandera como lugar por excelencia para este grupo.

Luego de obtener la media sanción en Diputados, en los próximos días, con fecha a definir, el debate pasará a la Cámara de Senadores, donde se sabrá si el proyecto de ley será sancionado como tal o no.

Este viernes por la mañana, tras casi 20 horas de debate, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley de legalización del aborto y ahora la discusión pasará a Senadores. La votación arrojó como resultado 131 votos a favor, 117 en contra y se registraron seis abstenciones.

Alrededor de las 7.20 se conoció el resultado final luego de la exposición de cada uno de los legisladores brindando sus motivos por los cuales se expresaba de forma favorable y quienes expresaron la negativa a la creación de la normativa. Todo ello, en el marco de una prolongada vigilia a las afuera del Congreso, mientras que en Rosario la espera se concentró principalmente en la plaza San Martín.

Durante toda la extensa sesión, se registraron grandes manifestaciones de los sectores ‘verdes’ y ‘celestes’ en los alrededores del recinto. Además, durante las exposiciones de los diputados, estuvieron presentes en la Cámara varios funcionarios del gobierno nacional, entre otros, los ministros de Salud, Ginés González García; de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; de Seguridad, Sabina Frederic y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.

Tras la media sanción obtenida en Diputados, ahora el proyecto de ley de legalización del aborto será tratado en la Cámara de Senadores en los próximos días, para saber si será o no sancionada.

Los presidentes de las comisiones de Legislación General, Cecilia Moreau; de Salud, Pablo Yedlin; de Legislación Penal, Carolina Gaillard y de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha, destacaron la importancia de que el Congreso apruebe el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y coincidieron que se trata de «una deuda histórica».

Al abrir el debate como miembro informante del dictamen de mayoría, Moreau (Frente de Todos-Buenos Aires) sostuvo que tanto el proyecto de legalización del aborto como el Plan de 1000 Días «promueven más justicia social y cuidan la salud entendida de manera integral».

«Este debate ha sido puesto sobre la mesa por miles de mujeres que nos han impuesto este debate puertas afueras del Congreso. Es un problema de salud pública estructural que existe en nuestro país», aseveró la diputada, quien concluyó su discurso con la frase: «Que sea ley».

El diputado radical Fabio Quetglas respaldó la iniciativa y consideró que obligar a parir es «similar a una práctica tortuosa», al tiempo que señaló que «la legislación que prohíbe el aborto, no evita ninguno». También a favor, pero con críticas al «oportunismo» del oficialismo en la presentación del proyecto, el referente del PRO Fernando Iglesias subrayó: «La absoluta mayoría de países a los que quiero que se parezca la Argentina tiene la interrupción voluntaria del embarazo».

Del Frente de Todos, la riojana Hilda Aguirre advirtió que «hay mucha hipocresía» entre los médicos, ya que realizan abortos en el sector privado pero no en el público, y reclamó que no puede «hacerse la distraída con la realidad que atraviesan las mujeres pobres», por lo que votará a favor del proyecto.

La diputada nacional y ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, aseguró que el problema de los abortos es «una cuestión de salud pública» y que a las mujeres «hay que garantizarles el marco legal correspondiente» si desean abortar.  «Tenemos que luchar por nuestra propia decisión. Por decidir cuándo y cómo maternar. Este proyecto habla de salud pública. Habla de un derecho, del derecho de las mujeres a elegir», afirmó Estela Hernández, del Frente de Todos.

Por su parte, la cordobesa y radical María Soledad Carrizo, remarcó que «si la idea es que esta ley genere menos embarazos no deseados, nada de eso va a ocurrir» y manifestó que en 2018 votó en contra y lo volverá a hacer.

La Cámara de Diputados dio este jueves media sanción a la ley de presupuesto 2021. La iniciativa fue aprobada en general con 139 votos a favor, 15 en contra y 90 abstenciones de Juntos por el Cambio tras una maratónica sesión que comenzó el miércoles y concluyó en la mañana de este jueves.

Alejandro “Topo” Rodríguez, diputado nacional de Consenso Federal, habló el miércoles por la noche en CNN Radio y aseguró que “es indispensable aprobar un presupuesto nuevo”en el Congreso.

En diálogo con Al Fin y Al Cabo, el legislador explicó por qué su espacio lo considera tan importante: “El último presupuesto vigente se formuló el 25 de octubre de 2018 y fue el que entró en vigencia en 2019. Luego el Gobierno actual lo prorrogó”.

“Ha pasado mucha agua debajo de ese puente en Argentina y ciertamente cuando uno no tiene el presupuesto inmediatamente anterior como parámetro, suele ser más complejo elaborarlo”, indicó Rodríguez.

De todas maneras, el diputado por la provincia de Buenos Aires aseguró tener «la impresión de que se va a aprobar este instrumento elemental para gobernar”.

“Yo estoy en la oposición y con reservas y críticas voy a aprobar este elemento”, dijo adelantando su accionar en la cámara de representantes.

Por otra parte, expresó: “No tengo claro qué es lo que terminará definiendo Juntos por el Cambio, la principal oposición numérica, pero la sensación es que quizás haya muchas abstenciones. Pero no quiero hablar por quien no represento”.

El primer presupuesto del gobierno de Alberto Fernández, que se votará este martes en la Cámara de Diputados, contempla un incremento de 5% del Producto Bruto Interno, una inflación del 29% y un dólar promedio de $ 102,4.

La Cámara de diputados de la provincia dio media sanción a al ley de emergencia educativa este jueves. Esto fue un proyecto presentado por el diputado Carlos Del Frande a instancias de Sadop en mayo pasado.

Plantea una serie de medidas importantes, en primer caso es la convocatoria a la paritaria que para Martín Lucero, secretario general de Sadop, sigue siendo una demanda que no está del todo satisfecha. Además que haya una mayor participación e interacción de padres, alumnos y familias con respecto a la problemática que viene llevando el sistema educativo, más en este contexto de pandemia.

«La necesidad de establecer un consejo asesor que pueda guiar y orientar políticas educativas que no solo tenga que ver con lo pedagógico, si no también con lo sanitario y el retorno a clases», manifestó Lucero.

El proyecto es mucho más amplio del que presentó Sadop. «Además, tiene otro tipos de disposiciones, con herramientas que tienen que recibir los docentes, con capacitaciones que deben recibir los trabajadores de la educación», analizó el secretario.

Para Sadop creen que el gran valor que tiene la emergencia educativa en la provincia, a partir de esta media sanción, es que queda claro que no solo es un reclamo sindical, sino que es una cuestión multisectorial que ahora abarca todos los sectores sociales y gremiales y que exige de parte del gobierno provincial, una actitud firme que de respuesta a los reclamos que tiene la sociedad con respecto a la educación.

La Ley de Góndolas avanza a paso firma en busca de su aprobación. La norma está destinada a la regularización de los precios de los productos en los supermercados, a garantizar la multiplicidad de marcas y promover el desarrollo de los productores locales y regionales. Ya logró media sanción en la Cámara de Diputados.

El proyecto fue presentado por el presidente del bloque Socialistas, Joaquín Blanco, quien afirmó: “En tiempos donde los alimentos suben más que la inflación, esta ley es una herramienta fundamental para garantizarles a los santafesinos que los productos que compran tengan un precio transparente, y permite a nuestras Pymes poder competir de igual a igual con los grandes jugadores».

“El consumidor debe tener la chance de elegir libremente cuando se para frente a una góndola y poder seleccionar entre distintas marcas de productos de la canasta básica, que en los últimos tiempos ha aumentado mucho su precio”, continuó y agregó: “En nuestro país, siete cadenas de supermercados (cinco de las cuales son de capitales extranjeros) concentran el 60% de las ventas de alimentos y bebidas. Con esta ley, buscamos minimizar la posibilidad de que haya una distorsión constante de precios, que ocurre en la cadena de distribución».

A su vez, Blanco consideró que deben «transparentar la cadena de valor y de relaciones sobre cómo se construyen los precios en Argentina”, y añadió: “En contexto de crisis, donde las tarifas están congeladas, el rubro de alimentos aumentó más que la inflación general. Es hora de que el Estado esté presente. Debemos cuidar el bolsillo de la gente en estos rubros esenciales, y promover la comercialización de los productos de las Pymes santafesinas y así contribuir a sostener el trabajo y la producción local”.

“Se viene un tiempo en el que la producción de alimentos será central. Y Santa Fe es una provincia exportadora. Si logramos revertir la concentración y visibilizamos a nuestras Pymes, garantizando su comercialización, generaremos empleo local. Hoy dimos un gran paso, la ley cuenta con media sanción y esperamos que pronto el Senado le dé la sanción definitiva, no podemos dejar que los precios sigan subiendo cuando tenemos la posibilidad de hacer algo para combatirlo», concluyó.

Cabe destacar que esta ley establece que en los supermercados de grandes superficies, ninguna empresa podrá superar el 30 por ciento de exhibición en góndola. Mientras que las Pymes santafesinas tendrán garantizado un 25 por ciento de presencia. Además, impide que los pagos a los pequeños productores se puedan demorar más de 60 días y que se solicite como forma de ingreso a un establecimiento, la entrega de mercadería gratuita o a un precio por debajo de su costo.

El oficialismo incorporó a la agenda del Senado el proyecto de ley de góndolas, que será debatido hoy en la Comisión de Legislación General y quedará a un paso de tener sanción definitiva.

La Comisión de Legislación General se reunirá a las 15:00 en el salón Arturo Illia de la Cámara alta para designar a sus nuevas autoridades y analizar la iniciativa, que fue aprobada el año pasado por la Cámara de Diputados.

En caso de conseguir dictamen de esa comisión, el proyecto que dispone que en góndolas y locaciones virtuales haya un 30 por ciento de tope de espacio disponible por cada marca quedará en condiciones de ser votado en el recinto para convertirse en ley.

Por el momento este proyecto no se incorporó al temario de la sesión prevista para el jueves a las 11:00, en la que los senadores aprobarán los pliegos de los nuevos embajadores, pero no se descarta que finalmente se incluya.

El presidente Alberto Fernández había anunciado en enero que impulsaría la sanción de la Ley de Góndolas para que los empresarios dejen de «jugar con los precios de productos de la canasta básica».

Para el jefe de Estado, esa ley representa una «política activa de control» y tendrá como fin evitar que algunos empresarios actúen con «irresponsabilidad».

Además de fijar el límite de 30 por ciento del espacio por marca en las góndolas, el proyecto establece que los supermercados deben ofrecer un mínimo de cinco proveedores de un mismo producto por góndola.

También dispone que en góndolas y locaciones virtuales deberá reservarse un 25% del espacio disponible para productos elaborados por micros y pequeñas empresas nacionales.

A su vez, en las islas de exhibición y exhibidores contiguos a las cajas se deben presentar en un 50% del espacio para los productos elaborados por Pymes.

Por otra parte, se establece la prohibición del alquiler de espacios preferenciales en góndolas o locaciones virtuales, al considerarse ésta una «exclusión anticompetitiva».

También indica que los productos de menor valor no pueden ser ubicados en sectores de escasa visibilidad sino colocados a «una altura equidistante entre el primer y último estante» de la góndola.