La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, anunció este jueves que en los próximos días el presidente Alberto Fernández dará a conocer una nueva etapa del plan Procrear, que se complementará con un programa para acceder al suelo, que «en muchos lugares, es más caro que la casa».

«La semana que viene el Presidente va a transmitir y va a contar cuáles son las nuevas líneas de Procrear, que se complementará con el Plan Nacional de Suelos», adelantó la rosarina en diálogo con El Destape Radio.

El plan, que se implementará en todo el país, «promoverá la generación de lotes con servicios para ampliar el acceso al suelo urbanizado; esto quiere decir que se formalizarán relaciones con las provincias y municipios para que se puedan crear bancos de tierra urbanizada y facilitar el acceso a la vivienda», según explicó la ministra.

«Es un programa que va a complementar de manera extraordinaria el acceso directo a la vivienda», sostuvo Bielsa y recordó que «quienes han tenido un banco de suelo cuando el Procrear llegó en su mejor versión, rápidamente muchas personas accedieron al crédito hipotecario, pero ahora, en muchos lugares es más caro el suelo que la casa».

El puntapié inicial se dio ayer en Casa de Gobierno, en el marco de una reunión encabezada por el jefe de Gabinete, Santiado Cafiero, en la que se conformó un Gabinete de Tierras para avanzar con el Procrear, fomentar el desarrollo agropecuario y promover nuevos parques industriales en el marco del plan de reactivación pospandemia,

En la reunión, que se hizo en la Casa de Gobierno, estuvieron Bielsa, y los ministros de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, y de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

«La reunión estuvo enfocada específicamente para trabajar en lo que tiene que ver con aquellos sectores, ministerios y programas que requieren de tierra para llevar adelante sus políticas de manera articulada», explico hoy la ministra.

Bielsa recordó que «ya habíamos tenido otra reunión con un sector del gabinete ampliado para poner en agenda esta mirada de la distribución regional, pensar de una manera equilibrada el territorio y la distribución regional de las acciones del gobierno».

El pasado sábado, representantes de la Federación de Inquilinos Nacional se reunió de forma virtual con la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, para plantearle la problemática por los alquileres adeudados y el pedido principal fue que el Gobierno los pague, ya que en este marco de pandemia no ven otra salida posible.

Son alrededor de nueve millones los inquilinos de todo el país, quienes le trasladaron a Bielsa otros dos temas aparte del foco del cónclave que tiene que ver con que el Estado se haga cargo de las deudas por esta situación excepcional. A su vez, pretenden que una vez que el Senado pueda sesionar, se apruebe la Ley Nacional de Alquileres, que ya tiene media sanción de Diputados, la cual tendría algunas modificaciones acorde a este período por el coronavirus.

Por otra parte, hicieron hincapié en el Decreto 320/20, que establece la suspensión de desalojos, la prórroga de contratos, el congelamiento de precios de alquileres, entre otras medidas, hasta el 30 de septiembre. Propusieron que ese lapso se extienda más allá de esa fecha, por lo menos a dos años, y que se garantice la existencia de un organismo que haga cumplir los derechos mencionados. La ministra quedó en analizar las medidas planteadas y mostró buena predisposción en poder brindarles algún tipo de solución en el trasncurso de esta semana.

«Entendemos y acompañamos la decisión que se tomó en respecto el aislamiento, pero a la vez creemos que es fundamental la asistencia del Estado para pagar las deudas que se generaron a partir de esa decisión. La mayoría de los inquilinos no pudo trabajar, aceptó la medida, pero esto generó presión social y conflicto con inmobiliarias y algunos pocos propietarios que entienden que el desalojo es la forma de resolverlo», aseguraron desde el sector y continuaron: «No va a ser nada fácil pagar las deudas, porque la economía no se va a recuperar en tan poco tiempo. El alquiler que no se paga tiene mucho que ver con la pandemia. La emergencia sanitaria redujo los ingresos a tal punto que no hay salida si el Estado no se hace cargo».

-Desendeudamiento: así como se subsidio a la mediana y pequeña empresa, hay que subsidiar a la economía informal para garantizar una vivienda. Con esto se inyectaría dinero en la economía, se resolvería el problema social de la vivienda, el conflicto con los propietarios e inmobiliarias, y se evitarían desalojos y mudanzas (no habría circulación de millones de inquilinos) en un marco de crisis sanitaria.

-Ley de Alquileres: apenas el Senado pueda sesionar, se harían modificaciones pertinentes a la Ley, en el contexto de pandemia.

-Extensión del Decreto 320: una vez levantado el decreto de aislamiento social, muchas inmobiliarias intentarán desalojos de inquilinos e inquilinas (lo hicieron ya en contexto de pandemia), por lo que es fundamental garantizar el techo de los que se endeudaron por no poder trabajar. Muchas inmobiliarias señalan que van a aumentar los precios luego de septiembre, lo que hará imposible el pago de deudas contraídas, y la recuperación del salario, con el agravante de quedarse sin techo o situaciones judiciales.

-Organismo de control: debe existir un organismo del Estado Nacional que articule con las provincias el cumplimiento del Decreto, ya que los inquilinos hoy no tienen un punto de referencia para realizar denuncias, incumplimientos, o para acceder a información oficial.

Las cuotas de los créditos hipotecarios ajustados por UVA subieron 220% desde su lanzamiento a comienzos de 2016, estimó el asesor inmobiliario Daniel Zampone.

Ante ese escenario, reclamó «soluciones de fondo» para eliminar la indexación de los créditos hipotecarios UVA y respaldó el congelamiento de las cuotas por 30 días dispuesto por el Gobierno.

Zampone sostuvo: «Si bien es importante que se tomen cartas en el asunto frente a una seria problemática, esperamos medidas de fondo como la reactivación de líneas de créditos».

«La expectativa es que las autoridades puedan detectar los problemas y tengo esperanzas de que pueda modificar la situación actual de este mercado tan sensible», añadió.

Zampone apoyó la primera resolución del año emitida por el Gobierno y que lleva la firma de la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, que dispuso la suspensión por un mes del cobro de cuotas. «Esperamos que se vuelva a motorizar el sector de la construcción y que los inquilinos pasen a ser propietarios, porque eso reactiva todo el mercado», dijo el especialista en temas inmobiliarios.

Consideró que el «peor escenario es ser inquilino porque se tira la plata a un barril sin fondo que nunca vuelve y el crédito te saca de ser inquilino y te lleva a tu primera vivienda».

Zampone recomendó también recurrir a un profesional al opinar sobre las estafas en la Costa Atlántica con alquileres falsos y desaconsejó acudir a las páginas web y descreer de las «tentadoras ofertas que se hacen en redes sociales».

«Siempre hay que estar asesorados por un corredor de la zona donde se piensa alquilar», señaló.

Por su parte, la agrupación de Autoconvocados UVA Hipotecados advirtió que la medida no alcanza a todos los tomadores de crédito porque «deja de lado a más de 70.000 hipotecados, ya que el tope de 140.000 uvas constituye un techo muy bajo».    La entidad pidió integrar una mesa de diálogo con el Gobierno «para ir diagramando una salida definitiva de este sistema».