La Cámara Federal de Casación comenzará a analizar este jueves la apelación contra el fallo que sobreseyó a la vicepresidenta, Cristina Kirchner; a sus hijos y a otros familiares, empresarios y funcionarios en las causas conocidas como «Los Sauces» y «Hotesur».

La audiencia, que comenzará a las 10 y media de la mañana, se realizará ante la Sala 1 (integrada por Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa), la misma que esta semana comenzó a revisar los sobreseimientos en la Causa Memorando con Irán.

En noviembre del año pasado, el Tribunal Oral Federal número cinco dispuso por mayoría el sobreseimiento de todos los imputados en la causa, en la que se investigan supuestas maniobras de “lavado” a través de los hoteles de la familia Kirchner en Santa Cruz.

Al igual que en la Causa Memorando, la Casación debe resolver si ratifica los sobreseimientos o si, en caso contrario, retrotrae la situación a la previa de aquel fallo y en consecuencia ordena la celebración del juicio oral y público.

El tribunal prevé realizar dos audiencias: una mañana y otra el 22 de noviembre, en las que escuchará las exposiciones de todas las partes previo a tomar una decisión.

La acusación con la que avanzaron las causas Los Sauces y Hotesur se basaban en que los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa alquilaban habitaciones de los hoteles como una suerte de “retorno” por el dinero que obtenían mediante la adjudicación de licitaciones y negocios con el Estado.

El Tribunal Oral número cinco, por mayoría, descartó la figura del «lavado de dinero» por la que estaban siendo investigados la vicepresidenta y sus hijos.

La defensa de los tres, a cargo de los abogados Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, sostuvo que todo el giro comercial de las empresas de la familia Kirchner dedicadas al rubro hotelero se realizó a través de operaciones bancarias registradas, por lo que no pudo existir el delito de lavado.

Para que exista lavado, señalaron los defensores, «los bienes provenientes de un delito que están por fuera del sistema económico legal se integran al mismo a través de una o varias actividades, simultáneas o sucesivas, que tienen por propósito dotar a los bienes originarios -o sus subrogantes- de apariencia de legalidad».

La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, le pidió este martes  a la Cámara Federal de Casación que ratifique su sobreseimiento en la causa conocida como «Los Sauces y Hotesur». Lo mismo hicieron sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, a través de sendos escritos presentados ante el tribunal por los abogados Carlos Alberto Beraldi y Ary Lernovoy.

En la víspera, el fiscal general Mario Villar había pedido ante el máximo tribunal penal que fuera anulada la decisión del Tribunal Oral Federal número cinco que en noviembre de 2021, en fallo dividido, dispuso los sobreseimientos de todos los imputados.

La decisión final sobre la continuidad o no del expediente quedó ahora en manos de los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa.

El mecanismo es similar al de otros procesos: el tribunal convocará a una audiencia en la que las partes expondrán sus argumentos, que ya adelantaron en los escritos, y luego de ello resolverá.

El fallo de mayoría del Tribunal Oral Federal descartó la figura del «lavado de dinero» por la que estaban siendo investigados la vicepresidenta y sus hijos.

En consonancia con ese criterio, la defensa de los tres sostuvo que todo el giro comercial de las empresas de la familia Kirchner dedicadas al rubro hotelero se realizó a través de operaciones bancarias registradas, por lo que no pudo existir el delito de lavado.

Para que exista lavado, señalaron los defensores, «los bienes provenientes de un delito que están por fuera del sistema económico legal se integran al mismo a través de una o varias actividades, simultáneas o sucesivas, que tienen por propósito dotar a los bienes originarios -o sus subrogantes- de apariencia de legalidad”. Ello –aseguraron- no ocurrió, ni pudo haber ocurrido en el caso.

El Tribunal Oral también sobreseyó a otros imputados, entre ellos los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa.

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, sus hijos, Máximo y Florencia, y el resto de los acusados en las causas “Hotesur” y “Los Sauces” fueron sobreseídos hoy por el Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py. La decisión fue tomada por los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado y la disidencia de la magistrada Adriana Palliotti que votó por rechazar el planteo y que se avance hacia el juicio oral.

Fuentes judiciales informaron que así se resolvió el pedido de la defensa de Cristina Kirchner, a cargo del abogado Alberto Beraldi, y de otros acusados de las causas. Se trata del tercer expediente en el que la vicepresidenta es sobreseída en el año de las causas que tenía elevadas a juicio oral. Antes fue desvinculada en las causas dólar futuro y la firma del memorándum con Irán.

El fallo llegó al filo de la salida de Grünberg del tribunal. El próximo martes vence su suplencia y en su lugar debe asumir otro magistrado. El tribunal se había comprometido esta semana en resolver antes de la partida de Grünberg

El sobreseimiento también alcanza a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa, a Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de Cristina Kirchner e hija de la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner, y el contador Osvaldo Sanfelice, socio de la inmobiliaria de los Kirchner en Río Gallegos, entre otros.

En la causa “Hotesur” y “Los Sauces” -dos empresas de la familia Kirchner- se investiga un presunto lavado de dinero y asociación ilícita en el alquilar de hoteles y propiedades a los empresarios bajo la sospecha que fue una devolución de favores por los negocios públicos que obtuvieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

A fines de octubre, la defensa de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner pidió el sobreseimiento. Señaló, entre otros argumentos, que no hubo lavado de dinero porque la plata para pagar los alquileres estaba bancarizada y que se puede seguir su trazabilidad. Otros acusados se sumaron al pedido.

El fiscal federal Diego Velasco había dictaminado que los planteos se tenían que rechazar. Sostuvo que todavía hay prueba pendiente que se está realizando, que todo eso se debe analizar en un juicio oral porque lo contario violaría el derecho de la Fiscalía, como representante de la sociedad, a tratar todo en un proceso oral sobre un hecho grave de corrupción. También que un planteo similar ya fue tratado y rechazado por el tribunal tiempo atrás. Velasco además solicitó que se fije la fecha de inicio del juicio oral.

Por su parte, la Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo del gobierno nacional que actúa como querellante, no tomó una postura y planteó que se debe resolver el planteo de las defensas teniendo en cuenta que el lavado de dinero requiere un delito precedente que tenga sentencia firme, un guiño a la vicepresidenta, porque una nueva legislación aprobada hace años estableció que se puede condenar por lavado sin un delito previo que tenga condena.

La decisión puede ser apelada por el fiscal Velasco para que sea revisada por la Cámara Federal de Casación y luego por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.