El grupo terrorista Hamas liberó este lunes a 20 rehenes tras un acuerdo de alto al fuego con Israel y tres argentinos recuperaron la libertad luego de más de 700 días de cautiverio.

La operación se realizó  en distintos puntos de la Franja de Gaza, cuando los captores entregaron a los prisioneros por intermedio de enviados del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). 

Posteriormente, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) pusieron a resguardo a los liberados, los trasladaron a Re'im, donde los esperan sus familias, y finalmente serán llevados a hospitales en Tel Aviv, Tel HaShomer y Petah Tikva. 

Por otra parte, se prevé que en las próximas horas comenzará la entrega de los secuestrados muertos en suelo palestino.

Entre los rehenes se encuentran los hermanos israelí-argentinos Ariel y David Cunio, de 35 y 28 años, respectivamente. El mayor fue secuestrado junto a su novia Arbel Yehud, liberada en febrero de este año. El menor había sido capturado junto a sus hijas mellizas de 3 años y su esposa Sharon Aloni Cunio, todas liberadas en noviembre de 2024.

A su vez, fue liberado Eitan Horn. El argentino fue secuestrado en el kibutz Nir Oz cuando visitaba a su hermano Iair Horn, quien recuperó la libertad en febrero. Otros ciudadanos nacionales que salieron del cautiverio previamente fueron Karina, Mika y Yuval Engelbert; Yarden Bibas; Gabriela Leimberg; Mia Leimberg; Clara y Fernando Marman; Luis Har y Ofelia Feler de Roitman.

En simultáneo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump aterrizó este lunes en Jerusalem y brindó un discurso en el Parlamento israelí. El mandatario se refirió a la liberación de los rehenes y afirmó: “Hoy los cielos están en calma, las armas callan, las sirenas se han apagado y el sol sale sobre una tierra santa que por fin está en paz". A su vez, agregó:  "Es el fin de una guerra, el fin de una era de terror y el comienzo de una era de fe y esperanza”.

Un joven de 21 años que había atropellado y asesinado a un ladrón que había asaltado a su novia el martes pasado en el Gran Buenos Aires fue liberado en la noche del jueves. 

El violento episodio ocurrió en Ituzaingó cuando un grupo de dos delincuentes asaltó a una muchacha. Al presenciar el hecho, el novio de la víctima inició una persecución contra los sospechosos hasta el partido de Merlo y los atropelló, lo que acabó con la vida de uno de ellos. 

Según los constatado por Infobae, el joven identificado como T.E.V., había sido detenido acusado por homicidio simple y el caso fue delegado al juez de Garantías N°3 de Morón, Gustavo Robles. En ese sentido, el magistrado decidió dejarlo en libertad puesto que a su consideración, no se pondrá en riesgo la investigación.

De esa manera, también revisará el testimonio del acusado, quien declaró que en ningún momento “los quiso atropellas sino que los ladrones lo encerraron con la moto”, por lo que rechazó el pedido de prisión preventiva que hizo el fiscal que encabeza la causa, Guillermo Rodríguez Rey. 

 Daniel Nieto, ingeniero especializado en patentes y consultor técnico, explicó en CNN Radio qué son los derechos de patente: “Es un contrato entre un Estado y una comunidad con objetivos claros”.

“El Estado plantea a la comunidad que aquel se anime a mejorar la tecnología, desarrollar nuevos productos, utilizar tiempo y dinero para eso, siempre que sea en beneficio de la comunidad, recibirá un periodo de exclusividad para que solamente ese inventor pueda recuperar lo invertido y ganar dinero”, añadió en CNN Economía.

En este sentido, el especialista detalló: “En el mundo suelen durar 20 años”.

De todas maneras, Nieto aclaró: “Exigir una patente de inversión cuesta muchísimo. No es fácil obtenerlas. Porque las leyes son exigentes y las oficinas de patentes también”.

“Otro aspecto de esto, es que cuando la solicitud de patente está en trámite y se publica, allí se divulga tecnología para que otros, incluso competidores, con el fin de que todos la tengan y puedan seguir mejorándola”, aclaró.

En cuanto al debate reciente que se dio como consecuencia de las declaraciones de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, quien planteó la idea de liberar las patentes de las vacunas contara el coronavirus, el consultor técnico dijo: “No se libera la patente, sino que se suspenden los derechos al inventor durante un tiempo indeterminado. Todos los Gobiernos tienen esta herramienta”.

“La mayoría de las leyes de patentes del mundo permiten al Gobierno suspender los derechos en vista de una emergencia sanitaria”, sentenció Nieto.

En una entrevista con CNN Radio Argentina, el jurista y abogado perteneciente a la Usina de Justicia, Fernando Soto, sostuvo que el pedido de juicio político contra el juez Violini, integrante del Tribunal de Casación bonaerense, y acusado de “incompetencia, negligencia en el ejercicio de sus funciones y el incumplimiento de los deberes de su cargo”, es una decisión importante  que debe marcar un antes y un después en la Justicia   “El temerario obrar del Juez Violini es una causal que amerita su remoción como magistrado de la Cámara de Casación Penal, ya que con su decisión ha lesionado un adecuado servicio de justicia”, agregó Soto.

En referencia a lo anterior, el letrado argumentó que el pedido contra dicho magistrado no está basado en su ideas políticas, aunque señaló que “hay más postura ideológica que posición jurídica” en la decisión de dar lugar a un hábeas corpus colectivo en favor de libertades y arrestos domiciliarios de presos bonaerense en el marco de la cuarentena.“Él puede tener su idea política perfectamente. Nadie lo está denunciando por política. No se lo ha denunciado” por eso en el pedido de juicio político “ni en ningún lado”, aclaró luego.

Soto, contó al aire en la entrevista que Violini fue quien dio la orden para que todos los jueces, a quienes encomendó “revisar la prisiones preventivas por cualquier delito en un distrito como la provincia de Buenos Aires donde la población carcelaria asciende a 43mil internos “En todas las características, de forma abierta. Era por si se contagiaba. Eso es una falacia“, expuso. Además el  profesional afirmó que “los jueces están para aplicar la ley, no para violarla” y precisó que “nunca debió haber resuelto una orden para todos los jueces”.

“Hay leyes que regulan cuándo debe darse un arresto domiciliario y él en su orden genérica las omitió deliberadamente. Lo más fundamental es que una ley nacional. El Pacto de San José de Costa Rica es el más importante de derechos humanos en América Latina. Este tratado es ley en Argentina desde hace 35 años”, apuntó Soto. Y en consecuencia detalló: “Esta norma establece que la víctima tiene derecho a ser escuchada y se llama garantía judicial a ser oído. Usted tiene que escuchar a la víctima. No puede decidir como si la víctima no tuviera derechos“.

Sin embargo, sostuvo Soto, Violini  argumentó sobre sus fallos que fue “utilizado para atacar políticamente al Gobierno” y aseveró que “nunca ocupó un cargo político”, por lo cual solicitó que se investigue, pero reafirmó muy convencido que lo hecho “está bien hecho”.

“Si un juez no cumple con el tratado de derechos humanos esto indica que hay más una postura ideológica que una posición jurídica. La omisión de aplicar la ley en un juez que encima salteó las autoridades de todos los jueces es para nosotros ni más ni menos que incumplir la ley y por lo tanto los deberes de su cargo”, remarcó Soto que consideró que este tipo de jueces tienen la mirada sesgada de la aplicación de la ley que viene de antes de la cuarentena. “Cuando vino la cuarentena les vino al dedillo”, añadió. Finalmente la Suprema Corte de Justicia bonaerense revocó la medida dispuesto por el juez Violini el 8 de abril pasado y exigió que la situación de cada detenido sea “reencauzada” para que sea el juez competente el que lo analice, teniendo en cuenta el tipo de delito que cometió y la situación de la víctima.

La diputada nacional Graciela Camaño, perteneciente al partido Consenso Federal, presentó un proyecto para prohibir excarcelaciones de presidiarios que hayan cometido delitos graves, entre ellos mencionan violaciones, secuestros, homicidios o aquellos relacionados con la corrupción.

 La iniciativa plantea una modificación al Código Penal por la cual los jueces «no podrán, en ningún caso, conceder la prisión domiciliaria a personas condenadas por determinados hechos a los que se considera como graves», detalla.

«Si frente a una epidemia o pandemia, resultare indispensable la reducción de la cantidad de personas privadas de la libertad, la excarcelación no podrá, en ningún caso, concederse a personas condenadas por esos hechos», sostuvo Camaño.

El proyecto busca no permitirles el beneficio de prisión domiciliaria a presos con el justificativo de evitar que se propague el virus del Covid-19. La medida sólo aplicaría a presidiarios que se encuentren cumpliendo penas por delitos perpetrados contra la vida. Algunos de ellos con motivo de violencia de género, contra la integridad sexual, los de secuestro extorsivo, el robo agravado, la asociación ilícita prevista en el artículo 210 del Código, los que vayan contra el orden económico y financiero, entre otros.