La diputada provincial Sofía Galnares, con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe, presentó un proyecto de Ley que tiene por finalidad la creación e implementación de un Programa Provincial de Alquileres, por medio del cual se buscará promover el acceso a la vivienda a través del alquiler en toda la provincia.

Esta iniciativa se sumará a la política integral de hábitat que lleva adelante el gobierno provincial de Maximiliano Pullaro y podrá implementarse mediante el otorgamiento de beneficios financieros que faciliten el acceso a créditos a tasa subsidiada, con el fin de solventar los gastos iniciales y/o de renovación de contratos de locación de inmuebles con destino a vivienda, así como la bonificación de la póliza del seguro de caución como alternativa a las garantías propietarias y de recibos de sueldo.

En relación al proyecto, la diputada Galnares explicó: “Pueden ser beneficiarias del programa todas aquellas personas con domicilio en la provincia de Santa Fe, que alquilan o desean alquilar un inmueble con destino a vivienda y que cumplan los requisitos establecidos en la parte reglamentaria de la ley”.

“A través de este proyecto de Ley se activarán dos líneas de acción: Alquilar crédito y Alquilar Garantía. La primera estará destinada a brindar apoyo financiero a los inquilinos para afrontar los gastos iniciales vinculados al contrato de locación de un inmueble, mediante el subsidio de la tasa de interés de las líneas crediticias", consignó. 

En tanto, "la segunda medida, está diseñada para generar una alternativa a las garantías propietarias y personales, solicitadas al momento de renovar o celebrar un nuevo contrato, a través de la bonificación de la póliza del seguro de caución”.

Según datos estadísticos, la población inquilina viene creciendo en Argentina y en Santa Fe. Actualmente, 2 de cada 10 hogares alquilan; un aumento que puede verse en los departamentos más poblados del territorio provincial. 

Asimismo, un porcentaje importante de estos nuevos hogares no puede acceder al alquiler formal por los requerimientos que impone el sistema: garantías, mes de depósito, contratos, gastos administrativos.

“Alquilar una vivienda puede ser un proceso tortuoso, en especial en los más jóvenes cuando se están iniciando. Es habitual que se presenten muchos requisitos difíciles de cumplir”, señaló Galnares. 

Luego, agregó: “Con este programa queremos acompañar ese proceso, queremos colaborar para dar respuesta a la demanda habitacional y ser parte de la solución, para que miles de santafesinos puedan tener mejor acceso a una vivienda digna”.

Para finalizar la legisladora afirmó: “Brindamos una herramienta legislativa que otorgue previsibilidad y confianza en estos instrumentos que esperamos pronto se puedan poner en práctica por parte del Ministerio de Obras Públicas de la provincia que encabeza el ministro Lisandro Enrico”.

El presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, reclamó hoy al Congreso que deje sin efecto el mega DNU del Poder Ejecutivo para que de esa manera se reponga la vigencia de la derogada ley de Alquileres que regulaba el mercado de locaciones inmobiliarias.

Al exponer como invitado en la Cámara de Diputados en el marco de la discusión del proyecto de ley “ómnibus”, el titular de la institución que agrupa a inquilinos de todo el país denunció que “no existe país en el mundo en donde no haya ningún tipo de regulación para alquilar vivienda”, y sostuvo que «es un experimento que se está haciendo acá y tiene consecuencias muy graves”.

«Quisiera saber si algún legislador estaría dispuesto a alquilar una vivienda y firmar un contrato por tres meses y no saber si sus hijos van a poder seguir yendo a la misma escuela en los próximos meses o sencillamente no saben a dónde van a ir a vivir en seis meses”, interpeló.

En este sentido, aseguró que “es insólito que en privado digan que no están para nada de acuerdo con esto, pero no traten el decreto en el Congreso Nacional”.

En su intervención, Muñoz recordó que en octubre pasado, hace apenas unos meses, había estado en la Cámara baja junto a las organizaciones de inquilinos y los representantes del mercado inmobiliario cuando se votó la ley de Alquileres.

«En una ley que estuvo en debate mucho tiempo y que así y todo el año pasado se terminó el debate legislativo y se convirtió en ley, reseñó.

En este sentido, cuestionó que “después de 4 meses que se había votado la ley, apareció un DNU que, no solo deroga la ley de alquileres, sino que además reescribe el Código Civil”.

En tanto, Muñoz denunció que el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Iván Ginebra, “fue aportante para la campaña” del actual presidente Javier Milei, lo cual a su entender explica la rapidez con la que el Gobierno dictó el DNU incluyendo la derogación de la Ley de Alquileres.

Finalmente, el dirigente se mostró preocupado por el no tratamiento del DNU en el Congreso “mientras que hay 10 millones de inquilinos que están desesperados”.

“Vemos entre un 200 y un 300% en las renovaciones de los contratos de alquiler ¿Ustedes creen que los propietarios como no hay marcos regulatorios van a bajar los precios?”, preguntó.

«En el DNU plantean que el propietario puede finalizar el contrato en cualquier momento y eso caracteriza mucho al gobierno nacional. Es muy difícil imaginar las consecuencias de una magnitud como esta que ya no solo son para los que alquilamos, sino que es una consecuencia social. La única forma es que les den de baja al DNU”, concluyó.

Desde la vigencia del DNU que desactivó la ley de alquileres, la cantidad de departamentos en alquiler aumentó 26%. Este dato surge de un informe que presentó este martes el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario. En diciembre había 554 departamentos en oferta en el portal Propia, que administra la entidad colegiada, mientras que para el 9 de enero saltó a 703.

No obstante, desde la Asociación de Inquilinos de Rosario expresaron sus reparos, al cuestionar los importes y condiciones de los nuevos contratos.

“Lo que estamos viviendo, es una situación muy difícil. Hay inquilinos que le están ofreciendo contratos de un año, contratos de tres meses, que en algunos casos estos tipos de contratos de tres meses terminan siendo hasta incluso algún tipo de salida”, expresó, al aire del programa El Puente, que se emite por Radio Mitre Rosario, Emmanuel Canelli, presidente de la entidad.

No obstante, señaló que el DNU, en lo que respecta a los alquileres, se encuentra vigente, pero está por ser observado por el Congreso, que lo debe aprobar o rechazar. “Ante esto, si se rechaza, volveríamos a la ley anterior”, sostuvo el dirigente

“También estamos recibiendo distinto tipo de situaciones, contratos de dos años con ajustes cada tres meses también, contratos de un año con ajustes cada dos meses, hasta incluso también, se está empezando a ver esto de algunos contratos que sean en dólares”, amplió.

Consultado sobre cuál sería la situación ideal para los inquilinos, expresó: “Entendemos que la ley de alquileres, con la última reforma que se hizo, es lo que debería seguir en curso”.

Respecto a la realidad, con un 26% más de viviendas ofrecidas en alquiler, Canelli cuestionó: “Cuánto está un buen ambiente en la ciudad de Rosario, arriba de los 120.000 pesos”.

“Está la libertad de elección, como pregona el Presidente, pero ¿a qué costo? Si tengo 26% más de inmuebles ofrecidos y un buen ambiente está arriba de 120.000 pesos. ¿Los sueldos pueden pagar un monoambiente a 120.000 pesos?”, se preguntó.

Finalmente, dio como ejemplo: “Acabo de cortar recién con un inquilino que le piden arreglar el techo, ¿por qué?, pero si el techo del inmueble, es algo que es propio de la vivienda. Estamos yendo a ese paradigma, en el cual claramente no va a terminar bien. Son situaciones muy violentas, son situaciones muy difíciles, en la cual hay gente que no tiene lugar a dónde vivir”.

Junto a la derogación de la Ley de Alquileres el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado este viernes en el Boletín Oficial establece el nuevo conjunto de normas para las locaciones de inmuebles para residencia.

El abogado Sebastián Domínguez resumió los nueve puntos más importantes:

Todos los punto de la Ley de Alquileres

1 – El contrato se puede realizar en cualquier moneda.

2 – El inquilino tiene que pagar en la moneda pactada.

3 – Los jueces no pueden cambiar la moneda pactada.

4 – Se puede pactar cualquier tipo de actualización.

5 – El contrato se puede realizar por cualquier plazo. No rige más un plazo mínimo del contrato.

6 – El locador deja de tener la obligación de pagar las mejoras introducidas por el locatario. Salvo que acuerde hacerlo.

7 – El locador puede rescindir el contrato por cualquier incumplimiento del mismo y no solamente por las tres causales que contemplaba el Código Civil y Comercial.

8 – El locatario ya no puede rescindir el contrato si el inmueble no queda apto para uso y goce cuando él mismo haya ocasionado el daño en forma directa o indirecta.

9 – Resolución Anticipada del contrato en cualquier momento pagando el 10% del monto de los alquileres hasta el fin del contrato. Por ejemplo, ya no debe esperar el inquilino que pasen 6 meses desde la firma del contrato para rescindir.

La Ley de Alquileres 27.551, sancionada en junio de 2020, establece que el precio de los alquileres debe ser fijado en pesos argentinos, sin la posibilidad de indexarse por la variación del dólar o de cualquier otro índice.

La Ley de Alquileres 27.551, sancionada en junio de 2020, establece las reglas básicas para los contratos de alquiler de inmuebles en Argentina. La ley busca regular el mercado de alquileres y proteger los derechos de los inquilinos y propietarios.

La Ley de Alquileres establece que el precio de los alquileres debe ser fijado en pesos argentinos, sin la posibilidad de indexarse por la variación del dólar o de cualquier otro índice.

La Ley de Alquileres prohíbe la dolarización de los alquileres para evitar la especulación con el precio de los alquileres. La dolarización podría generar una espiral inflacionaria, ya que los propietarios podrían subir los precios de los alquileres en función de la variación del dólar, lo que a su vez podría generar una mayor demanda de bienes y servicios en dólares, lo que a su vez podría generar una mayor presión inflacionaria.

Si la Ley de Alquileres se derogara y se permitiera la dolarización de los alquileres, los precios de los alquileres podrían subir de forma significativa. Esto podría generar un mayor costo de vida para los inquilinos y podría dificultarles el acceso a una vivienda digna.

En general, los inquilinos se oponen a la dolarización de los alquileres. Los inquilinos consideran que la dolarización podría generar una mayor incertidumbre y volatilidad en el mercado de alquileres.

En general, los propietarios apoyan la dolarización de los alquileres. Consideran que la dolarización les permitiría proteger sus ingresos de la inflación.

Javier Milei ha propuesto derogar la Ley de Alquileres y permitir la dolarización de los contratos. Considera que la dolarización es una medida necesaria para liberalizar el mercado de alquileres y reducir la burocracia.

El presidente electo Javier Milei aseguró que “hay que derogar la Ley de Alquileres” para que se pueda pactar un contrato “en cualquier moneda”. «Hay que derogarla y entender que es un contrato entre partes”, consideró el mandatario electo en declaraciones radiales. Al respecto, se pronunciaron entidades del sector inmobiliario.

“Lo tomamos con mucha cautela, ya que venimos con experiencias anteriores de este tipo de declaraciones que generan mucha incertidumbre y expectativa tanto de locadores como de locatarios y en eso si tratamos de transmitir cautela. No queremos perder de vista aquel momento cuando el actual presidente Alberto Fernández hizo una opinión similar respecto a la ley tardó más de un año en modificarse la ley al margen de cual fuera el resultado, en esa misma dinámica o de esa misma lógica creo que hay que ser prudentes”, expresó, al aire del programa El Puente, que se emite por Radio Mitre Rosario, Diego Ferreyra miembro del Directorio de Cocir.

“No nos toman por sorpresa en la medida que ya sabíamos de alguna manera cuál había sido la postura del bloque de La Libertad Avanza en lo que respecta al tema de locatario y la intervención entre partes libremente en lo que tiene que ver con los contratos de locación, pero si a la expectativa de ver cómo se van desarrollando los hechos en las próximas semanas y lógicamente posteriormente a que asuma el gobierno nuevo gobierno”, amplió.

Sin embargo, el dirigente aclaró que de darse la derogación de la norma, “a los efectos prácticos cualquier contrato vigente digamos ninguna ley o ninguna normativa restrictiva, el contrato firmado se rige por la ley del momento de la firma”.

En tanto, al ser consultado respecto a si es posible esta regulación libre entre las partes, Ferreyra consideró que “es muy subjetivo”. No obstante, analizó: “Hay que tener presente de que esta ley de alquileres, regula una de alquiler premium con vista al río de un departamento con amenities, hasta una casa en un barrio periférico de la ciudad, que no vale ni el valor de un auto cero kilómetros. Entonces, teniendo presente, las desigualdades o la vara con la que se mide una misma ley para casos diferentes, puedo aventurar a título personal que es más fácil muchas veces donde las partes terminan poniéndose de acuerdo con determinados segmentos de inmuebles que en otros. Lógicamente que no va a ocurrir en todos los casos, y va a haber casos donde sea necesario una regulación o otro tipo de intervención”.

Finalmente, se refirió a una situación actual, sobre la actualización del sellado: “La Administración Provincial de Impuestos, a nivel provincial, es la única en el país que cobra ajustes en las locaciones, en el impuesto de sellos. Es algo que hemos hecho presentaciones a través del colegio de corredores inmobiliarios, también lo mismo a través de la hacienda de inquilinos, y el Estado Provincial sigue cobrando los ajustes del impuesto de sellos, y es el corredor inmobiliario la persona, el agente de retención, el responsable del cobro de ese impuesto. Entonces, por eso se traslada de esa manera, tal cual como estaba pactado”.

El presidente electo Javier Milei aseguró que “hay que derogar la Ley de Alquileres” para que se pueda pactar un contrato “en cualquier moneda”.

«Hay que derogarla y entender que es un contrato entre partes”, consideró el mandatario electo en declaraciones radiales.

Según dijo, «lo único que ha hecho la Ley de Alquileres es generar daño» porque «terminó perjudicando a aquellos que pretendía proteger”.

“La libertad monetaria es parte de las cosas en las que queremos avanzar”, resaltó Milei.

La Cámara de diputados reformó la Ley de Alquileres sancionada en 2020, a lo que el libertario votó el contra.

La norma actual establece que los contratos de alquileres se realizan por tres años, los ajustes pueden realizarse cada seis meses y la moneda es el peso.

El Gobierno nacional promulgó la reforma de la Ley de Alquileres este martes y comenzará la vigencia de las modificaciones a partir de esta semana. La normativa fue oficializada esta mañana mediante el Boletín Oficial, tras la aprobación en la Cámara de Diputados el pasado 11 de octubre. De esta manera, según dicta el Decreto 53372023, los contratos de alquiler que se firmen a partir de este miércoles 18 de octubre en adelante serán bajo las nuevas bases.

“Entre los cambios más importantes, no se puede contratar locación, destino de vivienda en dólares, ni generar contratos, ni publicar contratos de destino de vivienda en dólares. Y esto viene a traer un poco de tranquilidad a la sociedad porque últimamente estábamos viendo algunas publicaciones de locaciones dolarizadas. Esto ya no va a poder ser de esta manera. Todo contrato de vivienda que se suscriba a partir del día de mañana debe realizarse, sí y solo sí en pesos”, expresó, al aire del programa El Puente, que se emite por Radio Mitre Rosario, Milagros Ciaramella Bellati, coordinadora del departamento de formación profesional de COCIR.

En cuanto a la extensión del contrato, si bien se mantienen los tres años, varía el período de ajustes: “Lo que era anual pasa a ser semestral, pero con otro índice, con otra variable, que va a ser que, si bien el aumento sea semestral, el impacto del bolsillo del locatario no sea tan grande. Y a su vez, a favor del locador, si se quiere, es que va a poder encontrarse con una actualización un poco antes, o sea seis meses antes de lo que lo venía haciendo”, explicó.

De este modo, “el locador se va a encontrar con un aumento a los seis meses y por otro lado el locatario no va a tener un aumento tan grande como el que venía teniendo, que de hecho veníamos registrando un 115%”, agregó la referente de COCIR.

Por otra parte, respecto a los contratos firmados en el marco de la ley anterior, explicó: “Para los contratos celebrados bajo la ley 27.551, las cláusulas acordadas son bajo la vigencia de esa ley y por ende se respeta hasta la finalización del contrato esa ley. No es que si me quedan por delante dos años y medio, cada seis meses me van a poder actualizar el valor del alquiler y me van a poder aplicar ese nuevo índice”.

“En principio la ley anterior tenía cláusulas de orden público y una de las cláusulas del orden público era esto del precio, o sea de mantenerlo anualizado y conforme ese índice. No te lo pueden exigir, lo que te pueden exigir es el cumplimiento bajo la normativa en la que se celebró este contrato, no se aplica de manera retroactiva el derecho”, agregó.

El Gobierno nacional promulgó la reforma de la Ley de Alquileres este martes y comenzará la vigencia de las modificaciones a partir de esta semana.

La normativa fue oficializada esta mañana mediante el Boletín Oficial, tras la aprobación en la Cámara de Diputados el pasado 11 de octubre. De esta manera, según dicta el Decreto 53372023, los contratos de alquiler que se firmen a partir de este miércoles 18 de octubre en adelante serán bajo las nuevas bases.

Entre las características de esta nueva Ley de Alquileres se encuentra la mantención de los tres años de duración de los contratos, aunque en este caso con una redución a seis meses en el plazo mínimo para actualizar los precios de alquiler, dejando atrás el año que se daba previamente. En la misma línea, el índice para las modificaciones de tarifas deberá tomarse del coeficiente de «Casa Propia» elaborado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Por otro lado, la medida detalla que el precio de los contratos y la forma en que se los publicita de cara a su futuro alquiler tiene que establecerse en pesos, no en dólares ni en ninguna otra moneda extranjera. A su vez, se mantuvo la exención de Bienes Personales a los inmuebles destinados a alquiler para vivienda habitacional y la exención del impuesto al cheque para aquellas cajas de ahorro o cuentas corrientes que se usan para la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, bajo contratos registrados.

La Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Alquileres este miércoles por la madrugada. La decisión se oficializó tras casi 17 horas de sesión en la Cámara Baja, la cual concluyó pasadas las 5.

De esta manera, tras conseguir 128 votos a favor con 114 en contra y ninguna abstención, la normativa que mantiene los tres años de duración de los contratos pero reduce de un año a seis meses el plazo mínimo para actualizar los precios de alquiler, será ley. En la misma línea, el índice para las modificaciones de tarifas deberá tomarse del coeficiente de «Casa Propia» elaborado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Por otro lado, la medida detalla que el precio de los contratos y la forma en que se los publicita de cara a su futuro alquiler tiene que establecerse en pesos, no en dólares ni en ninguna otra moneda extranjera. A su vez, se mantuvo la exención de Bienes Personales a los inmuebles destinados a alquiler para vivienda habitacional y la exención del impuesto al cheque para aquellas cajas de ahorro o cuentas corrientes que se usan para la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, bajo contratos registrados.

Diego Ferreyra, tesorero del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (COCIR), habló sobre la reforma y explicó: «Tiene una serie de beneficios impositivos relacionados a aquellos locadores y locatarios que pagan Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales o son monotributistas, ya que van a recibir exenciones. Este tipo de medidas lo que buscan es fomentar un aumento de inmuebles que se vuelquen al alquiler».

Por otra parte, agregó: «Desde COCIR consideramos que es un parche dentro de un clima electoralista, estamos muy lejos de encontrar la solución a la situación habitacional, principalmente el acceso a la vivienda a través del mercado locativo mediante estas medidas».

Inquilinos de Rosario anunció que este martes a las 18.30 se movilizarán y concentrarán en plaza Pringles, de Córdoba y Paraguay, para expresar su negativa contra del proyecto de reforma a la ley de alquileres.

Vale señalar que la protesta local se desarrollará en simultáneo con la que se hará en las puertas del Congreso Nacional durante el debate en la Cámara de Diputados.

“Este martes se define cómo vamos a alquilar entre dos opciones: la del mercado inmobiliario y la vivienda como un negocio o la de los inquilinos e inquilinas y el derecho a la vivienda”, indicaron Inquilinos Agrupados Rosarinos en su cuenta de “X” (ex Twitter).

En efecto, la Cámara de Diputados sesionará este martes para aceptar o rechazar las modificaciones realizadas por el Senado al proyecto de ley de alquileres.

Si bien el debate está previsto a partir de las 12, la jornada también incluye el tratamiento del proyecto que establece la continuidad desde 2024 de la devolución del IVA a sectores de menores ingresos, el que fomenta la producción del Gas Natural Licuado (GNL) y los que disponen la creación de tres universidades, entre otros.

El debate más importante, el de la ley de alquileres, será el último tema a votar, probablemente en la madrugada del miércoles.

El texto con media sanción de Diputados establecía que los contratos de alquiler debían tener un plazo mínimo de dos años, contra los tres años que rigen en la actualidad, y que los ajustes podían hacerse cada cuatro meses con la libertad de ambas partes para elegir el mecanismo a emplear para calcular el porcentaje entre varias fórmulas o índices.

A fines de agosto, la oposición había logrado la media sanción de un proyecto que proponía, entre otros puntos, volver a los contratos de dos años con actualizaciones cada cuatro meses. Sin embargo, cuando ese texto llegó al Senado el oficialismo hizo valer su mayoría e introdujo cambios fundamentales, entre los que se destacan los contratos por tres años y la actualización cada seis meses.

De este modo, el proyecto volvió a la Cámara de origen, y ahora los diputados tendrán dos opciones: aprobar el proyecto con modificaciones que viene del Senado o insistir con la redacción original.

“Es un tema que venimos hablando desde hace tres años y no se modificó nada, donde hay perdedores de ambos lados, propietarios e inquilinos, que quedan, la verdad, presos de una situación, una coyuntura del país y una situación donde los políticos actuales no están a la altura de la problemática. Eso es primero y principal, porque la vivienda es esencial para la familia, para la sociedad y un derecho que no lo están logrando tener. Tenemos lista de espera de clientes para poder alquilar propiedades, no van a haber un solo cartel en Rosario de alquiler”, expresó, al aire del programa El Puente, que se emite por Radio Mitre Rosario, Gabriela Ortiz De Urbina, presidenta del Colegio de Corredores de Rosario.

Y, seguido, remarcó: “Tenemos 450 departamentos en alquiler contra 38.000 a la venta. La problemática existe, está a la vista, no es algo inventado por nadie”.

Respecto a las consecuencias de la primera ley, insistió que norma perjudicó a ambos sectores. “Se sacaron muchas propiedades que estaban en el mercado locativo para volcarlas a la venta. Entonces, el inquilino se encuentra con menos oferta, donde los valores en un principio son bastante elevados, porque el propietario trata de compensar que durante todo un año va a estar cobrando el mismo valor del alquiler”.

En esa línea, remarcó que, “con una inflación de 130%, no hay servicio, no hay impuesto, no hay producto que durante un año en Argentina mantenga el mismo valor. Esa es una problemática que por eso también hay tan pocos inmuebles en alquiler y hay más volcados en el mercado de la venta”.

Ahora bien, sobre los cambios, Ortiz De Urbina, analizó: “Nos parecía que era muy positivo la actualización cada cuatro meses, diría cada seis meses, es muy positivo porque seduciría a los propietarios a volcar de nuevo las propiedades en el mercado locativo, ya que realmente también no es que estamos vendiendo colas de compradores, tampoco tenemos, y en muchas ocasiones la verdad que la gente está necesitando este dinero también para vivir. Y más que nada el inquilino que está necesitando alquilar, irse a mudarse a una propiedad. Veíamos bien la actualización porque sería una forma, aparte del índice, sería el índice de salarios, índice de precios mayoristas y también de inflación.”

“Sería ideal que sea de acuerdo a las paritarias el incremento ese. Entonces, estaríamos todos contentos”, concluyó.

Los cambios que introdujo el Senado al proyecto de Ley de Alquileres fueron tratados hoy en comisión en Diputados donde obtuvo dictamen, pero existen dudas sobre si se incluirá en la próxima sesión, en medio de una fuerte tensión entre los bloques oficialista y de Juntos por el Cambio debido a la cercanía de las elecciones presidenciales de este mes.

Esto último se hizo palpable sobre el final de la reunión de la comisión de Legislación General, cuando las diputadas Karina Banfi (JxC) y Paula Penacca (Frente de Todos) se cruzaron fuerte y se acusaron mutuamente de «chorra».

Si bien el oficialismo convalidó con su mayoría las modificaciones que incorporó el Senado la semana pasada y despachó este miércoles el dictamen de comisión, no tiene asegurada la mayoría para imponerlo en el recinto. Juntos por el Cambio se encuentra con en el mismo problema, ya que tampoco tiene garantizados los votos para ratificar y convertir en ley el texto que aprobó la Cámara baja.

Diputados tiene dos alternativas, que son reivindicar el texto original que aprobó en agosto pasado o bien aceptar los cambios propuestos por el Senado.

El bloque de JxC propone volver al plazo de dos años para la vigencia de los contratos de alquiler con actualizaciones cada cuatro meses y libertad para elegir el índice entre las partes, pudiendo optar por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y el Índice de Salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), o bien una combinación de todos ellos.

El Senado modificó tres aspectos de este tema, ya que por un lado mantiene la vigencia de los contratos en tres años (como la ley actual); propone ajustes semestrales y la aplicación del llamado «Indice Casa Propia» para la actualización de los valores del alquiler, que considera el menor índice entre la variación salarial y la inflación del último año.

Actualmente, se utiliza el Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central. Asimismo, establece que los contratos deben celebrarse en moneda nacional.

En ese marco, los dos bloques mayoritarios no se atreven a anticipar si este tema sensible que afecta a unos ocho millones de inquilinos formará parte del temario de la sesión que se celebrará la semana próxima, a pocos días de las elecciones.

La tensión política quedó en evidencia durante todo el encuentro en la Cámara baja, cuando el diputado Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, metió presión a sus colegas de La Libertad Avanza (Javier Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo) para que se plieguen a la postura de JxC. Ante eso, el titular de la bancada del FdT, Germán Martínez, le reprochó que «es una vergüenza apretar a colegas públicamente».

Previamente, el diputado oficialista Eduardo Toniolli se refirió a JxC como «oposición pedorra», a lo que integrantes del espacio opositor le respondieron: «Andá a defender a (Martín) Insaurralde», quien está en el centro de la escena tras sus escandalosas vacaciones en un yate en Marbella junto a la modelo Sofía Clerici.

Por último, el clima volvió a caldearse cuando Banfi le gritó «chorros» a los oficialistas y Penacca le contestó: «Vos sos chorra».

El oficialismo de Senado decidió posponer el debate de la nueva Ley de Alquileres, luego de que la semana pasada se firmaran dos dictámenes en comisión.

La discusión en el recinto estaba pensada para este miércoles, pero finalmente se decidió suspenderla.

La estrategia del oficialismo tiene que ver con que tiene a dos de sus senadores enfermos y para debatir el tema requiere de todos sus integrantes presentes, además del apoyo de aliados.

El interbloque de Juntos por el Cambio no acompañará la norma del oficialismo, ya que suscribió a un dictamen que propone mantener tal cual la letra del proyecto que obtuvo media sanción en Diputados.

La semana pasada, el bloque de Unión por la Patria tuvo mayoría en comisiones para firmar el dictamen del proyecto que mantiene en tres años de contrato y establece índices de actualización de incrementos diferentes a los propuestos por la media sanción de Diputados (aumentos cada cuatro meses y dos años de plazo mínimo para los contratos de alquiler).

Los dictámenes se firmaron en el marco de la reunión de las comisiones de Legislación General, presidida por el senador por La Pampa, Daniel Bensusán (Frente Nacional y Popular), y de Presupuesto y Hacienda, a cargo del senador de La Rioja Ricardo Guerra (Frente Nacional y Popular).

Además, Bensusán explicó que «el precio del alquiler debe fijarse como valor único en moneda nacional» y dijo que los ajustes serán en no menos de seis meses y «con el coeficiente Casa Propia», índice oficial que publica el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, que está compuesto de dos promedios de salarios y el índice de inflación de los últimos 12 meses.

También, hubo modificaciones respecto de incorporación de ingresos al monotributo e incorporó un nuevo artículo en el dictamen de mayoría sobre el impuesto a las ganancias donde «las partes podrán deducir el 10% del monto anual del contrato de locación».

Con la participación de expositores invitados de distintos sectores del mercado inmobiliario, el Senado debatía esta tarde la reforma de la Ley de Alquileres, luego de la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados por Juntos por el Cambio con la ayuda de otras bancadas de la oposición.

El plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto recibía esta tarde a representantes de colegios inmobiliarios, de asociaciones de propietarios, martilleros públicos y desarrolladores urbano, en tanto que este jueves volverá a reunirse para escuchar la voz del sector de los inquilinos.

Tras unas palabras introductorias del presidente de Legislación General, Daniel Pablo Bensusán, abrió la ronda de oradores Virginia Manzotti del Consejo Federal de Colegios inmobiliarios, quien alertó sobre el retiro masivo de viviendas del mercado de alquileres producto de la incertidumbre vinculado al posible cambio regulatorio.

«A través de un centro de estadísticas inmobiliarias podemos comprobar que hay un 47% de inmuebles que s han retirado del mercado», indicó, y advirtió que «hay muchísimos inquilinos que no tienen vivienda y que no saben donde van a ir a vivir».

Manzotti explicó que las insinuaciones de algunos dirigentes nacionales respecto a una posible derogación de la norma vigente provocó que «muchos propietarios frenaran sus contratos» y esperaran.

La misma situación se repitió con la media sanción en Diputados, que generó «un retiro muy importante de alquileres porque (los propietarios) están esperando la resolución del Senado de la Nación».

«Queremos que sea una ley lo más justa que se pueda», afirmó, y apeló a «la celeridad para que pronto tengamos una solución».

«O por sí o por no, pero estamos en un vacío que provoca que los propietarios sigan esperando y saquen sus inmuebles. Esto se está agravando cada vez más», lamentó Manzotti, que detalló que desde mediados del 2021 hasta la actualidad el aumento promedio de los alquileres fue del 232%.

En la misma sintonía, el presidente de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, Emilio Caravaca Pazos, advirtió que «la media sanción en Diputados ha generado una situación de total incertidumbre en propietarios e inquilinos, por lo que hizo un «llamado a la celeridad en el tratamiento de este tema» por «la urgencia que requiere» resolverlo.

«Es importante dar celeridad, establecer los cambios que sea necesarios para poder lograr una ley que cubra y contemple las necesidades de las partes pero que tenga en cuenta l que se generó con la ley actual. Hemos expuesto que si cada doce meses o 14 meses hay que hablar del tratamiento de la ley, evidentemente algo no está funcionando y está generando un perjuicio en la sociedad», reflexionó.

Por su parte, el presidente de la Cámara Empresaria Desarrolladores Urbanos (CEDU), Damián Tabakman, enfocó en otro aspecto que guarda relación con este vacío que genera la falta de cumplimiento de la ley vigente.

«Al tener incertidumbre respecto de la ley de alquileres, no se están comprando departamentos en pozo y quizás esto no sea un inconveniente inmediato, pero a mediano y largo plazo, si no se construye, va a haber menos oferta aún», apuntó.

A su turno, el presidente del Colegio Profesional de inmobiliarios de Córdoba (CIP), Alejandro Hadrowa, se mostró partidario de avanzar con la media sanción de Diputados, y si bien remarcó que «quizás no sea la mejor ley», resulta necesario «una definición porque se está desequilibrando demasiado el mercado».

«Si dejamos la actualización cada cuatro meses, muchos que se trasladaron al mercado temporario volverán al mercado anual», señaló como uno de los puntos a favor de la iniciativa opositora.

Además de la media sanción venida en revisión de Diputados, están a la vista de las comisiones otros proyectos como el de la senadora riojana Clara Vega, el de la misionera Magdalena Solari Quintana, el del radical riojano Julio Martínez, el del oficialista misionero Maurice Closs y el de la radical santafesina Carolina Losada, quien propone la derogación la normativa vigente desde el 2020.

La modificación de la Ley 27.551 que llega con media sanción de Diputados, que la oposición logró imponer dos semanas atrás con una mayoría ajustada de votos, propone reducir a dos años la duración de los contratos, con indexación cuatrimestral de los precios (hasta tres actualizaciones por año) y deja liberado al acuerdo entre las partes el parámetro que se tome para efectuar esos ajustes, pudiendo elegir a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), o una combinación de dichos índices.

Uno de los puntos que el Frente de Todos no está dispuesto a negociar tiene que ver con los tres años de duración de los contratos que consagra la ley actual.

Consideran que volver a los dos años de plazo solo contribuiría a generar inestabilidad en las familias de inquilinos, impidiéndoles la posibilidad de desarrollar sus proyectos de vida.

También cuestionan la habilitación para que los propietarios puedan exigir a los inquilinos pagos anticipados, el tratamiento similar a las viviendas respecto de los contratos de locales comerciales (donde consideran que no hay conflictividad), y la falta de una referencia para establecer los montos de los alquileres.

Este último punto es una preocupación compartida con Unidad Federal, el bloque de seis senadores del peronismo disidente, que está conformado por Guillermo Snopek, Eduardo Kueider, Carlos «Camau» Espínola, María Eugenia Catalfamo y Alejandra Vigo.

Sin el apoyo de Unidad Federal, se disipan las chances de que Juntos por el Cambio consiga los 37 votos que hace falta para aprobar la iniciativa venida de Diputados.

El Senado puso hoy en marcha el debate por la reforma de la Ley de Alquileres y desde Juntos por el Cambio reclamaron «acelerar» el tratamiento de la media sanción obtenida la semana pasada en la Cámara de Diputados a raíz de la incertidumbre que generó en el mercado el posible cambio del marco normativo.

Sucede que tras la aprobación en la Cámara Baja de la reforma, que reduce de tres a dos años el plazo de los contratos y establece una indexación cuatrimestral sin atarse a indicadores fijos, muchos propietarios pusieron en pausa sus alquileres a la espera de cómo termine resolviéndose la nueva legislación en el Senado.

Esta coyuntura agravó la ya de por sí delicada situación de millones de inquilinos que ven reducida la oferta de inmuebles en alquiler, sumado a la disparada inflacionaria de los precios.

Si bien hay sectores de Juntos por el Cambio que ven con mejores ojos la derogación lisa y llana de la llamada «Ley Lipovetzky», se comprometieron a trabajar para darle sanción definitiva al proyecto venido en revisión de Diputados ya que se trata del camino más corto y posible en las actuales circunstancias.

El panorama es complejo para la principal bancada opositora pero tiene buenas chances de concretar su objetivo ya que para asegurarse la ley debe llegar a 37 votos, y ya tendría garantizados 35, sumando al rionegrino Alberto Weretilneck y a la cordobesa Alejandra Vigo.

Al abrir la ronda de oradores en el plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda, el senador chaqueño Víctor Zimmermann (UCR) resaltó la necesidad de los inquilinos y propietarios de darle «celeridad» al proceso de tratamiento en la Cámara alta.

«Es imprescindible que podamos avanzar lo antes posible y en un tiempo prudencial podamos sancionar esta ley», instó el opositor.

Si bien valoró que existen otros proyectos a la vista de parte de senadores de Juntos por el Cambio, Zimmerman evaluó que «ante esta situación que vive el país necesitamos sacar un dictamen lo antes posible y sancionar esta media sanción que viene de Diputados».

«Todos sabemos que no es la mejor ley, pero en el marco de lo que nos preocupa a todos tenemos que darle celeridad, ver si podemos sacar este dictamen y dar una solución posible», insistió.

Por el oficialismo, Juliana Di Tullio (Unidad Ciudadana) coincidió en que es importante «acelerar el estudio de los proyectos» y darle «celeridad» al proceso, pero aclaró que eso no significa acompañar la media sanción que la oposición consiguió en Diputados, la cual a su entender no aporta «ninguna solución» al problema.

«Necesitamos celeridad, pero realmente me gustaría escuchar a los involucrados e involucradas en este tema, y sobre todo me gustaría escuchar a la parte más débil, que son los millones de personas que necesitan resolver su problema habitacional», expresó la senadora kirchnerista, quien aclaró que no está planteando que «pase una eternidad» de tiempo de debate «sino por lo menos un par de semanas».

A su criterio, no hay «ninguna solución» en esta media sanción que proviene de Diputados, y dijo que no está de acuerdo con haber reducido a dos años el plazo de duración de los contratos.

«No veo que vaya a solucionar ningún problema. Quiero quedarme tranquila que mi voto va a ser consecuente con lo que pienso», expresó.

Para Di Tullio, hay que dar un debate más integral sobre la emergencia habitacional, que implica poner sobre la mesa la regulación de los alquileres temporarios, y pidió hacer «legislación comparada».

A su turno, el radical riojano Julio Martínez advirtió que en la actualidad el mercado de alquileres está virtualmente «sin ley» porque no se están cerrando contratos conforme a la normativa vigente, que «no se cumple».

En tanto, apuntó contra el kirchnerismo por el supuesto plan para supeditar el tratamiento en el recinto de la reforma de Alquileres a que en la misma sesión se someta a votación los pliegos de jueces, incluyendo el de la camarista Ana María Figueroa (a quien desde Juntos por el Cambio acusan de tener afinidad con el oficialismo, y quien tiene en sus manos la decisión de enviar o no a juicio oral la causa Los Sauces/Hotesur por la que está procesada la vicepresidenta Cristina Kirchner).

«Tampoco le creo al kirchnerismo que de no haber querido tratar este tema hoy lo quieran tratar. Este Senado que está cerrado y lo denuncio porque sino somos cómplices», lanzó.

«El Senado está a la orden de Cristina Kirchner y su agenda de venganza e impunidad. Mucho me temo que a esta ley le quieren poner la condición de que en la sesión se traten los pliegos de la jueza Figueroa y los 75 jueces que quieren aprobar», conjeturó el senador de la UCR.

«Ustedes tienen que dejar de legislar para Cristina Fernández de Kirchner y pasar a legislar para la gente. Tienen que dejar de preocuparse por la impunidad de ella porque eso deja este Senado parado», siguió Martínez, quien pidió avanzar directamente con la firma de los dictámenes este mismo martes.

Por su parte, Maurice Closs (Frente de Todos) pidió evitar un trámite exprés y aseguró que «el Senado se tiene que tomar un tiempo y si hay consenso se tiene que votar una ley».

«Nos tenemos que tomar los días que haga alta, tampoco un siglo entero», aclaró el misionero.

A su turno, la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri acusó al oficialismo de buscar «dilatar» el tratamiento de la ley e inclusive de bloquearlo, por lo que puso en duda que el Frente de Todos busque tomarse más tiempo para estudiar el alcance de los distintos proyectos en la materia.

«Ustedes son especialistas en despachar dictámenes en dos minutos, entonces no nos vengan con el cuento de que quieren seguir debatiéndolo. No tienen ninguna intención de aprobarlo», disparó.

«No le mientan a los argentinos. Digan que no lo quieren tratar, que lo quieren dilatar», machacó la senadora.

La senadora María Inés Pilatti Vergara (Frente de Todos) pidió «parar la pelota» y analizar «unos meses» los proyectos y no convalidar una «aparente solución que en vez de mejorar las cosas las enrarece o perjudica a unos y otros».

«Proponemos parar la pelota, hacer trabajar a asesores, traer asociaciones de inquilinos y propietarios y después concluir. No decir tirar la pelota para el año que viene, sino unos meses», sugirió la chaqueña, que aseguró que «estudiando y analizando integralmente vamos a encontrar una salida más justa aunque no sean tan rápida para unos y otros».

Una de las senadoras que todavía no definió su voto y que podría inclinar la balanza para un lado o para el otro es la misionera Magdalena Solari Quintana, quien le preguntó a Zimmermann si desde Juntos por el Cambio tenían previsto incorporar modificaciones a la media sanción de Diputados.

El radical le contestó que no lo tiene previsto, habida cuenta del apremio con el que se requiere contar con un instrumento legal que de certidumbre a un mercado que se paralizó en la última semana por el paso dado en la Cámara baja.

«El tratamiento en Diputados paralizó aún más el mercado inmobiliario, por eso me sorprende que ustedes se pregunten por qué tiene que haber celeridad en el tratamiento», dijo la senadora de la UCR por Mendoza Mariana Juri, ratificando el criterio expuesto un rato antes por Zimmermann.

Seguidamente, el senador Martín Lousteau llamó a votar la media sanción a pesar de reconocer que «no es la mejor ley».

«La actual ley pretendía proteger al eslabón más débil de la cadena y lo está matando. Generó el efecto contrario al que se pretendía. La aceptación de que esto es así está en los múltiples proyectos de ley que se presentaron de todos los bloques», apuntó.

Al respecto, subrayó que «si el propietario ve que alguna de las condiciones de la ley le genera incertidumbre se lo cobra por adelantado» y «entonces el que tiene que renovar alquiler se queda en la calle».

«Si dejamos la media sanción en un limbo por una cuestión política vamos a generar un problema mucho más grande», advirtió el líder de Evolución.

El presidente de la comisión de Presupuesto, Ricardo Guerra (Frente de Todos), cuestionó el proyecto opositor porque pretende tratar a propietarios e inquilinos como si estuvieran en pie de igualdad.

«Como en todo contrato hay dos partes y una parte tiene una posición de poder frente a otra. No podemos tratar como iguales a quienes no son iguales, todo contrato debe tener un equilibrio y tener en cuenta el contexto y las posiciones de fuerza», analizó el riojano.

Por último, la vicepresidenta del interbloque del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, negó que desde el oficialismo tengan intenciones de «dormir o dilatar» el tratamiento y explicó que «lo que sucede» es que no están de acuerdo con el contenido de esa media sanción.

Ayer la Cámara de Diputados otorgó media sanción a la modificación de la Ley de Alquileres. Ahora, la norma tiene que pasar por el Senado de la Nación para convertirse en ley, aunque ya ha generado polémica.

“Primero hay que aclarar que la ley sigue en plena vigencia, no hay ningún cambio actualmente. Esta media sanción tiene que analizarla y tratarla el Senado. Esta media sanción lo que propone es hacer dos cambios puntuales, que hoy están regulados, como la duración de tres años de los contratos y ajustes anuales. Ahora lo que se propone son dos años de contrato y ajustes cuatrimestrales atados directamente a la inflación”, expresó, al aire del programa El Puente, que se emite por Radio Mitre Rosario, Emmanuel Canelli, titular de la Asociación de Inquilinos de Rosario.

En su análisis, esto “generaría un grave problema para todas las personas. Y ahí es donde vamos a ir a debatir al Senado tratando de que no perdure en el tiempo”, adelantó.

Respecto a los ajustes, el texto señala que “las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa y después dice pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor, el índice de precios mayoristas y o el índice de salarios elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INDEC) o una combinación de dichos índices según las partes se acuerden”.

En efecto, la norma hace referencia al término “pudiendo”, y no “debiendo”, donde circunscribe el incremento a algunos de esos índices. “No es solamente ponerse de acuerdo, es notificar y aceptar por la parte del inquilino. Completamente. Lo que siempre nos sucede y que ningún salario aumenta cada cuatro meses, acorde directamente a la inflación, que eso es el golpe más duro. Pasamos de ajustes anuales con 10 puntos abajo de la inflación a ajustes cuatrimestrales atados a la inflación, esperando que el mercado resuelva los problemas actuales, problemas que el mismo mercado generó”, remarcó Canelli.

Sobre la posibilidad que estos cambios redunden en mayor oferta, el dirigente también fue crítico: “Está sucediendo todo lo contrario, están retirando los inmuebles a la espera de una modificación, que hay que ver si se da o no. Y después por otro lado, una vez que esto se estabilice o no bueno hay que verlo porque también había otras maneras de beneficiar la oferta”.

“Se terminó haciendo lo que pidieron las inmobiliarias. Se impuso el dictamen de Juntos por el Cambio que trastoca la relación y ajusta en un sector que ya, sinceramente, no tenemos más bolsillos para pagar el alquiler”, subrayó.

Consultado si desde la entidad están a favor de la ley tal cual está, analizó: “Nosotros, siempre vimos la ley como un punto inicial. Ahora bien, dentro de la ley hay muchas cosas que hoy no se aplican, como por ejemplo un órgano de control. Por ende, no podríamos decir, no modificaríamos, sino aplicaríamos algo que hoy no está. Después, con respecto a lo que planteaba el Frente de Todos, de un beneficio fiscal a propietario, bueno, en eso no estábamos tan de acuerdo, porque creíamos que es beneficiar a sectores especulativos, aunque también entendíamos la complejidad de la situación y creíamos que esa era una mejor salida a ir con los tapones de punta”.

Luego de fracasar en el intento de derogar la normativa vigente, Juntos por el Cambio logró al menos reformar la Ley de Alquileres, y este miércoles la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el dictamen que establece que el plazo de duración de los contratos sea de dos años y la actualización de los precios cada cuatro meses. No obstante, el texto deberá salir airoso del Senado para su implementación.

“Nosotros estuvimos ayer en el Congreso, y la verdad que nos vinimos sumamente satisfechos con la media sanción. Creemos que es un aporte positivo para la sociedad. Tenemos nada más que una media sanción. Esto hay que ser bien claro y bien específico. Hoy rige la ley 27551, plazo 36 meses y una actualización anual”, expresó, al aire del programa El Puente, que se emite por Radio Mitre Rosario, Andrés Gariboldi, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (COCIR).

Y seguido, remarcó: “No hay que nos confundamos porque simplemente tenemos una media sanción, por supuesto un paso medio lleno y nos falta ahora trabajar fuertemente por la Cámara de Senadores”.

Respecto al plazo en la Cámara Alta trate el proyecto, el dirigente, sostuvo: “Los plazos son un poco inciertos y tenemos que tener muy en cuenta de que el bloque mayoritario de senadores es el bloque que ayer votó en contra de esta ley. Entonces creo que tenemos que ser sumamente cautelosos y prudentes y decirle a la gente que los plazos no los conocemos”.

En ese marco, Gariboldi analizó la actual situación del sector y aseguró que la falta de inmuebles para alquilar “es un flagelo que hace aproximadamente cerca de un año que están padeciendo los inquilinos, te diría prácticamente en casi todo el país. En algunas localidades turísticas, peor todavía, como puede ser Bariloche, como puede ser por ejemplo CABA, que ha tenido prácticamente un desplazamiento a las locaciones temporarias teniendo en cuenta que ellos tienen mucho turismo internacional”.

Además, ante las críticas de representantes de inquilinos, donde expresan que los más afectados con esta modificación son ellos, consideró: “Es un análisis equivocado, hay una tortícolis dogmática, se podría decir. Hoy el problema lo tienen realmente los inquilinos”.

“Porque no consiguen el inmueble donde quieren ir a vivir. Necesitan un inmueble próximo al colegio de los hijos y no lo encuentran. Necesitan un inmueble cerca del trabajo para tener menos tiempo de movilidad y no lo encuentran. Un joven no se puede ir de la casa de los padres porque no encuentra el inmueble. Acá lo que estamos planteando es un nuevo escenario para que aparezca un número importante de inmuebles en el mercado y de esta forma encontrar la solución a aquellos que quieren vivir y que necesitan un inmueble para alquilar”, agregó el presidente de COCIR.

Gariboldi también hizo un análisis de los cambios en el mercado inmobiliario: “Lo que hoy tenemos medido, es de que entre el 25 y 30 por ciento de los inmuebles que estaban en el mercado locativo pasaron al mercado de venta. Hoy el portal de nuestro colegio propia.com.ar ingresas y te vas a encontrar con 64.000 inmuebles a la venta y 480 propiedades en alquiler entre casas y departamentos. Esto es lo que está padeciendo hoy el inquilino. La gente se fue terminando los contratos y en lugar de hacer una renovación o volver a ponerlo en el mercado locativo dijo ‘véndanmelo, no quiero tenerlo más en el mercado de alquileres’”, aseguró.

En esa línea, el dirigente remarcó: “No hay un solo producto en un solo servicio en la República Argentina que se aumente una sola vez al año. El único que quedaba era el alquiler. Cuando vos haces un desplazamiento de la balanza tan fuerte hacia uno de los lugares que terminás produciendo desequilibrios y acá lo que necesitamos son puntos intermedios, teniendo en cuenta que el proceso inflacionario no es nada más que para el inquilino, sino también para los propietarios, para toda la sociedad. Entonces tenemos que encontrar puntos de equilibrio. Si no hay puntos de equilibrio te desaparece la oferta como la que está pasando hoy”.

Luego de fracasar en el intento de derogar la normativa vigente, Juntos por el Cambio logró al menos reformar la Ley de Alquileres, de modo tal que el plazo de duración de los contratos vuelve a ser de dos años y la actualización de los precios será cada cuatro meses.

Con 125 votos a favor, 112 en contra y tres abstenciones, la principal coalición opositora consiguió la esperada media sanción con el apoyo de los diputados de Córdoba Federal, de Identidad Bonaerense, del interbloque Provincias Unidas y del bloque SER.

El Frente de Todos, el Frente de izquierda y también La Libertad Avanza votaron en contra. En el caso del bloque liderado por Javier Milei se debió a que están decididamente en contra de cualquier tipo de regulación del mercado de alquileres inmobiliarios.

La iniciativa que rige actualmente -sancionada en 2020- no dio los resultados esperados al calor de la inflación descontrolada y los cambios en el mercado inmobiliario con un retiro incesante de unidades en alquiler tradicional producto del auge de los alquileres temporarios en plataformas extranjera y la retracción de la oferta a razón de otras formas de especulación inmobiliaria.

El intento fallido opositor de derogar la ley se debió a la imposibilidad de reunir las dos terceras partes de los votos requeridos para habilitar sobre tablas el tratamiento de los expedientes sin dictamen: fueron 124 votos a favor y 110 votaron en contra.

Luego de este paso el falso, se pasó a votar el dictamen de mayoría del Frente de Todos, pero fue rechazado.

El oficialismo proponía sostener los pilares centrales de la actual ley con los tres años de duración de los contratos y la actualización anual de los precios en base a indicadores fijos como el IPC y el RIPTE.

La única novedad es que incorporaba una serie de incentivos fiscales para los propietarios, de modo tal de estimular la oferta de inmuebles en alquiler y paliar el fenómeno que se viene dando aceleradamente de retiro de viviendas del mercado.

El dictamen de minoría que se votará a continuación, que es impulsado por Juntos por el Cambio, es bastante más laxo en las condiciones, volviendo prácticamente a lo que establece el Código Civil y Comercial de dos años de plazo de los contratos e indexación en base a indicadores que acuerden libremente las partes.

«Legislar es proteger al más débil y eso es lo que tenemos que hacer», expresó el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, criticando el dictamen de minoría por dejar el precio del alquiler al libre arbitrio de las partes, donde habitualmente se impone el más fuerte en la relación contractual.

El proyecto opositor también incorpora una serie de estímulos fiscales para locadores, tal cual explica uno de sus autores, Alejandro Cacace (Evolución Radical): «Como todos reconocen que hay una retracción de la oferta de propiedades en alquiler, damos incentivos fiscales, ventajas impositivas en el monotributo, en el impuesto a los débitos y créditos bancarios, y distintos mecanismos para que se pongan más propiedades en alquiler».

“En los contratos de locación de inmuebles con destino a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerdes las partes y por intervalos no inferiores a 4 meses”, indica el dictamen de minoría, donde se suprimió la parte donde se fijaba una periodicidad de «entre tres (por intervalos de 3) y doce (12) meses».

La diputada de Identidad Bonaerense Graciela Camaño advirtió que «una de las partes que ha retraído la oferta por cómo hemos legislado».

Por su parte, Pablo Tonelli (PRO) aseguró que lo necesario para «recuperar la normalidad en el mercado inmobiliario es reestablecer el equilibrio» y consideró que eso existía antes de esta ley cuando los contratos se basaban en el Código Civil y Comercial.

A su turno, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman sostuvo que «el problema es que los cambios que aquí se proponen, ya sea la derogación o lo que está en el dictamen de minoría, son perjudiciales a quienes alquilan».

«El lobby inmobiliario está haciendo mucho esfuerzo. Nosotros resistimos, no nos van a convencer los lobbys de las grandes inmobiliarias y especuladores que siempre se llevan una tajada de este negocio», protestó la candidata presidencial y referente del PTS.

El quórum para validar la sesión se logró a las 12:30 cuando la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, comprobó en el tablero la presencia de 129 diputados, y dio por iniciada la sesión en el recinto.

Los últimos en sentarse en las bancas para llegar al número clave 129 fueron los socialistas santafesinos Enrique Estévez y Mónica Fein.

Antes de ellos bajaron los liberales Javier Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo junto a Luciano Laspina.

Los representantes de La Libertad Avanza estuvieron en duda hasta último momento, pero la decisión de Juntos por el Cambio de apostar por la derogación de la ley en lugar de impulsar el propio dictamen de reforma destrabó el acuerdo para el quórum.

También contribuyeron a que hubiera sesión los diputados de Identidad Bonaerense y Córdoba Federal, que impulsan un dictamen para reformar la ley de Alquileres, volviendo a los dos años de duración de los contratos, con indexación semestral en base a indicadores.

Los diputados del bloque Ser, Claudio Vidal (gobernador electo de Santa Cruz) y Felipe Álvarez también se hicieron presentes en el recinto, así como los rionegrinos Luis Di Giacomo y Agustín Domingo.

Una vez que la oposición había logrado el quórum, con la sesión recién empezado, la tropa del Frente de Todos bajó al recinto para ocupar las bancas.

La Cámara de Diputados de la Nación retomará este miércoles el debate por la Ley de Alquileres, implementada hace pocos años. La normativa vigente dispone un plazo mínimo de contrato de 3 años y aumentos anuales que se calculan a través de un índice que combina inflación y salarios. Los diputados que buscan la reforma de la ley buscan llevarlo nuevamente a 2 años; y retornar a un modelo de ajustes cada 3 o 6 meses, basado en un índice que acuerden las partes.

Sin embargo, desde agrupaciones que representan a inquilinos se mostraron en contra de los cambios, argumentando que van a traer “más aumentos en los alquileres”.

“Las reformas que se quieren llevar adelante entendemos que es un retroceso para los inquilinos y en consecuencia estamos convocando a una concentración para mañana a las cinco de la tarde en las puertas del Congreso Nacional y haciendo un llamado en todos estos días, en particular a los diputados nacionales de la provincia de Santa Fe, que no den quórum. Si la sesión logra tener quórum y la oposición en sus distintos bloques se pone de acuerdo, estas reformas podrían avanzar y no va a tener otro resultado para los inquilinos que más aumentos en los alquileres y un agravamiento de la situación ya difícil que se vive”, expresó, al aire del programa El Puente, que se emite por Radio Mitre Rosario, Sebastián Artola, referente de Inquilinos Agrupados Rosario y responsable de la Federación de Inquilinos Nacional en la provincia de Santa Fe.

Y reforzó la idea que los cambios no van a redundar en ningún beneficio para los inquilinos: “Bajar de tres a dos años el mínimo del contrato de alquiler implica que los inquilinos paguen más comisión inmobiliaria y por el otro lado, que es el otro aspecto que se quiere modificar, que los aumentos dejen de ser anuales y pasen a ser trimestrales y, a su vez, dejen de estar definidos por el índice oficial, sino que los defina de manera unilateral el mercado. Claramente va a significar que los alquileres aumenten”.

De hecho, “es el reclamo del mercado de que este índice y de que la ley no les permite aumentar todo lo que ellos quisieran y, en consecuencia, van a pérdida. Ese es el argumento que subyace desde que entró en vigencia la ley, fundamentalmente en el último tiempo, y los motivos por el cual quieren modificar la actual ley de alquileres”, amplió el dirigente.

Al respecto, Artola propuso: “Hay que seguir profundizando la regulación del mercado inmobiliario, como se está discutiendo en las grandes ciudades del mundo”. Y seguido, agregó que “también hay un movimiento global de especulación en torno a la vivienda y cómo ahí el capital financiero encuentra un nicho de especulación y vimos también en los últimos años cómo en las principales ciudades del mundo este problema se empezó a hacer visible”.

“La discusión pasa por plantear la necesidad de un nuevo rol del Estado que intervenga decididamente en favor del derecho a la vivienda y que la vivienda deje de ser ejercida como un negocio, como viene pasando en nuestro país en las últimas décadas”, insistió Artola.

Además, planteó para el corto plazo, “primero, hacer cumplir la ley. Segundo, regular todo el precio del alquiler, porque la actual ley solo regula los ajustes del segundo y tercer año. El precio inicial lo sigue definiendo el mercado y es ahí donde vemos un golpe fuertísimo en los precios. Y también hay que discutir qué se hace con la cantidad creciente de viviendas ociosas y vacías, donde el Estado mira para otro lado”.

Por el otro lado, “algo que nosotros venimos proponiendo acá para la ciudad de Rosario, el Estado debería hacer una opción de acceso a la vivienda en alquiler frente al sector privado y al mercado. Como una opción para los propietarios, porque en Argentina solo se accede a la vivienda en alquiler a través del mercado, del sector privado, pero no del sector público. En otras ciudades del mundo existe la opción de un Estado ofreciendo vivienda en alquiler. Eso también tendría un impacto inmediato en el acceso a la vivienda, en relaciones más transparentes y justas”, dijo.

Finalmente, sobre las posiciones de las diferentes fuerzas políticas, Artola, señaló: “Está claro la posición de Junto por el Cambio, que quiere, que está juntando los votos, en articulación con el Interbloque Federal, el Bloque de Provincias Unidas y Libertad Avanza. En particular nosotros en estos días hicimos público el pedido a los dos diputados del Partido Socialista, Enrique Estévez y Mónica Fein, que no den quórum porque ellos integran el interbloque federal y es uno de los sectores que quiere reformar la ley, nos hemos puesto en contacto con ellos, pero no tuvimos respuesta. Entonces, reforzamos el llamado en estos días de que no den quorum para que no pueda avanzar esta reforma que implicaría un fuerte retroceso”.