La Cámara de Senadores de Santa Fe aprobó este jueves el proyecto de ley de Prevención, Protección y Gestión Integral del Riesgo frente a la Violencia de Género. La propuesta obtuvo media sanción con el respaldo de todos los presentes, incluidos los senadores justicialistas Alcides Calvo y Rubén Pirola, y ahora deberá ser debatida en Diputados para convertirse en ley.

El texto, elaborado por los ministerios provinciales de Igualdad y Desarrollo Humano, Justicia y Seguridad, y Gobierno e Innovación Pública, propone un sistema de evaluación que clasifica las situaciones en cuatro niveles: bajo, medio, alto y crítico. Para determinar el riesgo se considerarán factores como amenazas de muerte, presencia de armas, violencia sexual, estrangulamiento e incumplimientos de restricciones previas.

Según la gravedad de cada caso, la Justicia podrá disponer restricciones de acercamiento, exclusiones del hogar, dispositivos de alerta y otras medidas de protección. En situaciones de riesgo alto o crítico, se establece como regla general el monitoreo electrónico de la víctima y el agresor, además del posible retiro preventivo de armas y la aplicación excepcional de arrestos temporales ante determinados incumplimientos.

La iniciativa también busca simplificar las denuncias, garantizar la vigencia inmediata de las medidas de protección y crear un registro digital unificado para compartir información entre organismos estatales. Además, contempla asistencia jurídica, equipos interdisciplinarios especializados, protección para niños y adolescentes expuestos a la violencia y un fondo de emergencia para cubrir gastos urgentes, como traslados, alojamiento temporal y cambios de cerraduras.

El Gobierno de Santa Fe promulgó este lunes la ley que prohíbe la actividad de cuidacoches en la vía pública en todo el territorio provincial. La normativa incorpora nuevas disposiciones al Código de Convivencia y establece sanciones para quienes ofrezcan servicios de cuidado, lavado o retribución de vehículos sin autorización en zonas donde esté prohibido.

La Ley 14.486 fue promulgada mediante el decreto 2121 y establece que la práctica no será considerada un delito, sino una contravención. Para que pueda aplicarse en cada localidad, los municipios y comunas deberán adherir expresamente a través de una ordenanza.

La norma incorpora los artículos 66 bis, 66 ter y 66 quater al Código de Convivencia de Santa Fe. El primero contempla entre 2 y 10 días de trabajo comunitario, además de la prohibición de concurrir al lugar donde ocurrió la infracción. En caso de reincidencia, se prevé un arresto de entre 10 y 20 días.

Las sanciones podrán duplicarse cuando la conducta se produzca bajo determinadas circunstancias contempladas por la ley. Además, cuando exista una organización o acuerdo previo entre dos o más personas para desarrollar estas actividades, se establece específicamente una pena de 10 a 20 días de arresto.

Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo deberá implementar medidas de prevención e inclusión social destinadas a las personas que desarrollan esta actividad. El programa deberá contemplar capacitación, formación en oficios, intermediación laboral y abordajes vinculados con salud mental y consumos problemáticos, entre otras acciones.

El Senado aprobó este jueves la ley de Inocencia Fiscal II, en una votación que terminó con 43 votos a favor y 23 rechazos. La iniciativa, impulsada por el Gobierno, sufrió cambios durante el debate y las negociaciones con distintos sectores para alcanzar las adhesiones necesarias y avanzar con el proyecto.

La propuesta surgió a partir de reclamos de contadores y especialistas en materia tributaria al ministro de Economía, Luis Caputo. El objetivo planteado fue introducir modificaciones operativas para generar mayor confianza entre los contribuyentes y favorecer la reactivación económica.

Entre los cambios centrales aparece la posibilidad de que grandes contribuyentes, con ingresos superiores a $1.000 millones o patrimonios mayores a $10.000 millones, puedan incorporarse al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), aunque sin acceder a los beneficios del denominado tapón fiscal. 

Además, se redefinió el concepto de “discrepancia significativa”: las diferencias del 15% o más entre lo declarado y la información del fisco no serán consideradas como tales cuando el monto involucrado sea inferior a $5 millones.

El proyecto también establece que la discrepancia se calculará sobre el impuesto determinado y no sobre el saldo a pagar, y contempla un plazo de 15 días para abonar una diferencia luego de una notificación de oficio sin perder las garantías del régimen. A su vez, reduce los requerimientos de información ante la ARCA y fija el 31 de diciembre de 2027 como fecha límite para acceder a los beneficios de presunción de exactitud y tapón fiscal, con el objetivo de incorporar al sistema parte de los USD 170.000 millones que, según los fundamentos de la iniciativa, permanecen fuera del circuito bancario.

El oficialismo volvió a postergar el tratamiento del proyecto de ley de Inviolavilidad de la Propiedad Privada en el Senado, tras no conseguir los votos necesarios para avanzar con uno de los puntos más controvertidos de la iniciativa: la eliminación de las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, solicitó reprogramar el debate para la sesión del próximo 6 de agosto.

La iniciativa, promovida por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, acumuló una serie de modificaciones desde la firma del dictamen, el  20 de mayo de este año. Durante las negociaciones con el PRO, la UCR y bloques provinciales circularon numerosas versiones del texto, aunque continuaron las diferencias tanto con los aliados como con el propio Gobierno respecto del alcance de la reforma.

Aunque La Libertad Avanza logró reunir el quórum mínimo de 37 senadores para comenzar la sesión, no obtuvo el respaldo suficiente para aprobar el proyecto. La principal controversia se vincula a la reforma de la Ley de Tierras Rurales, que actualmente limita la cantidad de hectáreas que pueden adquirir personas o empresas extranjeras y prohíbe la venta de terrenos con recursos hídricos estratégicos.

El último borrador mantiene la prohibición para que Estados extranjeros adquieran tierras y establece que las empresas con participación estatal de otros países solo podrán hacerlo con autorización de la provincia correspondiente y del Poder Ejecutivo nacional. Ese mismo requisito se aplicaría para las compras en zonas de frontera, donde además regiría el mecanismo de silencio administrativo si las autoridades no responden dentro del plazo previsto.

El Gobierno nacional consiguió la aprobación de la modificación a la Ley 26.639  de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial este jueves por la madrugada, tras la sanción definitiva por parte de la Cámara de Diputados.

La votación se produjo en el marco de una sesión que se extendió por casi 12 horas en el Congreso y finalizó a las 2:30, con 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones. Entre los bloques que dieron luz verde junto a La Libertad Avanza  figuran los legisladores del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Unidos y diputados de Adelante Buenos Aires, Innovación Federal (Salta y Misiones), Independencia (Tucumán), Por Santa Cruz y Elijo Catamarca, entre otros.

El proyecto, impulsado por la gestión del presidente Javier Milei dentro del Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI), volvió a ser tratado en el recinto después de la media sanción en el Senado del pasado 26 de febrero, cuando obtuvo 40 votos positivos, 31 en contra y una abstención.

Con la reforma de la normativa, sancionada en 2010, el Ejecutivo nacional busca readaptar el alcance de las áreas ambientales protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en zonas periglaciares. De este modo, elimina el blindaje sobre estos sitios y transfiere facultades de determinar los límites de protección a las provincias. También promueve la creación del Inventario Nacional de Glaciares, ente que queda a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).

Durante la sesión, se registraron incidentes en las afueras del Congreso entre la policía e integrantes de organizaciones sociales, partidos opositores al oficialismo y manifestantes ambientalistas que reclamaron contra el proyecto frente al Palacio Legislativo. Hubo al menos un detenido.

El Senado de la Nación convirtió en ley la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional, en una jornada que registró manifestaciones y cortes de tránsito en las inmediaciones del Congreso y el Obelisco.

La votación final resultó en 42 sufragios afirmativos, 28 negativos y 2 abstenciones, luego de que el texto regresara de la Cámara de Diputados sin el cuestionado artículo 44. Además, regresó a la Cámara Alta para su aceptación definitiva. 

El nuevo marco legal establece que la base para calcular las indemnizaciones se reducirá, excluyendo el aguinaldo y premios que no tengan carácter mensual. De ahora en adelante, solo se considerará el sueldo “normal y habitual”.

En tanto, se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema inspirado en el régimen de la construcción y financiado por aportes mensuales de las empresas para cubrir los costos de los despidos. Por otro lado, las sentencias judiciales por conflictos de trabajo podrán ser abonadas en cuotas: hasta seis para grandes firmas y doce para pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

La ley autoriza la extensión de la jornada diaria hasta un máximo de 12 horas, siempre que se garantice el mismo tiempo de descanso entre turnos. En cuanto a las horas extras, las empresas y empleados podrán acordar por escrito que estas se compensen con tiempo libre o francos en lugar de dinero mediante un “banco de horas”.

Sobre las vacaciones, se permite su fraccionamiento en periodos de al menos siete días y la posibilidad de tomarlas fuera del calendario tradicional (octubre-abril) mediante mutuo acuerdo, asegurando el descanso en verano al menos cada tres años.

En materia de huelgas, los sindicatos que representen a servicios esenciales como salud, educación y transporte deberán asegurar un funcionamiento mínimo del 50% durante cualquier medida de fuerza, mientras que las fuerzas de seguridad tienen estrictamente prohibido parar.

Finalmente, la reforma contempla el Incentivo a la Formalización (RIFL), un plan temporal que busca regularizar a trabajadores no registrados mediante la condonación de deudas de aportes para los empleadores.

En relación con los sindicatos, se mantendrán los descuentos obligatorios de hasta el 2% del sueldo para las Cajas y las contribuciones patronales a las Obras Sociales continuarán en un 6%.

Los cambios en general a la Ley de Glaciares fueron aprobados por el Senado este jueves por la noche en el Congreso y ahora pasará a la Cámara de Diputados, con el Gobierno nacional expectante acerca del avance del proyecto.

Luego de una sesión que se extendió por más de cuatro horas en el recinto legislativo, la votación cerró con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención. Entre los senadores que dieron luz verde se encuentran los integrantes del bloque La Libertad Avanza, el PRO y la Unión Cívica Radical, entre otros.

La normativa, sancionada originalmente en 2010, define como glaciar a toda masa de hielo, estable o que fluye lentamente, con o sin agua en su interior. En este marco, la reforma busca redefinir el objeto de protección e incorporar que todo glaciar o geoforma incluido en el Inventario Nacional de Glaciares se considerará protegido hasta que la autoridad ambiental competente verifique que carece de funciones hídricas. 

De esta manera, cada provincia determinaría qué glaciares protege y en cuáles se pueden habilitar actividades extractivas. Además, las jurisdicciones evaluarán el impacto ambiental de un proyecto, junto con su respectiva autorización.

A su vez, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) seguirá a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, aunque sujeto a un flujo permanente de información desde las provincias.

El Gobierno nacional hizo oficial este miércoles la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, a partir de un fallo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana que estableció  el 4 de febrero como fecha límite.

Fue mediante la publicación del Decreto 84/2026 en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

En el texto, el Ejecutivo nacional llama a la Secretaría Nacional de Discapacidad a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para acordar los criterios para la evaluación socioeconómica del nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad. Además, dio un plazo de 30 días para conformar un plan de auditorías periódicas en el sector.

A su vez, el ex interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches, fue designado como secretario Nacional de Discapacidad.

El Gobierno nacional promulgó este martes las leyes 27.795 y 27.796, de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, aunque su aplicación quedó suspendida hasta tanto el Congreso establezca los mecanismos de financiamiento.

La medida fue confirmada a través de la publicación de los decretos 759/2025 y 760/2025 en el Boletín Oficial. No obstante, el Ejecutivo frenó su entrada en vigencia hasta que el Congreso determine de dónde provendrán los fondos e incluya las partidas necesarias en el Presupuesto, al igual que sucedió con la ley de emergencia en Discapacidad.

La norma que afecta a las universidades busca actualizar los gastos de funcionamiento a través de un ajuste bimestral ligado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Además, determina que los sueldos del personal docente y no docente se actualicen en un porcentaje no inferior al IPC para el período comprendido entre diciembre de 2023 y la sanción de la ley. En la misma línea, el proyecto incluye la recomposición y actualización automática de los programas de becas estudiantiles, también vinculados al IPC.

Por su parte, la ley de emergencia pediátrica plantea la asignación prioritaria de recursos para insumos críticos, infraestructura, medicamentos, vacunas y personal esencial. Asimismo, contempla la recomposición salarial del personal de salud y prevé la exención del impuesto a las ganancias para quienes realicen actividades críticas, horas extras y guardias. 

Según el decreto publicado este martes, su implementación requiere una inversión superior al límite previsto por el Ministerio de Salud, significando un desembolso de 196.270.000.000 pesos.

El Senado de la Nación rechazó este jueves los vetos que el presidente Javier Milei había impuesto sobre la ley de financiamiento universitario y la de emergencia pediátrica. La negativa ya había sido respaldada en la Cámara de Diputados.

El presidente Javier Milei había centrado su justificación sobre la aplicación de los vetos en el "riesgo de desequilibrio fiscal" que presuntamente significaban ambas normas para la economía.

La ley de emergencia pediátrica, que apunta principalmente al hospital Garrahan, prevé la reasignación prioritaria de partidas hacia la salud infantil. El texto incluye fondos para la compra de insumos, mejoras de infraestructura hospitalaria y aumentos en la remuneración de médicos y residentes. En la votación de este jueves obtuvo un fuerte respaldo con 59 votos afirmativos, 7 negativos y 3 abstenciones.

Por su parte, la ley de financiamiento universitario garantiza la actualización de los fondos de funcionamiento de las universidades nacionales en base a la inflación acumulada en 2023 y 2024, además de una recomposición salarial para docentes y no docentes retroactiva a diciembre pasado en línea con el IPC. La insistencia del Senado logró 58 votos positivos, 7 en contra y 4 abstenciones.

Al superar en ambas cámaras la mayoría de dos tercios requerida, los proyectos quedan firmes y el veto presidencial pierde validez. Ahora resta que el Poder Ejecutivo los promulgue y libere los fondos destinados tanto a las universidades como al sistema pediátrico.

El Senado de la provincia de Santa Fe aprobó de manera definitiva un proyecto que impide la designación de familiares en cargos públicos por herencia. La norma busca erradicar el nepotismo y garantizar mayor transparencia en la administración estatal.

La iniciativa, impulsada por la diputada provincial Ximena Sola, fue aprobada por la Cámara de Diputados el 29 de noviembre de 2024. Posteriormente, el gobernador Maximiliano Pullaro habilitó su tratamiento en sesiones extraordinarias y, tras dos preferencias en el Senado, finalmente obtuvo sanción definitiva.

Durante el debate legislativo, el senador Felipe Michlig destacó la importancia de esta medida al afirmar que "este proyecto representa un paso significativo hacia una administración pública más justa y transparente".

La nueva ley establece que no se podrá otorgar cargos preferenciales a familiares directos de empleados públicos que fallezcan o se jubilen. Con esta regulación, se busca eliminar beneficios que permitieron la asignación de puestos sin un proceso de selección basado en el mérito y la capacidad.

"Este es un mensaje para los santafesinos que reclaman que se terminen ciertos privilegios que existen y atentan contra el mérito, el esfuerzo y la eficiencia que hay que tener en el Estado", manifestó Sola.

En este sentido, la norma pone fin a cláusulas de convenios colectivos de trabajo, como la de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), que garantizaba el ingreso automático de familiares directos de los empleados. 

El diputado Nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, impulsa un proyecto de ley que busca profesionalizar el corretaje inmobiliario para que las empresas empleen personal matriculado en la materia. 

En ese marco, el vicepresidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, (COCIR), Patricio Arpini, puntualizó cómo surgió el reclamo de mayor regulación en la profesión y a qué se exponen los clientes al hacer negocios con corredores sin profesionales matriculados a cargo. 

Al aire de una entrevista con el equipo de El Puente, programa que se emite por Radio Mitre Rosario, Arpini sostuvo acerca del proyecto de Mirabella: “Es un paso importante para tratar de profesionalizar aun más la actividad de corretaje inmobiliario. Regular más estrictamente su ejercicio”. 

“Para ello nos venimos uniendo tanto con legisladores nacionales como provinciales, como con el Colegio de Escribanos y centros de asesoramientos de inquilinos, para regular estas prácticas ilegales que afectan a los ciudadanos y profesiones relacionadas”, explicó acerca de las gestiones que vienen haciendo para llevar a cabo la medida. 

En ese sentido, precisó que la problemático es insostenible debido a las quejas de los clientes: “Creemos que a esta altura del 2024 no puede seguir liberado el ejercicio del corretaje inmobiliario, y más por todas las quejas y denuncias que se están viendo por parte de ciudadanos". 

“La mayoría de reclamos son por contratos de alquileres pero también hay denuncias por estafas o actividades por fuera de la ética profesional. Hay personas que dejaron los ahorros de toda la vida para comprar una vivienda y que por una estafa de una inmobiliaria por fuera del marco legal se ven afectados y pierden todo”, señaló. 

Por último, concluyó: “En ese marco, le expusimos todas estas problemáticas al diputado Mirabella y de ahí surgió el proyecto de ley para modificar el artículo 1346 del Código Civil y Comercial de la Nación que regula la actividad, al establecer que todas las sociedades dedicadas al negocio de propiedades, tenga socios o empleados que sean corredores inmobiliarios habilitados”.

Este martes la La Comisión de Mujeres y Diversidad junto a la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados dieron dictamen a un proyecto de ley que busca tipificar el acoso sexual en el ámbito laboral y académico. La iniciativa fue impulsada por el colectivo de Periodistas Argentinas y presentada por la diputada de Unión por la Patria, Mónica Macha.

El dictamen obtuvo 34 firmas y fue acompañado por los legisladores de Unión por la Patria, el PRO, los bloques de la UCR, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. 

El proyecto implicaría una reforma en la ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres con el fin de tipificar como delito la violencia y el acoso sexual en contextos académicos y de trabajo. 

En este sentido, el inciso que se agregaría define como acoso "la conducta o comportamiento verbal, no verbal, físico y/o psicológico, efectuado por cualquier medio, de índole sexual y no consentido, con el propósito y/o el efecto de atentar contra la dignidad de la mujer, generando sobre la misma un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante y/u ofensivo".

"La violencia de género hay que pensarla como un proceso vivo. Las realidades van cambiando y también la percepción que nosotras mismas logramos construir sobre las situaciones de violencia. Tal vez había cuestiones que antes naturalizábamos o las dejábamos pasar por miedo, vergüenza o humillación, hoy estamos dispuestas a que estén contempladas por la ley", sostuvo la impulsora del proyecto, Mónica Macha. 

Por su parte, el diputado santafesino de Encuentro Federal, Esteban Paulón, manifestó: "Este acuerdo pluripartidario que se antepone a cualquier interés sectorial, es el interés de poder avanzar en seguir garantizando derechos. Creo que son buenas señales y que habla de lo importante que es mantener con buena salud nuestra  democracia en Argentina".

Este lunes el Gobierno nacional envío al Congreso un proyecto para modificar la ley de divorcio, que contempla la posibilidad de poder terminar con un matrimonio sin acudir a la Justicia. La iniciativa fue presentada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con la idea de que exista "una vía más simple, más rápida y más económica" para “disolver un vínculo matrimonial de mutuo acuerdo”. 

La nueva causa de disolución matrimonial es incluida a través de la modificación del artículo 435 del Código Civil y Comercial de la Nación.

“Se propone implementar un divorcio simplificado, con mayor libertad y menos oneroso”, sostiene el proyecto, que lleva las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Jusiticia, Mariano Cúneo Libarona. 

Se trata de un modelo que ya funciona en otros países de Latinoamérica y del Mundo como, por ejemplo, Brasil, Colombia, México, Ecuador, Bolivia, Italia y Japón.

"El divorcio en sede administrativa permite a los cónyuges terminar su vínculo matrimonial de la misma manera que lo iniciaron: de mutuo acuerdo y ante el oficial público encargado del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, con un simple trámite administrativo", indica el documento presentado por el Gobierno. 

En esa misma línea, la iniciativa presentada por Sturzenegger, señala la posibilidad de que aquellas personas “unidas en matrimonio con voluntad de poner fin al vínculo y con recursos o tiempo insuficiente para afrontar el proceso de divorcio judicial puedan tramitar este de manera simple, veloz y económica, y a su vez, por intermedio de esta herramienta vean incrementada su libertad”. 

Por otra lado, el proyecto resalta el alivio que traerá esta nueva manera de realizar el trámite de divorcio al sistema judicial. “Procesos que podrían tramitarse por medio de una vía administrativa inundan los tribunales, generando lentitud en el sistema y costos que recaen indirectamente sobre los contribuyentes”, destaca. 

Esta modificación a la ley de Divorcio se enmarca dentro del proceso de modernización judicial que pretende llevar adelante el Gobierno nacional, en donde también ingresan los depósitos y bienes incautados y la ley Hojarasca que tiene como finalidad eliminar unas 70 leyes consideradas “inútiles, obsoletas o que restringen libertades”.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció que el Gobierno envió al Congreso la Ley Hojarasca, un proyecto que busca derogar hasta 70 leyes sancionadas en distintos gobiernos. 

Según el titular de esa cartera, el texto tiene como principal objetivo dejar sin efecto “normativas obsoletas que representaron un obstáculo a las libertades y afectaron el derecho a la propiedad, estre otros abusos del Estado”. 

Bajo el lema, “Cuanto más leyes, menos justicia”, la administración libertaria justificó la derogación de las distintas normas en seis puntos. 

El primero habla de como dichas leyes limitan la libertad individual y restringen el derecho a la propiedad.

El segundo refiere acerca de que algunas leyes proponen trámites inutiles; el tercero, por su parte, elimina textos que ya fueron mejorados por otras normas.

El cuarto punto, en tanto, apunta contra leyes que quedaron obsoletas por los avances en tecnología. 

El quinto, señala leyes que delimitaban obligaciones para organismos que ya no existen. 

Finalmente, el sexto borraría leyes que asignan financiamiento público a instituciones que deberían financiarse asímismas. 

En ese marco, el texto libertario prevé la derogación de leyes sancionadas en los gobiernos de, Isabel Perón; Juan Domingo Perón; Néstor Kirchner; Agustín Lanusse; Juan Carlos Onganía; Jorge Rafael Videla; José Uriburu; Agustín Justo; Edelmiro Farrell; Héctor Campora; Raúl Lastiri, Cristina Kirchner; Arturo Illía; Frondizi, Alfonsín y Bignone. 

Durante una exposición por el aniversario de la Bolsa de Comercio, Javier Milei lanzó una dura advertencia contra los legisladores opositores, a quienes culpabilizó por la suba del dólar en las últimas jornadas. 

En un tono severó, Milei defendió la política de déficit cero que lleva a cabo su gestión y precisó que esa medida “es la manera más brutal de todas de asegurar la solvencia intertemporal”. 

"Por eso el riesgo país paso de 2900 puntos y llegó a tocar los 1100, hasta que el Congreso comenzó a hacer de las suyas”, agregó. 

Luego, y en referencia a las tensiones cambiarias de los últimoa días, el presidente apuntó contra los “degenerados fiscales” a los que acusó de querer gastar a lo loco y que por el “el mercado pasó factura”. 

En ese sentido, explicó: “Como todavía tenemos control de capitales, si ustedes compran dólares de manera indirecta, no directa, al pegarle por vía de la solvencia al precio de los bonos, dicen ‘uy están subiendo el dólar’”. 

“Obviamente va a subir, si los degenerados fiscales quieren hacer de las suyas, esas acciones las van a ver reflejadas en el precio del dólar”, precisó. 

En ese contexto, Milei conluyó con una dura advertencia contra el Congreso: “Les digo algo, si los degenerados fiscales quieren pasar leyes que vayan en contra del equilibrio presupuestario, les voy a vetar todas, no voy a entregar el resultado fiscal”. 

Los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, comunicaron que enviarán al Congreso de la Nacion un proyecto de Ley que contempla la posibilidad de realizar un Juicio en Ausencia para los delitos que son considerados como graves en el Código Procesal Penal. 

Los ministros hicieron el anuncio mediante una conferencia de prensa celebrada en el Salón Héroes de Malvinas de Casa Rosada, donde el titular de la cartera de Justicia, precisó que “Se debe terminar con esa costumbre de que los juicios terminen en los cajones o en los archivos" por lo que si "el imputado no comparece o se fuga, seguirá el juicio sin su presencia con una defensa bien resguardada". 

A su turno, Bullrich aclaró que el proyecto de Ley presentado es una “respuesta del presidente Milei a la sociedad Argentina que todos los días siente que hay impunidad”. 

En ese sentido, apuntó a que a través de esta nueva medida se está “dando un paso importantísimo en la igualdad de toda víctima frente a la Justicia”. 

Por último, ahondó acerca de los delitos se que juzgarían bajo esta nueva Ley: “Hemos definido para estos casos que los delitos más graves sean aquellos que generan una angustia colectiva y un mal en toda la sociedad, como lo es el financiamiento del terrorismo”. 

El proyecto impulsado por las carteras de Justicia y Seguridad de la Nación, si bien cotemplan que se pueda juzgar a un imputado mientras este este prófugo o no haya querido comparecer ante el tribunal, el mismo sólo podrá ser aplicado en determinados delitos. 

De esta manera, sólo se podrán aplicar este tipo de juicios en los delitos de Genocidio, Lesa Humanidad, crímenes de guerra o crímenes de agresión (todos contemplados en los artículos 6, 7, 8 y 8 bis del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional). 

También podrá enjuiciarse bajo esta modalidad a una persona que haya cometido los delitos de la Desaparición Forzada de Personas; la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes; el Financiamiento del Terrorismo; y a los que le fuera aplicable la agravante de terrorismo. 

En tanto, este tipo de juicios se implementarían en los siguentes escenarios. 

El primero ocurre cuando el imputado lográ fugarse de un juicio oral. Bajo este contexto, el juicio proseguirá para los otros imputados, y se suspenderá de forma momentánea para el prófugo, que más adelante será juzgado en ausencia. 

En el segundo caso, se llevará a cabo un juicio en ausencia cuando hayan transcurrido 4 meses desde el dictado de un pedido de captura nacional o internacional de un prófugo imputado, que no haya podido ser o haya sido denegada, su extradición. 

Por otro lado, se deberá grabar todo el juicio en ausencia a través de medios audiovisuales, bajo apercibimiento de declaración de nulidad. 

Por último, si el prófugo fuese capturado o se presentase durante la realización del juicio, el mismo tendrá derecho a ser oído. Asimismo, tras tomar conocimiento de su condena, el imputado podrá solicitar un nuevo juicio sólo en caso de que no supiese sobre su situación procesal, o si de haberlo sabido, haya tenido un motivo legítimo para faltar al susodicho. 

Este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación comienza el debate por la Ley Conan, una iniciativa sobre maltrato animal que apunta a aplicar penas más significativas para quienes cometan esta clase de delitos. El propio presidente Javier Milei avaló el avance de esta nueva legislación, compartiendo en sus redes sociales las diferencias que mantiene este proyecto con la ley anterior, que es de 1954.

“Esta ley apunta a agudizar las penas sobre el maltrato animal. Mañana a las 11 en la Comisión comienza este debate que es la presentación de los proyectos que están circulando y que tienen estado parlamentario”, sostuvo Laura Rodríguez Machado, diputada nacional del PRO, y una de las autoras de la iniciativa, en una entrevista realizada en el programa El Puente, que se emite por Radio Mitre Rosario.

En relación a las diferencias que tiene este proyecto con la ley actualmente vigente, la diputada indicó: “Concretamente, en relación a las penas aumenta la cantidad de años que se le da a una persona que pueda causar maltrato animal. En la ley actual las penas van entre quince días a un año y en la propuesta nueva oscilan entre tres meses a tres años de prisión”.

Asimismo, otra de las novedades es que, a diferencia de la ley actual, la nueva iniciativa contempla la imposición de una multa económica para quienes maltraten a los animales. Se estima que el monto de la sanción puede ser de entre 5 a 20 salarios mínimos. 

Por otra parte, Machado destacó que con la nueva ley se diferenciará el castigo de acuerdo al tipo de maltrato y lesión que se le provoque al animal.  

Otro de los puntos destacados es que se propondrán jornadas de reflexión en las escuelas en el Día del Animal, para concientizar a los niños y niñas sobre esta temática. 

El cuadro con las diferencias entre la ley actual y la Ley Conan que compartió el presidente en su perfil de Instagram: 

La Comisión de Justicia de Asuntos Penales del Senado de la Nación dictaminó la tipificación del Código Penal del delito de compraventa de niños. Se trata de un proyecto que busca establecer penas de hasta 15 años para aquellas personas que participen en delitos vinculados a la sustracción y comercialización de menores de edad.

“El proyecto lo presenté en 2022 y el kirchnerismo lo durmió”, señaló la senadora nacional por Santa Fe y autora de la iniciativa, Carolina Losada, en diálogo con el programa El Puente, que se emite por Radio Mitre Rosario. En este sentido, recordó la reacción pública cuando en aquel momento realizó declaraciones respecto a que en Rosario se vendían niños. “Me saltaron al cuello por todos lados. Yo soy rosarina y hablé sobre lo que tiene que ver con mi provincia, pero esto es algo transnacional y que pasa en todo el país”, remarcó. 

“En este momento hay 1.777 búsquedas activas en Argentina y tienen que ver con los chicos que tienen una denuncia, pero cuando el progenitor o a la progenitora son los que lo venden no hay un registro”, sostuvo la senadora. En esta misma línea, destacó que “la venta de niños es un tema que viene antes de la trata de personas, antes de conocer para qué venden al niño”.

Asimismo, la legisladora hizo referencia a que Argentina está sancionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2012 por no tener legislación respecto a este tema. “Hoy no está tipificado en nuestro Código Penal como un delito vender a un chico. Cuando sucede esto la justicia lo empieza a buscar por otro tipo de delito, como trata de personas o supresión de identidad (que implican procesos más largos). Esto le daría un marco legal a todo lo que tiene que ver con un problema que hoy tiene la sociedad argentina entera”, expresó. 

Respecto a la sanción que recibió Argentina, la senadora explicó: “La Corte Interamericana nos sanciona a nosotros por el caso Fornerón, que se trata de un hombre que presentó una denuncia porque su mujer vendió a su hija y como no existía delito, no se pudo llegar a los culpables”.

Losada manifestó que muchos jueces y fiscales la llamaron para agradecerle y felicitarla por el proyecto, y definió la iniciativa como “un adelanto enorme”. “No se sabe con exactitud, pero la semana que viene probablemente tengamos sesión y espero que sea incluido en la lista de temas a tratar”, expresó.

Por último, la senadora santafesina se refirió a la estadística respecto a los niños y niñas buscados en la provincia. “Son cinco en Santa Fe, pero hay un montón más que no tienen denuncia, porque muchas veces son los propios progenitores los que los venden. Si existe una denuncia particular hecha por la Defensoría de niños, niñas y adolescentes del gobierno anterior referida a una compraventa de niños en Rosario, que fue lo que dio pie a lo que yo dije en aquel momento. Si caminas los barrios y hablas con la gente, te van a contar por qué no pueden denunciar”, finalizó. 

El diputado Ariel Bermúdez, del partido CREO, presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe que busca abordar el problema creciente de la ludopatía, que tuvo una escalada desde la época de la pandemia por la proliferación de sitios de apuestas ilegales en la región. 

“Esto toma nuevamente impulso debido a la creciente oferta de portales y aplicaciones de apuestas clandestinas, que beneficiados por la falta de regulación, despliegan todo un aparato de marketing en redes sociales con el fin de atraer a más y más personas”, manifestó el legislador.

Por otra parte, se refirió a la tendencia en alza de la ciberludopatía entre los adolescentes . "Los sitios de apuestas ilegales encontraron en los adolescentes una población nueva a captar con distintas estrategias, como por ejemplo, el uso de influencers para publicitar y también la posibilidad de ofrecerles dinero para arrancar a apostar. Esto comienza como un juego inofensivo pero con el tiempo y las sucesivas pérdidas comienza a convertirse en una adicción, de la que no se tiene control", remarcó.

La iniciativa tiene como objetivos promover políticas de salud dirigidas a la prevención y tratamiento de la ludopatía, así como promover el acceso a servicios de asistencia integral para los jugadores compulsivos y sus familias. Entre las acciones propuestas se encuentran campañas de prevención, formación de personal especializado, relevamiento de la incidencia de la adicción al juego en la provincia y la creación de un Registro de Autoexclusión Provincial.

Por último, Bermúdez destacó la importancia de abordar este tema a nivel legislativo y señaló que el proyecto busca saldar una deuda histórica en la provincia al regular el juego y asistir a personas afectadas por la ludopatía.

a) Prevención primaria a nivel salud, con un abordaje psicológico y social.

b) Promover la formación de personal especializado para la atención y el tratamiento de la ludopatía.

c) Campañas de prevención y cursos de capacitación sobre ludopatía en instituciones educativas.

d) Relevamiento para conocer la incidencia real de la ludopatía en el territorio provincial y que permita la realización de un diagnóstico acabado sobre esta problemática.

e) Promover planes de investigación, docencia, divulgación y estadísticas sobre ludopatía y adicciones a través de Universidades Nacionales.f) Campañas de concientización que informen sobre las consecuencias nocivas de la ludopatía a través de medios analógicos y digitales.g) Línea de atención gratuita, atendido por personas con capacitación específica, para recibir consultas y brindar información relativa a la ludopatía.h) Promover la participación de organizaciones de la comunidad en la aplicación del programa creado por la presente ley, así como en el diseño y ejecución de otras medidas o acciones que lo complementen.i) Informe sobre las acciones llevadas a cabo y su evolución, en aplicación del programa creado por la presente ley, en coordinación con las autoridades de cada uno de los municipios de la provincia.j) Publicar por todos los medios de difusión de que dispone el Ministerio de Salud, todas las medidas llevadas a cabo para cumplir el objeto previsto en la presente ley.k) Crear el Registro de Autoexclusión Provincial previsto en el Capítulo V de la presente ley.l) Establecer una modalidad de colaboración entre la autoridad provincial y las autoridades municipales para la provisión y derivación de información a todas las salas de juego del territorio provincial, relativas a las personas anotadas en el Registro de Autoexclusión, incluyendo todas las altas y bajas que se produzcan.m) Realizar o promover toda otra medida que estime conveniente para el mejor cumplimiento del objeto de la presente ley.n) Realizar o promover toda otra medida que estime conveniente para el mejor cumplimiento del objeto de la presente ley.