Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal N°2 que avance con el decomiso de un amplio conjunto de bienes atribuidos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al empresario Lázaro Báez, en el marco de la causa vialidad.

El planteo incluye 141 inmuebles, entre los que se encuentra el departamento de San José 1111 donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria. Asimismo, la lista incluye vehículos y dinero depositado en cuentas bancarias y cajas de seguridad.

En la presentación, los fiscales remarcaron que, del total, 13 propiedades pertenecen a sociedades de la familia Kirchner y 128 están vinculadas a Báez, junto con 46 automotores, más de 4,6 millones de dólares en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, casi un millón de dólares en una cuenta del Banco Galicia y una suma en pesos. También recordaron que los condenados fueron intimados a depositar $684.990.350.139,86 y que, según afirmaron, el plazo para hacerlo ya venció sin que se haya abonado el monto.

Los fiscales sostienen que tanto Cristina Kirchner como Lázaro Báez demoraron el recupero de activos ordenado por la sentencia firme, lo que, según señalaron, demuestra falta de arrepentimiento y constituye un desconocimiento del principio de igualdad ante la ley. En este marco, insistieron en que se ejecute el decomiso como parte del cumplimiento de la condena.

La medida se vincula con la intervención de la Corte Suprema de Justicia, que a fines del año pasado fue señalada como el órgano encargado de administrar y eventualmente subastar los bienes. El monto originalmente fijado para el decomiso era de $84.835 millones, pero fue actualizado a casi $685.000 millones por peritos contadores, en base a criterios técnicos luego ratificados por el máximo tribunal.

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó este viernes que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), que llevó adelante el juicio por la causa Vialidad, será el encargado de llevar adelante el multimillonario decomiso ordenado en la sentencia que condenó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al empresario Lázaro Báez.

El monto actualizado del decomiso asciende a 684.990.350.139,86 pesos, y deberá cumplirse de manera solidaria entre todos los condenados del caso. El fallo fue firmado por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes rechazaron los recursos de las defensas que pretendían apartar al TOF 2 de la ejecución.

Las defensas de Cristina Kirchner y Báez habían planteado que el tribunal no era competente para concretar el decomiso. En el caso de la ex presidenta, se argumentó que el tema debía realizarse en el fuero comercial federal. Por su parte, Báez sostuvo que sus bienes ya estaban bajo medidas cautelares dictadas por el Tribunal Oral Federal 4, en el marco de la causa “la ruta del dinero”.

Sin embargo, Casación desestimó esos argumentos y confirmó que la ejecución seguirá bajo la órbita del TOF 2, con intervención de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes impulsaron la acusación durante el juicio oral.

En su voto, el juez Hornos señaló que el decomiso “se ha transformado en un eslabón central de una investigación penal” y remarcó que los magistrados tienen la obligación de “proceder a la confiscación no sólo de las cosas que han servido para cometer el hecho delictivo sino también de las ganancias que son el producto o provecho de ese delito”.

El juez Borinsky, en tanto, subrayó que la resolución apelada “no vulnera las garantías invocadas, no comporta un exceso de jurisdicción ni se aparta del marco normativo aplicable; por el contrario, se adecua a los principios que rigen la ejecución de penas pecuniarias”.

El Tribunal Oral Federal 4 solicitó que Lázaro Báez sea detenido de forma inmediata para que cumpla en la cárcel su condena a 10 años de prisión fijada por la Corte Suprema de Justicia en el marco de la causa por lavado de dinero denominada como la Ruta del dinero K.

De acuerdo a lo constatado por Infobae, el tribunal ordenó que la Gendarmería Nacional derive al condenado a la Unidad 15 del Servicio Penitenciario Federal en Río Gallegos.

Báez está actualmente con prisión domiciliario y se encuentra alojada en su cada de El Calafate, en Santa Cruz y la nueva medida en su contra fue dispuesta por los magistrados Néstor Costabel, Ricardo Basílico y Fernando Canero.

En ese sentido, los jueces aceptaron el pedido del fiscal federal Abel Córdoba sobre el traslado del empresario y ordenaron "la inmediata detención y/o captura de Lázaro Antonio Báez a efectos del cumplimiento de la pena, impuesta en la presente causa por sentencia firme, y su posterior alojamiento en una unidad dependiente del Servicio Penitenciario Federal conforme las consideraciones expuestas“.

El pedido del fiscal sucedió a causa de que no está clara la computación del tiempo total que lleva preso el acusado. Es que estuvo aprehendido por la causa antes mencionada desde el 5 de abril del 2016 hasta el 12 de diciembre del 2019, luego lo liberaron sólo para volverlo a meter preso de forma domiciliaria tras ser condenado a cuatro años y medio de prisión por otra causa de lavado vinculada a la compra de un campo en Uruguay llamado El Entrevero.

En ese marco, el acusador argumentó que Báez sólo estuvo preso por la causa de la Ruta del dinero K durante tres años, seis meses y ocho días, cuando bajo esa lógica, le faltarían cumplir 6 años y medio de la pena a 10 años de cárcel. No obstante, el abogado defensor sostuvo que la causa por El Entrevero forma parte de la otra y que por lo tanto ya cumplió nueve años y dos meses preso. 

El empresario Lázaro Báez, condenado a 12 años de prisión en 2021 por lavado de dinero en el caso de la “Ruta del Dinero K”, volvió a Santa Cruz para seguir su condena desde prisión domiciliaria en El Calafate, después de que la Justicia le otorgara el permiso tras permanecer en una casa del Conurbano bonaerense.

En el frente de la casa, se ubicó este domingo a la madrugada un cartel de bienvenida para Báez, de quienes le mostraron su apoyo de parte de algunos sectores. “Bienvenido, señor Lázaro Báez. Trabajo y Lealtad”, escribieron en el pasacalles.

Con un posteo en sus redes sociales, Báez expresó: “Deseo agradecerles a todas las personas que consideran que aún después de años de estar ausente en esta maravillosa provincia, aún tengo la posibilidad de darles una nueva esperanza de tener un trabajo y no tener que mendigar un plato de comida para su familia. Gracias. Viva Lupo, viva Santa Cruz”.

Este empresario comenzó como cajero bancario durante el gobierno de Néstor Kirchner en Santa Cruz, pero fue investigado en la causa por la salida y reingreso al país de aproximadamente 55 millones de dólares de origen ilícito, vinculados principalmente con la obra pública en Santa Cruz y otros delitos económicos.

Según informó Noticias Argentinas, el fallo determinó que Báez y sus colaboradores utilizaron una compleja red de sociedades que funcionaron como pantalla, así como cuentas bancarias en el extranjero para blanquear el dinero.

A través de Austral Construcciones, su empresa insignia, ejerció maniobras clave y la utilizó para la compra de bonos y otros activos que permitieron reintegrar los fondos al sistema financiero argentino con apariencia de legalidad.

Su condena a prisión contó también con una multa de 480 millones de dólares y se ordenó el decomiso de más de 61 millones de dólares, así como otros activos.

El fallo dispuso, además, absolver a las dos hijas de Báez, Melina y Luciana, y reducir la condena al financista Leonardo Fariña a tres años y medio de cárcel.

Todos los imputados fueron beneficiados con reducciones de sus condenas, entre ellos los dos hijos varones de Báez: Martín, inicialmente condenado a nueve años, pasó a seis y medio; Leandro, de cinco a tres en suspenso.

La fundamentación del fallo podría tener alcances en las condenas por la Causa Vialidad.

El tribunal oral que condenó a Báez a 12 años por “lavado” había considerado que la obra pública que le fue adjudicada en Santa Cruz y que motivó la segunda condena para él y la primera para Cristina Fernández de Kirchner había sido la fuente del dinero ilegal.

Pero ahora, la decisión del máximo tribunal penal coincide con el criterio en minoría que había expuesto en el juicio oral la jueza María Gabriela López Iñíguez, quien atribuyó a la evasión fiscal el “delito precedente” que derivó en el lavado.

“No es posible encontrar un conjunto de razonamientos integrados por deducciones e inducciones y, por ello, aquél no refleja el trabajo intelectual de los jueces que conformaron la mayoría, pues no efectuaron un estudio crítico de las cuestiones planteadas por el justiciable, sus pruebas y alegatos”, sostuvo la Casación, en un fallo firmado por los jueces Mariano Borinsky, Ángela Ledesma y Javier Carbajo.

“Al momento de analizar el ilícito precedente denominado ‘vialidad’, optó por reemplazar esos lineamientos probatorios por remisiones genéricas al requerimiento de elevación a juicio obrante -hasta ese momento- en la causa señalada. De esta manera, la sentencia adolece de falta de fundamentación”, añade la crítica al fallo del tribunal oral.

Para que haya lavado, el dinero debe provenir de un delito anterior, que para la Casación fue la “evasión fiscal” y no la corrupción en la obra pública.

“El tribunal ha analizado los diversos indicios existentes para tener por acreditado el nexo causal con respecto a este caso, haciendo expresa alusión a los elementos probatorios incorporados al juicio oral, así como a los períodos fiscales señalados; en el supuesto de vialidad, decidió suplantar el análisis de la prueba por la remisión a las constancias escritas de ese proceso (requerimiento de elevación a juicio), lo que torna evidente la arbitrariedad de la decisión”, sostuvo el máximo tribunal penal.

Así, los jueces de la Casación decidieron “acoger favorablemente los agravios de las defensas y anular ese tramo de la sentencia por encontrarse desprovista de fundamentación. De adverso, está suficientemente fundado el ilícito precedente derivado de los casos de evasión tributaria, los cuales fueron considerados de manera unánime por el tribunal como fuente proveniente de los fondos que fueron objeto de expatriación y ulterior repatriación parcial en la maniobra de lavado de activos aquí juzgada”, añade el falo, de casi mil páginas.

El tono general del fallo de Casación es crítico hacia los jueces que formaron mayoría en el tribunal oral, Néstor Costabel y Adriana Palliotti.

Pero además, la camarista Ledesma fustigó también la actuación de la fiscalía de juicio, a cargo de Abel Córdoba: “no escapa a esta magistrada que el ilícito precedente derivado de la causa “vialidad” está vinculado con hechos de corrupción estatal. Las circunstancias demandaban el máximo celo por parte de los acusadores, quienes debieron actuar con especial esmero para promover una teoría del caso consistente y sustentable”.

“En casos de alta complejidad y gravedad institucional vinculados con supuestos de criminalidad económica organizada, los órganos acusadores deben asumir un rol estratégico no sólo en la recolección de información necesaria para construir una hipótesis investigativa coherente sino también en la formulación y el sustento de una teoría del caso que se adecúe a los elementos probatorios obtenidos durante esa investigación”, resumió el cuestionamiento.

El fallo dispuso confirmar con rebajas las condenas impuestas a Lázaro Antonio Báez, Martín Antonio Báez, Jorge Leonardo Fariña, Daniel Rodolfo Pérez Gadín, Jorge Oscar Chueco, Fabián Virgilio Rossi, César Gustavo Fernández, Juan Alberto De Rasis, Julio Enrique Mendoza, Leandro Antonio Báez, Walter Adriano Zanzot, Federico Elaskar, Martín Andrés Eraso, Claudio Fernando Bustos, Carlos Juan Molinari, Daniel Alejandro Bryn y Alejandro Ons Costa.

Al contador Pérez Gadín, la pena le fue reducida de ocho a seis años, igual que al abogado Chueco; a Julio Mendoza, quien fuera presidente de Austral Construcciones, de seis a cinco años; al financista y ex marido de la actriz Iliana Calabró, Fabián Rossi, de cinco a cuatro y medio; al también financista Federico Elaskar, de cuatro años y medio a tres en suspenso.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 dispuso este lunes el arresto domiciliario de Lázaro Báez, imputado por supuesto lavado de dinero, entre otros delitos, pero el empresario no pudo ingresar a su casa de un country del Gran Buenos Aires porque lo impidieron vecinos de ese barrio, que incluso dañaron un vehículo del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

El TOF 4 dispuso «hacer efectiva la morigeración de las condiciones de detención de Lázaro Báez», al acatar una resolución en ese sentido de la Cámara Federal de Casación Penal emitida horas antes, pero ante la imposibilidad de entrar a su casa el empresario fue remitido nuevamente al Penal de Ezeiza para que pernocte allí.

Báez salió al atardecer de la cárcel de Ezeiza, donde estaba detenido desde abril de 2016, para ir a un domicilio fijado en un country de la ciudad bonaerense de Pilar, con monitoreo del Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Después de la notificación de la resolución, Báez fue llevado en una camioneta del SPF, con una moderada custodia, al country Ayres de Pilar, en cuya entrada estaba apostado un grupo de vecinos para impedir que ingresara el empresario santacruceño, quien iba vestido con el uniforme color naranja de los detenidos y con un casco de protección.

Así frenaron el ingreso de Lazaro Baez a Ayres pic.twitter.com/2DP2swCwSi

— Roberto Cachanosky (@RCachanosky) September 8, 2020

Los habitantes del country impidieron varios intentos de ingreso, incluso cuando la camioneta pudo llegar a la garita de entrada. En una caótica situación, los manifestantes, anteponiendo sus cuerpos y con sentadas, lograron su cometido, después de corridas que incluyeron golpes contra el vehículo, que sufrió la rotura del parabrisas.

El Tribunal Oral Federal 4 dispuso hoy la reducción de la fianza que Lázaro Báez deberá pagar para salir de la cárcel de Ezeiza y acceder a la prisión domiciliaria.

El Tribunal fijó la caución en la suma de $ 386.578.500, una cifra que había sido sugerida por el fiscal Abel Córdoba, que había considerado excesiva la inicial de $ 632.500.000.

El fallo del TOF 4 se dio este miércoles luego de que la Cámara Federal de Casación Penal le ordenara reducir el número de la fianza que había sido dispuesta el pasado 8 de julio.

Los $ 386.578.500 surgen de la conversión al dólar oficial de los 5,5 millones encontrados en cuentas bancarias del acusado en paraísos fiscales del extranjero.

La decisión inicial del TOF 4 de los $ 632.500.000 era por seguir al dólar MEP.

La defensa del empresario había cuestionado el monto de la fianza y argumentado que su cliente no contaba con medios propios para pagarla, ya que sus bienes están embargados en las múltiples causas en los que es investigado.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 rechazó este viernes un pedido para la reducción del monto de la caución real fijada al empresario detenido Lázaro Báez, quien deberá depositar la suma de 632,5 millones de pesos que se le fijó como condición para ser excarcelado en el marco de una causa que se le sigue por lavado de activos, informaron fuentes judiciales.

Los jueces del TOF 4 sostuvieron además que si la defensa de Báez no estaba conforme con el monto fijado, la vía para recurrirlo no es un planteo ante el mismo tribunal sino una apelación ante la Cámara de Casación, según consigna la agencia de noticias Télam.

El fallo añade que «no hay impedimentos para que el acusado presente un seguro de caución».

Los planteos formulados por la defensa ante el tribunal «no resultan ser la vía adecuada para plantear su disconformidad con la resolución que fuera adoptada por esta judicatura, ya que el remedio procesal pertinente hubiera sido el correspondiente recurso para que la Alzada revise la medida impuesta -caución real- en la resolución que se ataca», sostuvieron los jueces Jorge Gorini, Néstor Costabel y Daniel Obligado.

Los magistrados señalaron es su fallo que el fiscal Abel Córdoba había dictaminado en favor de bajar el monto de la caución a 386,5 millones de pesos, que resultaba de aplicar la cotización del dólar minoristas que publicó el Banco central el 15 de julio, a las 15 horas, a la fianza establecida en 5,5 millones de dólares, aunque resaltaron que no compartían el criterio del acusador.

«Habremos de expresar que en la actual vida económica de nuestro país no existe una única conversión del peso argentino con relación a la moneda estadounidense y como ejemplo de ello podemos mencionar al dólar oficial, dólar minorista, dólar Banco Nación, dólar BCRA., dólar mayorista o intercambiario, dólar financiero, dólar MEP o dólar Bolsa, dólar turista o tarjeta, entre otros», sostuvieron los jueces.

«Sin perjuicio de la conversión monetaria efectuada ahora por la Fiscalía, lo concreto es que al momento de que este Tribunal precisara en pesos el ´equivalente´ de la suma en dólares estadounidense individualizada se tuvieron en cuenta todos aquellos parámetros exigibles de proporcionalidad y suficiencia para garantizar el sometimiento al proceso por parte del acusado Báez y asegurar sus fines, en el marco de un proceso judicial complejo por el delito de lavado de activos», remarcaron.

En la misma línea aseguraron que, a su entender, «la cotización del dólar oficial no resultaba la más adecuada a las circunstancias sino que el dólar MEP (Medio Electrónico de Pagos) constituía la base a tener en cuenta conforme al contexto en que fueron relatados los acontecimientos atribuidos por parte de la Fiscalía General, sin dejarse de considerar también la existencia de otras conversiones más onerosas, para concluir en la suma finalmente establecida en un todo uniforme con la suma expresada en moneda extranjera».

El tribunal se opuso también a la posibilidad de conceder a Báez el arresto domiciliario -como ya tiene en otro expediente- hasta tanto se resuelva el tema de la fianza y, en ese sentido, dispuso la realización de medidas tendientes a constatar su actual estado de salud y sus condiciones de detención, toda vez que ese beneficio le había sido otorgado tiempo atrás en virtud del avance del coronavirus.

La resolución de hoy se dio en el marco de la causa conocida como M&P, por el nombre de una empresa supuestamente utilizada para lavar 200 millones de pesos, que fue elevada a juicio oral y público en diciembre pasado por el juez federal Sebastián Casanello.

En tanto, en la causa principal por la que se encuentra imputado Báez, conocida como «La Ruta del dinero», se le dispuso el cese del arresto preventivo en diciembre de 2019, mientras que en un tercer expediente por la compra de un campo en Uruguay obtuvo en marzo la domiciliaria.

La Justicia le otorgó este miércoles la prisión domiciliaria al empresario Lázara Báez, quien estaba detenido desde abril de 2016 en la cárcel de Ezeiza acusado de lavado de activos. El fallo se transformó en uno de los temas del día y abrió el debate entre las fuerzas políticas. Una de las abogadas de la vicepresidenta Cristina Kirchner, Graciana Peñafort, habló minutos antes del otorgamiento de la domiciliaria y defendió el pedido de la defensa: «No puedo estar en desacuerdo, es totalmente legal».

Lázaro Báez deberá cumplir con unas serie de condiciones: llevar una tobillera electrónica y presentarse ante el tribunal cada quince días. Según publica Todo Noticias, el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 le concedió al empresario la excarcelación en esta causa, pero como en otro expediente tiene aprobada una prisión domiciliaria, seguirá el proceso bajo esa modalidad.

El empresario asociado a funcionarios kirchneristas y detenido en una megacausa de lavado de activos estuvo durante bajo 4 años en prisión preventiva. «Ha durado por tiempo extraordinario, por fuera de cualquier norma, como por ejemplo las internacionales en materia de Derechos Humanos», aseveró Peñafort en diálogo con el programa El Puente de Radio Mitre Rosario.

«Con la demora sucesiva que tienen los jueces, por qué se le va a prolongar la estadía en prisión a este señor si ha cumplido ampliamente los plazos para las detenciones, no puedo estar en desacuerdo porque es completamente legal. Lo que me pregunto es cómo llegó a estar 4 años detenidos en esta circunstancia», concluyó sobre el tema la también directora de Asuntos Jurídicos de la presidencia del Senado.

El exsecretario de Cristina Kirchner apareció muerto el pasado sábado, luego de estar desaparecido desde el miércoles. La causa tuvo resonancia a nivel nacional, luego de que las principales fuerzas de la oposición firmaran un comunicado en el cual piden esclarecer el hecho tras tildarlo como un crimen de «extrema gravedad institucional».

«No daría la sensación de difícil resolución si los involucrados estaban ahí», dijo Graciana Peñafort, una de las abogadas de Cristina Kirchner. «La oposición empezaba a intentar generar un hecho distinto, un hecho político de un asesinato que todo parece indicar que tiene una relación sentimental y una extorsión», aseguró.

«No conozco la causa, por lo que leí en distintos diarios uno de los involucrados en el asesinato tendría una relación afectiva con Fabián Gutiérrez y con sus amigos habría pensado en cómo tener un beneficio económico de Gutiérrez», expresó.

También se refirió al pedido de la oposición para que la causa pase a fuero federales: «El fuero federal no sirve para garantizar el debido proceso. No dieron ninguna razón más de lo que ellos opinan, no lo han fundado jurídicamente. No hay ningún elemento que diga que este delito pueda ser investigado en el fuero federal».

En la nota que le concedió a Radio Mitre Rosario, Graciana Peñafort se refirió también a la detención de funcionarios macristas ligados a escuchas ilegales. «Yo no festejo detenciones, no me gustan. Puedo llegar a entenderlas, como me ha pasado con mis clientes. Pero bajo ningún contexto festejaría, no importa quién es el detenido», dijo.

En relación a la presunta vinculación del expresidente Mauricio Macri, consideró: «No conozco la causa para decir quién está complicado y quién no. Uno no puede especular con la culpabilidad, tenés que demostrar que Macri sabía y que ordenaba el espionaje ilegal. Se tiene que demostrar colaboración con la maniobra ilegal».

El Tribunal Oral Federal 4 le otorgó hoy la excarcelación al empresario Lázaro Báez en la causa por lavado de dinero conocida como «La ruta del dinero K», por lo que podrá salir de la cárcel de Ezeiza tras cuatro años.

Los jueces dispusieron la colocación de una tobillera electrónica que le permitirá movilizarse a 100 kilómetros a la redonda de donde fijé domicilio, y también establecieron que antes de dejar el penal deberá pagar 632 millones de pesos de fianza.

Si bien obtuvo la excarcelación en esa causa, Báez quedará con prisión domiciliaria por otra investigación en su contra también por un delito de lavado de dinero.

El empresario y dueño de Austral Construcciones fue detenido el 6 de abril de 2016 por orden del juez federal Sebastián Casanello, en el marco de la causa por maniobras de lavado a través de la financiera SGI, conocida como «La Rosadita».

Tras muchos pedidos de liberación denegados, este miércoles la Cámara Federal de Casación Penal anuló un fallo que rechazaba su excarcelación o su prisión domiciliaria y le ordenó al Tribunal Oral 4 -que lo juzga por ese delito- volver a resolver sobre el planteo, algo que finalmente se resolvió a favor de Báez.