Este miércoles por la mañana fue imputada por lavado de activos Agustina Soledad Diale, viuda de Andrés “Pillín” Bracamonte, quién fue asesinado en inmediaciones del Gigante de Arroyito el 9 de noviembre pasado. Además, durante la audiencia el fiscal Miguel Moreno ordenó el secuestro del celular de Andrés Guillermo “Andresito” Bracamonte, hijo del ex jefe de la barrabrava de Rosario Central.

Según el relato del fiscal ante la jueza María Melania Carrara, la propiedad que Bracamonte poseía en el country Los Álamos de Ibarlucea se encontraba a nombre del presunto testaferro de “Pillín”, Eduardo Luis Antonio Langhi, quien se la había comprado al ex futbolista Fernando Lanzidei por la suma de 120 mil dólares.

En este sentido, Moreno señaló que entre abril de 2018 y mediados de 2020 Langhi administró la propiedad como si fuese su dueño, es decir, pagó impuestos, tasas, servicios y se encargó de gestionar reparaciones. En este sentido, para el fiscal fue Diale quien ofició de intermediaria entre “Pillín” Bracamonte y Langhi. 

En este aspecto, Moreno destacó el papel trascedente de Diale en el esquema de lavado de activos, actuando como enlace entre Bracamonte y el testaferro, de manera que no se descubriera el origen del dinero con que se adquirió el inmueble. 

Además, la Fiscalía imputó a Diale por haber sido testaferro de Bracamonte, al participar como socia de ATE Servicios Integrales SRL, sucesora de Vanefra SRL, la anterior empresa del ex barra brava. 

Moreno presentó evidencias sobre la adquisición, mediante dinero proveniente de actividades ilícitas, de múltiples bienes como un automóvil BMW M2, modelo 2018, valuado actualmente entre 80.000 y 100.000 dólares, una moto de agua marca SEA DOO modelo GTR 230, dos camionetas Volkswagen amarok 2.0, un Renault Rodeo, una Hyundai H100 Diesel 2.5 y una Renault Kangoo Express.

La ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, y el ministro de Seguridad, Claudio Brilloni, firmaron este miércoles convenios con el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria. El objetivo de dichas rúbricas es potenciar la capacidad de respuesta de la cartera de Seguridad santafesina a la hora de prevenir los delitos cometidos en la provincia y acordaron establecer acciones conjuntas y coordinadas en materia de lavado de activos.

Durante el encuentro, los funcionarios nacionales y provinciales firmaron tres acuerdos que permitirán articular e implementar medidas concretas en el ámbito de justicia y seguridad. Los mismos buscan potenciar y fortalecer la capacidad de acción de las fuerzas de seguridad santafesinas a la hora de prevenir y perseguir los delitos cometidos en el territorio de Santa Fe, como también implementar las políticas nacionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de forma conjunta con la provincia

En ese marco, Arena destacó que “es sumamente trascendente para la provincia y un apoyo muy importante desde el Ministerio de Justicia. La provincia de Santa Fe hoy tiene una situación en la que se está avanzando respecto al combate a la narcocriminalidad ya delitos complejos, así que esta colaboración es sumamente trascendente para la provincia”.

Por su parte, Soria afirmó que “desde el gobierno nacional entendemos que la única manera de combatir el crimen organizado es a través de la articulación integral del Estado Nacional y las provincias. Los acuerdos que hoy estamos firmando son un paso más, nuevas dentro de una serie de medidas que venimos implementando, para perseguir y prevenir el crimen organizado”.

En esta línea, el ministro destacó la decisión del presidente Alberto Fernández de abrir la primera delegación de la UIF para la Región Central en Rosario y el trabajo que se lleva adelante desde el Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado, a cargo del Ministerio de Justicia, que permitió dotar al Estado argentino de una Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y de la primera Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aprobadas por unanimidad por los 14 organismos especializados de los distintos poderes del Estado.

El convenio específico, que lleva las firmas de Soria y Brilloni, implementa un sistema de intercambio de información, mediante el acceso por parte del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, a la base de datos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad Automotor (DNRPA).

Gracias a este acuerdo, la cartera de Justicia otorgó al Ministerio de Seguridad provincial el mismo tipo de acceso a la base de datos informáticos de los Registros de la Propiedad del Automotor, que utilizan exclusivamente la Policía Federal Argentina y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a través de los motores de búsqueda habilitados para tal fin.

A partir de este momento, las autoridades del Ministerio de Seguridad de Santa Fe podrán utilizar la información almacenada en el DNRPA para comprobar en tiempo real la verdadera titularidad de los vehículos demorados o investigados por la Policía, como también examinar si sobre ellos pesan pedidos de secuestro, prohibiciones de circular, cautelares u otras medidas judiciales.

Por su parte, el subsecretario de Seguridad Vial, Osvaldo Aymo, afirmó: “Para nosotros es importante que la provincia pueda acceder a la base de datos que tiene en Registro de la Propiedad Automotor” y destacó que en la provincia ya terminaron el proceso licitatorio para la instalación y puesta en funcionamiento de radares para el control vial.

El acceso inmediato y la operación remota al sistema de información de la DNRPA por parte de Santa Fe estará a cargo de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, organismo competente en la materia que desarrolla sus funciones en la órbita del Ministerio de Seguridad de Santa Fe. La Dirección se ocupará de garantizar el acceso y fiscalizar el uso de la información por parte de la cartera de seguridad santafesina, con el objetivo de controlar el cumplimiento de la Ley 25.326, que regula el uso y protección de los datos personales de las personas almacenados en organismos públicos.

Finalmente, la ministra Arena destacó el convenio firmado entre las carteras de Justicia ya que “refleja acciones que venimos desarrollando en conjunto” y “profundiza líneas de trabajo, vinculadas a lo que significó el establecimiento de la UIF en Rosario, el Servicio Penitenciario, entre otros ejes que estamos llevando adelante”.

El financista rosarino Patricio Carey recuperó este viernes la libertad. Cabe recordar que Carey fue imputado junto a otros directivos de la financiera Cofyrco por el delito de lavado de activos de origen ilícito y tenencia ilegal de DNI ajenos.

En esta oportunidad, el juez de Cámara Guillermo Llaudet Maza invalió la prisión preventiva efectiva dispuesta en primera instancia, y de este modo retrotrajo la situación previa a la prisión preventiva efectiva que se le había impuesto hace un mes.

Asimismo, el magistrado le dictó al financista diversas reglas de conducta: la prohibición de contacto por cualquier medio con todo imputado o testigo vinculado a la investigación y la prohibición de salida del país. Vale señalar de cumplirlas podría volver a quedar privado de la libertad.

El pasado 4 de diciembre, el empresario fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, a su regreso del Mundial de Qatar 2022. Contaba con un pedido de captura librado en los días previos al surgir nueva evidencia en la causa que se le sigue por lavado de activos.

Carey fue imputado junto a otros directivos de la financiera Cofyrco por el delito de lavado de activos de origen ilícito y tenencia ilegal de DNI ajenos.

En efecto, el fiscal Sebastián Narvaja les atribuyó haberle vendido dólares en forma ilegal al asesinado narco Marcelo «Coto» Medrano, quien horas antes de su muerte había comprado en la financiera una suma superior a los 17 mil dólares.

Mientras que el otro delito por el cual fueron imputados se relaciona con el hallazgo, en el marco de un allanamiento de 174 DNI que habían sido extraviados en un boliche de La Fluvial y que fueron utilizados para realizar compras de dólares a nombre de sus titulares.

El intendente Pablo Javkin presentó este lunes por la mañana la nueva Agencia contra el Lavado de Activos de Origen Delictivo durante una conferencia en la Municipalidad

Según confirmó el propio funcionario, esta semana se completará el equipo de trabajo de la nueva Agencia, integrada por abogado y un contador que tendrán entre sus funciones la de interactuar con los equipos de cada una de las secretarías que tienen a su cargo los trámites específicos.

«Tuvo un consenso muy amplio, con un trabajo de muchos años, de muchos bloques. Es muy importante entender que Rosario es pionera en esta legislación porque no hay otra ciudad en todo el país que haya discutido en su cuerpo legislativo, ni con su Ejecutivo, una iniciativa local y que permite un trabajo más intenso con el Ministerio Público de la Acusación, que tiene en el flagelo del lavado de activos la contracara del fenómeno de violencia diario que Rosario padece», afirmó el funcionario.

María Paula Bruera es abogada y escribana, con una maestría en gestión e implementación de políticas públicas. Además realizó una capacitación en la especialización sobre lavado de activos que dicta la Procuración del Tesoro.

Dentro de su experiencia, además de haber formado parte durante años de equipos de asesores en materia legislativa, pudo interiorizarse de los diferentes desafíos que enfrentan las ciudades y sus vecinos, los últimos años estuvo a cargo de la dirección General de Concesiones, en la cual llevó adelante procesos licitatorios y formó parte de comisiones evaluadoras multidisciplinarias cuya tarea es el análisis de patrimonios, documental y flujos de fondos, entre otras.

“Estamos trabajando en cada repartición, cuál es la documentación establecida, que ya se está pidiendo, se están desarrollando algunos procedimientos, también las capacitaciones de las reparticiones para enfrentar de manera más fuerte este trabajo que ya realizaban. La agencia también los apoyará en todas las dudas que tengan», sostuvo Bruera.

Y agregó: «Debemos apoyar a los vecinos que hacen las cosas bien y no perjudicarlos con requisitos innecesarios, y al que hace las cosas mal, dificultar la tarea y que desista de lavar activos de manera ilícita en esta ciudad».

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina detuvieron a un hombre, que transitaba en un auto por la ciudad de Rosario, por presunto lavado de activos.

El procedimiento tuvo lugar durante un control vehicular que la Fuerza tenía desplegado por la zona, como parte del Plan de Empeñamiento de las Fuerzas Federales en Apoyo a la Seguridad Ciudadana, cuando detuvieron un auto que era conducido por un hombre de 36 años.

Al inspeccionar el vehículo, efectivos de Prefectura hallaron más de 958.000 pesos en efectivo y más de 2.700.000 en cheques emitidos por diferentes entidades financieras, sin poder justificar el conductor la procedencia de los mismos.

Interviene en el hecho el Juzgado Federal Nº 3 a cargo Dr. Carlos Verabarros, quien ordenó la detención del hombre, el secuestro de los elementos de interés para la causa y que se labren actuaciones por presunto lavado de activos.

Una joven de 22 años trató de ingresar a la cárcel de Piñero con más de 300 mil pesos, fue detenida y será imputada por lavado de activos. Fue a visitar a un preso, a quien le encontraron en un paquete la abultada suma, por lo cual se decidió ese proceder para con la chica.

Ocurrió cuando la mujer visitaba a un recluso del pabellón 3 de la Unidad Penitenciaria 11. Cuando requisaron al interno, encontraron la suma de 340.700 pesos envueltos en un paquete, por lo que la fiscal Dra. Andrea Vega de Flagrancia, la detención de la joven y que se realice causa por lavado de activos.

Fue derivada a la subcomisaria 4ta de Piñero y esperará hasta que se defina la fecha y hora de su audiencia imputativa por el delito por el que fue sindicada.

Desde este viernes por la mañana se realizan una serie de allanamientos en el marco de la investigación de la causa de lavado de activos que tiene preso e imputado al líder de la barrabrava de Central, Andrés Pillín Bracamonte. Algunos de los operativos tendrían como foco a al menos tres personas relacionadas con el club de Arroyito.

En total, se estaban llevando a cabo siete procedimientos solicitados por el fiscal Miguel Moreno de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos en varios puntos de Rosario y la región, ya que también se allanaron domicilios en Funes y Pérez.

Se destacan uno a metros del Gigante de Arroyito, otro en Puerto Norte en las Torres Maui y otro en el barrio cerrado Funes Hills San Marino. No hay orden de detención para ninguna persona allanada, entre las que se encuentran el empresario gastronómico Roberto Daniel Dutra, el representantes de futbolistas Roberto San Juan y el entrenador de las inferiores canallas Fernando Lanzidei.

Dutra, que fue noticia a principios del aislamiento social, preventivo y obligatorio por violar repetidamente la cuarentena, estuvo en algunas ocasiones ligado a la política auriazul en la previa a distintas elecciones; San Juan, reconocido agente de jugadores de la ciudad, tuvo conexión directa con Central entre finales de los 90 y los primeros años del 2000; mientras que Lanzidei se desempeña como técnico de las inferiores del club desde hace varios años, tuvo bajo su mando a diferentes categorías y actualmente dirige la cuarta división de AFA.

El jefe de la barra brava de Rosario Central, Andrés ‘Pillín’ Bracamonte, fue detenido este lunes tras una serie de allanamientos realizados en Ibarlucea, lugar donde vive, Rosario y Granadero Baigorria. Está sospechado de realizar lavado de activos con cuatro de las empresas de la que es titular junto a otros socios.

El primer mega golpe en la investigación se dio el 8 de abril pasado, cuando personal policial allanó el mismo domicilio de este lunes, por orden del fiscal Miguel Moreno. Según fuentes policiales, a través de los documentos y la información que obtuvieron en abril, este lunes realizaron 17 procedimientos, resultando detenido el referente de la hinchada canalla.

Los operativos comenzaron cerca de las 6 de la mañana y Bracamonte estuvo esposado durante horas en su domicilio. Personal de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) secuestró en la mansión de Ibarlucea celulares, dos vehículos de alta gama y 100 mil pesos en efectivo. En los procedimientos en distintos puntos de la región también quedó detenida otra persona, aunque su arresto se dio por tenencia ilegal de armas y no por la investigación.

En horas de la tarde, ‘Pillín’ Bracamonte fue trasladado a la sede de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), hasta que el fiscal Moreno defina dónde va a esperar el barra brava la audiencia imputativa en su contra, que se realizará el próximo miércoles.

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