La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura dio el visto bueno para impulsar una iniciativa para remover y suspender al juez federal Marcelo Bailaque, imputado en tres causas por hechos de corrupción, por haber incumplido sus deberes como funcionario público y prevaricato.

La decisión de la comisión se realizó este jueves tras una reunión luego de que el martes, el juez presentara su defensa por escrito en la Magistratura a través de su abogado acerca de las imputaciones en su contra. 

Sobre esa medida, el consejero Álvaro González argumentó: "Nos encontramos en un punto en el que consideramos que hay elementos suficientes para proponer al plenario de este cuerpo la apertura del procedimiento de remoción y suspensión del magistrado, juez titular del Juzgado Nº 4 de Rosario”.

Así las cosas, rechazaron que el acusado pueda llamar a un testigo en el contexto de la causa en la que se lo señaló por extorsionar a un empresario en 2019.

En ese marco, el plenario del organismo tendrá que debatir la propuesta sobre su remoción pero todavía no se designó una fecha para el trámite. En tanto, la renuncia de Bailaque, que fue derivada la semana pasada, sigue siendo analizada por el Ministerio de Justicia nacional. 

El acusado había sido imputado por los fiscales Juan Argibay Molina, Federico Reynares Solari y Matías Scilabra el 30 de abril pasado por haber estado involucrado en tres causas distintas por maniobras de corrupción.

Puntualmente, lo acusaron de haberse negado a intervenir los teléfonos de sujetos cercanos al narco Estaban Lindor Alvarado cuando la causa estaba a su cargo, lo que tiñó de irregularidades la investigación; el haber manejado de mala manera los fondos de una cooperativa portuaria de San Lorenzo y Puerto San Martín; y el haberle armado una causa extorsiva a un empresario rosarino. 

Por otro lado, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, le había dispuesto el 19 de mayo 90 días de prisión preventiva de forma domiciliaria, pero el imputado ostenta fueros o inmunidades que lo hacen imposible de arrestar a menos que Magistratura apruebe su suspensión.

El juez federal Marcelo Bailque, imputado en tres causas diferentes por hechos de corrupción, entre otros delitos, presentó este martes a la mañana un escrito con su defensa contra las acusaciones en su contra ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura. 

La Magistratura lo había citado a exponer sobre su caso este 17 de junio a finales de mayo, por lo que de acuerdo a lo constatado por Infobae, el magistrado envió su defensa mediante sus abogados a las 9.50. 

En ese marco, la comisión mencionada se volverá a reunir el siguiente jueves para decidir sobre el desafuero de Bailaque, además de avanzar con un juicio político, aunque estas medidas deben aprobarse con el aval de dos tercios de los miembros designados para examinarlo.

No obstante, el proceso puede interrumpirse en caso de que el Gobierno de la Nación acepte la renuncia a su cargo que presentó el juez la semana pasada. El Ministerio de Justicia es el encargado de emitir una resolución sobre esa cuestión. 

Así las cosas, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, le había dispuesto el 19 de mayo 90 días de prisión preventiva de forma domiciliaria, pero el imputado ostenta fueros o inmunidades que lo hacen imposible de arrestar a menos que Magistratura apruebe su suspensión.

En relación a las causas por la que se lo imputó, Bailaque argumentó: "Cada una de mis decisiones jurisdiccionales fue adoptada conforme a derecho, con sujeción a la normativa procesal y sustancial vigente, y dentro del marco de autonomía e independencia que la Constitución Nacional garantiza a los magistrados judiciales de la Nación“.

Aunque rechaza todas las medidas en su contra, se refirió a la causa que lo vincula con el líder narcotraficante Esteban Alvarado: "No tengo ni tuve ningún tipo de vinculo de modo directo ni a través de un tercero, amigo o no, con narcotraficante alguno. Jamás he tenido trato alguno para favorecer a personas investigadas por narcotráfico, inconcebible además en esta ciudad que ha sido golpeada en mayor medida por el contexto de violencia en relación al mundo del tráfico ilícito de estupefacientes”.

El acusado había sido imputado por los fiscales Juan Argibay Molina, Federico Reynares Solari y Matías Scilabra el 30 de abril pasado por haber estado involucrado en tres causas distintas por maniobras de corrupción.

Puntualmente, lo acusaron de haberse negado a intervenir los teléfonos de sujetos cercanos al narco Estaban Lindor Alvarado cuando la causa estaba a su cargo, lo que tiñó de irregularidades la investigación; el haber manejado de mala manera los fondos de una cooperativa portuaria de San Lorenzo y Puerto San Martín; y el haberle armado una causa extorsiva a un empresario rosarino. 

El decreto 340/2025 que modificaba el régimen de huelga que publicó el Gobierno de la Nación que fue anunciado el 21 de mayo pasado fue suspendido por la Justicia. 

La medida fue resuelta por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 3 de Capital Federal al dejar sin efecto los artículos 2 y 3 que ampliaban el listado de actividades consideradas como "servicios esenciales" y de "importancia trascendental", que deberán garantizar entre un 50% y un 75% de su funcionamiento durante medidas de fuerza sindicales.

Entre esos servicios, estaban los sanitarios y hospitalarios; el transporte y distribución de medicamentos; los servicios farmacéuticos; el suministro de agua, gas, energía y combustibles; las telecomunicaciones, incluyendo internet y servicios satelitales; y la aeronáutica comercial con control del tráfico aéreo y portuario.

En ese marco, la jueza Moira Fullana hizo lugar a la medida cautelar que había presentado la Confederación General del Trabajo (CGT) en la que argumentaron que el decreto iba en contra de la libertad sindical y violaba el derecho a huelga.

La magistrada argumentó que el dictado del decreto fue realizado haciendo uso de las “facultades conferidas por la Constitución Nacional", pero que por el ordenamiento constitucional “el Congreso Nacional es el único órgano titular de la función legislativa por lo que el uso de las facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se debe hacer ”bajo condiciones de excesiva rigurosidad y con sujeción a exigencias formales”.

Dado el caso, resaltó que “el Poder Ejecutivo no pueda, por motivo alguno, continuar con el trámite ordinario previsto para la sanción de las leyes” y que para emplear las facultades de excepción necesita que exista un estado de urgencia y necesidad. 

En ese sentido, decidió “hacer lugar a la medida cautelar solicitada y en consecuencia suspender preventivamente los efectos de los arts. 2° y 3° del D.N.U. 340/25 en relación con la CGT y los trabajadores representados por esa entidad” hasta que se dicte una resolución definitiva.

El juez federal Marcelo Bailaque seguirá en libertad a pesar de que le dictaron 90 días de prisión preventiva tras ser imputado por haber cometido los delitos de prevaricato y extorsión.  

La medida fue dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, no obstante, la misma no tendrá efecto debido a que, en su posición como magistrado, Bailaque ostenta fueros o inmunidades que lo hacen imposible de arrestar a menos que el Consejo de la Magistratura apruebe su desafuero.

En ese marco, la disposición había sido dictada por los jueces Aníbal Pineda, Elida Vidal y Fernando Barbará luego de que rechazaran la apelación presentada por la defensa del acusado en contra de la prisión preventiva por 90 días que le había dispuesto el juez de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz. 

Además de la medida cautelar, los camaristas rebajaron a 600 millones de pesos el embargo que pesa sobre los bienes muebles, inmuebles y las cuentas de Bailaque, que antes era por un monto de 1.400 millones. 

El magistrado acusado había sido imputado por los fiscales Juan Argibay Molina, Federico Reynares Solari y Matías Scilabra el 30 de abril pasado por haber estado involucrado en tres causas distintas por maniobras de corrupción, por haber incumplido sus deberes como funcionario público y prevaricato.

Puntualmente, lo acusaron de haberse negado a intervenir los teléfonos de sujetos cercanos al narco Estaban Lindor Alvarado cuando la causa estaba a su cargo, lo que tiñó de irregularidades la investigación; el haber manejado de mala manera los fondos de una cooperativa portuaria de San Lorenzo y Puerto San Martín; y el haberle armado una causa extorsiva a un empresario rosarino. 

La jueza federal Sylvia Aramberri hizo lugar a una medida cautelar que pone el foco sobre el abandono de la avenida Circunvalación de Rosario. A partir de este fallo, la Dirección Nacional de Vialidad deberá entregar un informe en el plazo de diez días que garantice la reanudación de tareas de mantenimiento en toda la traza de la ruta nacional A008.

En este sentido, la resolución judicial encuadra en los términos del artículo 204 y ordena a Vialidad a concluir de forma inmediata los trabajos de limpieza y desmalezamiento en todos los sectores de la avenida donde sea necesario para asegurar condiciones mínimas de seguridad vial.

Cabe destacar que, si bien la concesión de la avenida Circunvalación corresponde a la empresa Corredores Viales S.A., la Justicia afirmó que la responsabilidad legal del mantenimiento continúa bajo responsabilidad de la Dirección Nacional de Vialidad.

El reclamo fue impulsado por el senador Ciro Seisas quien celebró la intervención de la Justicia: “La determinación de la Justicia no hace más que ratificar lo que veníamos pidiendo. Cualquiera que circule, sobre todo de noche con la falta de luminaria, se da cuenta del nulo mantenimiento que tiene Circunvalación. Es un peligro, más aún con la cosecha gruesa y los 2,2 millones de camiones que van a circular en unos días”.

En esa misma línea, el legislador provincial agregó: “Nos genera una gran incertidumbre cómo va a seguir el mantenimiento. No solo preocupa Circunvalación, lo mismo está ocurriendo con el puente Rosario-Victoria que hace muy poco quedó sin concesión y el mantenimiento lo toma Vialidad Nacional. O las rutas nacionales que pasan por la provincia que están detonadas”.

Por último, Seisas concluyó: “Esperemos no tener que recurrir de nuevo a la Justicia. Está en peligro la vida de rosarinos y santafesinos y con eso no se jode”.

La Justicia Federal envió un exhorto internacional para que se haga la extradición del ex senador Edgardo Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Costa, que están detenidos en un departamento en Paraguay luego de que intentaran cruzar la frontera con 200 mil dólares sin declarar. 

El pedido fue realizado por la jueza Sandra Arroto Salgado, que además requirió que se secuestren sus posesiones electrónicas (celulares) y otros objetos que tenían al momento de ser detenidos; que se allane el lugar en el que los detuvieron con domiciliaria en el país vecino; y que sean trasladados al Juzgado Federal de San Isidro. 

Con estas medidas, se busca que tanto el ex legislador que fue destituído de su puesto en el senado tras una sesión el pasado jueves, como su secretaria, hagan su declaración por la causa en Argentina. 

Kueider está siendo investigado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, entre otras. 

El secretario de Justicia de la provincia, Santiago Mascheroni, y la subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial, María Florencia Blotta, dieron a conocer que el jueves se llevará a cabo el sorteo de un listado de 10 mil ciudadanos que podrán ser convocados como jurados en un juicio. 

Este sistema comenzará a regir en Rafaela (Circunscripción Judicial N°5) a partir de octubre de este año, y de forma progresiva, se aplicará en toda la provincia. 

En el caso de Rosario, la nueva modalidad se implementará desde el 1 de agosto de 2025. 

En este esquema sólo se juzgarán cuatro tipo de delitos: el homicidio calificado, el crimen de odio o el abuso sexual seguido de muerte, el robo seguido de muerte y el enfrentamiento con fuerzas de seguridad que desencadene la muerte de un civil. 

En ese marco, Mascheroni explicó detalles sobre el sistema: “Previamente se hizo un trabajo desde la Secretaría de Justicia junto con la Secretaría Electoral de la Provincia. Este universo está conformado por un padrón general -que debe respetar paridad de género-, que son sorteados del Padrón Electoral General de la Provincia y que tiene que mantener una representación proporcional a cada una de las circunscripciones judiciales en la que va a estar afectado”.

A su turno, Blotta precisó que “mañana es un día muy importante en lo que es la implementación del Juicio por Jurados para la provincia”, y explicó que este “listado Principal es el primer listado, que luego va a requerir un trabajo de depuración para que se conforme lo que se va a denominar luego el listado Definitivo de jurados”. 

Según establece la Ley N°14.253 que fue sancionada el 21 de marzo y promulgada el 27, los juicios por jurados estarán conformadas por catorce personas, que serán doce titulares y dos suplentes, quienes serán elegidas en base al padrón electoral.

En base a ese padrón depurado, se hará un sorteo entre 10 mil santafesinos que luego se dividirán según la zona en la que residen, y después esa lista pasará por otro proceso de selección para confeccionar la convocatorias definitivas. 

De esa manera quedará conformada una lista de 36 ciudadanos, de los cuales 14 deberán formar parte del juicio en calidad de jurados. 

No podrán formar parte de estos procesos abogados, escribanos, funcionarios, personas ligadas al poder judicial, fuerzas de seguridad, personas con antecedentes, menores de edad, mayores de 76 años, madres lactantes y quienes tengan algún vínculo con las partes.

Asimismo, se contempla que quien haya sido elegido para integrar un jurado, no podrá volver a ejercer esa función por el lapso de un año.

La Corte Suprema Santa Fe anunció que se acerca el fin del expediente papel en todos los ámbitos del derecho privado, debido al gran avance de la digitalización de los procesos judiciales. 

Según precisó la entidad más importante de la justicia santafesina, la digitalización de las distintas ramas del derecho privado inició el 22 de julio del 2024, y seguirá su curso de forma escalonada hasta el 7 de octubre de este año. 

En ese sentido, el programa que inició en julio, los nuevos expedientes que ingresan en las Cámaras de Apelaciones de Circuito de Santa Fe y Rosario, así como también en los Juzgados de Primera Instancia, se comenzaron a tramitar de forma digital. 

Para el 5 de agosto, se digitalizarán los expedientes de los Tribunales Colegiados de Familia y Responsabilidad Extracontractual, y de otros distrítos de los Juzgados de Primera Instancia. 

En tanto, durante el 2 de septiembre el proceso de digitalización se extenderá a las Cámaras de Apelación en lo Civil y Comercial, y a los Juzgados de Primera Instancia de distintas localidades. 

Por último, se prevé que para el 7 de octubre del 2024, se concluirá con la transición digital en base a la integración a dicho proceso de la Secretaría Técnica de la Corte Suprema, Las Cámaras de Apelación en lo laboral y varios juzgados de Primera Instancia en lo Laboral y Contencioso Administrativo. 

El juez federal Sebastián Casanello se declaró incompetente y no investigará la denuncia que realizó un fiscal de Corrientes contra el gobernador Gustavo Valdés y demás funcionarios por enturbiar la investigación del caso Loan Peña, el nene que desapareció el 13 de junio en la localidad de 9 de Julio. 

El magistrado federal argumentó que la causa ya existe bajo el tratamiento de la jueza Cristina Pozzer Penzo, por lo que para que no haya una duplicación de procedimientos judiciales, la denuncia contra el poder quedará en la Justicia Federal de Goya y no en los tribunales de Comodoro Py.

Las acusaciones por aparente encubrimiento, abuso de autoridad, e incumplimiento de deberes públicos fue realizada por un fiscal y alcanza no sólo al gobernador de Corrientes, sino también al Senador provincial Diego Pellegrini; el ministro de seguridad vigente, Alfredo Vallejos; el ex ministro; Buenaventura Duarte; el abogado José Fernández Codazzi; y ex jefes de policía como Arnaldo Molina y Jorge Cristaldo. 

Según la denuncia, los sospechosos interfirieron en la investigación por la desaparición de Loan Peña, al influir o dificultar el avance de la misma. 

En ese sentido, al obstruir la busqueda del paradero del menor, se habría impactado en la eficacia de las fuerzas de seguridad para realizar las investigaciones pertinentes. 

La Justicia señaló que hay inconsistencias en la información que reportó el Ministerio de Capital Humano sobre los alimentos retenidos en el depósito de Villa Martelli. 

Según informó Infobae, durante un operativo que se realizó el sábado se detectaron diferencias entre lo que comunicó el Gobierno y lo que se halló en el galpón.  Concretamente, el procedimiento arrojó que faltaban alimentos y que los productos vencidos no estaban en el lugar. 

El informe de la División de Investigación contra la Corrupción de la Policía Federal, reveló que de las 30.240 unidades de leche en polvo, informadas por el Ministerio de Capital Humano, sólo había 18.640. 

El documento acerca de la cantidad, tipo y fecha de vencimiento de los alimentos almacenados en Villa Martelli y Tafí Viejo, en Tucumán, fue presentado por el Gobierno en el marco de la causa por los alimentos retenidos que lleva adelante el juez Casanello.

En ese sentido, Capital Humano había informado que entre los depósitos había 5.902.987 kilos de comida, más de 3 millones estaban en el depósito de Villa Martinelli y más de 2 millones en en Tucumán. Entre los productos, se encontraban aceite de girasol, arroz, arvejas, garbanzos, leche en polvo y yerba, entre otros. 

La faltante de los alimentos fue denunciada por Juan Grabois en medio de la polémica audiencia que tuvo lugar este martes en Comodoro Py, a la que también asistieron funcionarios de Capital Humano, la cartera encabezada por Sandra Pettovello. 

Los legisladores nacionales santafesinos de todos los partidos políticos se reunieron este lunes por la mañana para impulsar, de forma consensuada, un proyecto de ley para fortalecer la Justicia Federal de la provincia en la perspectiva de la pronta implementación del sistema acusatorio en la provincia de Santa Fe.

Del encuentro de trabajo participaron los diputados nacionales Gabriel Chumpitaz del PRO, Ximena García y Juan Martín de la Unión Cívica Radical , Vanesa Massetani y Roberto Mirabella del Frente De Todos y el senador nacional de la UCR Dionisio Scarpín. También participó de la conversaciones, aunque no pudo llegar a la reunión, el diputado socialista Enrique Estévez.

Este encuentro se dio en el marco de la reunión que se realizó este lunes en la Cámara Federal de Rosario entre los camaristas, jueces y fiscales y los legisladores provinciales y nacionales de todos los partidos políticos, que representan a Santa Fe. Allí los magistrados hicieron una descripción de la situación y la necesidad de fortalecer el sistema federal, completar los cargos vacantes de una gran cantidad de fiscalías y juzgados y jueces penales de garantías, en línea con la implementación del sistema acusatorio.

Por ende, los diputados y senadores nacionales de todos los bloques que representan a la provincia, se comprometieron a conformar una mesa de trabajo para impulsar un proyecto de ley que fortalezca la Justicia federal, en la perspectiva de la implementación del sistema acusatorio. La iniciativa incluye la creación de fiscalías, de jueces penales de garantías, defensores, la creación de un juzgado federal en San Lorenzo, la creación de una sala con competencia penal en Rosario, y una sala que dependa de la Cámara en Santa Fe.

En el encuentro se destacó el trabajo en conjunto para fortalecer la justicia federal con el fin de una mayor seguridad y además se propusieron organizar una pronta reunión entre los legisladores santafesinos y la Procuración, el Ministerio Público de la Acusación y la Cámara Federal, para profundizar en los lineamientos del proyecto en el que están trabajando.

Además, los legisladores también recibieron las necesidades que tiene la justicia en relación con las herramientas tecnológicas y edilicias, y los problemas de coordinación con otros ámbitos del Estado. Además pidieron que se finalice la cárcel federal que se está construyendo en Coronda y la necesidad que el Poder Ejecutivo Nacional mande los pliegos de las vacantes que todavía están en los tribunales orales federales.

Este lunes, cerca el mediodía, Omar Perotti recibirá a los diputados y senadores nacionales que representan a la provincia de Santa Fe en el Congreso de la Nación para avanzar sobre temas de seguridad y Justicia federal. La reunión se realizará en Casa de Gobierno y se prevé la participación de los 22 legisladores (19 diputados y 3 senadores).

Además de los temas a tratar, en la reunión se hablará sobre otros tópicos de la agenda provincial. Uno de ellos será el nuevo fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la deuda histórica. Se escucharán propuestas de todos los frentes políticos.

Los participantes del encuentro serán los tres nuevos senadores nacionales: Carolina Losada y Dionisio Scarpin (Juntos por el Cambio) y Marcelo Lewandowski (Frente de Todos). Además, estarán los 19 diputados por la provincia: Marcos Cleri, Germán Martínez, Vanesa Massetani, Magalí Mastaler, Roberto Mirabella, Alejandra Obeid y Eduardo Toniolli (Frente de Todos); Federico Angelini, Mario Barletta, Laura Castets, Gabriel Chumpitaz, Germana Figueroa Casas, Ximena García, Luciano Laspina, Juan Martín, José Carlos Núñez, María Victoria Tejeda y (Juntos por el Cambio); y Enrique Estévez y Mónica Fein (Frente Amplio Progresista).

Siete renuncias de jueces se formalizaron este martes  y ya suman treinta las vacantes creadas desde que el Gobierno enviara al Congreso la iniciativa para reformar el sistema de jubilación del Poder Judicial, que se convirtió en ley el pasado jueves.A través de los decretos 264, 265, 266, 279, 282, 280 y 281, publicados este martes en el Boletín Oficial, el presidente Alberto Fernández aceptó las dimisiones de los magistrados.

Se trata de Floreal Ricardo Daniel De Laurentiis, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 11 de la Capital; Alfredo Justo Ruiz Paz, del Tribunal Oral en los Criminal Federal número 5 de San Martín; Adolfo Raúl Guzmán, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca; y Nora María Teresa Cabrera de Monella, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia.

También concluyeron sus carreras en el Poder Judicial Fernando Gustavo Sanz de Urquiza, del Juzgado Federal de Ejecuciones Fiscales Tributarias número 4 de la Capital; y Eduardo Carlos Fernández, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 19 de la Capital; Cecilia Yolanda Federico, del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 94, también de la Ciudad de Buenos Aires.

El Gobierno había enviado el 14 de febrero el proyecto de ley para modificar el sistema jubilatorio del Poder Judicial, que fue aprobado el pasado jueves. Desde el envío de la iniciativa, un total de 30 vacantes se crearon en la Justicia ante la aceptación de las renuncias por parte del jefe de Estado y se espera que en las próximas semanas sigan formalizándose las dimisiones de magistrados. Los cambios en el sistema jubilatorio también afectan a fiscales y diplomáticos.