La Cámara Federal de Casación Penal anuló por mayoría el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández en la causa Seguros, en la que estaba acusado por presuntas "negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública". El tribunal dispuso que se dicte una nueva resolución en el expediente.

La decisión fue tomada por la Sala IV, con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, mientras que Gustavo Hornos votó se pronunció a favor de sostener el procesamiento.

Los magistrados que impulsaron la anulación coincidieron con el criterio del fiscal ante la Cámara, José Agüero Iturbe, quien había planteado que no existían suficientes elementos para avanzar con el procesamiento del exmandatario.

En ese sentido, el fallo remarcó que tanto la defensa de Fernández como la fiscalía solicitaron revocar la medida y dictar la falta de mérito. “No hay juez sin acusador”, señalaron los jueces al fundamentar la decisión.

El caso del asesinato de Gian Mastrocola, el niño de un año y medio que fue baleado en la barbería de su padre en la zona sur de Rosario,  sumó un nuevo capítulo este martes por la mañana. Alejandro Vallejos, el tercero de los detenidos por el crimen, fue imputado en el Centro de Justicia Penal local. Otras tres personas aún no fueron identificadas ni aprehendidas. 

El hombre fue detenido el viernes pasado en un allanamiento luego de permanecer prófugo desde el 5 de marzo, día en que ocurrió el crimen del bebé en el local de Melincué al 6100. Por el hecho ya habían sido imputados su primo Alan Vallejos y Kevin Portillo, señalado por la fiscalía como el homicida.

El fiscal Alejandro Ferlazzo le atribuyó a Vallejos los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, calificado por el concurso premeditado de más de dos personas (víctima Gian Mastrocola); Homicidio agravado por el uso de arma de fuego, calificado por el concurso premeditado de más de dos personas, en grado de tentativa, lesiones leves dolosas, y daño, todo en concurso real entre sí , en calidad de coautor, contra el padre del menor. 

El encuentro fue encabezado por la jueza de Primera Instancia María de los Ángeles Granato, quien dictó prisión preventiva por el plazo de ley.

De acuerdo a la versión del fiscal, Alejandro y Alan Vallejos organizaron, planificaron y ejecutaron el ataque con armas de fuego en la barbería junto a Portillo y “por lo menos otras tres personas”. Según el relato, los familiares llegaron a las 18:10 en un Chevrolet Corsa conducido por Alan, con su primo de acompañante y dos cómplices más en el asiento trasero del auto. 

A su vez, Portillo arribó en una moto con otro hombre no identificado, bajó del vehículo y efectuó por lo menos tres disparos con un revólver calibre 38 largo. Hirió al padre del nene en el hombro izquierdo y asesinó a Gian, quien sufrió una hemorragia torácica por un impacto de bala.

Por su parte, Alejandro Vallejos fue acusado de golpear junto a su primo a una persona con un objeto contundente el 5 de marzo en la misma ubicación de la barbería. También dañó el parabrisas delantero y el espejo retrovisor del lado del acompañante de un Citroën Belingo, que pertenecen a los dueños del comercio.

Un joven de 25 años fue detenido en la ciudad de Santa Fe por captación ilegal de juegos de azar y promoción de apuestas no autorizadas a través de redes sociales.

El acusado, identificado como AET, tenía cerca de un millón de seguidores en Instagram, donde ofrecía premios y difundía plataformas clandestinas.

La acusación fue presentada por el fiscal Roberto Olcese en una audiencia ante el juez Nicolás Falkenberg. El sospechoso fue detenido días atrás durante un allanamiento en su vivienda ubicada en un barrio privado de Santo Tomé.

Según la investigación, el imputado utilizaba dos cuentas de Instagram para promocionar sorteos pagos, donde ofrecía premios como un auto Peugeot 207, dinero en efectivo y un celular. Para participar, los usuarios debían transferir dinero a cuentas bancarias, cuyos titulares también están bajo investigación.

Además, el joven habría promocionado sitios de apuestas y casinos online sin autorización de la Lotería provincial, utilizando enlaces y códigos promocionales para captar usuarios. Por estos hechos, fue imputado tanto por organizar juegos de azar ilegales como por promover apuestas no autorizadas.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aplicó una sanción histórica contra la firma Cambios SAS, vinculada con el financista Ariel Vallejo, al imponerle una multa de $18.000 millones y quitarle la autorización para operar. Según trascendió, mantendría lazos con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino Claudio Tapia

De acuerdo a los datos que se desprenden de la investigación, la entidad no pudo justificar el origen de los fondos utilizados en operaciones de compra y venta de divisas por más de 25 millones de dólares. El organismo infirió que esas transacciones no  respondían a operaciones con clientes, sino a un "pase de manos" de dólares y pesos sin sustento económico claro.

La sanción también alcanza a los responsables directos de la firma. Graciela Beatriz Vallejo, administradora y única accionista, fue multada con más de $7.200 millones e inhabilitada por seis años, mientras que su hijo Ariel Vallejo recibió una multa superior a $5.400 millones y una inhabilitación por cinco años para operar en el sistema financiero.

Los sancionados podrán apelar la medida ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal, pero el organismo sostuvo que la decisión busca tener un efecto “ejemplificador y preventivo” dentro del sistema.

La plaza 25 de Mayo del centro de Rosario fue el punto de encuentro de una multitud este viernes por la tarde con motivo del femicidio de Sophia Civarelli, la joven asesinada por su novio, Valentín Alcida, quien luego se quitó la vida. Decenas de personas acompañaron el pedido de justicia de familiares y amigos.

La convocatoria se desarrollaba desde las 17:00 en Córdoba y Laprida, con el lema “Ni una menos” como bandera. Los presentes elevaron una imagen de la víctima de 22 años durante el inicio del encuentro.

Entre los presentes estaban la madre y la hermana de Sophia, quienes viajaron desde Villa Amelia. Además, participaron compañeros de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), junto con centros de estudiantes de la ciudad.

Los principales objetivos de los organizadores fueron visibilizar el caso ocurrido el pasado 16 de abril en 3 de Febrero al 2.400, reclamar una respuesta judicial acorde al hecho y cuestionar el rol del Estado ante el entramado de la violencia de género. En el anuncio de la movilización, afirmaron que "la violencia también se construye desde el silencio de los implicados, la negligencia mediática, institucional, política y judicial".

Una nueva movilización en pedido de justicia se llevará a cabo en Rosario este viernes. Seres queridos de Sophia Civarelli, la joven de 22 años asesinada por su novio Valentín Alcida en un edificio céntrico, se reunirán en plaza 25 de mayo para reclamar celeridad en la causa.

Familiares y amigos de la víctima, junto a organizaciones sociales y ciudadanía, se autoconvocaron a las 17:00 en Santa Fe y Laprida, a una semana del hallazgo del cuerpo en 3 de Febrero al 2.400, bajo el lema “Justicia por Sophia”. 

Quienes impulsan esta iniciativa difundieron un cartel en redes sociales con la frase “El Estado es responsable”. Además, consideraron que "la violencia también se construye desde el silencio de los implicados, la negligencia mediática, institucional, política y judicial".

De acuerdo a la versión de Fiscalía, Civarelli fue apuñalada en el cuello el pasado jueves 16 de abril, entre las 18:00 y las 20:00, en una torre de barrio Lourdes. Alcida permaneció en el lugar hasta la madrugada del viernes. 

De acuerdo a la hipótesis principal, el novio de la víctima utilizó este tiempo para manipular la escena en pos de simular que se trató de un suicidio, dejando un cuchillo y escribiendo una carta. Luego, se dirigió al departamento de una amiga en 3 de Febrero al 1.100 y se quitó la vida.

Un rosarino de 30 años quedó en el centro de una causa federal por presunta explotación sexual. Se trata de Gianfranco Gaspar Nuñez, quien habría sido responsable de "Argentina Casting", una plataforma que simulaba ofrecer trabajos audiovisuales pero que, en realidad, funcionaba como un esquema para captar jóvenes y menores de edad.

De acuerdo al expediente, el acusado utilizaba sus redes sociales como Instagram para contactar a las víctimas, a quienes les prometía dinero, visibilidad internacional y oportunidades en el ámbito audiovisual. Sin embargo, los vídeos íntimos que grababa luego eran difundidos en distintas plataformas y canales digitales.

La causa, impulsada por la Policía Federal y fiscales federales, permitió reconstruir el mecanismo utilizado por el acusado. Durante los allanamientos, realizados en Rosario, Buenos Aires y Posadas, se secuestraron equipos electrónicos, documentación, criptomonedas y más de 150 videos. Hasta el momento hay ocho casos judicializados, aunque se sospecha que el número de víctimas sería mayor y que el accionar se desarrolló en varias provincias.

El juez federal Carlos Vera Barros dictó la prisión preventiva por 90 días mientras avanza la investigación. Para la fiscalía, Nuñez montó una estructura organizada con identidades falsas y contratos irregulares, con el objetivo de monetizar el contenido generado con las víctimas.

Una empleada del Banco Nación fue imputada por el robo de 40 millones de pesos en la sucursal ubicada en la localidad de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires.

Se trata de la tesorera, identificada como M.C.N, de 36 años, quien según la investigación habría realizado extracciones de dinero en efectivo aprovechando su acceso al área de tesorería.

Según la acusación del fiscal federal Matías Felipe Di Lello, las maniobras quedaron registradas en las cámaras de seguridad. Entre los hechos mencionados en la causa, se encuentra un retiro de dinero el 31 de julio de 2025, cuando habría ocultado el efectivo en una bolsa antes de salir del banco, y otro el 8 de agosto, vinculado al pago de deudas personales por unos 16 millones.

Para encubrir el faltante, la mujer habría realizado movimientos contables ficticios que no tenían respaldo en efectivo. La situación salió a la luz el 16 de octubre, tras un arqueo interno que detectó inconsistencias, luego confirmadas por una auditoría de la gerencia.

El juez federal Carlos Villafuerte Ruzo la imputó por peculado y ordenó medidas como el embargo de su vivienda y la inhibición de bienes. La investigación continuará durante los próximos 90 días, mientras el banco se presentó como querellante en la causa.

Una nueva audiencia imputativa por la entradera en zona sudoeste, donde un policía resultó herido de bala, fue realizada este martes y ya son tres los implicados. El hecho sucedió el pasado 6 de marzo en Comodoro Rivadavia al 2600, cuando delincuentes ingresaron a la vivienda de una pareja y uno de ellos le disparó a un agente en el marco de un tiroteo.

La instancia judicial se llevó a cabo este martes en el Centro de Justicia Penal de Rosario, donde el juez Aldo Bilbao Benítez dictó prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para el imputado.

El fiscal Alejandro Caron le atribuyó a Raúl Andrés Cejas haber participación en el robo. El hombre de 40 años fue acusado de conformar el grupo delictivo junto a su hermano, Eduardo Cejas, y otro cómplice identificado como Matías Romano. 

De acuerdo a la versión de Fiscalía, los tres implicados irrumpieron en el domicilio mientras las víctimas entraban el auto a la cochera, los redujeron a punta de pistola y huyeron con 2.200 dólares, un reloj y el DVR de las cámaras.

Además, se le adjudicó a Cejas el uso de una de las dos armas de fuego implicadas en la escena que terminó con Federico C., un uniformado que intentó detenerlos, herido de un impacto de bala en el cuello.

El Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrían González Charvay, ordenó al Ministerio de Capital Humano que continúe con el pago de las prestaciones del programa "Volver al Trabajo", tras un amparo colectivo presentado por cinco beneficiarios.

Según el planteo, la interrupción del programa implicaba una decisión arbitraria de parte del Estado, ya que no garantizaba la continuidad de derechos básicos vinculados a la asistencia alimentaria y la inclusión laboral. Por otro lado, señalaron que el reemplazo anunciado desde la cartera (un sistema de vouchers para capacitación) no tenía precisiones sobre su alcance ni condiciones de acceso.

El programa había sido creado por el Decreto 198/2024 para sustituir al Potenciar Trabajo, con una asignación mensual de $78.000 y una duración prevista de 24 meses. Sin embargo, el Gobierno anunció su finalización a comienzos de abril de 2026. Como consecuencia, cinco beneficiarios realizaron una presentación judicial.

En su decisión, el juez consideró que la suspensión de una prestación de carácter alimentario sin una alternativa que la equipare vulnera derechos constitucionales. De esta manera, dispuso que el Ministerio mantenga los pagos en un plazo de tres días, medida que seguirá vigente hasta que haya una sentencia definitiva.

En el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni, declararon ante la Justicia los responsables de la inmobiliaria que intervino en la compra de su departamento en Caballito. Según señalaron, el valor de la propiedad era significativamente superior al declarado en la operación.

La martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi afirmaron que el inmueble se ofrecí inicialmente en US$ 340.000, es decir, unos 110.000 dólares más que los US$ 230.000 por los que finalmente se escrituró. Al mismo tiempo, señalaron que el departamento había sido remodelado, lo que incrementaba su valor en el mercado.

En su declaración, Rucci también indicó que la modalidad de pago utilizada es "poco frecuente" en el rubro inmobiliario, ya que la compra se realizó en 12 cuotas sin interés. Asimismo, aclaró que no participó en la hipoteca vinculada a la operación, aunque manifestó que el contacto entre las partes había sido gestionado por Pablo Feijoo.

Mientras la investigación continúa su curso en los tribunales de Comodoro Py, Feijoo deberá presentarse para aportar su teléfono y documentación vinculada a la transacción. En los próximos días se sumarán nuevos testimonios referidos a operaciones relacionadas con propiedades del entorno del funcionario.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores rechazó el pedido de excarcelación de Lucas Pertossi, uno de los rugbiers condenados a 15 años de prisión por su participación en el asesinato de Fernando Báez Sosa. La solicitud, presentada por su defensa, señalaba un supuesto exceso en el plazo razonable de la prisión preventiva.

Desde la fiscalía, a cargo de Juan Manuel Dávila, se opusieron al planteo al considerar que implicaría un adelanto de pena. Asimismo, remarcaron que el juicio oral se realizó en tiempo y forma y que la condena ya fue confirmada tanto por el Tribunal de Casación Penal como por la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

En esa línea, también se destacó que fue rechazado el Recurso Extraordinario Federal y que solo resta la resolución de una queja presentada, lo que (según indicaron) garantiza el cumplimiento del principio de doble conforme. A su vez, resaltaron la gravedad del hecho y la necesidad de analizar el caso en su totalidad.

Por último, el tribunal consideró que no se cumplen las condiciones para otorgar la excarcelación. Si bien se señaló que el riesgo de entorpecimiento probatorio perdió peso, se sostuvo que el peligro de fuga continúa vigente e incluso se ve agravado por la condena ya dictada en una causa de alta complejidad.

La histórica feria de la zona de Playa Bristol, en Mar del Plata, conocida popularmente como "La Saladita", fue desmantelada durante la madrugada de este jueves tras un operativo que incluyó el uso de topadoras y el trabajo de personal municipal.

Más de 170 puestos instalados desde hace más de 25 años entre la vereda y la arena fueron demolidos en una acción que tomó por sorpresa a los feriantes.

El procedimiento se realizó por orden judicial, en el marco de una causa por presunta violación a la ley de marcas. Durante el operativo, efectivos recorrieron los puestos, secuestraron mercadería considerada irregular y labraron actas a los vendedores, mientras se desplegaba un fuerte dispositivo de seguridad que impidió el acceso al predio y el retiro de productos.

Con el paso de las horas creció la tensión en el lugar, cuando feriantes fueron desplazados desde temprano y se acercaron vendedores de otros espacios, como la feria de Plaza Rocha, para acompañar el reclamo. En simultáneo, también se realizaron allanamientos en el domicilio de un referente gremial y en una sede sindical, en el contexto de la misma pesquisa.

Desde el ámbito político, el senador y exintendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, respaldó el operativo y celebró la intervención de la Justicia y las fuerzas de seguridad. “Quiero felicitar a la Justicia por su accionar y, especialmente, a Prefectura y a todas las fuerzas que están poniendo el pecho. En Mar del Plata la ley se cumple. Se terminó el vale todo que perjudicó durante años a marplatenses y turistas”, manifestó.

Los tres detenidos por el crimen de Ramiro Fabián Nast, el joven de 23 años asesinado de un golpe en la cabeza que apareció muerto en una heladera en Funes, fueron imputados este martes y quedaron en prisión preventiva. 

Se trata de Kevin Toloza (25), Luis Vega (29) y Matías Zabala (40), a quienes se les achacó el delito de homicidio simple en calidad de coautores durante una audiencia llevada adelante en el Centro de Justicia Penal de Rosario por el hecho ocurrido entre el 3 y 4 de abril en la ciudad vecina. El cadáver fue encontrado adentro de una heladera tirado en un zanjón el pasado lunes 6, en calle Tomás de la Torre y Paysandú.

Durante el encuentro, la fiscal Noelia Navone de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas del Ministerio Público de la Acusación (MPA), afirmó que el ataque se realizó en el interior de una vivienda de Brandsen al 5.300, con fecha y hora no esclarecidas y pidió las citadas acusaciones, que fueron aceptadas por el juez Aldo Bilbao Benítez. 

De acuerdo a la versión de Fiscalía, los responsables golpearon múltiples veces a Nast en todo el cuerpo y le provocaron la muerte por un traumatismo craneoencefálico grave, según determinó la autopsia realizada la semana pasada en el Instituto Médico Legal. Luego, escondieron los restos dentro de un electrodoméstico y los dejaron abandonados.

El magistrado dio luz verde a la imputación y dictó prisión preventiva para los dos jóvenes y el hombre implicados, a quienes trasladaron a distintas unidades penitenciarias.

Las mujeres que financiaron al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito aseguraron que el funcionario aún les adeuda unos 70.000 dólares, más los intereses correspondientes.

Se trata de Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, quienes declararon como testigos ante el fiscal Gerardo Pollicita en el marco de la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito.

En sus testimonios, ambas confirmaron haber otorgado un financiamiento privado por 100.000 dólares en noviembre de 2024 para la adquisición del inmueble ubicado en la avenida Asamblea, frente al Parque Chacabuco. Según señalaron, el acuerdo se pactó en cuotas mensuales con un vencimiento final previsto para noviembre de este año, con una tasa del 11% anual. Molina habría aportado 85.000 dólares, mientras que Cancio contribuyó con los 15.000 restantes.

En este sentido, la Justicia analiza si las prestamistas, integrantes de la Policía Federal, contaban con la capacidad económica para realizar ese préstamo y busca determinar el recorrido dfe los fondos utilizados en las operaciones inmobiliarias vinculadas a Adorni.

En tanto, la escribana Adriana Nechevenko, que intervino en la certificación de firmas tanto de este inmueble como de otra propiedad en Exaltación de la Cruz, sostuvo que las operaciones se realizaron dentro de parámetros normales y negó que hayan existido préstamos en efectivo. Según su versión, se trató de una compra financiada en cuotas entre particulares.

Para el miércoles 15 está prevista la citación de otras dos acreedoras vinculadas a la misma operación, mientras que también ya prestó testimonio el exfutbolista Hugo Morales, quien fue propietario original del departamento antes de la transacción.

El padre de Ángel López, el niño de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia tras ingresar a un centro de salud local con graves traumatismos en la cabeza, pidió la detención de la madre del menor, Mariela Altamirano, y de su pareja, señalados como principales sospechosos del presunto homicidio agravado. A través de su abogado, amplió la denuncia y sostuvo que existen elementos suficientes para avanzar contra ambos.

Según el planteo de la querella, la mujer habría incurrido en "omisión impropia" al conocer la violencia que ejercía su pareja, Maicol González, y no apartar al niño de ese contexto. Además, la acusación apunta a que Altamirano contribuyó con el "desamparo sanitario" que agravó la situación del menor y habla de un homicidio agravado en concurso con abandono de persona seguido de muerte.

El abogado del padre aseguró contar con testimonios de al menos cuatro testigos que confirmarían la existencia de episodios de violencia, gritos del niño y hasta la presunta quema de evidencia el día del hecho. También mencionó antecedentes de maltrato y un supuesto plan de fuga. Al mismo tiempo, la querella cuestionó a funcionarios de la Justicia por no haber actuado ante denuncias previas.

Por su parte, la fiscalía, a cargo de Facundo Oribones, analiza el caso como un posible homicidio, aunque no descarta otras hipótesis. En tanto, la madre del niño negó las acusaciones y afirmó: "No maté a mi hijo, lo protegí”.

Cuatro mujeres que le otorgaron hipotecas no bancarias al jefe de Gabienete, Manuel Adorni, fueron citadas a declarar en el marco de la causa que busca esclarecer cómo se financiaron sus propiedades.

Se trata de Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, vinculadas a la compra de un departamento en la calle Miró, en Caballito, donde actualmente reside el funcionario. También fueron convocadas Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, quienes participaron en una operación similar sobre otro inmueble ubicado en la calle Asamblea, en ese mismo barrio.

Las primeras deberán concurrir el jueves 9 de abril, mientras que las otras dos lo harán el lunes 13. La causa apunta a la adquisición de un departamento por 230 mil dólares en noviembre de 2025, una cifra que despertó sospechas por estar por debajo de los valores de mercado y por haber sido financiada en una 87% mediante préstamos de particulares.

También, se investiga otra hipoteca por 100 mil dólares sobre una propiedad previa de Adorni, concretada el mismo día que su pareja adquirió una casa en un country bonaerense, un dato que también quedó bajo el análisis de la Justicia.

A menos de un día del regreso de Agostina Páez al país tras haber estado detenida en Brasil por un caso de injuria racial, un nuevo episodio generó polémica: comenzó a circular un video de su padre Mariano Páez, en el que aparece realizando gestos similares a los que motivaron la detención de su hija.

Las imágenes habrían sido registradas durante una salida nocturna en un bar de Santiago del Estero y muestran al empresario imitando a un mono frente a otras personas. En paralelo, también se difundió otro video donde se lo escucha afirmar que él pagó la multa de 18 mil dólares que debió afrontar su hija, junto a declaraciones provocadoras sobre su situación económica.

Luego de que salieran a la luz estas filmaciones, Mariano Páez aseguró en una entrevista que los videos fueron manipulados con inteligencia artificial. No obstante, poco después su hija publicó un descargo en redes sociales en el que tomó distancia de lo ocurrido y dio por válidas las imágenes: "Lo que se ve es lamentable y lo repudio completamente. Yo me hago cargo de lo mío: reconocí mis errores, pedí disculpas y afronté las consecuencias. Pero solo puedo responder por mis propias acciones”.

La joven también remarcó que no estuvo presente en ese momento y que atraviesa un proceso personal tras los últimos meses. “No tengo absolutamente nada que ver con lo que está circulando”, sostuvo, y agregó: “No se termina más esta pesadilla, qué horror”.

Marcelo Páez, el padre de la abogada argentina detenida en Brasil por gestos racistas, fue grabado haciendo lo mismo en un bar.https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/sEZ2lGLDbI

[AHORA] Escándalo con el padre de Agostina Páez: en una fiesta en Santiago del Estero, el empresario Mariano Páez fue filmado cuando sostuvo que siente "asco por el Estado" y afirmó que no vive "de la política" porque es "empresario, millonario, usurero y narco". https://t.co/nOr94s2SKT pic.twitter.com/2osqFm3kMK

Pablo Barra, uno de los padres juzgados por el presunto abuso de su hija dentro de la serie de casos que destapó una presunta red de informes psicológicos falsos, recibió la absolución por parte de la Cámara de Apelaciones de Rosario este miércoles.

El acusado de 51 años, quien no ve a su hija desde hace 8 años a partir de una denuncia realizada por su expareja por presunto abuso sexual simple, ya había sido desvinculado previamente, aunque luego la Justicia volvió a intervenir. El fallo fue dictado esta mañana por el juez Javier Beltramone.

El magistrado le cargó las costas del proceso al Ministerio Público de la Acusación (MPA) a partir de las irregularidades presentadas en la causa, la cual había sido archivada en 2020 por falta de pruebas y la determinación fue revocada meses después por la Fiscalía.

El caso está englobado en una denuncia conjunta de un grupo de abogados que detectaron pericias adulteradas por parte de profesionales pertenecientes a una organización no gubernamental de La Plata, las cuales formulaban informes que exponían supuestas situaciones de abuso sexual. Los estudios presentaban compatibilidades exactas a pesar de tratarse de contextos diferentes.

La Corte de Apelaciones de Nueva York dio de baja el fallo de primera instancia contra Argentina por la causa YPF y el Gobierno nacional celebró la decisión este viernes en redes sociales, principalmente con una serie de publicaciones del presidente Javier Milei.

Se trata de la condena por el incumplimiento del estatuto de la empresa durante la estatización de 2012 mediante la omisión de los derechos de accionistas minoritarios como Eton Park y Petersen Energía. La determinación fue dictada por la jueza Loretta Preska y obligaba al país a pagar una suma de 16.000 millones de dólares, hoy cercana a los 18.000 millones de dólares.

De acuerdo al tribunal que revirtió la medida, “las demandas de los demandantes por daños por incumplimiento de contrato contra la República no son reconocibles bajo los códigos civiles de Argentina ni bajo el derecho público que rige la expropiación”.

En este contexto, el Ejecutivo nacional festejó la noticia. Por un lado, el jefe de Estado publicó una foto junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni; la secretaria de la Presidencia, Karina Milei; el CEO de YPF, Horacio Marín; y la ministra de Desarrollo Humano, Sandra Pettovello.

Luego, el mandatario redactó un tweet en el que expresó: "La Cámara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15 por ciento de probabilidades de ocurrencia).  Esto implica que Argentina no debe pagar NADA de los aproximadamente hoy USD 18MIL MILLONES (un poco mas de lo que fue el prestamos del FMI en 2024)". En la misma línea, agregó: “Es histórico, impensado, el mayor logro jurídico de la historia nacional”.

*GANAMOS EL JUICIO DE YPF*La Camara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia). Esto implica que Argentina no debe pagar NADA de los aproximadamente hoy USD 18MIL MILLONES (un poco… https://t.co/r73pVtRDPj

Más tarde, el presidente se refirió al fallo en su discurso de este viernes en el Centro de Formación de Capital Humano, donde apuntó: “Como soy Milei, lo voy a decir al estilo de Milei. Tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil e incompetente de Axel Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”.