El fiscal Gerardo Pollicita evalúa los próximos pasos en la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. Tras la presentación de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, la fiscalía analiza extender el período bajo revisión y solicitar nuevas medidas de prueba.

La presentación realizada por Adorni incluye información sobre tenencias de bitcoins adquiridas antes de su ingreso a la función pública. Sin embargo, Pollicita aún aguarda la documentación reservada correspondiente tanto al funcionario como a su esposa, Bettina Angeletti, para determinar si amplía el objeto de la investigación.

Para el análisis patrimonial, la fiscalía cuenta con la colaboración de la Dirección General de Asesoramiento General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), organismo especializado del Ministerio Público Fiscal en causas de contenido económico y financiero.

Además de este expediente, Adorni enfrenta otras investigaciones judiciales. Una de ellas, a cargo del juez Ariel Lijo, se centra en su vínculo con Marcelo Grandío, quien lo hospedó durante un viaje a Punta del Este realizado en avión privado. Otra causa analiza la relación entre una consultora de coaching ontológico vinculada a Angeletti y tres empresas contratistas del Estado.

El actor Ricardo Darín habló durante una entrevista en España del femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada y hallada en un descampado en la ciudad de Córdoba.

El actor lanzó duras críticas al accionar de la Justicia y manifestó que la sociedad debe preguntarse cómo es posible que ocurran hechos de esta gravedad y advirtió sobre la necesidad de enfrentar la violencia de género de manera colectiva.

Darín se refirió a las fallas en los mecanismos de prevención al recordar que Claudio Barrelier, principal sospechoso del crimen, contaba con antecedentes y denuncias previas. "Si esa línea de energúmenos hubiese hecho el trabajo que tenían que hacer, esa chica hoy estaría viva”, afirmó.

El actor también llamó a los hombres a involucrarse más activamente frente a estas situaciones y planteó la necesidad de prestar atención a las señales de violencia que muchas veces son minimizadas hasta que las consecuencias resultan irreparables.

La Justicia de Tucumán confirmó este miércoles el sobreseimiento de los exfutbolistas de Vélez Sarsfield, Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín, quienes habían sido denunciados por una joven por presunto abuso sexual agravado en marzo de 2024.

La resolución fue tomada por el Tribunal de Impugnación Penal del Centro Judicial Capital, que ratificó el fallo emitido a fines de 2025 por el juez Augusto José Paz Almonacid.

De esta forma, la investigación vinculada al hecho ocurrido en un hotel de San Miguel de Tucumán quedó cerrada. Además, el tribunal rechazó los recursos presentados por la querella, que pretendía reabrir la causa y cuestionaba la validez de las pruebas obtenidas durante peritajes realizados sobre teléfonos celulares.

En los fundamentos de la resolución, los magistrados señalaron que la investigación permitió acreditar la existencia de un encuentro sexual entre las partes, aunque concluyeron que no existió delito debido a que el acto fue consentido. Para llegar a esa conclusión se analizaron testimonios, pericias psicológicas, registros audiovisuales y evidencia digital incorporada al expediente.

Los jueces también incluyeron entre las pruebas mensajes, audios y otros intercambios que mantuvieron la denunciante y personas de su entorno antes y después del hecho. Asimismo, destacaron que los estudios médicos y las pericias biológicas realizadas durante la causa no detectaron lesiones ni indicios compatibles con una situación de violencia sexual.

La Justicia avanza con las pericias sobre el teléfono celular de Matías Tabar, un contratista que aparece mencionado en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Según trascendió, el dispositivo, un iPhone 15, fue sometido a un proceso de extracción de datos en el Centro de Investigaciones Judiciales (CIJ). El procedimiento se realizó con éxito y contó con la presencia de un perito designado por la defensa de Adorni. Toda la información obtenida fue transferida a un disco rígido que quedó a disposición de los investigadores.

La fiscalía federal encabezada por Gerardo Pollicita analizará ahora comunicaciones, mensajes, llamadas y registros de WhatsApp entre Tabar y el funcionario. Asimismo, se revisará documentación vinculada a las obras realizadas en una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, cuyo valor rondaría los 245 mil dólares.

Al mismo tiempo, los investigadores preparan un requerimiento para que Adorni explique las inconsistencias detectadas en su patrimonio durante la investigación.

En tanto, desde el Gobierno confirmaron que el jefe de Gabinete presentará su declaración jurada antes del 15 de junio, una vez concluida la revisión final de la documentación que será remitida a la Oficina Anticorrupción.

La Justicia de Córdoba ordenó este lunes la detención de Soledad Andreani, dueña del Ford Ka que, según los investigadores, habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina Vega hasta el descampado donde fue hallada asesinada. La mujer es expareja de Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de la adolescente de 14 años.

La medida fue confirmada por los abogados de la familia de la víctima. Andreani quedó imputada por el delito de encubrimiento agravado y se suma a la lista de detenidos en la causa, que ya incluye a Barrelier y a su amigo Osvaldo Fasseta, también investigado por presunta colaboración después del crimen.

El abogado querellante Carlos Nayi presentó nuevas pruebas ante la fiscalía para solicitar la detención de la mujer. Según sostuvo, Andreani habría facilitado el vehículo y colaborado en maniobras destinadas a ocultar evidencias.

“La dueña del Ford Ka sabía perfectamente, al momento de suministrarle el vehículo, que estaba siendo observado por la justicia. El rostro de Agostina estaba en todas las casas de Argentina, sabía que ella había entrado en la casa de Barrelier y aun así le prestó el auto, que después fue lavado”, afirmó Nayi.

La fiscalía ahora intentará determinar cuál fue el grado de participación de la acusada en los hechos posteriores al femicidio.

Rosario implementa este lunes el primero de los juicios por jurado, con una docena de ciudadanos que formarán parte de una audiencia por un doble crimen y dictarán un veredicto. Iniciará desde las 13:00 en el Distrito Judicial Rosario, con transmisión en vivo vía YouTube.

Tras la primera experiencia provincial en San Cristóbal, llevada a cabo en junio de 2025, y otras cinco pruebas en el territorio santafesino; la ciudad se suma a la metodología en la que doce rosarinos serán los responsables de determinar la condena o absolución de un acusado ante la ley. 

En esta ocasión, el delito grave a juzgar será el asesinato de Natalia Ocampo y César Valenzuela, una pareja que fue ejecutada a tiros el 6 de abril de 2025 por el exnovio de la mujer, identificado como Aníbal C, en una pensión de Uruguay al 5.300.

El debate será presidido por la jueza Eleonora Verón, quien acompañará a los ciudadanos involucrados pero no tomará la decisión final. A su vez, estará presente el fiscal Alejandro Ferlazzo del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la defensora pública Nora Gaspire (MPD), quien asistirá técnicamente al imputado.

El jurado deberá analizar las pruebas, escuchar los testimonios de los testigos, la versión de la Fiscalía y la palabra de la defensa; en un proceso que se extenderá hasta este jueves, cuando se lleven a cabo los alegatos. Posteriormente, los doce elegidos deberán tomar una decisión unánime y dictarán el veredicto. Luego, el magistrado determinará las características de la condena.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, brindó declaraciones acerca del estreno del juicio por jurados en Rosario y detalló: “Culmina esta etapa de transición y podemos decir que rige el juicio de jurados en toda la provincia. Más adelante se evaluará ampliar la metodología a medida que se vaya afianzando, podríamos pensar incluso en que una mayor cantidad de casos sean evaluados”.

A su vez, consideró que el método cuenta con la importancia de “darle al ciudadano participación directa en la administración de justicia” y mencionó como objetivo del avance de la medida a la idea de “cumplir con la Constitución”.

En este sentido, el funcionario agregó: “Uno ve que ante cada proyecto aparecen un montón de objeciones diciendo que algo ‘es inconstitucional’; ahora fíjense cuantos años estuvimos sin cumplir tres artículos que dicen que los casos criminales deben determinarse por jurados, sin que a nadie se le mueva un pelo”.

En el marco del femicidio de Agostina Vega, la Justicia ordenó la detención de un hombre que residía en la vivienda de Claudio Barrelier, el único imputado por el crimen de la adolescente de 14 años.

Según trascendió, el detenido era inquilino y amigo de Barrelier y ocupaba una habitación en la planta baja de la propiedad ubicada en Juan del Campillo 878, en barrio Cofico, el lugar donde la joven fue vista por última vez antes de desaparecer.

La medida fue ordenada por la Justicia bajo la acusación de encubrimiento agravado, en el marco de una investigación que intenta determinar si el principal sospechoso actuó solo o contó con algún tipo de colaboración antes o después del crimen.

El hombre había tomado notoriedad en las últimas horas tras brindar una entrevista televisiva utilizando el nombre ficticio de “Carlos”. Allí relató que vivió en la vivienda durante unos 25 días y aseguró que abandonó el lugar el mismo sábado en que ocurrieron los hechos.

Durante esa entrevista, afirmó que ese día compartió un viaje en Uber con Barrelier desde la casa de barrio Cofico hasta un complejo deportivo donde el acusado jugaba al fútbol. Según su versión, allí se encontraron con Agostina, su madre Melisa y un hermano menor de la adolescente.

Además, recordó una situación que le llamó la atención en aquel momento: aseguró que Agostina le pidió a Barrelier su número de teléfono delante de su madre. “Claudio, no te olvides de pasarme tu número”, habría dicho la joven, según su testimonio.

El presidente Javier Milei celebró este jueves la aprobación de 74 pliegos judiciales en el Senado y calificó la decisión como "el inicio de la reconstrucción de la Justicia".

El mandatario se expresó a través de sus redes sociales luego de una jornada clave para el oficialismo, que logró avanzar con un amplio paquete de designaciones para cubrir vacantes en distintos tribunales del país.

“En un verdadero hito se aprobaron 74 pliegos”, sostuvo Milei en una publicación en sus redes sociales. Entre los nombres que recibieron aval parlamentario se encuentra el de María Verónica Michelli, cuya candidatura había generado diferencias dentro del oficialismo en los últimos días.

También se manifestó al respecto el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien agradeció al Presidente por impulsar el proceso y sostuvo que se trata de un avance importante para el funcionamiento institucional. Además, reconoció el respaldo de Karina Milei y destacó el trabajo realizado por la Comisión de Acuerdos del Senado.

Según expresó el funcionario, la aprobación de los pliegos pone fin a años de demoras en la cobertura de cargos judiciales. “Es un verdadero triunfo para los ciudadanos que necesitan una justicia que funcione”, afirmó. Mahiques también valoró la tarea del secretario de Justicia, Santiago Viola, y sostuvo que la medida marca el comienzo de una nueva etapa para el Poder Judicial tras más de ocho años de vacantes y expedientes pendientes de resolución.

La causa que investiga a Claudio Barrelier, detenido por el femicidio de Agostina Vega, sumó este jueves un nuevo capítulo con la aparición pública de la primera mujer que lo denunció. A través de su abogada, Mónica Picco, se conocieron detalles del hecho ocurrido en mayo de 2025 y que ahora forma parte del expediente principal que se encuentra bajo la órbita de la Justicia cordobesa.

Según explicó la letrada, la joven, identificada como Milagros, y Claudio Barrelier Picco "se conocieron en 2022 por unas tías" e "intercambiaron celulares".

De acuerdo a su relato, el acusado la habría convencido de acudir a su vivienda bajo la promesa de entregarle una importante suma de dinero para que le guardara unos fondos. Sin embargo, una vez dentro de la casa, la situación tomó un rumbo completamente distinto. "La ata de manos y pies, le pone una cinta en la boca", aseguró.

Además, Picco relató que el hombre la obligó a permanecer desnuda bajo distintos pretextos y le quitó tanto el celular como las llaves de su motocicleta. La abogada calificó al imputado como “un monstruo” y aseguró que la víctima logró escapar tras desatarse parcialmente.

Además, relató que el hombre la obligó a permanecer desnuda bajo distintos pretextos y le quitó tanto el celular como las llaves de su motocicleta. La abogada calificó al imputado como “un monstruo” y aseguró que la víctima logró escapar tras desatarse parcialmente.

Marcelo Eduardo Porcel ya tiene colocada la tobillera electrónica ordenada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, tras la confirmación de su procesamiento en una causa que investiga presuntos delitos sexuales contra diez adolescentes.

La medida se concretó este miércoles, días después de que el empresario fuera visto en una misa en la Basílica de Luján sin el dispositivo de control.

La resolución judicial confirmó el procesamiento dictado en abril por el juez Carlos Bruniard, quien consideró que existen elementos suficientes para investigarlo por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, corrupción de menores y producción de representación sexual de menores de edad. Los camaristas dispusieron además un sistema permanente de rastreo y geolocalización para monitorear sus movimientos.

Durante una reciente audiencia, tanto la fiscalía como la querella solicitaron la prisión preventiva de Porcel. Incluso, siete de las diez presuntas víctimas presentaron una carta respaldando este pedido. Sin embargo, la Cámara rechazó la detención y optó por reforzar las restricciones ya vigentes, incluyendo dispositivos de alerta para los denunciantes ante cualquier eventual acercamiento del imputado.

La investigación se inició en 2024 a partir de denuncias de padres y adolescentes que señalaron presuntos abusos ocurridos en reuniones organizadas en el entorno familiar del empresario. Entre las pruebas incorporadas al expediente figuran testimonios en Cámara Gesell, peritajes y fotografías halladas en el teléfono de Porcel que, según la causa, habrían sido tomadas de manera oculta mientras algunos menores se encontraban desnudos dentro de su vivienda.

Tras el hallazgo del cuerpo de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era intensamente buscada desde hacía una semana en Córdoba, familiares, amigos y vecinos realizaron una concentración en las inmediaciones de la vivienda de la joven para reclamar justicia.

Con carteles con la imagen de Agostina, aplausos y cánticos, los manifestantes se reunieron alrededor de la casa ubicada en barrio General Mosconi, expresaron su dolor y exigieron respuestas por parte de las autoridades.

Según testimonios recogidos por Infobae durante la movilización, familiares de la adolescente cuestionaron el desarrollo de la investigación. “Nos cansamos de gritar, nadie nos escuchó. ¿Qué hago yo sin mi sobrina? No hicieron una mierda, ¿Cuánto se tardaron?”, manifestó una de sus tías entre lágrimas. También vecinos y allegados reclamaron mayor rapidez en la búsqueda y acompañaron a la familia en medio del dolor.

Con el correr de las horas, la protesta creció y se extendió a otros sectores de la ciudad. Algunos manifestantes encendieron neumáticos y maderas para cortar calles.

La madre de Agostina debió ser internada tras descompensarse al recibir la noticia, mientras la investigación continúa para determinar las circunstancias del crimen y la responsabilidad del único detenido en la causa.

Manuel Adorni podría presentar su declaración jurada a comienzos de junio, en medio de la presión política y judicial por la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. Desde el entorno del funcionario aseguran que trabaja junto a sus contadores en la documentación vinculada a propiedades, gastos y viajes al exterior, aunque todavía no hay una fecha confirmada para la presentación oficial.

En el oficialismo generaron malestar las declaraciones públicas de Patricia Bullrich y Victoria Villarruel, quienes reclamaron públicamente que Adorni avance con la difusión de su patrimonio. Incluso, desde la Casa Rosada consideran que Bullrich se adelantó a los tiempos políticos del Gobierno cuando habló del tema semanas atrás.

Por su parte, Villarruel también se refirió a la situación y sostuvo que esperaba la presentación de la declaración jurada del ex vocero presidencial. La tensión interna volvió a dejar expuestas las diferencias entre distintos sectores libertarios, especialmente en el vínculo entre la vicepresidenta y el círculo más cercano al presidente Javier Milei.

Mientras tanto, en Casa Rosada buscan bajarle el tono a la investigación judicial y aseguran que el expediente no continuará mucho más allá de los próximos meses. La causa está a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y del juez Ariel Lijo, quienes continúan reuniendo documentación y pruebas vinculadas al patrimonio de Adorni.

El escándalo sexual ocurrido a bordo de un avión que se dirigía a Rosario sumó un nuevo capítulo este jueves. El juez Ezequiel Zabale ordenó la eliminación de los datos personales de la mujer involucrada.

Se trata de la pasajera que fue demorada junto a un hombre el pasado 9 de mayo en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Fisherton, ante una confusa situación que en primera instancia se catalogó como exhibicionismo. Fue durante un vuelo de la empresa Copa Airlines, proveniente desde Panamá.

La decisión del Juzgado Civil y Comercial de 3° Nominación llega a partir de la presentación de una resolución por parte de la defensa de la damnificada, en carácter “autosatisfactivo”. La medida responde al daño que sufrió la mujer ante la viralización de su rostro por parte de usuarios en redes sociales y medios de comunicación.

De esta manera, los responsables de la difusión deberán retirar toda imagen de la víctima, junto con información sensible como su nombre y apellido completo, domicilio, celular, profesión y cuentas en redes sociales.

Por otra parte, los abogados defensores afirman que el episodio no sucedió como fue expuesto originalmente y que su clienta sufrió agresiones y burlas, tanto en internet como en su teléfono personal.

Patricia Bullrich presentó este miércoles de manera anticipada su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. La presentación se realizó más de dos meses antes del plazo legal previsto para el 31 de julio y se produjo en medio de la situación judicial que atraviesa el jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

La decisión de Bullrich fue interpretada en distintos sectores de La Libertad Avanza como un mensaje directo hacia Adorni, a quien la propia legisladora había reclamado públicamente que difundiera su declaración patrimonial.

El documento del funcionario aún no fue presentado y desde su entorno evitaron precisar cuando se concretará la publicación. Días atrás, incluso, el propio Adorni había reconocido la presión política sobre el tema y afirmó que la senadora “lo spoileó” al adelantar que iba a transparentar su situación patrimonial.

Según trascendió desde la Casa Rosada, algunos dirigentes oficialistas consideraron que la jugada fue una presión innecesaria sobre Adorni en un momento sensible para el Ejecutivo. “No sorprende. Es dañina y hace cosas para lastimar”, señalaron fuentes del oficialismo sobre el movimiento de la senadora.

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 1ª Nominación de Cañada de Gómez falló a favor del Club Atlético Defensores de Armstrong en el reclamo iniciado contra Rosario Central por los derechos de formación del futbolista Fabián Rinaudo. La demanda tiene que ver con la Ley Nacional 27.211, que regula las compensaciones económicas para las instituciones que forman deportistas profesionales.

Según la información que se desprende del expediente, Defensores acreditó haber formado al mediocampista entre abril de 1995 y abril de 2005. Tras ese período, el jugador continuó su carrera en Gimnasia y Esgrima de La Plata, club al que fue transferido de manera definitiva.El derecho económico del club de Armstrong se activó años después cuando Rinaudo firmó un nuevo contrato profesional con Central a fines de 2018.

La pericia contable que se incorporó a la causa determinó que la base de la indemnización debía calcularse sobre un millón de dólares, monto fijado a partir de transferencias previas de los derechos federativos del futbolista. En base a ese cálculo, la jueza estableció que a Defensores le corresponde el 4,68% de esa suma, equivalente a 46.800 dólares.

El fallo también dispuso que Rosario Central deberá abonar un interés anual del 6% desde el momento en que se produjo la mora, fijada 30 días después de la firma del contrato que originó el beneficio económico.

Además, la sentencia establece que el pago podrá realizarse en dólares estadounidenses o en pesos argentinos tomando como referencia la cotización del dólar comprador del Banco Nación. Las costas judiciales, en tanto, quedarán íntegramente a cargo de la institución rosarina.

La cantante colombiana Shakira fue absuelta por la Justicia española en una causa por presunto fraude fiscal del año 2011. El Tribunal Superior de Madrid consideró que la Agencia Tributaria no logró demostrar que la artista residiera en España el tiempo suficiente para tributar en ese país.

Según la resolución judicial, las autoridades fiscales solo pudieron acreditar que la artista permaneció 163 días en territorio español durante ese año, por debajo del mínimo de 183 días exigidos por la legislación para establecer residencia fiscal. A raíz de ese dato, el tribunal ordenó que el Estado español le reintegre el dinero abonado en concepto de multas, impuestos e intereses.

La investigación sostenía que la cantante mantenía en ese período vínculos económicos y personales con España debido a su relación con el exfutbolista Gerard Piqué. Sin embargo, los jueces sostuvieron que esa relación no podía equipararse legalmente a un matrimonio ni alcanzaba para probar que el centro principal de sus actividades estuviera radicado en el país europeo.

Tras conocerse el fallo, Shakira difundió un comunicado a través de sus abogados en el que afirmó: “Nunca hubo fraude y la propia Agencia Tributaria nunca pudo demostrar lo contrario, simplemente porque no era cierto”. Su abogado, José Luís Prada, señaló además que Hacienda deberá devolverle alrededor de 60 millones de euros y calificó el proceso como “un calvario de ocho años”.

El fiscal Gerardo Policita confirmó que la documentación presentada por el contratista Matías Tabar coincide con el gasto declarado para las obras realizadas en la vivienda del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Según señala el expediente, las refacciones demandaron una inversión total de US$245 mil.

Tabar se presentó de manera espontánea ante la fiscalía de Comodoro Py y entregó facturas, recibos y comprobantes vinculados a materiales, proveedores y mano de obra utilizados durante los trabajos. De acuerdo con su exposición, gran parte de los pagos se realizaron en efectivo y sin emisión de factura formal.

Las tareas se llevaron adelante durante aproximadamente diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025, e incluyeron remodelaciones en distintos sectores de la propiedad ubicada en el country Indio Cuá. Entre las intervenciones detalladas aparecen obras en pisos, cocina, baños, quincho y también arreglos en la pileta.

En declaraciones públicas, el contratista sostuvo que el presupuesto original era bastante menor y explicó que el valor final creció por las modificaciones incorporadas a medida que iba avanzando la obra.

“Yo lo adoro a Manuel, estoy convencido de que es honesto y creo que va a poder justificar todo”, afirmó Tabar, quien además indicó que sus honorarios personales ascendieron a US$20 mil.

Una pareja entregó a la Secretaría de Niñez a  una niña que vivía bajo su cuidado en la localidad santafesina de Guadalupe Norte sin autorización judicial. La menor no compartía un vínculo biológico con los adultos. 

Así lo confirmó la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia provincial. Según las primeras informaciones, la pareja se hizo cargo de la menor sin que haya una resolución judicial o la intervención formal de organismos competentes. En este marco, acudieron a la Justicia para pedir la tutela y les rechazaron la solicitud. Ambos sostienen que cuidaron a la menor con el consentimiento de la madre biológica, que pidió ayuda vía Facebook. 

A partir de la resolución, los involucrados tuvieron un plazo de 24 horas para presentarse ante el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano con la niña. Cumplieron con el pedido y la menor quedó al resguardo de la secretaría, mientras se trabaja en encontrar un proyecto de vida para la nena.

Por otra parte, se reveló que la misma pareja quiso adoptar a un niño con medida de protección el año pasado en Vera. Fue en el contexto del programa de Familias Solidarias y, en dicha instancia, fueron descartados.

La investigación por las presuntas maniobras ilegales con combustible dentro de la Unidad Regional II ingresó en una nueva etapa luego de que el fiscal José Luis Caterina presentara los pedidos de pena contra 19 efectivos y dos civiles.

Uno de los principales apuntados es el ex titular de la URII, Daniel Acosta, para quien la Fiscalía solicitó 12 años de prisión. En tanto, su ex secretario privado, Rodrigo Domínguez, enfrenta el pedido de condena más alto de la causa, con 14 años. También, quedó bajo acusación la empresaria Mónica Bianconi, dueña de una estación de servicio de zona sur señalada como el lugar donde se realizaban las operaciones investigadas.

De acuerdo a la reconstrucción realizada por los investigadores, el mecanismo habría funcionado durante casi dos años mediante consumos adulterados, cargas inexistentes y movimientos irregulares con tarjetas utilizadas para abastecer patrulleros. El expediente sostiene que distintos sectores de la fuerza participaban de la operatoria, desde personal encargado de las cargas hasta jefes policiales que controlaban áreas internas.

La causa reúne una importante cantidad de pruebas, entre ellas seguimientos por GPS, documentación sobre consumos incompatibles con vehículos fuera de servicio y procedimientos en los que se secuestraron grandes sumas de dinero, neumáticos y cientos de tarjetas de combustible.

La Justicia federal resolvió procesar a la exfiscal Viviana Fein por el delito de encubrimiento agravado, al considerar que cometió serias irregularidades en el manejo inicial en la escena donde apareció muerto Alberto Nisman, fiscal de la UFI-AMIA, en enero de 2015.

La resolución fue tomada por el juez Julián Ercolini e incluyó además un embargo preventivo de 15 millones de pesos sobre los bienes de Fein. Según sostuvo el magistrado en el fallo, la entonces fiscal no preservó correctamente la escena del hallazgo en el complejo Le Parc y Permitió la pérdida o alteración de pruebas clave en un momento determinante para esclarecer el caso.

Para el juez, está probado en la Justicia argentina que Nisman fue víctima de un homicidio. En los fundamentos, Ercolini remarcó que las omisiones de Fein generaron "un grave perjuicio" para la investigación y remarcó que no se recolectaron todos los elementos probatorios que debían preservarse.

Asimismo, señaló que el departamento pudo haber sido alterado tanto por decisiones propias como por acciones que actuaban bajo su órbita en esas primeras horas de trabajo.

Alberto Nisman apareció muerto con un disparo en la cabeza durante el fin de semana del 17 y 18 de enero de 2015, pocos días después de denunciar a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA mediante el Memorándum con Irán.