Flávio Bolsonaro afirmó que recibió una orden judicial para entregar su pasaporte ante las sospechas de que podría abandonar Brasil. Según relató en un video publicado en sus redes sociales, agentes de la Policía Federal lo interceptaron cuando salía de la casa de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria tras ser condenado a 27 años de cárcel por el intento de golpe de Estado.

“Voy a entregar mis pasaportes y voy a defenderme de esta aberración, que es un claro intento de intimidarme. Pero nadie va a callarme”, sostuvo Bolsonaro, quien atribuyó la decisión al juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes. El magistrado estuvo a cargo del juicio contra su padre y dirige dos investigaciones en las que Flávio está mencionado.

El candidato derrotado vinculó la medida con declaraciones de su hermano Eduardo, quien durante un pódcast del 23 de octubre sugirió que debería abandonar Brasil si perdía las elecciones. “Yo nunca dije eso. ¿Es motivo para quitarme el pasaporte? ¿Esto es justicia?”, cuestionó Flávio, quien también señaló que la decisión habría sido tomada el domingo por la noche, poco después de conocerse el resultado electoral.

Según informaron medios brasileños, el senador es investigado por presuntas irregularidades en la financiación de Dark Horse, una película biográfica sobre su padre, y por sospechas de lavado de dinero en una causa vinculada a Willer Tomaz, abogado y allegado a la familia Bolsonaro. Flávio no precisó cuál de esos expedientes estaría relacionado con la orden de entregar sus documentos.

Ariel Matías Cabrera y Damián Gerardo Reifenstuel recibieron penas de 20 años de prisión, mientras que Juan José Massón recibió 18 años en el marco del juicio por el crimen de Ivana Garcilazo, la hincha de Central asesinada de un piedrazo tras un clásico rosarino el 30 de septiembre de 2023. Les impusieron inhabilitaciones perpetuas para asistir a eventos deportivos y, en el caso de Cabrera, no podrá ejercer roles deportivos por 15 años.

Así lo confirmó el tribunal conformado por los magistrados Natalia Benvenuto, Juan Ignacio Rodríguez y Rodrigo Vico Jimena en la sede del Centro de Justicia Penal, luego de juzgar a los implicados como coautores del delito de homicidio simple, cometido con dolo eventual y agravado por ser perpetrado en ocasión de espectáculo deportivo. No se cumplieron los pedidos de la Fiscalía y la querella, quienes solicitaron 30 y 33 años de cárcel, respectivamente.

Por un lado, Reifenstuel y Cabrera, recibieron 20 años de prisión con inhabilitación de 15 años para desempeñarse como deportista, jugador profesional, técnico, colaborador, dirigente, concesionario, miembro de comisión o subcomisión de entidades deportivas. Tampoco podrán acudir a espectáculos deportivos, de manera perpetua. 

El primero tiene como agravante su fuga a Bolivia con cambio de identidad que prolongó la posibilidad de que haya una respuesta judicial durante más de un año, mientras que el segundo agredió a la pareja de Ivana cuando ella resultó herida y obstruyó la rápida atención médica de la misma. 20 años de prisión, una inhabilitación para En el caso de Massón, su accionar no tuvo otros agravantes ante los ojos de los jueces y le dieron 18 años de prisión, con inhabilitación perpetua para ingresar a estadios deportivos.

El padre, la hermana y la pareja de la víctima ingresaron al auditorio, mientras que allegados, amigos y otros familiares siguieron la audiencia desde una pantalla gigante en la plaza contigua al edificio de las calles Virasoro y Mitre.

Antes de dar el veredicto, la jueza Natalia Benvenuto brindó una explicación preliminar de la decisión y expresó: “El fútbol es uno de los grandes fenómenos de la humanidad, en un evento deportivo confluyen espectadores, futbolistas, clubes, organizaciones y el Estado, por eso es un ámbito donde colisionan intereses, derechos y obligaciones. El juego despierta competitividad, emoción y pasión, de esos mismos sentimientos ha surgido una idea distorsionada de la competencia, la radicalización de la identidad y la discriminación al rival”.

A su vez, situó el relato en lo sucedido aquel 30 de septiembre de 2023 a la noche en Ovidio Lagos y Oroño y señaló: “Los tres acusados se encontraban reunidos en una vivienda particular enojados por el resultado adverso de su equipo, varios testigos los escucharon decir antes de salir que iban a ‘salir a pelearse o golpear’. La ubicación no fue casual ni azarosa, era muy probable que circularan simpatizantes de Central”.

“Tomaron pedazos de baldosa de la vereda rota de la esquina y los arrojaron en forma conjunta contra ellos, impactando uno de ellos contra la cabeza de Ivana”, agregó la magistrada, quien consideró que se trató de “un ataque simultáneo y coordinado”. 

No obstante, aclaro: “Que haya habido un solo impacto certero no permite concluir que existió un único autor”. Luego, remarcó que todos los detenidos tiraron piedras, pero que no se determinó quién lanzó la que impactó en la cabeza de la víctima.

En la previa a comunicar el rechazo a las penas de 30 y 33 años solicitados por las fiscales Laura Riccardo y Carla Ranciari y la querella, respectivamente, recordó: “La pena no puede fijarse a partir de la conmoción social que provocó el hecho, la realidad abstracta del delito ni de lo que pidan las partes”. En la misma línea, argumentó que los detenidos “no son idénticos en lo que hicieron antes o después”, que no hubo planificación del hecho y que “no hubo una intención positiva de matar como fin inmediato”. 

La Fiscalía de Esquina formalizó este viernes las acusaciones contra las cinco personas detenidas en la causa por la desaparición de Nancy Godoy, en Corrientes. Durante las audiencias, los investigadores definieron los delitos atribuidos a cada sospechoso y solicitaron que todos permanezcan detenidos mientras continúa la búsqueda de la docente.

Rosa Leguizamón fue la primera en comparecer y quedó imputada por homicidio simple. Luego fueron acusados Ireneo Zarza, Sandoval y Nahuel Rojas, señalados como coautores de femicidio. Por su parte, Ezequiel Bordón, el primer detenido en el expediente, fue imputado por falso testimonio.

Al finalizar las audiencias, los acusadores dispusieron la prisión preventiva sin plazo para los cinco imputados. La medida se mantendrá mientras avance la investigación, que todavía busca establecer qué ocurrió con Godoy y dar con su paradero.

Gustavo Briend, abogado de la familia, cuestionó la acusación por homicidio simple contra Leguizamón y planteó que la figura correspondiente sería la de femicidio. “Interpretamos que fue un femicidio, pero la Fiscalía la acusó de homicidio simple”, afirmó. También sostuvo que la familia considera que hubo un móvil detrás del hecho, aunque aclaró que, por el momento, no se habla de un crimen premeditado.

María Luz Hidalgo, de 42 años, y Daniel David Ramírez, de 28, recibieron este viernes la pena de prisión perpetua por el asesinato del bombero retirado José Coelho De Sousa De Melo, de 84 años, ocurrido el 21 de agosto de 2023 en una vivienda de Pérez. 

El tribunal integrado por los jueces Lisandro Artacho, Rafael Coria y Paola Aguirre los declaró responsables del delito de homicidio calificado por ensañamiento y alevosía, en línea con la acusación del fiscal Ignacio Hueso. Hidalgo había trabajado como empleada doméstica de la víctima durante aproximadamente un año y medio, pero la relación se deterioró hasta que fue despedida.

Horas antes del crimen, cerca de las 20.30, un móvil policial había intervenido en una discusión frente a la casa de Rivadavia al 900. Coelho explicó que no había llamado a la Policía y que no quería presentar una denuncia, mientras que Hidalgo aseguró que había ido a buscar su ropa y otras pertenencias. Los agentes identificaron a la mujer, que proporcionó datos falsos, y se retiraron. Poco después, la pareja atacó al jubilado dentro de la vivienda: lo golpeó en la cabeza y lo estranguló con un cable HDMI y una media. Luego se llevó dos televisores, un celular y documentación.

El homicidio se descubrió al día siguiente, cuando un vecino advirtió que las luces de la casa seguían encendidas y alertó al hijo de la víctima. En medio de las primeras tareas investigativas, un remisero aportó un dato que permitió reconstruir parte de los movimientos de los sospechosos. El hombre contó que la noche anterior había trasladado a una mujer vestida con pupera y calza negra, junto a un joven de contextura robusta y pelo corto, después de que ambos retiraran dos televisores de la vivienda de Coelho. El destino del viaje fue la zona de Vélez Sársfield y Fraga.

El testimonio del chofer, sumado al cruce de registros policiales y comunicaciones de la Central 911, orientó a los investigadores hacia el domicilio de Ramírez, ubicado en Vélez Sársfield al 6400, en el barrio Ludueña de Rosario. Allí, la pareja fue detenida días después. Otro elemento decisivo surgió de la declaración de una familiar de Hidalgo, quien aseguró que la mujer la llamó después del crimen y le confesó: “Tengo que decirte algo: matamos al viejo”. Para la Fiscalía, esas pruebas permitieron reconstruir el ataque y sostener la acusación que culminó con la condena a prisión perpetua.

El Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 8 dispuso este viernes el sobreseimiento de Javier Milei, Karina Milei y otras nueve personas investigadas en la causa $LIBRA. El expediente buscaba determinar si hubo delitos económicos en el lanzamiento y la promoción del token, cuya cotización se desplomó luego de alcanzar una fuerte exposición pública. La resolución alcanza, entre otros, al empresario estadounidense Hayden Mark Davis y a Mauricio Novelli.

En relación con la presunta estafa, el tribunal consideró que no se acreditó un engaño penalmente relevante ni una maniobra fraudulenta previamente organizada que pudiera atribuirse a los imputados. Según el fallo, la criptomoneda se desenvolvió en un mercado especulativo y volátil, sin garantías de rentabilidad para quienes invirtieron. En ese marco, la caída del precio del activo, por sí sola, no alcanza para configurar el delito.

Respecto de Javier Milei, la Justicia sostuvo que la difusión del proyecto desde su cuenta personal de X no constituyó un acto institucional ni implicó el uso de recursos públicos. Tampoco encontró acuerdos confidenciales o contratos estatales que vincularan su función como presidente con la iniciativa privada. La resolución también tuvo en cuenta que la Oficina Anticorrupción no había detectado infracciones a la Ley de Ética Pública.

En cuanto a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, los peritajes sobre dispositivos electrónicos no permitieron confirmar pagos o dádivas a cambio de facilitar reuniones con empresarios como Hayden Davis y Julian Peh. El juez también consideró que las referencias en publicaciones digitales sin firma y las menciones periodísticas no constituían pruebas objetivas de un intercambio ilícito. El sobreseimiento alcanza, además, a Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Chyi Haur Peh, María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino. Martínez de Giorgi dispuso el cierre definitivo de la causa para los once imputados y ordenó comunicar y archivar el expediente una vez que la resolución quede firme.

Una adolescente de 17 años sufrió un episodio de hostigamiento durante su viaje de egresados a Bariloche que, según denunció su familia, agravó su estado de salud mental. El caso tomó repercusión después de que se difundiera un video grabado por una de las jóvenes señaladas como agresora, en el que relata parte de lo sucedido y expresa: “Le dio un brote psicótico, se sacaba los pelos y yo lo disfrutaba”.

Según contaron sus padres, Rodrigo y Noelia, el episodio ocurrió en un boliche durante la última noche del viaje. La adolescente habría recibido insultos, empujones y burlas, además de comentarios sobre su cuerpo y referencias a un video íntimo que había circulado sin su consentimiento meses antes. La joven ya recibía tratamiento por ansiedad, depresión y angustia, y había trabajado durante dos meses con su psicóloga y psiquiatra para poder participar del viaje junto a sus compañeros.

🚨 ESCÁNDALO POR BULLYING EN UN VIAJE DE EGRESADOS: “EL MAL QUE ESTABA PASANDO ELLA YO LO ESTABA DISFRUTANDO” Una estudiante de Catamarca publicó un video en el que contó cómo hostigaron a una compañera durante el viaje de egresados en Bariloche. Según su relato, la joven terminó sufriendo un brote psicótico en medio de la situación. El testimonio generó conmoción por la gravedad de lo ocurrido y volvió a poner el foco en las consecuencias del bullying entre adolescentes.

La familia relató que durante la madrugada recibió una comunicación que alertó sobre la crisis que atravesaba la adolescente. De acuerdo con el testimonio de sus padres, la joven se tiraba del pelo e intentaba golpearse contra una pared, por lo que necesitó asistencia médica y contención de los adultos que acompañaban al contingente. Días después de su regreso, la grabación difundida por una de las presuntas agresoras les permitió reconstruir parte de lo ocurrido. “Reconoce todo lo que nos había transmitido nuestra hija”, sostuvo Noelia.

El hostigamiento se produjo después de una denuncia previa por la difusión sin consentimiento de un video íntimo, que la familia había llevado a la Justicia. Según explicó la madre, la circulación del material comenzó meses antes del viaje y tres jóvenes quedaron bajo investigación. La adolescente casi no había vuelto a las aulas desde junio y cursaba de manera virtual. Tras lo sucedido en Bariloche, dejó actividades escolares, recreativas y sociales, y comenzó a recibir atención en un espacio multidisciplinario de salud mental.

En el plano judicial, el caso abrió dos investigaciones paralelas. Una está a cargo del fiscal penal juvenil Guillermo Narváez y se centra en la presunta producción y distribución de material íntimo; en ese expediente, las defensas de los adolescentes imputados plantearon la nulidad de la determinación del hecho, un planteo que fue rechazado por el juez de Control de Garantías, aunque uno de los abogados apeló la decisión. La segunda pesquisa, encabezada por la fiscal Paola González Pinto, busca esclarecer el hostigamiento sufrido por la joven durante el viaje y evaluar sus consecuencias.

La respuesta del colegio privado Pía Didoménico también quedó bajo cuestionamiento. La institución aseguró en un comunicado que actuó con responsabilidad y celeridad desde que tomó conocimiento de los hechos y que puso la situación a disposición del Ministerio de Educación y Trabajo. Sin embargo, la familia sostuvo que docentes ya conocían la situación por referencias al video dentro del aula. Además, la madre señaló que una asesora de menores e incapaces presentó una denuncia tras conocer la grabación, mientras que los padres anticiparon que impulsarán nuevas acciones judiciales contra la joven que aparece en el video.

La Prefectura Naval Argentina realizó este jueves dos allanamientos en Rosario en el marco de una investigación por narcotráfico que lleva adelante la Justicia Federal de Corrientes. Los operativos se concretaron en una propiedad de España al 900 y otra ubicada en el barrio de Fisherton, en la zona de Aldea.

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Federal Nº 2 de Corrientes, a cargo de Juan Carlos Vallejos, para avanzar sobre una posible conexión con un cargamento de marihuana secuestrado el 1º de noviembre de 2025 en la localidad de Paso de la Patria. En aquella oportunidad, las fuerzas de seguridad encontraron 640 kilos de droga dentro de una camioneta Dodge RAM.

De acuerdo con la investigación, el hallazgo se produjo luego de que los efectivos siguieran a alta velocidad una camioneta con vidrios polarizados. Sus dos ocupantes descendieron del vehículo y escaparon, por lo que dejaron abandonado el rodado con la carga de estupefacientes en una zona urbana de la localidad correntina.

A partir de ese procedimiento, los investigadores comenzaron a reconstruir el recorrido de la camioneta e identificar a las personas que la ocupaban. Las tareas permitieron detectar un posible vínculo con un hombre y derivaron en los allanamientos realizados este jueves en Rosario, con el objetivo de reunir nuevos elementos para la causa. Por el momento, no se informó oficialmente sobre detenciones ni sobre el secuestro de elementos de interés durante los operativos.

Talia Liliana Baduna, la joven de 29 que fue quemada por su pareja el pasado 12 de octubre en Granadero Baigorria estando embarazada, murió este miércoles por la noche y la causa pasará a tratarse como un femicidio. Maximiliano Castagnino, autor del ataque, está en prisión preventiva y volverá a ser llevado a audiencia.

El caso ocurrió nueve días atrás en una vivienda de pasaje Rafael Obligado al 400, en la ciudad vecina, cuando el hombre de 36 años roció a la víctima, quien cursaba un embarazo de 34 semanas, con alcohol etílico en la cara, el pecho y los brazos antes de prenderla fuego. Producto del hecho, sufrió quemaduras graves en el 15 por ciento de su cuerpo y daños en el sistema respiratorio.

Fue llevada al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde horas más tarde le practicaron una cesárea de urgencia en la que nació su hijo y quedó intubado en el sector de Neonatología. Desde el establecimiento de salud confirmaron que la paciente falleció a las 22:50 de este miércoles, tras permanecer internada varios días con respirador artificial.

Por su parte, Castagnino fue imputado este viernes en el Centro de Justicia Penal de Rosario por tentativa de homicidio doloso calificado por el vínculo, tras la acusación del fiscal Franco Tassini de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas. En dicha instancia, el juez Rodrigo Santana dictó prisión preventiva hasta el 12 de marzo de 2027. No obstante, tras la muerte de Talia, la carátula de la causa cambia a femicidio y el proceso judicial continuará con una nueva audiencia.

La causa por el ataque en patota que sufrió Tomás, de 17 años, en Funes tuvo avances con dos allanamientos realizados en Rosario. Los procedimientos se llevaron adelante en el marco de la investigación que conduce la fiscal Raquel Almada, luego de que se viralizara un video que muestra a varios jóvenes golpeando al adolescente, incluso cuando estaba tendido en el suelo y recibía patadas en la cabeza.

El episodio ocurrió en la madrugada del 12 de octubre, en la zona de Elorza y la ruta 9, después de una fiesta de estudiantes de la Escuela Raúl Arino realizada en la sede de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Funes (Acif), ubicada en Juan Elorza 1461. Según el testimonio de una mujer que intervino junto a su esposo para frenar la agresión, al menos seis jóvenes atacaban a la víctima mientras otro filmaba. La pareja logró que dejaran de golpearlo y los agresores escaparon a alta velocidad en un auto rojo con dirección a Rosario.

Tras los procedimientos, los investigadores secuestraron teléfonos celulares, prendas de vestir y un Hyundai Veloster rojo señalado como el vehículo en el que se movilizaba el grupo. Además, dos presuntos agresores fueron aprehendidos y quedaron vinculados a una causa por “lesiones en riña”. Sin embargo, tanto las imágenes difundidas como los testimonios apuntan a la participación de más personas en el ataque, por lo que la investigación continúa para determinar las responsabilidades individuales.

La golpiza generó una fuerte repercusión en Funes y llegó hasta el ámbito político local. El intendente Roly Santacroce recibió al adolescente y a su padre, y expresó públicamente su indignación por lo ocurrido. En paralelo, comenzaron a circular en redes sociales publicaciones que señalaban a presuntos participantes del ataque. La investigación judicial, a cargo de la fiscal Almada, busca ahora reunir pruebas para esclarecer el episodio e identificar a todos los involucrados.

La Justicia le dio la razón a la Municipalidad de Rosario en el litigio con los arquitectos que ganaron el concurso nacional de anteproyectos para ampliar y remodelar el Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino. Los profesionales, pertenecientes a los estudios Pasto Arquitectos y Carballo-Errasti Arquitectos, habían iniciado una demanda con el acompañamiento del Colegio de Arquitectos de Rosario para reclamar honorarios e indemnizaciones, pero la Cámara desestimó el planteo.

El conflicto comenzó en 2017, cuando el gobierno provincial convocó al concurso para definir el proyecto de renovación del museo. La propuesta ganadora debía avanzar hacia su ejecución, pero las obras previstas para 2019 quedaron sin efecto por falta de fondos provinciales. Como consecuencia, el proyecto no pasó a la instancia de dirección ejecutiva y los trabajos nunca se concretaron. En 2022, los arquitectos acudieron a la Justicia para reclamar los pagos pendientes y una compensación por los perjuicios que atribuyeron a la interrupción de la iniciativa.

En su resolución, la Cámara sostuvo que los demandantes no habían rescindido formalmente el contrato, un requisito que consideró necesario para reclamar daños e indemnizaciones. Además, determinó que las etapas II y III del proyecto no habían sido entregadas, por lo que no correspondía exigir el pago de esos trabajos. El tribunal también descartó el reconocimiento de honorarios por la dirección de obra, dado que la construcción no se llevó adelante.

Por último, los jueces concluyeron que los arquitectos no lograron demostrar una conducta culpable de la Municipalidad que justificara las indemnizaciones reclamadas. De esa manera, el fallo limitó el reconocimiento económico al saldo pendiente de la primera etapa, que fue la única efectivamente entregada. La disputa había vuelto al centro de la escena entre fines de 2025 y comienzos de 2026, cuando el Ejecutivo local avanzó con una nueva propuesta para ampliar el museo, diferente de la que había resultado ganadora del concurso original.

Mariano Ríos Artacho seguirá en prisión preventiva luego de que la jueza de segunda instancia Carolina Hernández rechazara los planteos de las defensas y confirmara la medida cautelar. La resolución se conoció tras una audiencia realizada el lunes y sostiene la hipótesis de la Fiscalía sobre una organización que habría operado de manera sistemática para desviar dinero depositado en cuentas judiciales.

La decisión también comprende a Julio Héctor M., Fabricio Emanuel R., Gustavo C. y el abogado Emilio B., quienes permanecen detenidos. En cambio, otros seis imputados recuperaron la libertad durante el proceso. Los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani investigan una maniobra que se habría extendido durante siete años y que consistía en utilizar órdenes judiciales para retirar fondos de distintas cuentas.

Hasta el momento, los investigadores revisaron 48 de las 148 cuentas bajo análisis y estimaron que el perjuicio económico rondaría los 425 millones de pesos. Según la acusación, el dinero habría circulado entre distintas personas y parte de los fondos habría regresado a manos de Ríos Artacho. El exfiscal reconoció que tenía problemas vinculados al juego, negó haber integrado una organización criminal y ofreció devolver el dinero, aunque la jueza consideró que esa situación no descarta la posible existencia de una asociación ilícita.

Hernández sostuvo que los elementos reunidos hasta el momento apuntan a una metodología planificada, con división de tareas y utilización irregular de fondos judiciales. También valoró que Ríos Artacho contaba con acceso y facultades para firmar las órdenes que habrían permitido concretar las operaciones investigadas. La prisión preventiva fue confirmada hasta el 2 de diciembre, mientras la Fiscalía continúa con las medidas destinadas a determinar el alcance de la maniobra y las responsabilidades de cada imputado.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) autorizó la subasta de un tercer departamento decomisado en el marco de una investigación por lavado de activos vinculada a Carla Yanina Salvatore. La medida fue oficializada mediante la Disposición 155/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, aunque todavía no se informó la fecha del remate ni los plazos para participar.

La propiedad se encuentra en Argerich al 5855/71, en la ciudad de Buenos Aires, y corresponde a una unidad ubicada en el tercer piso. Según los datos oficiales, el departamento tiene una superficie de 44,20 metros cuadrados, a los que se suma una séptima parte de una unidad complementaria en planta baja, de 32,60 metros cuadrados. La superficie total consignada es de 76,80 metros cuadrados.

El Tribunal de Tasaciones de la Nación estableció en julio de 2026 un valor venal de 105 millones de pesos y un valor base de 94,5 millones. Sin embargo, la disposición de la AABE fijó para la subasta una base de 69.536 dólares. Esta nueva convocatoria se agrega a las autorizaciones para rematar otros dos departamentos relacionados con el mismo expediente, uno en Villa Urquiza, con una base de 74.172 dólares, y otro en la esquina de avenida Congreso y Galván, valuado en 74.468 dólares.

La liquidación de los inmuebles forma parte de las medidas judiciales sobre bienes decomisados en la causa por lavado de activos. Según la disposición, los fondos obtenidos, una vez descontados los gastos de administración y venta, quedarán a disposición del Tribunal Oral Federal de Resistencia o del organismo que este determine. El procedimiento deberá completarse con el pliego de condiciones particulares, que establecerá los detalles para concretar el remate.

La investigación está vinculada a la causa Carbón Blanco, que desarticuló una organización dedicada al envío de cocaína a Europa oculta en cargamentos de carbón vegetal. Carlos Salvatore, padre de Carla Yanina, fue condenado en 2015 a 21 años de prisión por narcotráfico y murió en 2021. En el expediente paralelo por lavado de activos, su hija recibió en 2025 una condena de cinco años de prisión, que en mayo de 2026 fue reducida a tres años en suspenso por la Cámara Federal de Casación Penal, que también confirmó una multa y el decomiso de bienes identificados en la sentencia.

Un hombre identificado como Maximiliano C. fue imputado este viernes en el Centro de Justicia Penal de Rosario por intentar asesinar a su pareja en Granadero Baigorria. El juez Rodrigo Santana ordenó que permanezca en prisión preventiva efectiva hasta el 12 de marzo de 2027, en el marco de una causa por tentativa de homicidio doloso calificado por el vínculo.

Según la investigación del fiscal Franco Tassini, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, el ataque ocurrió el lunes pasado, alrededor de las 13.30, en una vivienda ubicada en Obligado al 400. El acusado habría rociado con alcohol etílico el rostro, el pecho y los brazos de la víctima y luego habría arrojado un elemento con llama, con la intención de prenderla fuego y causarle la muerte.

Los gritos de la mujer alertaron a una vecina, que acudió en su ayuda y la trasladó al hospital Eva Perón. Allí, los profesionales debieron atender las quemaduras y realizarle una cesárea de urgencia, debido a que cursaba la semana 34 de embarazo. De acuerdo con lo señalado por el Ministerio Público de la Acusación, el episodio se produjo en un contexto de violencia de género que se habría extendido durante al menos dos años, período en el que la pareja convivió.

En cuanto al estado de salud de las víctimas, la mujer permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Eva Perón, con pronóstico reservado y asistencia respiratoria mecánica. El bebé, en tanto, se encuentra en el Servicio de Neonatología del mismo establecimiento y su estado es estable. La prisión preventiva del acusado podrá extenderse si la Fiscalía presenta el correspondiente requerimiento acusatorio.

La Justicia federal resolvió este miércoles imponerle una multa diaria de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una orden vinculada con la ley de Financiamiento Universitario. La medida fue dispuesta por el juez Martín Cormick, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 11, en el marco de una causa impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras partes contra el Estado nacional.

En su resolución, el magistrado consideró que se había verificado el incumplimiento de la orden judicial y decidió hacer efectivo el apercibimiento establecido el pasado 30 de septiembre. La sanción económica se aplicará por cada día de demora y, según advirtió, el monto podría modificarse, al igual que los funcionarios alcanzados por la medida.

El conflicto está relacionado con la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. La normativa contempla la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas, además de la recomposición de los programas de becas estudiantiles. La disputa judicial se desarrolla en torno al cumplimiento de las disposiciones vinculadas con el financiamiento universitario.

Por otro lado, el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, por el presunto incumplimiento de una medida cautelar que ordenó al Gobierno nacional aplicar la ley. La presentación fue radicada en los tribunales federales de Retiro y solicita investigar si los funcionarios incurrieron en el delito de desobediencia, además de otras posibles figuras penales.

En la denuncia, Solano pidió que la investigación también alcance a otros funcionarios que pudieran haber intervenido en el incumplimiento de la resolución. Como posibles delitos, mencionó los artículos 239, 248 y 249 del Código Penal, relacionados con la desobediencia a la autoridad y el incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos. El dirigente sostuvo que la situación reviste gravedad institucional y señaló que la orden judicial fue confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, mientras que la Corte Suprema desestimó el recurso extraordinario presentado en el expediente

La Justicia de Rosario dictó tres meses de prisión preventiva efectiva para una pareja acusada de engañar a decenas de personas mediante la venta fraudulenta de paquetes turísticos y pasajes aéreos. Ambos fueron imputados por 23 hechos registrados entre marzo de 2025 y octubre de 2026, en los que habrían obtenido importantes sumas de dinero en pesos y dólares.

La medida fue dispuesta este martes por el juez de Primera Instancia Alejandro Negroni, durante una audiencia en el Centro de Justicia Penal. La acusación fue impulsada por los fiscales Aurelio Cicerchia y Matías Ocariz, de la Unidad Especializada en Cibercrimen, quienes también solicitaron y obtuvieron la autorización para embargar e inmovilizar fondos de las cuentas bancarias, billeteras virtuales y plataformas de activos digitales de los imputados.

Según la investigación, Natalí D., de 35 años, fue acusada como autora de 23 estafas. La mujer contactaba a sus clientes exclusivamente por WhatsApp y se presentaba como intermediaria, inversionista o representante de una empresa turística con acceso a tarifas preferenciales, pese a que no contaba con un local comercial ni una agencia registrada. En algunos casos, entregaba los primeros pasajes de manera efectiva para generar confianza y conseguir nuevas recomendaciones, pero luego captaba operaciones por montos mayores que nunca cumplía.

La Fiscalía sostiene que, una vez recibido el dinero, la mujer postergaba las entregas con distintas excusas, como fallas en el sistema, problemas con superiores, bloqueos bancarios o inconvenientes personales, sin devolver los fondos. Incluso, en algunos casos, habría ofrecido a sus clientes convertirse en revendedores a cambio de comisiones.

Por su parte, su pareja, Federico Germán L., de 32 años, fue imputado como coautor de ocho hechos de estafa. Para los investigadores, cumplía un papel clave en el manejo del dinero, ya que habría aportado sus cuentas bancarias (incluida una radicada en Italia, donde se recibían pagos de las víctimas), administrado los fondos y realizado devoluciones parciales de montos reducidos para dilatar los reclamos.

La pareja había sido detenida el viernes pasado durante dos allanamientos realizados por personal de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI) en Arroyo Seco, en Gálvez al 900, y en Rosario, en Nicaragua al 800. En los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, computadoras, tarjetas bancarias y motocicletas, elementos que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación.

Familiares, amigos y allegados de Bárbara Camila Aragón, la joven de 26 años asesinada en una pensión de barrio Empalme Graneros, se movilizaron este martes al Centro de Justicia Penal de Rosario para reclamar avances en la investigación. Tras despedir a la víctima en Villa Gobernador Gálvez, sus seres queridos pidieron ser recibidos por la fiscal y plantearon sus sospechas sobre la posible participación de otras personas en el femicidio.

Una de las amigas de Bárbara reclamó que las autoridades judiciales reciban a los familiares y escuchen sus planteos para evitar que el crimen quede impune. Además, recordó a la joven con especial cariño y destacó los gestos de afecto que tenía con su grupo de amigas: “Bárbara para todas nosotras era todo. Ella era amor con todas. A cada una de nosotras nos brindaba amor."

La familia también insistió en que la investigación no debe limitarse al único detenido y pidió que se analice la posible responsabilidad de otras personas que estaban en la pensión. Los allegados consideran que resulta necesario esclarecer qué sabían quienes se encontraban en el lugar y si tuvieron algún grado de participación en el femicidio. Por su parte, Blanca, la madre de Bárbara, reclamó que se investigue a todos los posibles involucrados y pidió prisión perpetua para los responsables.

Bárbara Camila Aragón fue encontrada sin vida durante la madrugada del domingo 11 de octubre, dentro de una valija y envuelta en una frazada, en una pensión ubicada en Juan José Paso al 6200, en barrio Empalme Graneros. El hallazgo se produjo luego de que sus familiares comenzaran a buscarla tras perder contacto con ella. Según la reconstrucción inicial, un remisero la había trasladado hasta ese domicilio durante la mañana del sábado y luego recibió un mensaje de la joven en el que le pedía que regresara a buscarla. Sin embargo, cuando volvió, no obtuvo respuesta.

Por el crimen permanece detenido Eliel Gerónimo Noel Schiffo, de 37 años, un expolicía de Santa Fe que había sido exonerado de la fuerza y condenado en 2021 a seis años de prisión por integrar una organización dedicada al narcotráfico. El preinforme de la autopsia estableció que Bárbara murió por asfixia y que no presentaba otras lesiones visibles de violencia. La investigación está a cargo de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (UVAL) del Ministerio Público de la Acusación, con intervención de la fiscal Bertolotti, quien ordenó la detención del sospechoso por homicidio calificado por femicidio.

La disputa judicial por la Ley de Financiamiento Universitario sumó un nuevo capítulo este viernes, luego de que el juez federal Martín Cormick aceptara la apelación presentada por el Gobierno nacional contra la resolución que ordenó cumplir con la normativa. Sin embargo, el magistrado aclaró que la medida cautelar continúa vigente, por lo que el Ejecutivo deberá mantener las acciones exigidas hasta que se resuelva la revisión del caso.

Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, elevó la discusión a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Ese tribunal tendrá la responsabilidad de analizar los argumentos oficiales y decidir si ratifica o revoca el fallo de primera instancia. En paralelo, el juez dispuso que siga adelante el trámite para ejecutar el cumplimiento de la cautelar.

La resolución judicial exige al Gobierno nacional otorgar partidas para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas, recomponer los salarios de docentes y trabajadores no docentes y actualizar las becas estudiantiles. La ley fue promulgada en octubre de 2025, pero su aplicación continúa en el centro del conflicto entre las autoridades nacionales y la comunidad universitaria.

Desde el Ministerio de Capital Humano cuestionaron el fallo y sostuvieron que genera “agravios concretos y de significativa gravedad institucional”, además de comprometer el equilibrio fiscal. Entre sus argumentos, el Gobierno planteó que la implementación de la norma tendría un impacto presupuestario considerable y señaló que no se identificó una fuente de financiamiento específica y suficiente para afrontar los gastos.

En ese sentido, el Ejecutivo advirtió que cubrir las obligaciones mediante reasignaciones presupuestarias podría comprometer una parte sustancial de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado. También reclamó que las normas sobre financiamiento universitario se interpreten en conjunto con la legislación que regula la administración y ejecución del gasto público. La definición de la Cámara será clave para determinar cómo continúa el litigio, aunque, por ahora, la cautelar sigue obligando al Gobierno a cumplir con lo dispuesto por la Justicia.

La Justicia federal declaró inconstitucional este martes una parte del decreto 759/2025 y ordenó al Poder Ejecutivo aplicar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión fue tomada por el juez Martín Cormick, quien hizo lugar al planteo de fondo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), distintas universidades y docentes, además del amparo de la Universidad de Buenos Aires.

El magistrado cuestionó específicamente el apartado del decreto que condicionaba la aplicación de la ley a la determinación de una fuente de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes al presupuesto. En su resolución, ordenó al Gobierno dictar las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para cumplir con la legislación y le impuso las costas del proceso al Estado nacional.

Sentencia sobre el planteo de fondo para el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario a favor las Universidades Nacionales.

El conflicto se originó en 2025, cuando el Congreso sancionó la ley 27.795 y luego insistió con su aprobación por una mayoría de dos tercios en ambas cámaras tras el veto de Javier Milei. El Ejecutivo finalmente promulgó la norma mediante el decreto 759/2025, pero incorporó la referencia al artículo 5 de la ley 24.629, utilizada para supeditar su ejecución a la existencia de partidas presupuestarias.

La sentencia representa un nuevo capítulo del conflicto judicial entre las universidades y el Gobierno, luego de distintas medidas cautelares dictadas durante el último año. En diciembre de 2025, el propio Cormick había ordenado provisoriamente aplicar la ley y actualizar partidas destinadas a salarios docentes y becas, una medida que luego tuvo otros avances judiciales.

La investigación por presunto lavado de activos sobre el entorno de Andrés “Pillín” Bracamonte tuvo un avance durante la última semana de septiembre, con seis allanamientos realizados en Rosario, San Lorenzo, Ybarlucea y Granadero Baigorria. Los operativos fueron ordenados por el juez federal Carlos Vera Barros a pedido de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Los procedimientos alcanzaron propiedades vinculadas a personas cercanas a Bracamonte. En Ybarlucea, los agentes ingresaron a una vivienda del country Los Álamos donde reside su última pareja, Agustina D.; en Rosario allanaron una casa de Álvarez Thomas al 1800, donde viven Natalia A. y “Andresito” Bracamonte, hijo de Pillín.

También fueron allanadas propiedades de dos socios del exjefe de la barra en Granadero Baigorria, mientras que en San Lorenzo el operativo se realizó en la nueva sede de ATE Servicios Integrales SRL, empresa actualmente administrada por la pareja de Bracamonte. El sexto procedimiento alcanzó una propiedad vinculada a Carlos Vergara, exsecretario general de la Uocra Rosario, quien había sido imputado junto a Bracamonte en 2023.

Durante los operativos se secuestraron 11 vehículos, ocho relojes Rolex, $4.834.800 en efectivo y una pistola calibre .22 con cargadores y municiones. Además, los investigadores incautaron computadoras, teléfonos de alta gama, dispositivos de almacenamiento y documentación que será analizada en el marco de la causa.

Los fiscales federales Diego Velasco, Juan Argibay Molina, Matías Scilabra y Federico Reynares Solari sostienen que la estructura patrimonial vinculada a Bracamonte continuó funcionando después de su muerte. Entre los movimientos que analizan figura la inscripción de una Toyota Hilux a nombre de su última pareja apenas 16 días después del crimen y el traslado de la sede de ATE desde Capitán Bermúdez hacia San Lorenzo.

En la causa también se solicitaron embargos de hasta $600 millones y el embargo preventivo de 19 vehículos, además del decomiso sin condena de bienes que figuraban a nombre de Bracamonte. La investigación por lavado de activos se tramita en la Justicia federal y busca determinar el origen de los bienes y el recorrido del dinero atribuido al entorno del exjefe de la barra de Central.

El juicio por el crimen de Ivana Garcilazo, la hincha de Rosario Central asesinada el 30 de septiembre de 2023 tras un clásico rosarino, comenzó este lunes en Rosario y desde la Fiscalía revelaron que, además de solicitar 30 años de prisión, pedirán que Damián Reifenstuel, Ariel Matías Cabrera y Juan José Massón no puedan ingresar nunca más al Coloso Marcelo Bielsa ni al Gigante de Arroyito.

La fiscal Laura Riccardo habló este mediodía en el Centro de Justicia Penal antes del comienzo de la instancia oral y pública que será llevada adelante por el tribunal conformado por los jueces Natalia Benvenuto, Jorge Rodríguez y Nicolás Vico Gimena. Los detenidos participarán vía Zoom y la fecha de finalización prevista es el 22 de octubre. “Es una investigación muy larga que comenzó tres años atrás y estuvo a cargo en los primeros momentos por los doctores Gastón Ávila y Lisandro Artacho, que concursaron a otro puesto y ya no forman parte”, aclaró.

En cuando al pedido por el delito de homicidio simple agravado en el marco de un espectáculo deportivo, la funcionaria explicó: “La pena que estamos solicitando es la de 30 años de prisión y la inhabilitación perpetua para los tres acusados para asistir al estadio de Rosario Central y Newell's Old Boys”. En la misma línea, reveló que, para los casos de Reifenstuel y Cabrera, buscarán que se les prohíba establecer relaciones con cualquier club deportivo.

Respecto a las voces que pasarán por el juicio, mencionó que habrá testigos presenciales de los instantes previos al ataque y la propia agresión que terminó con la vida de la mujer. “Vamos a contar con personal policial, videos, fotografías y expertos que nos van a dar claridad en cuanto a qué tipo de baldosa fue la que le arrojaron a Ivana”, mencionó.

Por otro lado, respecto a los imputados, consideró que “los tres son igualmente responsables" y argumentó: "Entendemos que la ley juzga a la conducta conjunta de las personas que decidieron, dispuestos a lo que sea después de ver este partido, ir a la esquina de Ovidio Lagos y Montevideo el 30 de septiembre de 2023, se agacharon, tomaron pedazos de baldosa y los arrojaron contra Ivana”.

En la misma línea, explicó que no habrá diferenciación respecto a Reifenstuel, quien estuvo prófugo durante un año y medio en Bolivia, y los dos cómplices que se entregaron ante la Justicia días después del hecho. “No es que se pusieron a disposición el 30 de septiembre, sino que fue después, cuando se logró identificarlos. La conducta de los tres fue la misma”.