Este lunes comenzó en Rosario el juicio contra el ex fiscal regional Patricio Serjal y el empleado de la Fiscalía Nelson Ugolini en el marco de la causa del juego clandestino, que desató un escándalo judicial en la provincia de Santa Fe. 

Por el caso, ya fueron condenados el empresario Leonardo Peiti y el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, quienes declararon como arrepentidos. La instancia oral comenzó a partir de las 8:00 en el Centro de Justicia local.

Los fiscales José Luis Caterina, Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato le adjudican a Serjal haber sido organizador de una asociación ilícita con cohecho pasivo agravado por falsedad ideológica de documento público, delito agravado por su condición de funcionario público y la omisión de persecución. Pidieron una condena de 12 años de prisión efectiva y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de forma perpetua.

Por su parte, Ugolini fue señalado por el delito de asociación ilícita en calidad de miembro en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público en carácter de autor y cohecho pasivo simple en carácter de partícipe primario. En este caso, la pena pedida por los fiscales es de 5 años de prisión efectiva y 10 de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El fiscal Caterina brindó declaraciones este lunes y, en relación al proceso judicial, explicó: “Tenía que ser agendado desde julio de 2023, decidimos llevarlo a juicio para no estirar más esta situación. Va a ser relativamente largo, está previsto para tres semanas completas”. 

Serjal fue detenido en agosto de 2020 y quedó bajo arresto domiciliario. Posteriormente, en febrero de 2022, el camarista Guillermo Llaudet le otorgó la libertad bajo la prohibición de salir de la ciudad y del país sin la autorización del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona comenzará este martes y, durante el proceso, se deberá determinar la responsabilidad de siete de los ocho profesionales de la salud ligados al período de cuidado del ex futbolista y entrenador al momento de su fallecimiento el 25 de noviembre de 2020 a causa de una crisis cardiorrespiratoria.

Este juicio oral por homicidio simple con dolo eventual prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión para el equipo médico que atendía a Maradona, integrado por el neurocirujano Leopoldo Luciano Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Ángel Díaz, la médica coordinadora Nancy Forlini, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna y el enfermero Ricardo Omar Almirón.

Por otro lado, la enfermera Dahiana Gisela Madrid, la octava acusada, será juzgada por separado en un juicio por jurados que comenzará a partir de julio, tal como fue solicitado por su lado. El proceso comenzó en octubre pasado con una audiencia preliminar.

La autopsia al cuerpo de Diego indicó que murió por “un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada”. El juicio contará con alrededor de 120 testigos, entre ellos los hijos de Maradona, su exesposa Claudia Villafañe, el abogado Matías Morla y un conjunto de periodistas, amigos, médicos y peritos.

Según marca el expediente judicial presentado para elevar la causa a juicio oral, los fiscales que intervienen en la causa plantean que “las omisiones” de los profesionales de la salud pusieron al ídolo en una “situación de desamparo” y en una “internación indignante”.

Dicho expediente cuestiona “la conducta que cada uno de los acusados habría desplegado, no cumpliendo con el mandato de actuar que la buena práctica médica colocaba en sus cabezas”.

Un financista llamado Yalil Alejandro Azum y su banda es juzgada desde este lunes por la comisión de múltiples delitos como el de asociación ilícita, juego clandestino, participación secundaria de un homicidio y encubrir a criminalea prófugos. 

Además del principal acusado, quien tiene lazos con la barra de Newell's y la banda de Los Monos, también son juzgados su hermano, Alejandro Sharif Azum, Maximiliano González de Gaetano, Lisandro Scalcione y Marina García. 

Los jueces a cargo del proceso oral son Aldo Bilbao Benítez, Lorena Aronne y Hebe Marcogliese. Mientras que la fiscalía corre a cargo de Alejandro Ferlazzo y Viviana O'Connell. 

En ese marco, los fiscales pidieron que Yalil Azum sea condenado a 27 años de prisión al ser el líder de la asociación, además de los otros delitos que se le sindican. 

Asimismo, solicitaron 20 años de cárcel para su hermano, Alejandro Azum, y 14 años para Scalcione, apuntado como organizador de la banda y coautor por encubrimiento agravado, usura y juego clandestino. 

En tanto, para Mariana García y Gaetano pidieron nueve años de encarcelamiento. García está acusada como organizadora mientras que el restante por ser miembro de la organización y por juego clandestino. 

De acuerdo a la exposición de los fiscales, la banda ilegal comenzó a operar desde 2016 hasta 2021, año en el que cayeron detenidos los hermanos Azum. 

Dicho grupo se dedicaba a la usura, al juego en línea, a la compra y venta de vehículos, y un servicio de táxis dedicado a lavar dinero del narcotráfico y demás actividades ilícitas. 

En base a ese punto, repasaron que como asociación, tenían contacto con la Policía, la política nacional y con la barra brava de Newell's. 

Las relaciones con la barra de Newell's se comenzaron a .conocer por una investigación por delitos violentos cometidos por barras, a raíz de la aparición de una granada cerca del club. 

En ese sentido, comenzaron a aparecer en el radar de las autoridades, sujetos relacionados al bajo mundo rosarino, como Ariel Segovia, financiador de los hermanos Azum para que se desempeñen como usureros.

Aparte de las acusaciones por asociación ilícita, el homicidio erróneo de Lorena Ojeda, una joven de 16 años que fue asesinada el 16 de diciembre de 2016, es otro de los delitos que salpican a Yalil. 

El crimen en realidad iba dirigido contra la hermana de la muchacha, para que no reconozca a Segovia en una rueda de testigo, pero Lorena fue atacada en su lugar en Vera Mujica al 2900, justo al frente de su casa. 

En medio del juicio, de acuerdo a lo argumentado por los fiscales, los hermanos Azum elaboraron la logística detrás del homicidio. 

Escuchas judiciales revelaron que Segovia le pidió a Yalil que para el encargo empleara vehículos y personas. 

Elián Valenzuela, conocido artísticamente como L-Gante, irá a juicio oral y público por un incidente de mayo pasado en donde supuestamente amenazó a un vecino de General Rodríguez y lo retuvo en su vehículo luego que éste tuviera un cruce con los amigos del cantante.

El juez de garantías Gabriel Castro convalidó el pedido de la fiscalía de Raúl Villalba y L-Gante va a juicio por privación ilegítima de la libertad y amenazas.

La novedad judicial fue recibida por el cantante estando en libertad luego de permanecer 90 días detenido en la DDI de Quilmes.

L-Gante había recuperado su libertad el pasado 8 de septiembre, tras permanecer detenido casi 100 días, imputado por «privación ilegal de la libertad y amenazas» contra Gastón Torres, quien está patrocinado por los abogados Pablo Becerra y Leonardo Sigal.

El cantante había sido denunciado por Gastón Torres, un vecino de General Rodríguez, quien lo acusó de haberlo amenazado con un arma y también de haberlo retenido en su auto, tras una discusión que se produjo el 27 de mayo en la puerta de un local bailable de esa localidad.

Ahora, el juez cambió la calificación de tenencia simple de drogas a tenencia simple para consumo, a raíz del hallazgo de esa sustancia cuando fue allanado. En función de ello lo sobreseyó.

Así va a juicio por «privación ilegítima de la libertad en concurso ideal con amenazas coactivas».

El actor Fabián Gianola irá a juicio oral luego de la denuncia en su contra presentada por la locutora Viviana Aguirre, según dieron a conocer en A la tarde por América TV.

«El juez consideró que hay elementos suficientes para avanzar con el juicio oral. Así que se complica la situación de Gianola», precisó el periodista Diego Esteves.

Aguirre y Gianola se conocieron en diciembre de 2018, durante el programa Noche Selfie. Según declaró la locutora, un día la invitó a un evento y hablaron sobre la posibilidad de hacer radio.

En ese ocasión, Aguirre notó que Gianola era «muy simpático, muy entrador», pero le llamaba la atención que «siempre tenía eso como de querer tocarte más de lo común cuando te saludaba».

Cuando empezaron a trabajar en el programa de radio, comenzó a sobrepasarse con ella. «Era más verbal al principio y después el toqueteo del hombro, de la espalda, pero yo no lo veía mal. Después cuando ya empezaba a tirarme el cuerpo encima, todo el tiempo quería el contacto físico, lo hablé con él y me dijo que era así, que me tenía que acostumbrar», expresó.

Aguirre narró que con el correr del tiempo el actor avanzaba más sobre ella. «Me tocaba las piernas, me decía ‘hoy trajiste piernas’ por mi ropa. No duramos ni siquiera un mes trabajando juntos. La segunda vez me dio un beso en la boca y ahí se molestaron mis compañeros. Y la última vez me tocó mis partes íntimas», relató.

La locutora presentó su caso en la Justicia, el tiempo pasó y, ahora, finalmente espera que Gianola reciba una condena.

A siete años de la desaparición y muerte de Franco Casco, este lunes comienza el juicio oral contra 19 policías de la comisaría 7ª y Asuntos Internos, acusados de haber participado de distintas maneras en el asesinato del joven de 20 años oriundo de Florencio Varela (Buenos Aires). La Multisectorial Contra la Violencia Institucional convocó a una manifestación frente al edificio de Oroño 940 en reclamo de justicia y apoyo a la familia.

Casco había sido detenido en Rosario el 6 de octubre de 2014. Su cuerpo fue encontrado el 30 de octubre flotando en el río Paraná. Además, habría sido torturado. Por estos hechos de desaparición, tortura y muerte están acusados los 19 policías, entre los que se encuentra el exjefe de la 7ª, procesado junto a otros tres uniformados por los delitos más graves.

Los datos claves que plantean desde la defensa de la víctima: