La Justicia de Estados Unidos suspendió todas las demandas relacionadas al juicio por la expropiación de YPF cuando Argentina estatizó nuevamente a la compañía tras quedarse con el 51% de las acciones que eran de Repsol.

La medida fue tomada por la Cámara de Apelaciones de Nueva York luego de que la Procuración del Tesoro (PTN) realizara un pedido para paralizar las investigaciones y procedimientos sobre la sentencia que ya fue dictada en contra del país en 2023. 

Es que Argentina ya había sufrido un revés judicial de gravedad cuando en un fallo de primera instancia , dictado por la jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Nueva York en septiembre de ese año, la Nación estaba obligada a pagar 16 mil millones de dólares. Dicha cifra ya es superior a los 18 mil por los intereses dispuestos. 

De esa manera, se suspendieron las demandas vinculadas a la causa hasta que se resuelva la cuestión de fondo en la apelación que realizó el Estado. 

De acuerdo a lo indicado por Infobae, la continuidad del caso dependerá de los jueces que conforman la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York. Todavía no se tiene una fecha exacta de cuándo podrá estar lista la resolución, pero se estima que la decisión tarda entre seis y doce meses en tomarse. 

El próximo 23 de febrero comenzará el juicio contra el influencer Felipe Pettinato acusado de haber provocado un incendio en su departamento el 16 de mayo de 2022, que terminó con la muerte del médico neurólogo Melchor Rodrigo.

Las audiencias se llevarán a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14. La fiscalía estará a cargo de Fernando Klappenbach y el tribunal estará integrado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle. La familia de la víctima participará del proceso como querellante.

El expediente está caratulado como estrago doloso seguido de muerte, delito que prevé una pena de entre 8 y 20 años de cárcel. De acuerdo con la investigación, el neurólogo había concurrido al departamento de Pettinato el día del hecho y, cerca de la medianoche, se inició el incendio que le provocó la muerte.

Según la imputación, el acusado sabía “del peligro que ello implicaba para los bienes propios y ajenos, para la vida de los habitantes del edificio y sobre todo de Melchor Rodrigo, quien estaba allí dormido e imposibilitado de reaccionar en caso de que el fuego se descontrolara, como efectivamente ocurrió”.

El juicio por el asesinato del panadero José Jahari Sofiudin comienza este lunes en Rosario.  El fiscal Patricio Saldutti pedirá la pena de prisión perpetua para Miguel Alejandro Martínez, detenido por arrojarle grasa caliente a la víctima en un local de Santiago al 4700  y provocarle heridas que resultaron letales.

El episodio sucedió el 7 de diciembre de 2022 por la mañana en el comercio “La Tradición” de la zona sudoeste de la ciudad, cuando el acusado de 30 años hirvió una importante cantidad de grasa en su lugar de trabajo y la tiró de forma intencionada sobre el hombre de 47, quien se encontraba durmiendo. Sofiudin fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) con quemaduras graves y falleció 17 días después.

Martínez estuvo dos meses prófugo y lo detuvieron  el 2 de febrero de 2023 en Las Palmeras y las vías, durante un operativo policial asistido por el Centro Integrado de Operaciones de Rosario (CIOR). Fue imputado por homicidio calificado por alevosía. El caso quedó en manos del fiscal Saldutti, quien anticipó en una audiencia preliminar en marzo de 2024 que pedirá la pena máxima para el agresor.

 A más de tres años del crimen, el juicio iniciará en las próximas horas, con la presencia de las defensoras de la familia de la víctima, Verónica Colman y Melina Cimino, quienes brindaron declaraciones y puntualizaron: “Se está trabajando en la reclusión perpetua del imputado, a los efectos de que se haga justicia por este hecho tan aberrante”.

“Esperó una semana para hacerlo, cuando nuestro cliente se encontraba dormido le arrojó la grasa sobre el cuerpo, sabiendo que podía generarle la muerte. Hace muchos años que eran compañeros de trabajo en el mismo lugar”, explicaron las abogadas. Además, agregaron que tienen la palabra de testigos que dicen que el autor “iba a apuñalar” a Sofiudin en caso de no poder quemarlo.

“Es totalmente premeditado. Lo que hizo fue hervir la grasa, lo vuelca sobre un balde que se derrite, va corriendo donde estaba durmiendo José y se lo arroja sobre el cuerpo. Agarró sus elementos personales, que estaban preparados, y su moto estaba en el recinto”, concluyó Colman.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro ratificó que el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona comenzará el 17 de marzo de 2026 y acordó, junto a todas las partes, la participación de 120 testigos que declararán durante el proceso.

La fecha se confirmó luego de una audiencia preliminar, que se realizó este martes por la mañana, con la presencia de Dalma, Gianinna y Jana Maradona, además de representantes de la querella, los fiscales y los abogados de los imputados.

En este sentido, Francisco Oneto, uno de los defensores del neurocirujano Leopoldo Luque, solicitó la nulidad del debate. Un planteo similar fue presentado por Vadim Mischanchuk, abogado de la psiquiatra Agustina Cosachov.

Tras un cuarto intermedio, los jueces Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolón rechazaron los pedidos y las partes discutieron la incorporación de la prueba. Finalmente, se acordó que 120 personas (90 propuestas por la acusación y 30 por las defensas) presten declaración testimonial en el juicio por presunto homicidio simple con dolo eventual.

Las audiencias se desarrollarán los martes, miércoles y jueves de 10 a 17. El proceso buscará establecer las eventuales responsabilidades de Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Di Spagna, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni y Nancy Edith Forlini, médica de Swiss Medical a cargo de la internación domiciliaria del exfutbolista, quien murió en su casa de Tigre el 25 de noviembre de 2020.

La Cámara Federal porteña ratificó este jueves la validez del procedimiento que impulsa la elevación a juicio de la causa en la que el ex presidente Alberto Fernández está procesado por presunta violencia de género hacia su ex pareja, la ex primera dama Fabiola Yañez.

La decisión fue tomada por la Sala II del tribunal, con los votos de los jueves Martín Irurzun y Eduardo Farah, mientras que Roberto Boico se pronunció en disidencia.

La abogada del expresidente, Mariana Carreira, había solicitado anular el traslado dispuesto tras los requerimientos de elevación a juicio formulados por la fiscalía y la querella particular. En este sentido, argumentó que la presentación de Yañez se hizo fuera de término y que la prórroga concedida para hacerlo fue "irregular".

Irurzun y Farah rechazaron los planteos al sostener que, en materia de nulidades, “debe primar un criterio de interpretación restrictivo” y que no se acreditó “un perjuicio concreto para la defensa”. Recordaron además que los cuestionamientos “ya habían sido tratados y desestimados” por el mismo tribunal, y subrayaron que “la existencia de recursos pendientes no constituye óbice para la continuación del proceso”.

Por su parte, el juez Boico votó en disidencia y planteó que debía declararse la nulidad de la acusación presentada por la querella de Yañez, por haber sido presentada fuera del plazo legal. También advirtió que el cierre de la instrucción se dispuso “sin agotar la producción de prueba relevante ofrecida por la defensa”, lo que, según su criterio, implicó “una afectación al debido proceso y al principio de igualdad de armas”.

El caso del crimen de Ivana Garcilazo, la joven hincha de Central que fue asesinada de un piedrazo tras un clásico rosarino el 30 de septiembre de 2023, avanza este martes con la audiencia preliminar de cara al juicio oral que tendrá lugar en marzo o abril de 2026.

El encuentro comenzó a las 8:00 en el Centro de Justicia Penal de Rosario, donde las partes presentan a sus testigos, pruebas, lectura de cargos y defensas que serán desarrollados en el debate oral y público. 

En este marco, los tres detenidos imputados por el asesinato ocurrido en Ovidio Lagos y Montevideo, Damián Reifenstuel, Ariel Cabrera y Juan José Massón, fueron citados y participaron a través de videoconferencia desde las cárceles de Coronda y Piñero. Por  su parte, familiares de la víctima acudieron presencialmente.

El fiscal Lisandro Artacho del Ministerio Público de la Acusación (MPA) pide una pena de 30 años de prisión para los acusados como coautores de homicidio simple agravado en ocasión de espectáculo deportivo. En cuanto a la querella, el abogado Marcelo Cella exige una condena de 33 años.

Días atrás, el abogado de Reifenstuel, Pablo Bedouret, solicitó que su defendido sea sometido a un estudio oftamológico y alegó que el detenido que estuvo prófugo en Bolivia tiene problemas de visión. De hecho, el letrado pide su absolución. No obstante, el juez Fernando Sosa no dio lugar a una posible postergación de la audiencia preliminar de esta mañana para realizar el análisis ocular. 

El Gobierno de Santa Fe completó la aplicación de los juicios por jurados en la provincia con la llegada del sistema a Rosario desde el 1° de octubre pasado.

Se trata del proceso por el cual se convoca a un tribunal compuesto por ciudadanos que decidirán por la culpabilidad o no del o de los acusados. Los participantes deben analizar los hechos denunciados que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente.

La medida comenzó a regir el año pasado en la Circunscripción Judicial N° 5 con sede en Rafaela; luego siguió con la Circunscripción Judicial N° 4 con sede en Reconquista; y la N° 3 con sede en Venado Tuerto. En este 2025, se sumaron la Circunscripción N° 1 de Santa Fe Capital y, por último, y la Circunscripción N° 2 de Rosario.

El ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, habló al respecto y detalló: "A partir de la entrada en vigencia, en cada circunscripción todos los casos penales por los delitos que establece la ley, que usualmente son los delitos más graves o de mayor conmoción social, las acusaciones que se presenten con posterioridad, van obligatoriamente a juicio por jurados”.

En este sentido, los casos que estarán contemplados por el sistema serán los homicidios calificados (art. 80 inc. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del CP); los casos de abusos sexuales seguidos de muerte (art. 124 del CP); el robo calificado por homicidio (art. 165 del CP) y aquellos casos que involucren a personal policial o penitenciario que hubiera actuado en situación de enfrentamiento. 

Por otro lado, Cococcioni subrayó que “el objetivo es acercar la justicia a la gente, generando mayor confianza en las instituciones y garantizando que la voz de la ciudadanía forme parte activa en la resolución de los casos más relevantes”.

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dispuso que Argentina pueda realizar la siguiente apelación en el juicio por la expropiación de YPF sin la necesidad de que tenga que entregar a los beneficiarios acciones de la empresa, títulos o cualquier otra garantía. 

De esa manera, se suspendió la decisión que había emitido la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, cuando el 30 de junio de este año ordenó la entrega del 51% de las acciones de la petrolera en manos del Estado a Burford Capital y otros litigantes. Dicha medida había sido dictada por la magistrada para que funcione como parte de pago por los más de 16 mil millones de dólares que obligaba a pagar al Gobierno en la sentencia de primera instancia en septiembre de 2023. 

Asimismo, el tribunal aceptó que Estados Unidos sea el amicus curiae (amigo de tribunal) del país en el caso mencionado, lo que habilita a la nación extranjera a presentar documentos o información que ayuden a alcanzar una resolución. 

Sobre la medida, la Procuración del Tesoro explicó: "Esta decisión garantiza que la República Argentina conserve la participación mayoritaria del Estado Nacional en la compañía mientras avanza la apelación, constituyendo un paso decisivo en la defensa de un activo estratégico y de los intereses de todos los argentinos”.

“La decisión de la Corte de Apelaciones se limita a la suspensión de la orden de entrega dictada el pasado 30 de junio, mientras se tramita la apelación correspondiente. No afecta el curso de la apelación de fondo contra la sentencia emitida en septiembre de 2023 que condena al país a pagar 16 mil millones de dólares más intereses", agregaron.

La Justicia de Estados Unidos suspendió de forma temporal el fallo que ordenaba la entrega de acciones de YPF a beneficiarios del juicio por su expropiación, ocurrida en 2012. 

La medida fue dictada por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, que se expidió en contra de la resolución dispuesta por la jueza Loretta Preska, quien el 30 de junio había ordenado la entrega de hasta el 51% de las acciones de la empresa a beneficiarios del proceso judicial como Burford Capital, entre otros, en un plazo de 72 horas. 

Según el ex subprocurador del Tesoro durante el gobierno de Alberto Fernández, Sebastián Soler, el nuevo escenario le da un tiempo determinado a las partes involucradas en el juicio para presentar su postura acerca del pedido de Nación de suspender la entrega de acciones.

En ese sentido, el 17 de julio, el fondo Burford presentará su argumentos; mientras que el Estado argentino lo hará el 22 de julio. 

Si la Cámara de Apelaciones da lugar al pedido de la Argentina, la orden de Preska quedará sin efecto hasta que se resuelva la otra apelación por el pago de 16.000 millones de dólares. En caso de que lo rechace, la entrega de acciones volverá a entrar en vigencia. 

Caso YPF: Ahora que la Cámara aceptó el pedido conjunto de las partes y suspendió preventivamente la orden de la jueza Preska, les actualizo el resumen de cómo sigue la cosa: 1) el 17 de julio Burford presentará un escrito oponiéndose al pedido argentino de que la suspensión… pic.twitter.com/UjVOrNDhev

Argentina deberá entregar hasta el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del juicio por la expropiación de la empresa en 2012.

El fallo fue emitido por la jueza Loretta Preska del segundo distrito de Nueva York y se dictó como forma de pago de la condena que pesa sobre el país desde 2023 acerca del pago de más de 16.000 millones de dólares.

El principal beneficiario de la sentencia, si es que prospera, será el fondo de Burford Capital, comprador de los derechos para litigar en la causa. La institución financiara ya había solicitado que le sea entregado el control sobre las acciones en abril de 2024.

Sin embargo, de acuerdo a lo informado por el ex viceprocurador del Tesoro, Sebastián Soler, la Argentina “puede apelar a la decisión sin antecedentes de la jueza Preska”.

En ese marco, continuó el ex funcionario, "la propia jueza, o, en su caso, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, deberían suspender los efectos de la orden de Preska hasta que se resuelva la apelación”.

Asimismo, en noviembre del 2024, cuando Joe Biden todavía estaba al mando de la Casa Blanca, el Departamento de Estado de Estados Unidos le comunicó a la magistrada que no conceda el pedido de Burford sobre la entrega de acciones.

Ese organismo precisó que hacer lugar al pedido de los demandantes afectaría las normas de inmunidad soberana de Argentina. 

La provincia comenzó a aplicar este lunes los juicios por jurados en el territorio santafesino con un caso por homicidio calificado y tentativa de femicidio ocurrido en enero de 2023 en Monigotes, en los Tribunales de San Cristóbal Judicial N.º 5.

Dicho proceso implicó la intervención de 12 jurados titulares y 2 suplentes que fueron seleccionados del padrón electoral mediante un sorteo. 

Del juicio participaron el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni; el senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig; la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich; y el fiscal regional, Carlos Vottero.

En ese marco, Cococcioni destacó: “Santa Fe se pone en sintonía con otras provincias, comenzando por los casos más graves como los homicidios calificados, conforme a lo que establece la Constitución”. A su turno, Mascheroni lo calificó como “un avance en la participación democrática, donde la ciudadanía juzga a sus pares".

La ley N.º 14.253, que legisla sobre este nuevo proceso judicial, fue promulgada en Santa Fe el 27 de marzo del 2024 a través del Decreto Nº 418, y se consignó que los juicios son para juzgar delitos tales como el homicidio calificado, abuso sexual seguido de muerte, robo seguido de muerte y enfrentamientos armados entre policías y delincuentes.

Desde la provincia, informaron que los juicios implican la elección de 12 integrantes titulares y 2 suplentes que no tengan “formación jurídica ni vínculos con el Poder Judicial o las fuerzas de seguridad”, por lo que están excluidos de la selección los “abogados, escribanos, funcionarios públicos, militares, policías, personas con antecedentes penales, menores de edad, mayores de 76 años, madres lactantes y quienes tengan relación directa con las partes”.

Asimismo, los ciudadanos seleccionados tendrán “viáticos por traslados, resguardo laboral durante el juicio y una remuneración diaria, unidad que regula los honorarios judiciales”. 

En tanto, este tipo de juicios se harán de forma gradual en otros departamentos de la provincia. Tras su implementación en San Cristóbal, le seguirán Reconquista, Venado Tuerto, Santa Fe y Rosario.

La jueza Julieta Makintach presentó su renuncia a continuar al frente del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona luego del escándalo desatado por la difusión de fragmentos de un documental grabado de manera irregular durante la primera jornada del debate oral y público. 

El Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro resolvió su recusación y el próximo jueves al mediodía se informará si el debate oral es declarado nulo y vuelve a foja cero.

La controversia estalló tras la difusión de imágenes que muestran a la jueza caminando por los pasillos del Palacio de Tribunales de San Isidro y fragmentos de una entrevista que habría sido realizada en su despacho. Ese material, según se supo, formaría parte de un documental en producción sobre el juicio por la muerte del astro del fútbol mundial.

Makintach sostuvo que el video no configura delito ni irregularidad alguna, y lo atribuyó a una “gran operación mediática”. “Di una entrevista a una amiga de la infancia hablando de la Justicia. Fue un domingo a las 5 de la tarde. ¿Eso lo convierte en algo prohibido, oculto, ilícito?”, se preguntó ante el tribunal.

🔴Se conoció el tráiler del documental sobre el juicio por la muerte de Maradona que terminó con una jueza apartada.📹El proyecto audiovisual, que ya tenía nombre, estructura y guion, se iba a llamar “Justicia Divina” y lo protagonizaba la jueza Julieta Makintach. pic.twitter.com/ijxwTR4Xms

Pese a que durante la audiencia afirmó en reiteradas ocasiones que no abandonaría la causa (“No hay sospecha ninguna de falta de neutralidad. Yo no me voy a apartar. Yo no voy a dar lugar a la nulidad de este debate, porque no lo merece”), finalmente presentó su renuncia.

También remarcó que “no hay hechos precisos, claros y potencialmente ilícitos, penalmente relevantes” que justifiquen su desplazamiento. No obstante, reconoció que el uso del edificio judicial para grabaciones fue “torpe” y “desprolijo”, aunque negó haber participado en la producción del documental.

Como consecuencia del episodio, la Universidad Austral suspendió a Makintach de su cargo como docente en la Facultad de Derecho y le inició un sumario administrativo.

La jueza realizó sus descargos frente a los siete imputados por el presunto homicidio simple con dolo eventual del ídolo argentino: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el médico Pedro Di Spagna, la coordinadora de Swiss Medical Nancy Forlini, y los enfermeros Ricardo Almirón y Mariano Perroni.

En caso de que el juicio se anule, la causa podría reanudarse recién en 2026, según advirtió Rodolfo Baqué, abogado defensor de Dahiana Gisela Madrid.

Un motociclista deberá pagar cerca de 1.600.000 pesos de multa y no podrá conducir por 60 días luego de intentar escapar de un control de tránsito y circular de forma temeraria en la zona norte de Rosario.

El caso, ocurrido el 26 de mayo de 2024 en Alberdi y Mongsfeld, fue llevado a juicio por jurado vecinal esta semana, en una sala del Centro Municipal Distrito Centro Antonio Berni. 

Según la versión expuesta por Fiscalía, el hombre giró en U por la avenida para evadir a los agentes de tránsito, se dio a la fuga superando la velocidad máxima permitida y pasó un semáforo en rojo antes de ser detenido en Crespo y Jujuy.

Durante el juicio, el imputado presentó un alegato ante los cinco ciudadanos que conformaron el jurado y testigos presentes, mediante el cual asumió su responsabilidad en el hecho y expresó arrepentimiento.

Finalmente, el veredicto determinó que el motociclista deberá abonar una multa económica de 1250 unidades fijas (monto cercano a los 1.600.000 pesos), no podrá conducir por 60 días y tendrá que cumplir con trabajos comunitarios.

Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro suspendieron el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona por siete días y se reanudará el martes 27 de mayo, mientras se lleva adelante la investigación que involucra a la magistrada Julieta Makintach por el escándalo del supuesto documental.

En una jornada de mucha tensión, el presidente del debate, Maximiliano Savarino, comunicó la decisión tras un cuarto intermedio y ordenó que los siete acusados asistan a la próxima audiencia, que comenzará a las 10:30.

El pedido de aplazamiento del proceso había sido presentado por el fiscal Patricio Ferrari al inicio de la jornada, que contó con la presencia de Gianinna y Jana Maradona -hijas de Diego-, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz -quien iba a declarar-, el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna y el jefe de enfermeros, Mariano Perroni.

Al planteo de Ferrari se adhirieron la mayoría de las partes como Fernando Burlando - representante legal de Dalma y Gianinna-, Mario Baudry -Verónica Ojeda-, Vadim Mischanckuk -Cosachov-, Félix Linfante -Jana-, Julio Rivas - Leopoldo Luque-, Diego Olmedo -Díaz-, María Julia Marceli -Di Spagna- y Martín Montalto -Perroni- mientras que lo rechazaron los defensores de Nancy Forlini y Ricardo Almirón.

Además, Rivas planteó una nueva recusación de la jueza Julieta Makintach, señalada por participar en el presunto documental del juicio conocido como "La jueza de Dios".

La recusación fue respaldada por Mischanckuk y desestimada por las demás partes excepto Pablo Jurado, quien expresó que sus asistidas -las hermanas de Maradona- le dijeron que "use todas las herramientas necesarias", pero cuando les informó que el juicio podía anularse se arrepintieron porque "no quieren volver a declarar".

"Mis clientas vivieron una tortura cuando prestaron testimonio aquí. Se sintieron hostigadas y obstinadas cuando fueron indagadas porque las acusaron de ser las responsables del fallecimiento de Diego", consignó Jurado ante la mirada atónita de Gianinna.

Luego de un cuarto intermedio de casi una hora donde los miembros del Tribunal determinaron la postergación del debate, Makintach pidió la palabra y manifestó: "Para denunciar a un juez hay tener motivos fundados porque no están en riesgo las instituciones".

La mujer aseguró una vez más que es inocente y "no tiene nada que ver" con el proyecto audiovisual que realizaría la cadena británica BBC, a la vez que señaló: "Si es necesario me aparto yo misma de este debate".

"Necesitan las pruebas y las razones para fundar", concluyó.

Por su parte, el psicólogo Díaz diálogo en exclusiva con la agencia Noticias Argentinas y lamentó no poder declarar, a la vez que apuntó contra "la falta de credibilidad de Makintach": "Es una locura todo esto".

El neurocirujano y ex médico de cabecera de Maradona, Leopoldo Luque, Cosachov, Díaz, Di Spagna, Perroni, el enfermero Ricardo Almirón y la coordinadora de Swiss Medical, Nancy Forlini deberán concurrir a los tribunales de San Isidro el próximo martes 27 de mayo.

Los siete sindicados se encuentran imputados por el presunto homicidio simple con dolo eventual del ídolo argentino.

El Centro Municipal de Distrito Centro fue escenario del tercer juicio por jurado vecinal de Rosario donde se juzgó a un hombre por haber cometido múltiples infracciones de tránsito y se lo imputó por ello.

Se trata de un conductor de motocicleta al que se lo responsabilizó por evadir un control de agentes de la Dirección General de Tránsito de la Municipalidad de Rosario el pasado 26 de abril en avenida Alberdi poco antes de llegar a la avenida Mongsfeld. El acusado había dado un giro en U por Alberdi y se fugó hasta que lo detuvieron en Crespo y Jujuy.

También se le achacó el haber conducido temerariamente hasta que se detuvo tras múltiples cuadras después de saltarse el operativo; por no tener patente, ni tampoco cumplir con las normas de seguridad reglamentadas en su moto, y tener accesorios anti reglamentarios que convertían al rodado en uno peligroso para transitar en la vía pública.

La Fiscalía de Faltas presentó a múltiples testigos de lo ocurrido en esa jornada. Dos agentes de transito relataron que tuvieron que perseguir al acusado además de labrarle las actas correspondientes. Asimismo se mostró material audiovisual de las cámaras de seguridad de la ciudad en el que se captó la persecución y como el imputado iba en contramano y se pasó semáforos en rojo.

De acuerdo a la Municipalidad de Rosario y en base a las pruebas recolectadas, los integrantes del jurado lo imputaron y el acusado deberá realizar trabajos comunitarios, cursos de capacitación y concienciación vial; pagar una multa de 1.600.000 de pesos y no podrá conducir por 60 días.

Los dos sospechosos por el crimen de Brenda Samira del Valle, una muchacha de 24 años que fue asesinada en 2022 durante un tiroteo en una fiesta callejera, ya comenzaron a ser juzgados en un juicio este viernes. 

Se tratan de Marcelo Andrés Chávez y de Ignacio Guassardo. El primero fue acusado por la fiscal Georgina Pairola como el presunto tirador y pidió que sea condenado a 37 años de cárcel; el segundo, en tanto, fue señalado como el conductor de la moto en la que se perpetró el crimen, por lo que se pidió una sentencia a 30 años de prisión. 

El hecho tuvo lugar el 13 de marzo de 2022 cuando casi 100 individuos asistieron a la fiesta de una joven a pesar de que múltiples asistentes no la conocían que se desarrolló en calle Larrea al 500 bis. En ese marco, para las 5 de la madrugada, aparecieron dos sujetos que iban en moto por calle French y al menos uno de ellos comenzó a disparar contra el público de forma totalmente aleatoria. 

Ese tiroteo ocasionó la muerte de Brenda Del Valle y dejó a otras nueve personas heridas. El mismo día que ocurrió la atroz balacera, Guassardo se entregó a la Justicia y testigos lo sindicaron como el conductor del vehículo. 

En tanto, Chávez no fue atrapado hasta el 13 de mayo del 2022 cuando fue perseguido por agentes desde Empalme Graneros hasta French y Teniente Agneta, momento en el que chocó, lo que permitió su detención e imputación por encubrimiento y resistencia a la autoridad, hecho que también será tratado en el juicio. 

El tirador, de acuerdo a las investigaciones, fue identificado como un sicario del grupo comandado por Francisco Riquelme, que está apresado en Marcos Paz.

Según lo expuesto por la Fiscalía, los acusados tenían la intención de “dar muerte a la mayor cantidad de gente” que fuera posible. 

Este martes se llevó adelante la séptima jornada del juicio que investiga las circunstancias de la muerte de Diego Armando Maradona. Esta vez, declararon cuatro especialistas que participaron de las pericias toxicológicas y los estudios histopatológicos realizados sobre el cuerpo del ídolo argentino.

Quienes prestaron declaración fueron el perito toxicológico Ezequiel Ventosi, la perito anatomopatóloga Silvana de Piero, el médico tanatólogo y especialista en medicina legal Alejandro Vega y el perito de la Policía Científica, Sebastián Zavala.

De acuerdo a los testimonios de Ventosi y De Piero, el ex futbolista padecía un cuadro de cirrosis avanzada, fallas en el sistema renal y un corazón cuyo peso superaba ampliamente el promedio humano.

En este sentido, señalaron que el corazón de Maradona pesaba 503 gramos, un número muy alto teniendo en cuenta que el peso promedio de este órgano en un adulto oscila entre 250 y 300 gramos.

Asimismo, las pruebas realizadas en otros órganos evidenciaron signos de deterioro. En este aspecto, De Piero señaló que encontraron un edema (acumulación de agua en las células) en el cerebro y en los pulmones. También, la profesional indicó que existían "alteraciones" más "una necrosis tubular aguada" en el riñón, así como problemas en el corazón de Maradona para bombear sangre por falta de oxígeno.

Por otra parte, Ventosi sostuvo que sí se comprobó la presencia de medicamentos que Maradona tomaba debido su condición médica. Estos eran: venlafaxina (un antidepresivo), quetiapina (antipsicótico para desórdenes bipolares), levetiracetam (para convulsiones) y naltrexona (para abstinencia de sustancias), metoclopramida (que alivia náuseas y vómitos) y ranitidina (que trata úlceras por reflujo). También, ratificó la no detección en sangre de "alcohol etílico, marihuana, cocaína, éxtasis ni anfetaminas".

El especialista en medicina legal, Alejandro Vega, aseveró que al momento de su fallecimiento, el ex jugador de la selección argentina presentaba, además de "un aumento monstruoso de la cavidad abdominal", varios órganos "crónicamente dañados" por una avanzada cirrosis hepática.

El juicio por la muerte de Maradona continuará el próximo jueves. El Tribunal citó a declarar a las tres hermanas del ídolo argentino: Claudia, Ana y Rita. También, a Verónica Ojeda, ex pareja de Maradona y madre de Dieguito Fernando.

La Justicia de San Isidro ordenó la detención de Julio César Coria, un ex integrante del Servicio Penitenciario Federal que se desempeñó como custodio de Diego Armando Maradona. El arresto ocurrió como consecuencia de las contradicciones que presentó su testimonio en el juicio por la muerte del astro argentino con respecto a declaraciones anteriores.

La medida fue tomada por el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro que consideró, por mayoría, que existía riesgo de fuga. En este aspecto, el fiscal adjunto Patricio Ferrari indicó que Coria “estaba siendo mendaz de forma elocuente” durante su testimonio.

Coria fue una de las personas que se encontraba en la residencia de Diego Maradona al momento de su fallecimiento. En su testimonio más reciente señaló que él mismo intentó reanimarlo, realizándole respiración boca a boca, y aseguró que la psiquiatra Agustina Cosachov, también imputada en la causa, le practicó maniobras de RCP. 

Sin embargo, en declaraciones anteriores Cosachov no había sido nombrada por el custodio, quién en ese momento aseguró que la persona que intentó reanimar a Maradona fue Gisela Dahiana Madrid, la enfermera.

Ante este panorama, el tribunal ordenó un receso para evaluar la situación. Además, se presentaron mensajes de WhatsApp que demostraban que Coria sí había tenido contacto con el neurocirujano Leopoldo Luque, otro de los acusados, a pesar de que en su testimonio había afirmado lo contrario. 

Fernando Burlando, el abogado de Dalma y Giannina Maradona, fue quién solicitó que se abriera una investigación por falso testimonio y que Coria fuera detenido de inmediato, tras un cuarto intermedio el tribunal, por unanimidad, resolvió comenzar la investigación y, por mayoría, se ordenó la detención.

Este martes se llevó a cabo la tercera audiencia del juicio por el fallecimiento de Diego Armando Maradona, dando inicio a la etapa de testimonios. El comisario mayor Lucas Borge, uno de los primeros en llegar a la vivienda del barrio San Andrés donde murió el exfutbolista, brindó su testimonio sobre la escena que encontró.

Borge relató que al arribar al lote 45, en la planta baja de la casa se encontraban la psiquiatra Agustina Cosachov, la enfermera Dahiana Gisela Madrid, personal de limpieza y familiares. Entre ellos, reconoció a Claudia Villafañe, exesposa de Maradona y madre de Dalma y Giannina. "Llegué a verlo a Maradona. Estaba fallecido, acostado, con una sábana blanca, como si estuviese dormido", declaró el oficial, y agregó: "Tenía la panza muy hinchada, una remera negra y un short de Gimnasia".

El testigo, quien en aquel entonces era jefe de la Estación Departamental de Policía de Tigre, explicó que su llegada ocurrió cerca de las 14 y que en el sitio ya estaba su superior, el comisario general Hugo Natiello. Para preservar la escena, la policía implementó medidas, que incluyeron la colocación de una cinta en la habitación donde yacía el cuerpo de Maradona y la organización de tres anillos de seguridad. Los allegados al ídolo permanecieron en el jardín de la propiedad mientras se realizaban las tareas periciales.

En la jornada judicial no se hicieron presentes los familiares de Maradona, quienes comparecerán más adelante como testigos. De los imputados, solo asistieron al tribunal el coordinador de Medidom S.R.L., Mariano Ariel Perroni, y el médico Pedro Pablo Di Spagna, mientras que los otros cinco acusados fueron representados por sus abogados.

Borge también mencionó que durante el trabajo de la Policía Científica estuvieron presentes Gianinna Maradona y un testigo. Finalmente, el cuerpo del ídolo argentino fue retirado del domicilio en una morguera cerca de las 18 de ese miércoles.

El juicio por la muerte de Diego Maradona comenzó este martes en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC), Nro. 3 de San Isidro. 

Los principales acusados por su fallecimiento, acusados por Homicidio simple con dolo eventual son el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov. Además están apuntados el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna, el enfermero Ricardo Almirón, Mariano Perroni, y la médica Nancy Edith Forlini. 

En ese marco, uno de los fiscales a cargo de la acusación, Patricio Ferrari, expuso una fotografía del futbolista recostado en una cama de su casa de Tigre el 25 de noviembre del 2020, día en que falleció. 

“Así murió Maradona”, tituló la imagen el fiscal como parte de sus arguementos para denunciar las condiciones en las que era cuidado el diez. 

En ese sentido, el letrado sostuvo que a Maradona se lo trasladó hacia Tigre sin que esté en “pleno uso de sus facultades” para decidir sobre su salud. 

De esa manera, tildó la internación domiciliaria del futbolista como “temeraria, deficiente y sin precedentes”. Así las cosas, apuntó contra el equipo médico a cargo de su cuidado: “No existió ningún tipo de control durante este periodo”.