El juez federal de Rosario, Gatón Salmain, que había sido allanado la semana pasada en pleno centro será citado a una indagatoria el próximo 25 de noviembre. 

El magistrado es investigado por abuso de autoridad  y se lo tiene en la mira por haber emitido una medida judicial mediante la cual permitió que una empresa del financista Fernando Whipei comprara 10 millones de dólares en diciembre de 2023 a valor oficial mientras todavía estaba vigente el cepo cambiario. 

La adquisición de esos millones de dólares fue a través de una medida que avalaba la compra para el pago de deudas con acreedores extranjeros que no están demostrados, por lo que la cautelar quedó sin efecto luego de que interviniera la Cámara Federal de Rosario por pedido de abogados del Banco Central (BCRA). 

Esa compra se había realizado antes de que asumiera el actual mandatario, Javier Milei, y devaluara el peso para equiparar el precio del dólar oficial con el blue. Antes del cambio de mando en la Casa Rosada, el 7 de diciembre del 2023 el dólar llegó a valer 400.50 pesos, pero tras el 10 de diciembre, el tipo de cambio oficial pasó a estar 800 pesos. 

En base a esa diferencia de precios, se señala que Whipei habría generado ganancias por 2 millones de dólares de los cuales el juez investigado se quedaba con al menos un 15%.

Concretamente, por el caso de abuso de autoridad, se allanaron las oficinas de un edificio de Entre Ríos, entre Santa Fe y Córdoba, para incautar documentación, computadoras y el celular de Salmain.

Ese operativo había sido autorizado por el juez federal Román Lanzón. En la misma intervinieron el fiscal Javier Arzubi Calvo junto a los fiscales coadyuvantes Soledad García, Andrés Montefeltro y María Virginia Sosa de la Unidad Fiscal Rosario. También estuvieron presentes el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) de la Procuración General de la Nación, Sergio Rodríguez y el auxiliar fiscal de dicha dependencia Esteban Venditti.

Personal del Ministerio Público Fiscal y de la Gendarmería Nacional allanaron este miércoles el despacho del juez federal Gastón Salmain en pleno centro de Rosario. 

El procedimiento se realizó en las oficinas de un edificio de Entre Ríos, entre Santa Fe y Córdoba, para incautar documentación, computadoras y el celular del magistrado que es investigado por abuso de autoridad en otra causa en la que está implicado. 

También se lo tiene en la mira por haber emitido una medida judicial mediante la cual permitió que una empresa del financista Fernando Whipei comprara 10 millones de dólares en diciembre de 2023 a valor oficial mientras todavía estaba vigente el cepo cambiario. 

El juez federal Román Lanzón fue el encargado de autorizar las medidas mientras que intervinieron en las mismas el fiscal Javier Arzubi Calvo junto a los fiscales coadyuvantes Soledad García, Andrés Montefeltro y María Virginia Sosa de la Unidad Fiscal Rosario. También estuvieron presentes el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) de la Procuración General de la Nación, Sergio Rodríguez y el auxiliar fiscal de dicha dependencia Esteban Venditti.

El Consejo de la Magistratura lanzó este miércoles un llamado a concurso público para ocupar la vacante que dejó el juez Marcelo Bailaque en el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 4 de Rosario. El magistrado cumplió funciones hasta julio cuando renunció a raíz de un escándalo que lo vinculaba en hechos de corrupción. El magistrado se encuentra en prisión domiciliaria. 

El llamado a concurso se oficializó a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial. Los profesionales interesados tendrán desde el 29 de septiembre hasta el 3 de octubre para inscribirse. 

En tanto, la prueba de oposición se tomará el 30 de octubre a las 9.00. Los postulantes deberán confirmar su participación con diez días de antelación a la fecha de forma “electrónica mediante la web del Poder Judicial de la Nación”.

La lista con los aspirantes y sus respectivos currículum se publicarán en la página mencionada y la del Consejo de la Magistratura durante los cinco días hábiles judiciales del cierre de las inscripciones. 

Un jurado integrado por Enrique Lilljedahl, Gabriel Ignacio Anitua, Érica Elizabeth Gorbak y Silvia Adriana Berardo; y los suplentes Iride Isabel María Grillo, Mariano Alberto Ciafardini, Jorge Eduardo Waddell y Ruth María Ivonne. Balderrama estará a cargo de supervisar el proceso. 

La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura dio el visto bueno para impulsar una iniciativa para remover y suspender al juez federal Marcelo Bailaque, imputado en tres causas por hechos de corrupción, por haber incumplido sus deberes como funcionario público y prevaricato.

La decisión de la comisión se realizó este jueves tras una reunión luego de que el martes, el juez presentara su defensa por escrito en la Magistratura a través de su abogado acerca de las imputaciones en su contra. 

Sobre esa medida, el consejero Álvaro González argumentó: "Nos encontramos en un punto en el que consideramos que hay elementos suficientes para proponer al plenario de este cuerpo la apertura del procedimiento de remoción y suspensión del magistrado, juez titular del Juzgado Nº 4 de Rosario”.

Así las cosas, rechazaron que el acusado pueda llamar a un testigo en el contexto de la causa en la que se lo señaló por extorsionar a un empresario en 2019.

En ese marco, el plenario del organismo tendrá que debatir la propuesta sobre su remoción pero todavía no se designó una fecha para el trámite. En tanto, la renuncia de Bailaque, que fue derivada la semana pasada, sigue siendo analizada por el Ministerio de Justicia nacional. 

El acusado había sido imputado por los fiscales Juan Argibay Molina, Federico Reynares Solari y Matías Scilabra el 30 de abril pasado por haber estado involucrado en tres causas distintas por maniobras de corrupción.

Puntualmente, lo acusaron de haberse negado a intervenir los teléfonos de sujetos cercanos al narco Estaban Lindor Alvarado cuando la causa estaba a su cargo, lo que tiñó de irregularidades la investigación; el haber manejado de mala manera los fondos de una cooperativa portuaria de San Lorenzo y Puerto San Martín; y el haberle armado una causa extorsiva a un empresario rosarino. 

Por otro lado, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, le había dispuesto el 19 de mayo 90 días de prisión preventiva de forma domiciliaria, pero el imputado ostenta fueros o inmunidades que lo hacen imposible de arrestar a menos que Magistratura apruebe su suspensión.

El juez federal Marcelo Bailque, imputado en tres causas diferentes por hechos de corrupción, entre otros delitos, presentó este martes a la mañana un escrito con su defensa contra las acusaciones en su contra ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura. 

La Magistratura lo había citado a exponer sobre su caso este 17 de junio a finales de mayo, por lo que de acuerdo a lo constatado por Infobae, el magistrado envió su defensa mediante sus abogados a las 9.50. 

En ese marco, la comisión mencionada se volverá a reunir el siguiente jueves para decidir sobre el desafuero de Bailaque, además de avanzar con un juicio político, aunque estas medidas deben aprobarse con el aval de dos tercios de los miembros designados para examinarlo.

No obstante, el proceso puede interrumpirse en caso de que el Gobierno de la Nación acepte la renuncia a su cargo que presentó el juez la semana pasada. El Ministerio de Justicia es el encargado de emitir una resolución sobre esa cuestión. 

Así las cosas, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, le había dispuesto el 19 de mayo 90 días de prisión preventiva de forma domiciliaria, pero el imputado ostenta fueros o inmunidades que lo hacen imposible de arrestar a menos que Magistratura apruebe su suspensión.

En relación a las causas por la que se lo imputó, Bailaque argumentó: "Cada una de mis decisiones jurisdiccionales fue adoptada conforme a derecho, con sujeción a la normativa procesal y sustancial vigente, y dentro del marco de autonomía e independencia que la Constitución Nacional garantiza a los magistrados judiciales de la Nación“.

Aunque rechaza todas las medidas en su contra, se refirió a la causa que lo vincula con el líder narcotraficante Esteban Alvarado: "No tengo ni tuve ningún tipo de vinculo de modo directo ni a través de un tercero, amigo o no, con narcotraficante alguno. Jamás he tenido trato alguno para favorecer a personas investigadas por narcotráfico, inconcebible además en esta ciudad que ha sido golpeada en mayor medida por el contexto de violencia en relación al mundo del tráfico ilícito de estupefacientes”.

El acusado había sido imputado por los fiscales Juan Argibay Molina, Federico Reynares Solari y Matías Scilabra el 30 de abril pasado por haber estado involucrado en tres causas distintas por maniobras de corrupción.

Puntualmente, lo acusaron de haberse negado a intervenir los teléfonos de sujetos cercanos al narco Estaban Lindor Alvarado cuando la causa estaba a su cargo, lo que tiñó de irregularidades la investigación; el haber manejado de mala manera los fondos de una cooperativa portuaria de San Lorenzo y Puerto San Martín; y el haberle armado una causa extorsiva a un empresario rosarino. 

El juez federal de Garantías Marcelo Bailaque renunció a su cargo este martes en medio de una fuerte polémica a su alrededor. En caso de que el Gobierno nacional acepte, el magistrado irá a prisión domiciliaria.

Bailaque comunicó al Ministerio de Justicia de la Nación mediante un escrito su dimisión. La decisión llegó en el marco de tres imputaciones en causas ligadas al prevaricato y extorsión, evitó ser destituido.

La gestión del presidente Javier Milei deberá determinar si da luz verde a la decisión. En caso de que esto suceda, Bailaque quedará sin fueros y se hará efectiva la pena de prisión preventiva por 90 días, medida dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario en mayo.

El juez fue imputado el 30 de abril de este año tras la acusación de los los fiscales Juan Argibay Molina, Federico Reynares Solari y Matías Scilabra, quienes le adjudicaron haberse negado a intervenir líneas telefónicas de sospechosos cercanos al narcocriminal Esteban Lindor Alvarado, manejo irregular de fondos de una cooperativa portuaria y maniobras extorsivas contra un empresario de la ciudad.

El juez federal Marcelo Bailaque deberá presentarse el próximo 17 de junio ante el Consejo de la Magistratura para que lo evalúen por su desempeño en el cargo luego de que fuera imputado en tres causas por hechos de corrupción, por haber incumplido sus deberes como funcionario público y prevaricato. En caso de no asistir a la cita, tendrá que preparar un escrito con su defensa. 

La medida en contra el magistrado fue avalada por los consejeros Álvaro Maques y Álvaro González, quienes argumentaron: "incurrió en comportamientos incompatibles con la ética, la transparencia y la objetividad exigidas por la Constitución Nacional para el ejercicio de la función judicial".

En ese sentido, si Bailaque no logra presentar evidencia que respalde su defensa, la Comisión de Acuerdos del Consejo podría proponer su suspensión o avanzar con un juicio político en su contra. Dichas resoluciones deben contar con el aval de dos tercios de los miembros designados para examinar al juez.

Anteriormente, en mayo de 2019, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, le dispuso 90 días de prisión preventiva de forma domiciliaria, pero el imputado ostenta fueros o inmunidades que lo hacen imposible de arrestar a menos que el Consejo de la Magistratura apruebe su desafuero.

El acusado había sido imputado por los fiscales Juan Argibay Molina, Federico Reynares Solari y Matías Scilabra el 30 de abril pasado por haber estado involucrado en tres causas distintas por maniobras de corrupción.

Puntualmente, lo acusaron de haberse negado a intervenir los teléfonos de sujetos cercanos al narco Estaban Lindor Alvarado cuando la causa estaba a su cargo, lo que tiñó de irregularidades la investigación; el haber manejado de mala manera los fondos de una cooperativa portuaria de San Lorenzo y Puerto San Martín; y el haberle armado una causa extorsiva a un empresario rosarino. 

Al juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, se le ordenó la prisión preventiva, se le prohibió la salida del país y el embargo de sus bienes y cuentas bancarias en el marco del proceso en el que está siendo acusado en tres causas diferentes por supuestas maniobras de corrupción, por haber incumplido sus deberes como funcionario público y prevaricato.

La medida fue impulsada por el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) Diego Velasco, quien había pedido por su detención. No obstante, Bailaque tiene inmunidad de arresto porque aun se encuentra cumpliendo sus funciones como juez. 

La audiencia en su contra comenzó este miércoles en los Tribunales Federales luego de que la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura nacional diera lugar a que se investigaran las tres causas en las que está involucrado.

En ese sentido, a Bailaque se le imputa el haberse negado a intervenir los teléfonos de sujetos cercanos al narco Estaban Lindor Alvarado cuando la causa estaba a su cargo, lo que tiñó de irregularidades la investigación; el haber manejado de mala manera los fondos de una cooperativa portuaria de San Lorenzo y Puerto San Martín; y el haberle armado una causa extorsiva a un empresario rosarino. 

El fiscal de la Procelac, Juan Argibay Molina y su pares de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Federico Reynares Solari y Matías Scilabra son los encargados de encabezar la acusación. 

Una serie de allanamientos en Rosario fue llevada a cabo este viernes por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en el marco de la investigación contra el juez federal Marcelo Bailaque.

Los procedimientos se realizaron desde las 9:00 en distintos puntos de la ciudad y tuvieron como objetivo a dos hermanos empresarios. En este contexto, los agentes acudieron a un domicilio particular, ubicado en Santiago al 800, y a oficinas en Sarmiento y Santa Fe.

El magistrado está señalado por favorecer a uno de los hermanos allanados mediante el manejo de fondos de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto General San Martín, asociada a Herme “Vino Caliente” Juárez.

A su vez, ese empresario fue mencionado por Carlos Vaudagna, ex jefe regional de ARCA (ex AFIP) en Rosario y Santa Fe, en su declaración como arrepentido donde asumió delitos como extorsiones, asesoramiento en carácter de titular del ente, persecución a contribuyentes y enriquecimiento ilícito.

Por otro lado, se registraron más allanamientos en Rafaela, donde el eje de las tareas fue un estudio de abogados especializado en derecho tributario. 

Bailaque es investigado por los delitos de prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó por mayoría el pedido de licencia solicitado por Ariel Lijo.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y el flamante ingresado, Manuel García-Mansilla, votaron en contra del ingreso este jueves por la mañana. Por otro lado, Ricardo Lorenzetti votó en minoría a favor del nombramiento.

De esta manera, el designado en comisión por el Poder Ejecutivo solo podrá asumir en el cargo del máximo tribunal si renuncia a su posición como juez federal. De lo contrario, el magistrado deberá aguardar que el Senado se reúna para abordar su pliego.

Una semana atrás, García-Mansilla, otro de los nombres elegidos por el presidente Javier Milei, juró como nuevo juez de la Corte Suprema en un acto ante sus pares en el Palacio de Tribunales de Buenos Aires.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) pide suspender la licencia de conducir al juez penal juvenil Fabricio Gershani Quesada de la provincia de Catamarca, quién llevó a su hija menor de edad en el baúl de su auto mientras manejaba por una ruta provincial, el pasado 6 de enero. 

El suceso fue filmado por otro automovilista que conducía detrás del vehículo del magistrado. En el video se puede observar como la niña asoma desde el interior del baúl y saluda a los conductores de otros autos.

Grabaron a un juez de Catamarca llevando a su hija en el baúl: el magistrado aseguró que, por retirar unos materiales de un corralón, se había quedado sin lugar en el vehículo. pic.twitter.com/MMXg8mipgn

Quesada admitió que “cometió un error” y adujo que actuó de esa manera debido a que no tenía lugar en el auto, ya que había comprado materiales para construcción en un corralón y ocupaban todo el interior del vehículo. 

El hecho ocurrió en la ruta provincial 4, en la localidad de Las Rejas y la grabación se viralizó rápidamente. 

La ANSV realizó el pedido ante las autoridades de San Fernando del Valle de Catamarca, para que inhabiliten el carnet de conducir de Quesada temporalmente.

En este sentido, desde el organismo pidieron que el juez sea sometido a una reevaluación psicofísica para evaluar si se encuentra en condiciones de manejar vehículos motorizados.

La audiencia imputativa contra el juez Marcelo Bailaque en los Tribunales rosarinos, pasó a un cuarto intermedio hasta este viernes, debido a que la defensa de uno de los complicados por las causas que implican a Bailaque, recusó al magistrado a cargo del proceso. 

El juez en cuestión, Eduardo Rodríguez de la Cruz, de otra jurisdicción, fue recusado por Paul Krupnik, represente de otro sospechoso funcionario de Arca (Ex Afip), Carlos Vaudagna, por haber participado anteriormente en un juicio por lavado contra el líder narco, Esteban Lindor Alvarado. 

Los fiscales Matías Scilabra de la Procunar; Federico Reynares Solari, del Ministerio Público; y Juan Argibay Molina, de la Procelac, expusieron en la audiencia contra el juez al que acusaron de corrupción, incumplimiento en deberes de funcionario público y prevaricato. 

En ese sentido, se lo sindicó por presuntamente demorar y retener expedientes de una causa por narcotráfico contra Alvarado; manejar fondos de una cooperativa portuaria intervenida de San Lorenzo y Puerto San Martín; y por avanzar en una causa contra un trabajador de San Cristobal, próximo a hacerse con la presidencia de la compañía, tras ser denunciados de manera anónima por evasión tributaria y lavado de activos en connivencia con trabajadores de la en ese entonces ex afip y la Aduana. 

La diputada provincial por el partido socialista, Lionella Cattalini, denunció penalmente al titular del Juzgado Federal N°4 de Rosario, Marcelo Bailaque, por presuntas irregularidades en su labor jurídica. 

Cattalini acusa a Bailaque de retrasar la investigación por narcotráfico contra Esteban Lindor Alvarado, líder de una banda narcocriminal preso en la cárcel de Ezeiza. Además, sostiene que el magistrado y Alvarado tienen el mismo contador.  

Todo comenzó cuando la diputada se dirigió al Consejo de la Magistratura para conocer cuál era el estado de una denuncia realizada por los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery que señalaba a Bailaque por retrasar una investigación contra Alvarado desde 2013. 

En diálogo con los medios desde el edificio de la Cámara de Apelaciones, Cattalini explicó: “La Justicia federal en la provincia fue oscura y poco comprometida. Los que se comprometieron de verdad fueron los fiscales provinciales, que fueron baleados y amenazados”. 

“Durante años nadie supo nada de lo que pasaba acá adentro con respecto al lavado de activos, trata de personas y narcotráfico”, remarcó. 

Con todo, el tema será tratado en el Consejo de la Magistratura y puede costar la destitución a Bailaque. 

El juzgado civil 36 a cargo de Sebastián Font aceptó intervenir en la causa por las elecciones en el club Boca Juniors, luego de la excusación de dos anteriores y mientras crece la incertidumbre sobre la realización de los comicios.

Este martes, la jueza Analía Romero, quien había sido seleccionada en segundo orden, se excusó ya que informó que es socia activa de Boca y que lo hacía para garantizar la imparcialidad.

Previamente, la primera jueza que intervino, Débora Abrevaya, hizo lo propio porque fue recusada por el oficialismo en Boca luego de ser señalada por «proceder» mal tras hacer lugar a una cautelar pedida por la oposición y suspender las elecciones que debieron tener lugar el pasado fin de semana.

Ahora, la causa quedó a en manos de Font, que aceptó intervenir pero rápidamente tuvo que cerrar sus redes sociales debido a su fanatismo por River y por publicaciones contra Boca y Mauricio Macri.

Quien resuelva el asunto de la realización de los comicios finalmente será la Cámara Nacional en lo Civil. En tanto, La Sala E del Tribunal aceptó intervenir en los planteos contra la primera de las juezas que por hora sigue separada, hasta que la Cámara la confirme o no en la causa.

Julieta Prandi vive un calvario desde hace más de quince años y, desde que se separó de su ex marido, Claudio Contardi, decidió denunciarlo por violencia de género y comenzó una batalla en la Justicia.

Y hace pocas semanas, la modelo tuvo un revés judicial ya que el Juez de la causa la intimó a fomentar el contacto y la revinculación de sus hijos con su papá ya que, de no ser así, se le podría quitar la tenencia.

La noticia fue un baldazo de agua fría para la conductora, debido a que en distintas ocasiones ella aseguró que los menores no quieren ver a sus padres ya que «le tienen miedo».

Esta semana Julieta tuvo una charla íntima con Alejandro Fantino, en la que aseguró: «El tiempo que conviví con esa persona, que fueron 15 años, fue un calvario. Y ahora tengo tres más con la Justicia. Una vida. Empezar a escuchar la voz de mis hijos que me contaban la misma violencia que sufría yo, pero en carne propia».

Ahora, se conoció una noticia que podrá cambiar el rumbo de la causa: se apartó el Juez. Quien comunicó la noticia a través de sus redes sociales fue el periodista Tomás Dente: «Caso Prandi: se apartó el Juez. Gran noticia», escribió.

El ex presidente Mauricio Macri recusó nuevamente al juez federal subrogante de Dolores Martín Bava, quien el miércoles próximo tiene previsto indagarlo por presunto espionaje ilegal a familiares de las víctimas de hundimiento del submarino ARA San Juan.

El abogado de Macri, Pablo Lanusse, sostuvo que la frustrada declaración de la semana pasada demostró la «parcialidad» del juez, quien convocó al ex mandatario «sabiendo que no podía declarar». Lanusse subrayó que el juez omitió avanzar con el relevamiento del secreto que establece la ley de Inteligencia durante 22 días, desde el 6 de octubre –cuando la AFI le informó que no estaba en sus atribuciones tal decisión- y el 28, cuando se inició la frustrada indagatoria.

Lanusse le atribuyó intencionalidad política al «apresuramiento» del juez para indagar a Macri, cuyo «procesamiento –aseguró- ya está escrito». Bava ya había sido recusado por “temor de parcialidad” por la defensa de Macri con anterioridad al segundo llamado a indagatoria, pero la Cámara Federal de Mar del Plata desestimó el planteo. No obstante, le formuló una severa advertencia al juez, a quien le recomendó extremar la “prudencia” en sus pronunciamientos.

Tras la fallida indagatoria de la semana pasada, el juez Bava le pidió al presidente, Alberto Fernández, que relevara del secreto que impone la Ley de Inteligencia, lo que ocurrió apenas horas antes de que el Jefe del Estado viajara a Roma para la Cumbre del G-20.

Bava citó nuevamente a Macri para el próximo miércoles, para completar la indagatoria que quedó trunca. El juez debe resolver si acepta o rechaza la recusación y elevar su decisión a la Cámara de Mar del Plata, pero esa instancia procesal no impide la realización de la indagatoria.

El ex presidente Mauricio Macri confirmó en las últimas horas que el próximo miércoles regresará al juzgado federal de Dolores para prestar declaración indagatoria ante el juez Martín Bava, en la causa que investiga el supuesto espionaje ilegal a familiares de fallecidos en el submarino ARA San Juan.

Así lo afirmó el líder de Juntos por el Cambio durante su participación en el programa «Cenando con Mirtha Legrand» de El Trece, donde juzgó que ese expediente tiene una «connotación política» y apuntó al juez Bava y acusó al gobierno nacional de estar «obsesionado» con perjudicarlo judicialmente.

«El miércoles voy a ir», aseguró el exmandatario al ser consultado sobre si se presentará el 3 de noviembre en los tribunales federales de Dolores.

El juez Bava lo volvió a citar de manera presencial para ese día a las 12, luego de la publicación en el Boletín Oficial del decreto presidencial que relevó al ex mandatario imputado de su obligación de guardar secreto y confidencialidad.

El ex presidente Mauricio Macri fue citado por cuarta vez el viernes a declaración indagatoria por supuesto espionaje ilegal a familiares de fallecidos en el submarino ARA San Juan y tendrá que regresar a Dolores porque el juez Martín Bava rechazó su pedido para que la audiencia sea virtual.

En su primera entrevista televisiva tras la frustrada indagatoria del jueves, Macri adjudicó la suspensión de su declaración a un supuesto «apuro» del juez Bava, en tomar una medida «intempestiva y sin fundamentos».

«El miércoles voy a ir, para que saque seguramente el procesamiento», ratificó Macri y consideró que «el juez ya prejuzgó» porque «dijo que tienen que sancionarme».

«No espié a nadie, yo nunca mandé en mi gobierno a espiar a nadie», afirmó y aseguró: «Jamás vi ningún informe de ningún familiar del ARA San Juan ni de ningún otro buque».

Esta es la cuarta citación al expresidente en base a «su derecho a defensa» en la causa por espionaje en Mar del Plata a familiares de los 44 fallecidos en el hundimiento del submarino en 2017.

Las dos primeras convocatorias judiciales se reprogramaron, ante la ausencia de Macri, y la que se concretó este jueves con la ida del expresidente a Dolores quedó suspendida a mitad del trámite en la sede del juzgado.

La defensa pidió a Bava que se releve al expresidente de su obligación de guardar secreto y confidencialidad, en base a lo dispuesto por la Ley de Inteligencia 25520.

Un juez santafesino quedó en el ojo de la tormenta luego de liberar a un acusado de violación esgrimiendo que utilizó un preservativo. Ocurrió en una localidad al norte de la provincia, donde una mujer denunció que fue atacada por un albañil de 28 años que trabajaba en una obra de construcción cerca de su casa. El hombre se había entregado a la Policía luego de que la víctima lo haya reconocido en las redes sociales.

El juez a cargo de la causa, Rodofo Mingarini, decidió dejar en libertad al acusado y manifestó que no poder «relacionar y entrar en la lógica de colocarse el profiláctico para tener esta relación cuando tiene que estar sometiendo a la víctima».

Para el magistrado, ese fue el elemento que mayor duda le generó y sostuvo que no hay suficiente evidencia de que haya existido el abuso.

Mingarini dio a conocer sus polémicos argumentos durante una audiencia virtual el domingo para decidir sobre la detención del sospechoso. La decisión que tomó fue imponerle medidas restrictivas mientras continúa el proceso en libertad.

Lo curioso es que dentro de sus consideraciones, para el juez «es posible» que «haya habido esta relación no consentida».

El juez Daniel Alonso que investiga los incendios en la zona del Delta del Paraná aseguró este miércoles que «está totalmente compenetrado con la situación» dado que su hija vive en Rosario. Sus declaraciones se inscriben en el marco de dos jornadas consecutivas de humo en la ciudad, que tornaron el aire irrespirable. Además, al magistrado expresó que está de acuerdo con las declaraciones del presidente Alberto Fernández, quien afirmó que «hay que ser inflexibles con los responsables», pero aclaró: «Lo que no vamos a hacer es una caza de brujas».

En una entrevista al aire del programa El Puente, que se emite por Radio Mitre Rosario, Alonso se refirió a las declaraciones del ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, quien lo acusó de no investigar las causas que ocasionan la quema de pastizales. «Las palabras de Cabandié corren por cuenta de Cabandié. Yo no le voy a contestar porque él es parte de una causa penal. Conoce exactamente las constancias de la causa y las decisiones tomadas», expresó. A su vez, manifestó que está «totalmente de acuerdo» con las declaraciones efectuadas este martes por el presidente Alberto Fernández en Rosario, quien afirmó que es necesario «ser inflexibles y perseguir penalmente» a los responsables de los incendios en las islas.

En tanto, el magistrado dijo estar involucrado con los incendios desde lo personal. «Estoy totalmente compenetrado con la situación. No sólo porque voy siguiendo (los focos) a través de los satélites, sino porque tengo a mi hija viviendo en la ciudad de Rosario. Tengo información directa y familiar del tema, además de la que dan las autoridades de Prefectura, Gendarmería y de los medios que reflejan lo que es una realidad», afirmó.

Por otra parte, Alonso explicó que existen dos causas en relación a los incendios, que, si bien están conectadas, corren por sitintos caminos judiciales. «Hay dos causas que se están tramitando: una ante el juzgado del que soy titular, que es de carácter ambiental y una penal», aseveró y subrayó que la investigación ambiental que él encabeza es «mucho más amplia que la causa penal. La causa penal busca detener a los responsables; la ambiental busca recomponer las condiciones alteradas del ambiente y hacer pagar las consecuencias económicas» a los responsables.

«Yo he dispuesto el 1° de julio un montón de medidas que se están cumpliendo, están dando resultados y estamos detectando irregularidades», remarcó. En ese sentido, aseguró que «la causa penal es la que más sale a la luz por declaraciones del ministro (Cabandié) tiene una veintena de imputados». De los sospechosos, destacó, se logró identificar a nueve. «Siete de ellos han sido indagados y tienen una situación procesal resuelta; seis con falta de mérito y uno con sobreseimiento porque hasta el momento no tenemos otro elemento que no sea la titularidad registral o, por lo menos, la constancia catastral de que serían los titulares de esos inmuebles que permita involucrarlos con el hecho en sí».

Sobre el caso penal, que lleva adelante el fiscal García Escalada, consideró que el funcionario «está haciendo un gran esfuerzo, pero ese esfuerzo depende de terceras personas». «Obviamente ya no vamos a encontrar a nadie prendiendo el fuego en el momento, pero hay otros elementos que sumados pueden darnos los responsables o los instigadores de estos hechos», agregó y ratificó que existen indicios que dan cuenta de la intencionalidad de las quemas.

Sobre el cierre de la charla, Alonso remarcó que se encuentra a la espera de la llegada de las declaraciones indagatorias, que deben atravesar otras instancias procesales antes de arribar a sus manos. «Ni bien lleguen si tenemos elementos para procesar vamos a procesar. Ayer el presidente hablaba de ser inflexibles. No tengan ninguna duda que vamos a ser inflexibles cuando tengamos acreditados los elementos; lo que no vamos a salir a hacer es una caza de brujas simplemente porque alguien opine que tiene que haber presos», concluyó.

El juez penal Marcelo Nieto Di Biase rechazó el acuerdo de juicio abreviado presentado por las partes el pasado lunes en una audiencia ante la fiscalía, en el marco de la causa que tiene a tres jóvenes acusados de abusar sexualmente a una joven en Chubut en 2012. El fiscal Fernando Rivarola, que se refiró al caso como un «desahogo sexual», había conseguido que, mediante la probation se consensuaba una pena de tres años de prisión en suspenso por “abuso sexual simple”.

Como esto no fue aprobado por el juez, se prevé que el caso irá a juicio oral. El magistrado asegura que se requiere un mayor conocimiento de los hechos y que la pena acordada es exigua y que no convalida un acuerdo reparatorio bajo términos de confidencialidad.

Además, Nieto Di Biase argumentó que no tolerará «que exista una Justicia que tenga resultados diferentes, dependiendo del poder adquisitivo de los imputados”. Si en contrapartida se tiene en cuenta la acusación original del expediente, abuso con acceso carnal, violación, correspondería una pena de ocho a 20 años de prisión.

Cabe recordar que la víctima, que en el momento del hecho vivía en Puerto Madryn y debió mudarse a La Plata bajo amenazas, había prestado su consentimiento hacia el acuerdo. Sin embargo, el juez  lo consideró condicionado, dado que se le hizo mención al magistrado de la existencia de un arreglo reparatorio, cuyos términos se reservaron las partes por tener un «pacto de confidencialidad».