Este lunes comenzó en Rosario el juicio contra el ex fiscal regional Patricio Serjal y el empleado de la Fiscalía Nelson Ugolini en el marco de la causa del juego clandestino, que desató un escándalo judicial en la provincia de Santa Fe. 

Por el caso, ya fueron condenados el empresario Leonardo Peiti y el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, quienes declararon como arrepentidos. La instancia oral comenzó a partir de las 8:00 en el Centro de Justicia local.

Los fiscales José Luis Caterina, Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato le adjudican a Serjal haber sido organizador de una asociación ilícita con cohecho pasivo agravado por falsedad ideológica de documento público, delito agravado por su condición de funcionario público y la omisión de persecución. Pidieron una condena de 12 años de prisión efectiva y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de forma perpetua.

Por su parte, Ugolini fue señalado por el delito de asociación ilícita en calidad de miembro en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público en carácter de autor y cohecho pasivo simple en carácter de partícipe primario. En este caso, la pena pedida por los fiscales es de 5 años de prisión efectiva y 10 de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El fiscal Caterina brindó declaraciones este lunes y, en relación al proceso judicial, explicó: “Tenía que ser agendado desde julio de 2023, decidimos llevarlo a juicio para no estirar más esta situación. Va a ser relativamente largo, está previsto para tres semanas completas”. 

Serjal fue detenido en agosto de 2020 y quedó bajo arresto domiciliario. Posteriormente, en febrero de 2022, el camarista Guillermo Llaudet le otorgó la libertad bajo la prohibición de salir de la ciudad y del país sin la autorización del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un hombre y secuestró 38 computadoras este martes en el marco de una causa por juego clandestino en Rosario.

El operativo tuvo lugar en las zonas sur y oeste de la ciudad, a pedido del fiscal Germán Mazzoni del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Según detalló la policía, se realizaron tres allanamientos en Riobamba al 7100, Centeno al 1700 y Necochea al 3100.

En el último punto los uniformados arrestaron a un sospechoso de 52 años, identificado como Elvio Fernando A.

A su vez, los uniformados secuestraron 38 CPU que serán llevadas a peritaje; 1.383.000 pesos, una funda de arma de fuego, impresoras de tickets y celulares, entre otros elementos de interés para la causa.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) avanza en el desmantelamiento de una red de apuestas ilegales online, que operaba mediante una Sociedad Anónima que habría sido utilizada como escudo protector de una organización que llevaba adelante estas acciones ilícitas.

El dato más alarmante es el que indica que el 23% de las transacciones analizadas fueron realizadas por adolescentes que rondan los 15 años de edad. En este sentido, el promedio etario general de quienes participaban de las apuestas era de 24 años. 

Esta investigación, que comenzó en mayo de este año, forma parte del Plan de Persecución Penal por objetivos priorizados de la Fiscalía General.

El ministro de Educación de la provincia, José Goity, junto a la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, y el Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Acción Social, Daniel Di Lena, fueron quienes realizaron la denuncia ante el MPA. 

Los denunciantes presentaron en ese momento el informe de 273 sitios webs que funcionaban de manera ilegal, número que posteriormente se amplio a 385.

De esta manera, el fiscal Nigro dispuso que se identificaran los fondos que fueron bloqueados e inmovilizados en esta jornada. Asimismo, ordenó el bloqueo de los dominios web utilizados de manera ilegal. 

Este jueves se llevaron adelante cinco allanamientos en la Ciudad Autónoma y la Provincia de Buenos Aires, en donde se secuestraron teléfonos móviles, documentos de sociedades comerciales, computadoras y otros dispositivos que serán analizados para avanzar en el caso.

El senador provincial por San Lorenzo, Armando Traferri, que estaba en libertad y había renunciado a sus fueros, fue imputado por comandar una asociación ilícita que organizaba juegos clandestinos, por hechos de tráfico de influencias agravado, peculado de caudales públicos y negociaciones incompatibles con la función pública. 

El caso fue expuesto por los fiscales José Luis Caterina, Marisol Fabbro, y María de los Ángeles Granato. 

La causa la iniciaron años atrás los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, y fueron condenados un empresario relacionado al juego, Leonardo Peiti, y el ex fiscal, Gustavo Ponce Asahad. 

En ese marco, la Fiscalía acusó a Traferri de haber tomado parte “en carater de jefe” de una asociación ilícita para dominar el juego de azar ilegal en la provincia. 

En dicha asociación, se utilizaba y gozaba del dinero recaudado del juego clandestino y se obtenía la concesión del juego online en Santa Fe mediante terminales virtuales de lotería (VLT). 

Asimismo, los fiscales precisaron que dentro de la organización había roles bien definidos que se encargaban de gestionar los juegos y su recaudación; mientras que otros evaluaban la gestión judicial del sector para tratar de ocultar el origen de las sumas de dinero generadas y obtener protección.

De entre esos roles, se desprende el nombre del empresario Peiti, a quien se le.achaca tener estrechos lazos con funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA). 

En el marco de la causa por juego clandestino, Armando Traferri, senador del Partido Justicialista por el departamento San Lorenzo, fue citado por la justicia para una audiencia imputativa que se llevará adelante el próximo martes 8 de octubre, a las 14:30, en la sala 7 del Centro de Justicia Penal de Rosario. 

Se trata de una medida que el propio Traferri solicitó, a fines de 2023, con el fin de poder ejercer su defensa e intentar demostrar su inocencia. La instancia judicial será presidida por la jueza Eleonora Verón y contará con la presencia de las fiscales Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato. 

Fue en octubre del año pasado cuando el Senado de la provincia de Santa Fe aprobó el desafuero de Traferri, que había sido solicitado por el propio senador tras conocerse la denuncia contra Matías Edery, uno de los fiscales de la causa en ese momento, a quién se lo investigo por irregularidades en su vínculo con una informante de “Guille” Cantero, y que fue finalmente suspendido y apartado de la fiscalía.

Luego de que le quitaran los fueros, el senador Armando Traferri solicitó a la Justicia, a través de sus abogados, Oscar Romera y Juan Murray, que lo citaran a una audiencia que, finalmente, se concretará el próximo 8 de octubre. 

En diciembre de 2020, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery solicitaron quitarle la inmunidad a Traferri, pero el Senado rechazó el pedido e impidió que se avanzara en la investigación. Los fiscales solicitaron un recurso de inconstitucionalidad, llegando finalmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que emitió algunos fallos favorables y otros en contra del pedido de Edery y Schiappa Pietra.

Por su parte, el senador acusado sostuvo que esta situación se trataba de una persecución política por parte del ex ministro de Seguridad, Marcelo Saín, hecho que intentará demostrar ahora ante la Justicia.

El Gobierno provincial amplió este miércoles la denuncia contra el juego online ilegal. La demanda presentada ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) apunta a combatir el delito de explotación, administración y operación de juegos de azar contra sitios web de apuestas. 

La presentación fue firmada por el vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social-Lotería de Santa Fe (CAS), Daniel Di Lena, y dirigida a la fiscal General de la provincia, María Cecilia Vranicich. Con motivo de la extensión, la denuncia sumó 112 nuevos sitios, a los 273 apuntados previamente, llegando a un total de 385 sitios demandados. 

Según el escrito, junto a las webs que ya habían sido demandadas, “se han detectado otras, que de igual modo permiten apostar al margen de la ley, amén de violar las disposiciones del Código Penal antes citadas y la normativa vigente en materia de regulación del juego, ya que no  cuentan con autorización de la Caja de Asistencia Social para funcionar”.

Luego, el documento expone que los sitios están expuestos a “un número indeterminado de habitantes de la Provincia de Santa Fe, entre ellos a menores de edad, a juegos, apuestas y/o sorteos realizados en flagrante violación al marco normativo correspondiente a los Juegos de Azar que se comercializan en nuestra provincia y el resto del país”.

En términos de prevención para usuarios, Di Lena había advertido que “todos los sitios de dominio de juegos oficiales en Argentina deben contar con un dominio “.bet.ar”. De lo contrario, se trata de una página ilegal en el territorio.

Por otro lado, la presentación realizada al MPA recuerda que, conforme al marco normativo, “todo juego, apuesta y/o sorteo a desarrollarse en el ámbito territorial de la provincia de Santa Fe, cualquiera fuese su modalidad, debe ejecutarse bajo la autorización previa y el posterior contralor” de la CAS, y ninguno de los nuevos sitios de internet web denunciados cumplen con esta disposición.

El diputado provincial y candidato a diputado nacional por Soberanía Popular, Carlos Del Frade, realizó una fuerte revelación sobre los entramados de la causa de juego clandestino y aseguró que el empresario Leonardo Peiti «le dio cerca de 250 mil dólares» al senador del departamento de San Lorenzo, Armando Traferri. También se refirió al crimen del testigo protegido en la causa por asociación ilícita contra Esteban Lindor Alvarado, Héctor Argüelles. «Me dijo que iba a ser el próximo asesinado y que después me iba a tocar a mí», contó el también periodista.

Con respecto a la red de juego ilegal que es investigada desde el año pasado y tiene a varios fiscales imputados y presos, señaló: «Lo de Peiti expresa como uno de los senadores más poderosos de Argentina, porque es el senador del departamento por donde pasa el 75 por ciento de las exportaciones del país, el senador por San Lorenzo Armando Traferri, le había garantizado a Peiti la legalización del juego clandestino por millones a cambio. El pedido que no sea investigado Traferri por una cuestión constitucional de la Constitución del 72 es una vergüenza para la política santafesina, la justicia santafesina y todos los sectores políticos que queremos avanzar más allá de esta mugre institucional».

«Ni el negocio del juego clandestino, ni el narcotráfico, ni el contrabando de armas o el contrabando de cereales, se puede hacer sin complicidad política, el caso de Peiti lo expresa. Debajo de eso hay un montón de negocios que ojalá algún día se demuestren», continuó el legislador en diálogo con el programa Con Sentido Común de CNN Radio Rosario, donde realizó una importante revelación: «Peiti ha declarado que le ha dado cerca de 250 mil dólares a Traferri. Es algo inaudito y por eso la provincia tiene esa profunda desigualdad porque hay una gran cobardía en transformar esta realidad, que favorece a los sectores de los que estamos hablando».

Acerca de la corrupción que tiñe a la Justicia y la política provincial, Del Frade afirmó: «Lo creo que existe en la provincia es un PUS, el Partido Único de Santa Fe, que es la mejor manera de describirlo. Está compuesto por cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe; tres arzobispos de la provincia de Santa Fe, el de Rosario, Rafaela y Santa Fe; y los sectores más conservadores de los partidos políticos grandes, el justicialismo, el socialismo, el radicalismo y el Pro, que se estructura en una alianza en la Legislatura entre los sectores más conservadores y rancios que tiene la provincia y ciertos sectores en Diputados que expresan todo esto».

Sobre la muerte del testigo protegido en la causa Alvarado, Del Frade contó:  «Cuando lo mataron a Argüelles, que era imputado colaborador, que es la figura que le van a dar a Peiti. Argüelles, como era imputado colaborador en la causa Alvarado, cuando fue asesinado el 6 de septiembre pasado fue muy duro porque me había dicho que él iba a ser el próximo asesinado y después me iba a tocar a mí porque estaba en la lista de Alvarado. Fue muy fuerte escuchar eso que me dijeron incluso del Ministerio Público de la Acusación y a partir de ahí sentí que había mucha fragilidad, especialmente para mi entorno familiar. Lo hice público y después decidimos callarnos porque estaban las elecciones allí nomás y no quería que se usara de excusa para decir que estábamos batiendo el parche para ganar algunos votos más. Era una manera hacerlo público, de cierta protección»

«El 20 de marzo del 2020, a horas que el presidente de la Nación anunciara la primera cuarentena, Argüelles, con otras dos personas que se habían corrido del círculo de Alvarado, una de esas personas ya tenían cuatro balazos en el cuerpo, me habían mostrado esa lista de 47 personas de las cuales 35 ya habían sido asesinadas. Fue muy grosera la manera que lo mataron a Argüelles, porque lo mataron el lunes, pero lo fueron a buscar el sábado y el domingo», finalizó el diputado provincial que competirá en las generales del 14 de noviembre para llegar al Congreso de la Nación.

El ex ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, actual director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, se refirió a la causa de Juego Clandestino y puntualmente habló sobre la ausencia la semana pasada del senador Armando Traferri en la audiencia imputativa: «No va porque temer salir de ahí con un proceso penal firme».

Sobre su función como ministro en la actual gestión provincial, dijo: “Defendía a mi gobernador, que era mi empleador y mi jefe político. Lo que dice el senador Traferri es más grave todavía, ‘que el sistema de inteligencia lo montó Omar Perotti’, eso es mucho más grave y no puede salir gratis».

«Quiero que Traferri se defienda en una audiencia imputativa y ahí demuestre que, según él, los fiscales armaron una operación política espuria sin pruebas. Pero no va a la audiencia imputativa porque sabe que hay pruebas y teme salir de ahí con un proceso penal firme que a la corta o a la larga puede terminar con la privación de su libertad”, expresó Sain acerca del legislador por el departamento San Lorenzo y agregó: “Traferri es el más débil, porque es el más expuesto. Es el que ya hay elementos y visibilizan todo lo que hay hecho, eso es clarísimo”.

Con respecto a las acusaciones que recibió, señaló: “Esto no va a ser gratis para nadie, puedo aceptar que se digan cosas en el marco de la confrontación política. Hasta ahora nadie pudo demostrar absolutamente nada de Marcelo Sain, no es porque yo sea muy inteligente o tenga un sistema de inteligencia, carpeteo a todo el mundo y en realidad soy tan inteligente que nunca nadie puede demostrar como los carpeteo o extorsiono, entonces los voy a hacer desfilar a todos por Tribunales”.

“Muchas veces en Santa Fe todos hablan y les sale gratis, pero esta no la voy a dejar pasar, van a tener que dar cuentas. Traferri se agrandó la semana pasada, aunque el juez no le dio la razón, solo dijo que la Corte se expida y no respecto de la constitucionalidad de los fueros sino de cuáles son los límites de ese fuero. Traferri puede ser imputado. Si la Corte provincial emite un fallo al respecto y se equivoca mal, lo va a terminar dirimiendo la Corte nacional o algún organismo internacional, porque los fiscales no van a parar”, continuó el ex titular de la cartera de Seguridad y añadió: “Santa Fe no es un país independiente de Argentina, aunque muchos de los hacedores de este bloque histórico de poder crean que son los dueños de esta provincia. No ha habido una Justicia totalmente independiente en el más alto tribunal de esta provincia”.

El senador departamental de San Lorenzo Armando Traferri fue citado a audiencia imputativa en el marco de la causa de juego clandestino. La misma se llevará a cabo el lunes 23 de agosto a las 14 y se da luego que los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery lo acusaran de ser jefe-organizador de una estructura vinculada al juego ilegal y a la corrupción institucional en la provincia.

Antes de esta citación, el legislador planteó un recurso de inconstitucionalidad contra la reciente decisión del camarista José Luis Mascali, que le dio luz verde a la audiencia, pero en caso de aprobar este planteo de revisión, irá a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

Mascali, a principios de julio, revocó la resolución de la jueza Eleonora Verón y declaró la inconstitucionalidad de los fueros absolutos, al tiempo que facultó a los fiscales para imputar a Traferri, bajo la lupa en la megacausa del juego ilegal en territorio santafesino.

Esto habilitó a los fiscales Schiappa Pietra y Edery a que pudieran citar al senador e imputarlo sin requerimiento a un magistrado. También aclaró Mascali, que el legislador no puede ser detenido ni es posible allanar su casa u oficina.

En la noche de este martes se llevó a cabo la audiencia vía Zoom desde Rafaela en la los fiscales Guillermo Loyola y Gabriela Lema imputaron al empresario Leonardo Andrés Peiti como jefe de una asociación ilícita dedicada al juego clandestino. También fueron imputados su hermano Roberto Esteban Peiti y otras cinco personas. El juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) fue Javier Bottero.

A Leonardo Peiti se le atribuyeron los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe; organización, administración, operación y explotación de sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente; y defraudación en perjuicio de administración pública. Las tres calificaciones penales fueron endilgadas en carácter de coautor y en concurso real entre sí.

En relación a la misma asociación ilícita, a Julio César de Itatí Perona,  y a Facundo Perona se les atribuyeron los delitos de asociación ilícita en calidad de organizadores; organización, administración, operación y explotación de sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente; defraudación en perjuicio de administración pública; y lavado de activos calificado. Las cuatro calificaciones penales fueron atribuidas en carácter de coautores y en concurso real entre sí.

Por la otra asociación ilícita investigada, fueron imputados el mismo empresario que fuera detenido el pasado 25 de marzo, los tres hombres investigados que no integraban la primera asociación (Roberto Esteban Peiti, Andrés José María Sánchez y Edgardo Ángel Santucci Santillán) y María Beatríz Spahn. A Peiti se le endilgaron los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe; organización, administración, operación y explotación de sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente; y defraudación contra la administración pública. Las tres calificaciones penales fueron en carácter de coautor y en concurso real entre sí.

A Roberto Esteban Peiti, por su parte, se le atribuyeron los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe; organización, administración, operación y explotación de sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente; y defraudación en perjuicio de la administración pública. Todo ello en carácter de coautor y en concurso real entre sí.

En cuanto a Andrés José María Sánchez, fue imputado por los delitos de asociación ilícita en calidad de organizador; organización, administración, operación y explotación de sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente; y defraudación en perjuicio de administración pública. Todo ello en carácter de coautor y en concurso real entre sí.

Por su parte, a Edgardo Ángel Santucci Santillán se le atribuyeron los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe; organización, administración, operación y explotación de sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente; defraudación en perjuicio de administración pública; y lavado de activos calificado. Las cuatro calificaciones legales fueron endilgadas en carácter de coautor y en concurso real entre sí.

María Beatríz Spahn fue imputada por los delitos de asociación ilícita en calidad de organizador; organización, administración, operación y explotación de sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente; y defraudación en perjuicio de administración pública. Todo ello en carácter de coautor y en concurso real entre sí.

De acuerdo a lo programado, las audiencias de medidas cautelares serán dos. Una de ellas se llevará a cabo este miércoles desde las 8, y la otra el jueves, también a partir de la misma hora.

Este jueves fue detenido en Fisherton Leonardo Peiti, el empresario que declaró en condición de arrepentido en la causa de juego clandestino y esto derivó en los arrestos de los fiscales Gustavo Ponce Asahad y Patricio Serjal. Su aprehensión fue ordenada por el fiscal de Rafaela Guillermo Loyola.

Hasta el momento, Peiti transitaba el avance de la causa y la investigación en condición de libertad tras aportar datos claves de sus vínculos con Ponce Asahad y Serjal. Será llevado a audiencia imputativa entre este viernes y el sábado.

Cabe recordar que este empresario fue allanado en varias ocasiones, como así también personas de su entorno, ya que la Justicia rosarina investiga cómo constituyó su patrimonio. La principal sospecha de los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada es que el mismo lo forjó por su presunta ligación al juego ilegal.

Este miércoles se llevó a cabo la ampliación a la audiencia imputativa al exjefe de fiscales de Rosario, Patricio Serjal, que seguirá preso por el plazo de la ley tras ser reimputado por ser parte de una asociación ilícita que protegía al juego clandestino en la provincia. Además, el exempleado del Ministerio Público de la Acusación y colaborador del exfiscal Gustavo Ponce Asahad, Nelson Ugolini, fue dejado en libertad bajo reglas de conducta.

La resolución de las situaciones de ambos se conocieron pasadas las 21 de este miércoles y fueron dictadas por la jueza de Primera Instancia Eleonora Verón. Los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, imputaron a los dos haber conformado una asociación ilícita integrada además por al menos, Ponce Asahad, Leonardo Peiti, Maximiliano Díaz, David Perona (fallecido), Alejandro Torrisi (condenado), el senador del departamento San Lorenzo, Armando Traferri, y otras personas que hasta el momento no fueron identificadas.

Cabe recordar que la organización, que se desplegó en al menos cinco localidades, se extendió entre el 24 de abril de 2017 (cuando se constató el primer contacto telefónico entre el senador Traferri y Peiti) hasta el 24 de julio de 2020 (fecha en la cual se reunieron en una cochera de Pichincha el abogado de Peiti y Ponce Asahad). El objeto de la asociación ilícita fue “usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegal y apuestas electrónicos sin contar con la autorización de la autoridad competente».

Durante la audiencia de reimputación, se precisó que «con sus diversos aportes y roles, organizaron, explotaron y administraron juegos de azar ilegal, ofrecieron y aceptaron dádivas a funcionarios públicos que omitieron hacer actos propios de su funciones, omitieron perseguir penalmente los delitos estando obligados a hacerlo y brindaron información reservada a personas con el objetivo de hacer fracasar cursos investigativos”.

Cuando comenzó esta nueva audiencia, el pasado lunes 21 de diciembre, los fiscales expusieron la carga de pruebas acumuladas contra Traferri, de quien dijeron que “al conocer el vínculo de Peiti con el juego ilegal en la provincia aprovechó sus influencias para vincularlo con Serjal y Ponce Asahad”.

Para los fiscales, Serjal fue el organizador de la cobertura judicial, quien abusando de su cargo, daba directivas a Ponce Asahad sobre las medidas tendientes a asegurar impunidad a Peiti en causas vinculadas a juego ilegal. En esta ocasión, se lo imputó por los delitos de Asociación ilícita en el rol de organizador en concurso real; Incumplimiento de los deberes de funcionario público; Cohecho pasivo agravado; Falsedad ideológica de documento público agravado por la condición de funcionario público; Omisión de persecución y Peculado de servicios todo en carácter de autor y en grado de consumado.

En lo que respecta a Ugolini, se lo imputó por los delitos de Asociación ilícita en calidad de miembro, en carácter de autor, en concurso real con Incumplimiento de los deberes de funcionario público, en carácter de autor y Cohecho pasivo agravado en carácter de partícipe primario. La jueza dispuso para Serjal la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley, manteniendo la ya dictada , mientras que para el exempleado del MPA dictó la libertad con reglas de conducta, no haciendo lugar al pedido de prisión preventiva efectiva solicitado por la Fiscalía.

La fiscal regional Dra. María Eugenia Iribarren rechazó el pedido del senador departamental de San Lorenzo, Armando Traferri, de apartar de la investigación de la causa de Asociación ilícita y Juego clandestino, a los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, porque consideró que la solicitud «carece de legitimación activa».

«Los motivos del apartamiento de fiscales en una causa que puede disponer el fiscal regional refieren a la falta de objetividad o eficacia en el desempeño fiscal, no sucediendo en este caso donde existe hasta el momento un impedimento para someter a proceso al senador Traferri», argumentaron desde Fiscalía.

También se manifestaron que «en relación a los dichos del Dr. José Luis Vázquez», abogado del legislador santafesino, «en su escrito, los cuales podrían considerarse agraviantes y descalificativos hacia integrantes de este Ministerio Público de la Acusación, se remitirá copia al Tribunal de Ética el Colegio de Abogados a los fines que estimen pertinentes».

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, se refirió a la causa de juego clandestino que tiene presos e imputados a los exfiscales Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad, e investigado al senador departamental de San Lorenzo, Armando Traferri, entre otros actores de la política provincial sospechados de vinculación con la misma. El funcionario contó que «durante el fin de semana hubo amenazas tangibles» contra los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, que encabezan la investigación.

Acerca del avance de la causa, Sain dijo: “Esta investigación ha comprometido a personas de muy alta jerarquía en el ámbito judicial, que ya están detenidas. Todos los días surgen nuevas pruebas, hay mucho material secuestrado que está siendo analizado, hay elementos de prueba que dan cuenta de esta compleja asociación ilícita que tiene, no solamente protección policial, sino protección judicial y política”.

“Desde el Gobierno tenemos que respaldar con todos los medios técnicos, con el asesoramiento cuando es requerido por los fiscales, con los medios operacionales entre ellos los fondos nacionales. Al fin y al cabo, aquellas leyes ‘Anti Saín’, que tanta preocupación generaron y que fueron impúdicamente sancionadas a través de un acuerdo de lo que llamo el bloque histórico que ha gobernado la provincia de Santa Fe, Frente Progresista Peronismo Conservador. Ese acuerdo era para impedir este conjunto de investigaciones y amedrentarme a mí con la posibilidad de la vuelta al organismo de investigaciones”, continuó el ministro.

Por otra parte, remarcó que con la investigación de juego clandestino van «a ir a fondo» y lo explicó: «Porque la gran diferencia con otras investigaciones que se llevaron a cabo sobre el poder en la provincia de Santa Fe, esta investigación tiene un gobierno que apoya, que apuntala a los fiscales, que pone todos los recursos, que tiene un ministro que viene de la investigación de delitos complejos y de gestionar estructuras complejas de investigación tanto en la Policía de Seguridad Aeroportuaria, como en la AFI o en la Unidad de Información Financiera. Toda esa experiencia la ponemos en juego acá pero no dirigimos la investigación”.

“Hay dos fiscales (Edery y Schiappa Pietra) que a mí me enorgullecen y no son como otros Comodoro Py del circuito de poder, son dos fiscales dignos que están jugándose la vida. Hubo amenazas tangibles durante el fin de semana que obligaron a un traslado inmediato de ellos y su familia para poder protegerlos”, contó Sain y añadió: “Esta investigación va a avanzar y hay dos núcleos de investigación que se tocan porque se refieren a la misma organización. Una que llevó adelante en Melincué el fiscal Matías Merlo, esa investigación cuando conozcan los detalles van a ser escabrosos. Quizás haya algún senador que esté nervioso, distinto del senador de San Lorenzo (Armando Traferri). Si tengo la cola limpia, me someto a todo el proceso de investigación. Cristina Fernández de Kirchner, como no tiene la cola sucia, no tuvo ningún problema en ser investiga sino también pedir ir a juicio oral en las causas que lleva adelante”.

Se le preguntó sobre qué le sorprendía de la causa y respondió: “Lo que es asombroso es como estos delincuentes o estas personas reprochadas de ser delincuentes, tenían vínculos directos con altas autoridades judiciales y políticas, no es común eso. Había un vínculo estrecho entre dirigentes políticos, legisladores, funcionarios judiciales, de manera impúdica. Había fiscales que recibían instrucciones de legisladores, esto es complejísimo».

Acerca de las acusaciones en su contra, Sain afirmó: “No se puede livianamente que un ministro comete delitos de esa gravedad en Argentina. Puede ser que inicie acciones judiciales en lo civil, porque me sentí ultrajado en mi intimidad. Si querés boxear, báncatela. No podés decir livianamente que dirijo una estructura ilegal de inteligencia, que manipulo fiscales, que cometo delitos complejísimos de poder porque manejo poder y quede como un comentario pueblerino, tan típico de la política santafesina”.

El senador provincial por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, que afronta un pedido de desafueros por la investigación sobre la presunta vinculación con la causa de juego clandestino, aseguró: “Guardo todos los Whatsapp con Ponce Asahad, se pueden corroborar sus mentiras”. Además, arremetió contra el ministro de Seguridad, Marcelo Saín, sobre quien consideró que «vino a desestabilizar la política con carpetazos».

Durante una conferencia de prensa que se desarrolló este lunes minutos antes del mediodía, el legislador se defendió de las acusaciones del exfiscal Ponce Asahad, preso e imputado por la causa. «En mi teléfono, el único que uso, guardo todos los WhatsApp con Ponce Asahad. Se pueden corroborar las conversaciones y sus mentiras«, sostuvo y agregó: «Iribarren me invitó a su casa para que yo acompañe a Serjal (NdR: Patricio, el otro exfiscal imputado y encarcelado) con los votos del Senado si era propuesto Fiscal Regional».

«A Serjal lo conocí mucho después. No lo conocía. Las reuniones que tuvimos fueron institucionales», continuó Traferri y añadió: «Un dirigente llegó a mi oficina y me sentó junto a Spelta para que lo proponga como Fiscal Regional. Tengo de testigo a Silberstein. Yo no hablo en supuestos, cuento la verdad con documentación«.

Por otra parte, el senador santafesino cuestionó con fiereza al ministro Saín: «Ahora me pregunto ¿por qué cada vez que Perotti intentaba tener una buena relación con la Legislatura aparecían las declaraciones de Saín para explotar todo?». A su vez, consideró que el titular de la cartera de Seguridad «vino a desestabilizar la política con carpetazos».

«Si yo no fuera senador estaría preso, estaría difamado y sentenciado por los medios. ¿Qué tenía que ver TN, que me vínculo con Los Monos?», señaló Traferri y siguió: «Es una operación política más. Es un show que se está haciendo con la democracia».

El senador departamental fue acompañado por su abogado, José Luis Vázquez, quien aseguró: «En cuanto ingrese el pedido vamos a pedir a la Comisión de Juicio Político que las sesiones sean públicas. Los más interesados en la verdad somos nosotros. Su relación con el señor Peiti (NdR: Leonardo, empresario del juego que declaró contra los exfiscales Ponce Asahad y Serjal), tiene que ver con un proyecto con instalar máquinas en Lotería de Santa Fe».

«Lo vinculan porque es una operación de inteligencia, porque Marcelo Saín sigue integrando el Ministerio Público de la Acusación. No hay otra explicación», continuó el letrado y agregó: «Las declaraciones de Ponce Asahad, en mi interpretación, es una manipulación que hacen los fiscales para poner el nombre de Traferri dentro de la investigación. No hay manera de relacionar a Traferri con el juego clandestino. Sobre todo porque hace unos días el gobierno dictó un decreto instalando el juego online, que es juego ilegal, por 15 años en la provincia».

En la mañana de este miércoles se lleva adelante un allanamiento en el Centro Cultural árabe «Lamame Cherife» que preside el exfiscal Gustavo Ponce Asahad, en el marco de la investigación por juego clandestino que lo tiene preso e imputado. Buscan documentación y material de interés para la causa.

La Agencia de Criminalidad Organizada ordenó el procedimiento que se realiza en Dorrego al 1200 de forma conjunta por agentes de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) y el Organismo de Investigaciones (OI).

De acuerdo a las primeras informaciones, se investiga si en este lugar Ponce Asahad pagó coimas. En su declaración ante Fiscalía, Leonardo Peiti, habría asegurado que allí se reunió el pasado 9 de julio con el exfiscal, quien le habría entregado una importante suma en dólares.

Durante la mañana y mediodía de este miércoles se llevó a cabo un megaoperativo en el marco de la investigación por una causa de juego clandestino online. Se realizaron un total de 40 allanamientos simultáneos, varios de ellos en Rosario y otros en distintas localidades de la provincia. Secuestraron armas, vehículos, drogas, una enorme suma de dinero, celulares y documentación de interés. Habría varios detenidos y uno de los operativos se llevó a cabo en el estudio contable del ex jugador de Central Marcelo Toscanelli en Puerto Norte.

Las diligencias fueron ordenadas por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y llevados a cabo por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en el marco de la causa de juego clandestino online de una red llamada Aconcagua Poker. Además de las mencionadas oficinas del ex futbolista canalla, también registraron otras en importantes edificios de la ciudad.

Se produjeron 16 allanamientos simultáneos en Rosario y Granadero Baigorria, en los cuales fueron secuestrados: armas, estupefacientes, vehículos, 100 mil dólares en efectivo, teléfonos celulares y documentación de interés para la causa. Los restantes allanamientos se realizaron en: Santa Fe, Reconquista, Vera, Malabrigo, Villa Ana y Wheelwrigh.

Trabajaron en conjunto con el Organismo de Investigaciones (OI) de Santa Fe. A cargo están los fiscales de Reconquista, Rubén Martínez, y de Vera, Gustavo Latorre. Habría en total, más de diez personas detenidas.

El juez en primera instancia, Alejandro Negroni, condenó a tres años de prisión a Alejandro «Pipi» Torrisi, ex jefe de la Policía de Santa Fe, por integrar la banda de extorsionadores que manejaban casinos clandestinos. Fue detenido el pasado 20 de julio cuando salía de un casino ilegal en Villa Gobernador Gálvez con bolsos repletos de dinero en efectivo. Por la misma causa recibió idéntica sentencia Flavia Broin, pareja de Maximiliano “Cachete” Díaz, que es imputado por el crimen de Enrique Encino ocurrido en enero de este año en el City Center.

Torrisi aceptó en un juicio abreviado la condena de 3 años de prisión condicional y además tendrá que pagar 270 mil pesos en concepto de gastos de la investigación, por la cual quedaron detenidos los fiscales Gustavo Ponce Asahad y Patricio Serjal. Ese monto se acreditará al Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación por los delitos de  de Asociación ilícita, organización y explotación de salas de juego clandestino y tenencia de arma de fuego de guerra.

Por su parte, Broin, novia de “Cachete” Díaz, considerado jefe del grupo de extorsionadores y detenido en enero tras el atentado en el que murió un apostador en el City Center, también aceptó la condena de prisión condicional como quien manejaba dinero obtenido de las extorsiones. Además, la mujer de 30 años deberá pagar 30.000 pesos como reparación económica a las víctimas.

Otro miembro de la banda ligada al juego clandestino y a Los Monos fue imputado por Fiscalía este viernes. Se trata de Brian Exequiel Díaz –hermano del jefe, Maximiliano «Cachete» Díaz–, quien fue acusado de extorcionar al dueño de un bar y a un hombre que tenía una financiera en el microcentro de Rosario. Por los hechos le dictaron prisión preventiva efectiva por 60 días.

Brian Díaz fue acusado de haber formado parte de la organización desde el 7 de agosto de 2019 hasta el 13 de enero pasado.

Según confirmaron fuentes judiciales la banda realizaba extorciones y atentados con los que obtenía dinero, al momento de atacar a las víctimas Brían mencionaba que tenía estrecha relación con el organizador –Maximiliano «Cachete» Díaz– con Ariel Máximo «Guille» Cantero, líder de Los Monos.

Por ello, a Díaz le atribuyeron los delitos de asociación ilícita en carácter de integrante, extorsión y tentativa de extorsión en calidad de coautor.

Según aseguraron, Brian Exequiel Díaz junto con otros miembros de la banda –José Perlo, su hermano Maximiliano Díaz, Flavia Broin y Mariano Ruiz– obligaron al dueño de un bar ubicado en San Martín al 1600 a pagar una «tarifa» mensual a cambio de dejarlo trabajar.

La primera extorción inició en abril de 2019, cuando un integrante de la organización entró al bar, dijo que era miembro de Los Monos y le exigió al dueño dinero mensual para no atacarlo.

La segunda extorsión fue realizada a un hombre que tenía una financiera en Entre Ríos y Córdoba. En ese hecho actuaron también su hermano Cachete, Leonardo Peiti, Mariano Ruiz y otro hombre.

Ocurrió el 8 de enero de este año, entre las 13 y las 14. Dos personas fueron al local y dijeron ir por pedido de Guille Cantero. Agregaron que eran amigos de Leonardo Peiti. Posteriormente, al hablar con la víctima, le exigieron el pago mensual-

Leonardo Peiti, imputado por participar en el segundo hecho extorsivo, se encuentra libre tras acogerse a la figura de imputado colaborador o «arrepentido».

La Policía Federal detuvo este miércoles en Rafaela a un exfuncionario del Ministerio de Seguridad del gobierno anterior por presunta vinculación por la causa de juego clandestino. La orden de esos procedimientos, que fueron 11 en total, la dio el fiscal Martín Castellano de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos.

Entre los imputados por delitos de amenazas coactivas, abuso de armas y privación de la libertad está el abogado Agustín Andereggen, quien fuera integrante del Ministerio de Seguridad del Nodo Rafaela durante la gestión socialista y que fuera designado por el titular de la Cartera de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, actual diputado provincial. El detenido fue también responsable de los Centros Territoriales de Denuncias (CTD) de esa región.

La investigación está vinculada a dos balaceras, contra una casa y una consultorio médico, relacionados a un hombre que tendría una deuda importante de juego clandestino. En total fueron arrestadas siete personas y podría haber al menos dos más.

Por otra parte, piden investigar al fiscal Castellano, que ordenó el allanamiento y detención de Andereggen, ya que quedó también en la mira de la comisión de Acuerdos de la Legislatura. el Ministerio Público de la Acusación (MPA) deberá enviar las actuaciones de este fiscal en una denuncia por juego clandestino contra Leonardo Peiti, el mismo que denunció haber pagado coimas a Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad, y por eso es imputado colaborador.