El Gobierno de Santa Fe confirmó este miércoles a sus tres postulados para ocupar las vacantes en la Corte Suprema provincial.

La medida fue oficializada esta mañana a partir de la firma de un decreto por parte del gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, en donde el Ejecutivo santafesino revela los nombres propuestos para tomar los lugares de Eduardo Spuler, Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez.

Se trata de el juez federal, Aldo Alurralde; el secretario administrativo de la Cámara de Senadores, Diego Maciel; y la abogada rosarina integrante de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, Jorgelina Genghini.

De esta manera, se habilitó un periodo de 15 días corridos (hasta la primera semana de enero) para la presentación de adhesiones o impugnaciones hacia los postulados. En caso de que no haya restricciones, las presentaciones serán elevadas a la Legislatura.

En una publicación desde su cuenta oficial de redes sociales, Pullaro argumentó las elecciones y consideró que “el máximo tribunal contará con jueces de formación académica sólida, que representan los diferentes estamentos, con perspectivas de género y regiones”.

En la misma línea, el mandatario recalcó: “Nos permitirá contar con una justicia moderna y de cara a los nuevos desafíos que tenemos el conjunto de los santafesinos”.

Hace instantes firmé un decreto con los nombres de los tres candidatos propuestos para renovar la Corte Suprema de la Invencible Provincia de Santa Fe. De esta manera, en cumplimiento de la ley y los preceptos que la Constitución imponen, se inicia la última etapa de un proceso… pic.twitter.com/fc5vIsh9Ss

La Asamblea Legislativa aprobó este jueves 88 pliegos para la designación de jueces fiscales y defensores públicos que habían sido enviados para su tratamiento por parte del Poder Ejecutivo santafesino. 

Los documentos fueron tratados en la Cámara de Diputados de Santa Fe, en una sesión presidida por la vicegobernadora, Gisela Scaglia, y sus aprobaciones apuntaban a reducir las demoras en el Poder Judicial por la falta de profesionales. 

Del total de los pliegos, más de 40 son para cubrir vacantes en Rosario para el Ministerio Público de la Acusación y la defensa pública, además de jueces para lo civil y comercial, penal y laboral. 

Nicolás Foppiani, Ismael Manfrín, Silvia Castilli y el ex fiscal Miguel Moreno, serán jueces de segunda instancia en lo Penal.

Federico Rébola, María de los Ángeles Granato, Lisandro Artacho, Natalia Benvenuto, Juan Ignacio Gasparini, Jorge Andrés Rodríguez y Luciana Vallarella, serán jueces penales de primera instancia. 

María Victoria Acosta, María Victoria García y Pablo Gueiler se sumarán a la Cámara de Apelación en los Laboral. Por otro lado, Sabrina Campbell y Sebastián Rupil irán al Distrito en lo Civil y Comercial de Rosario. En tanto, el ex fiscal de San Lorenzo Leandro Lucente se desempeñará como juez de primera instancia del distrito de Menores en Rosario.

Los fiscales adjuntos, Marina Vigo, Lucía Pazos, Eliana Zingoni, Federico Aranda, Lucila Cornier, Florencia Vergili, Marina Oliva, Rocío Cosgaya, Javier Paz, Anabel Cerutti, Abi Luz Cabrera, Sofía Cudos y Virginia Gabenara, de Villa Constitución, formarán parte de la persecución penal en la Circunscripción Nº 2.

Por último Flavia Renzi, Antonela Dalzotto, María Virginia Quiroga, Pablo Bufarini, Matías Daruich, Lucía Araya, María Virginia Llaudet Maza, Julieta González, Wanda Vaschetto, Agustina Morielli y Melina Garcilazo., se desempeñarán como defensores adjuntos subrogantes en el Servicio Público Provincial de Defensa Penal. 

Tras una sesión que duró más de seis horas, el Senado de la Nación rechazó los nombramientos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia. Ambos habían sido propuestos por el presidente Javier Milei, pero la falta de consenso truncó sus postulaciones.

El debate en la Cámara Alta se llevó adelante en un contexto de fuertes críticas hacia el procedimiento utilizado para la designación de los magistrados. Legisladores de distintas bancadas criticaron al Ejecutivo por la manera en que propuso a los candidatos, que ocurrió mediante un decreto en el mes de febrero.

Tras un acuerdo entre el PRO y el kirchnerismo, el Senado logró alcanzar el quórum necesario para debatir los pliegos. No obstante, la oposición en su conjunto consideró que las postulaciones no contaban con el respaldo suficiente para ser aprobadas.

El debate comenzó pasadas las 14:15 con la senadora kirchnerista Silvia Sapag presidiendo la sesión, en reemplazo de Victoria Villarruel, quien no participó debido al viaje de Milei a Estados Unidos. Tampoco estuvo presente el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien evitó dar quórum.

En total, 38 senadores habilitaron el inicio de la discusión. Entre ellos, Alfredo De Angeli y Victoria Huala del PRO, así como Martín Lousteau y Pablo Blanco de la UCR. Además, se sumaron Francisco Paoltroni y 33 legisladores del kirchnerismo. La mayor parte del radicalismo se mantuvo al margen, con la excepción de Lousteau y Blanco.

El pliego de Ariel Lijo obtuvo 27 fotos a favor, 43 en contra y una abstención. Por su parte, la postulación de García-Mansilla fue rechazada con 51 votos negativos y 20 afirmativos. Ambos requerían el apoyo de dos tercios de los senadores presentes para ser aprobados, número que no lograron alcanzar. 

La Cámara de Senadores de la Nación comenzó a este jueves a las 14 una sesión especial para debatir sobre los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, los candidatos a jueces de la Corte Suprema de Justicia que fueron propuestos por el Gobierno.

El debate comenzó luego de que 37 senadores dieran el quórum. De entre esos legisladores, 32 pertenecen a la oposición; dos a la Unión Cívica Radical, que son Martín Lousteau y Pablo Blanco; los otros dos, Alfredo De Angeli y María Victoria Huala, son del PRO, y Francisco Paoltroni, anteriormente afiliado a La Libertad Avanza. 

Los pliegos necesitan la aprobación de al menos dos tercios de los senadores para prosperar en caso de que estuvieran todos los legisladores en sus bancas; y sólo 25 votos negativos para que sus candidaturas sean rechazadas. 

La designación de los nuevos jueces de la Corte Suprema de la Nación a través de un decreto emitido por el presidente Javier Milei generó una discusión en torno a si la medida era constitucional o no.

En diálogo con el programa El Puente, que se emite por Radio Mitre Rosario, el abogado y exvicepresidente de la Nación, Carlos Ruckauf se refirió a esta situación y afirmó que el decreto emitido por el presidente es constitucional. "Ese tema lo definió la Corte", aseguró el ex funcionario, y alegó que "en la República Argentina los actos jurídicos son constitucionales o no según lo determine la Corte Suprema de Justicia".

Ruckauf señaló que el juramento tomado al Dr. Manuel García Mansilla por parte de la Corte confirma la validez del decreto, y aclaró que "no hay otro organismo que pueda definir la constitucionalidad en Argentina que no sea la Corte Suprema". En tanto, la toma de juramento de Ariel Lijo está pendiente debido a su pedido de licencia, cuestión que la Corte deberá definir si se le otorga o no.

Sobre el rol del Congreso en este proceso, detalló que su función es de "revisión" y que para cualquier decisión sobre miembros de la Corte o el procurador general se requieren dos tercios del Senado. "Si no se toma una decisión por dos tercios, el 10 de diciembre estos dos jueces cesan y el presidente puede nombrar a otros", remarcó.

En este sentido, Ruckauf puso como ejemplo lo ocurrido durante el mandato de Mauricio Macri como presidente, cuando designó por decreto a dos ministros de la Corte. "Macri designó por a Horacio Rosatti y a Carlos Rosenkrantz por decreto. Luego, en un acuerdo con el kirchnerismo obtuvieron los dos tercios en el Senado", finalizó. 

El Gobierno resolvió a través de un decreto designar en comisión como jueces de la Corte Suprema a Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo.

La Oficina del Presidente emitió un comunicado a través de sus redes sociales sobre la designación impulsada por el presidente Javier Milei. 

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“El Presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel Garcia-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la finalización del próximo periodo legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros", aseguraron sobre la medida. 

Luego, agregaron: “Durante el mencionado plazo, esta administración continuará con el trámite legislativo para que la Cámara Alta ejerza sus atribuciones y preste los correspondientes acuerdos a los pliegos”. 

A renglón seguído, se refirieron a las demoras que tuvo el tratamiento de los pliegos en sesiones ordinarias para las designaciones de ambos magistrados, luego de que tras las audiencias del 21 y 28 de agosto, los candidatos estuvieran en condiciones de ser votados por el Senado. 

“En ningún caso el Senado tiene la potestad para rechazar el acuerdo de los candidatos propuestos por el Presidente en base a preferencias personales o políticas de los senadores”, precisaron. 

A su vez, argumentaron: "De hecho, es la politización de la Justicia una de las principales causas de que los argentinos no tengan un servicio de Justicia que resuelva sus problemas. La Constitución claramente establece que es el Presidente, y nadie más, quien tiene la facultad de seleccionar los candidatos para cubrir las vacantes en el Máximo Tribunal, limitándose el Senado a prestar su conformidad o rechazarlos en función de un análisis objetivo de la idoneidad técnica de los candidatos".

Por último, criticaron que durante las presidencias de Néstor Kirchner y Mauricio Macri el “arco político” apoyara los candidatos a miembros de la Corte de los respectivos mandatarios. 

"Cuando una notable mayoría de la política respaldó tanto a Néstor Kirchner como a Mauricio Macri en la designación temprana de jueces para la Corte Suprema durante sus mandatos. Sin embargo, durante meses, han evadido respetar la decisión de este Gobierno, aun cuando la falta de pronunciamiento implica un grave daño al funcionamiento de uno de los tres poderes de la República”, concluyeron. 

En una sesión clave para la estructura del Poder Judicial en Santa Fe, la Asamblea Legislativa aprobó la designación de tres nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Jorge Baclini, Rubén Weder y Margarita Zabalza fueron designados para ocupar sus cargos tras obtener una mayoría de votos en la sesión legislativa. Las votaciones fueron nominales: Baclini obtuvo 51 votos afirmativos, seis negativos y cinco abstenciones; Weder recibió 54 votos afirmativos, seis en contra y tres abstenciones; mientras que Zabalza fue avalada con 53 votos afirmativos, seis negativos y cuatro abstenciones.

Con estas incorporaciones, la Corte Suprema completa su esquema con siete miembros, luego de que la Legislatura de la Provincia aprobara la ampliación del número de jueces. Esta renovación se da tras la jubilación de los ministros Mario Netri y María Angélica Gastaldi, cuyos lugares serán ocupados por los nuevos designados.

Lucas Galdeano, presidente del Colegio de Abogados de Rosario, en diálogo con el programa Camino a Casa, que se emite por Radio Mitre Rosario, destacó la importancia del procesos de selección y consideró que la rapidez con la que se completaron las vacantes es un hecho positivo para el sistema judicial de la provincia. "Verdaderamente que hoy haya tres ministros nuevos que rápidamente fueron designados es muy positivo para todo el sistema", expresó.

Asimismo, el abogado subrayó que los nuevos jueces cuentan con experiencia en gestión, lo que resulta favorable para la modernización de la justicia santafesina. En este sentido, señaló: "Parte de los desafíos que vienen para la justicia es encarar un proceso de modernización con decisiones técnicas y administrativas que vayan más allá de la función jurisdiccional".

Además, remarcó que desde el Colegio de Abogados de Rosario coinciden con otras entidades en estas nuevas designaciones pueden colaborar en tener "un contacto más dinámico y virtuoso con la tecnología y con los escenarios de trazabilidad", con el objetivo de lograr una mayor eficiencia en la Justicia.

"Hay muchas esperanzas en todo el esquema de trabajo, sobre lo que pueda pasar este año con las decisiones que se puedan tomar bajo esta mirada de una corte renovada", concluyó Galdeano al respecto. 

El presidente del Colegio de Abogados de Rosario se refirió, también, a la reforma constitucional que se llevará a cabo en la provincia.

En este aspecto, Galdeano, que además será candidato  a convencional constituyente, resaltó la importancia de actualizar la carta magna santafesina, cuya última reforma data del año 1962. "La última vez que se reformó la Constitución provincial fue hace más de 60 años. En aquel momento, se discutían transformaciones sobre principios de organización del Estado que venían desde 1900. Hoy, nos encontramos en un escenario similar, donde es necesario adaptar la normativa a las necesidades actuales", explicó.

Asimismo, hizo referencia a la relevancia de que los profesionales del derecho participen activamente en la redacción de la nueva Constitución. "Los abogados somos garantes del Estado de derecho y tenemos mucho que aportar en este proceso. Conocemos las leyes, sus implicancias y defectos. Es clave que nuestra voz sea escuchada  en esta reforma", concluyó.

En una sesión llevada a cabo este jueves, la Asamblea Legislativa de la provincia de Santa Fe aprobó la designación de tres nuevos ministros para la Corte Suprema de Justicia. Los elegidos para ocupar los cargos fueron Jorge Baclini, Rubén Luis Weder y Margarita Zabalza.

El senador Raúl Gramajo, quien preside la Comisión de Acuerdos, informó durante el debate que el dictamen emitido por dicha comisión fue aprobado por unanimidad y recomendaba dar acuerdo legislativo a los pliegos enviados por el Ejecutivo de la Provincia.

Las votaciones se realizaron de manera nominal. Baclini obtuvo 51 votos a favor, 6 en contra y 5 abstenciones; Zabalza recibió 53 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones; mientras que Weder logró 34 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones. 

Los tres nuevos jueces reemplazarán a Mario Netri y María Angélica Gastaldi, quienes se retiraron recientemente. Además, con estas incorporaciones, la Corte pasará de tener seis a siete miembros, tras la reforma aprobada en la Legislatura.

En cuanto a sus trayectorias, Baclini y Weder cuentan con una extensa experiencia dentro del Poder Judicial. Baclini es oriundo de Rosario, mientras que Weder, nacido en Humboldt, en el departamento Las Colonias, cursó sus estudios en la Universidad Nacional del Litoral, en la ciudad de Santa Fe.

Por su parte, Margarita Zabalza, quien es rosarina e hija del histórico dirigente socialista Juan Carlos Zabalza, proviene del ámbito académico y desarrolló su carrera en la gestión universitaria dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario.

Durante la votación de los pliegos, se produjo un tenso cruce entre la diputada Amalia Granata, y el senador Felipe Michlig. 

La legisladora del bloque Somos Vida, lo acusó de llamarla “atorranta”, epíteto que el senador radical dijo haber utilizado en referencia a que la diputada “no trabaja”, y agregó: "Hace 60 meses que es diputada y no saco una ley. Nos critica por el manejo de fondos de los senadores, explicaciones que damos en nuestra rendición que es pública y está en internet. Pregúntenle dónde va la plata que ella recibe”.

Por su parte la diputada dijo que Michlig representa a “la casta más rancia y oscura de la provincia" y que "hace más de 30 años que él y su familia viven del Estado”. En esa misma línea, añadió: “En plena sesión me gritó atorranta porque no voto gente corrupta como él. Prefiero que me griten atorranta y no ladrona”, dijo la diputada Granata.

En medio de la discusión intervino la diputada Alejandra Rodenas, quien manifestó: "No justifico Felipe la calificación que acabás de hacer, pero también es cierto Amalia que llevás la discusión a un lugar que a las feministas tampoco nos representa. Tus calificaciones están absolutamente masculinizadas y también son agraviantes. Los agravios no tienen género. No empañemos esta puesta en consideración de una muchacha muy inteligente (por el pliego de Zabalza). No nos sumemos al clima de época que ha impulsado el presidente de la Nación”.

“Le dije atorranta porque no trabaja, hace 60 meses que es diputada y no saco una ley. Nos critica por el manejo de fondos de los senadores, explicaciones que damos en nuestra rendición que es pública y esta en internet. Pregúntenle dónde va la plata que ella recibe” sostiene el… pic.twitter.com/4yZMxSNgQ7

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que el Gobierno podría designar a una mujer para ocupar una de las vacantes de la Corte Suprema de Justicia, en el caso de que no avancen los pliegos para nombrar a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. El funcionario se refirió al tema durante su presentación del tercer informe de gestión en el Senado. 

"El Gobierno mandó al Senado estos dos pliegos y tiene que resolver. Entendemos el reclamo por la presencia de una jueza mujer en la Corte. Seguramente, será un tema que el Presidente va a considerar, en el caso de que estos pliegos no avancen", manifestó Francos. 

Asimismo, desde el Gobierno no descartaron que el nombramiento de Lijo y García Mansilla se pueda realizar por decreto. “No descarto que el Presidente pueda designar a los ministros de la Corte por decreto en caso de estar cerca de la acefalía. Sería de manera transitoria hasta que logren el acuerdo del Senado”, indicó el jefe de Gabinete. 

En este sentido, Francos había señalado días atrás, en una entrevista realizada en Radio Mitre, que todas son “alternativas que están en análisis”, pero que “todavía no se tomó ninguna decisión al respecto”. 

"Hicimos una propuesta que no fue tratada aún por el Senado. Estamos ante una Corte que va a quedar con menos miembros en poco tiempo, y hay una preocupación del Gobierno con que esté integrada”, afirmó el funcionario.

Este miércoles el gobierno Nacional anunció el envío de 150 pliegos al Senado, con el objetivo de cubrir las vacantes en el Poder Judicial. La medida incluye nombramientos de jueces, fiscales y defensores en todo el país.

El anuncio lo realizó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa donde estuvo acompañado del secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quién sostuvo que la administración actual heredó un déficit del 30% en cargos de jueces y un 50% en fiscales. "Esto hacía imposible que el sistema funcionara correctamente. Es como jugar un partido de fútbol con tres jugadores menos”, sostuvo el funcionario. 

En este sentido, el secretario de Justicia señaló: "Desde el inicio de esta gestión, el Gobierno del Presidente Javier Milei estableció como prioridad la designación de jueces idóneos para cubrir las vacantes que hoy existen en todo el país. Heredamos un país con todas las instituciones destruidas y la justicia no es una excepción”.

En esa misma línea, remarcó: "Con esta medida inédita, el gobierno se animó a meterse donde otros hicieron la vista gorda. Los 150 pliegos enviados superan la cantidad que se envió durante el primer año de los mandatos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri”.

Amerio aseguró que “esto le cambia la vida a la gente porque los jueces son los que meten presos a los delincuentes” y resaltó: ”Para que el que comete un delito vaya preso, necesitamos que haya un juez para condenarlo. Para que el que incumple un contrato pague las consecuencias, necesitamos que haya un juez dictando sentencia. Para que un proceso de adopción llegue a que un niño encuentre una familia, necesitamos un juez que lleve adelante el proceso”.

En este punto, el secretario de Justicia hizo hincapié en que "hay tribunales donde se juzgan delitos ordinarios como robos, hurtos y violaciones, y están sin juez desde el año 2018".

Por otra parte, el funcionario destacó que todos los candidatos a jueces enviados al Senado pasaron previamente por "una selección que realiza el Consejo de la Magistratura en la que se juzga su idoneidad para ocupar el cargo”.

Amerio se refirió a que ahora la aprobación de estos jueces requerirá de la aprobación del Senado, lo que implica “el acuerdo de los distintos partidos políticos que conviven en esa Cámara y en la que el partido del Poder Ejecutivo es minoría”.

En este sentido, concluyó: "Esperamos por parte del resto de los partidos que se tomen este proceso con responsabilidad, ya que no se trata de sacar ventajas políticas sino de tener un Poder Judicial con las herramientas y los recursos necesarios para resolver los problemas de la gente”. 

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, brindó una conferencia de prensa en la que destacó la futura salida de la jueza, María Angélica Gastaldi, de la Corte Suprema provincial, y afirmó que la Justicia debe ser “más eficiente y menos costosa”. 

En primer lugar, Pullaro aseveró que la magistrada Gastaldi, que decidió jubilarse a partir de abril del 2025, es “una persona íntegra, que acorde a lo que marcha la constitución vigente, da un paso al costado, tras haber hecho un inmenso trabajo en la Justicia”. 

En ese sentido, resaltó que la sociedad necesita una “Justicia más eficiente, que le de respuestas a la gente, y que también sea menos costosa para la provincia”. 

Por tal motivo, apuntó a que desde el Ejecutivo provincial, trabajan para “reestructurar la Justicia” y que a la provincia no le salga tan caro tener una institución que no es eficiente. 

"No le voy a hacer gastar un peso más a los santafesinos en ninguna de las áreas”, agregó el gobernador. 

En ese marco, recordó que a principios de año, le pidieron al poder Judicial “un análisis de productividad de cada una de las áreas judiciales" para planificar políticas públicas, pero que a día de hoy no tuvieron respuesta.

Luego, se refirió al avance de las obras que se desarrollan en el ámbito judicial: “El Poder Judicial nos pide un refuerzo de partidas por las obras de Tribunales. El ritmo fue tan acelerado que en 6 meses se gastó un 107% de todo el presupuesto anual". 

“No me van a venir a apretar con que no tienen más presupuesto; en la Justicia tienen que tener una previsión presupuestaria, saber cómo van a ejecutar los recursos. Cumplo a rajatabla con la ley y, en función de lo que indica la ley, no le falta a ningún poder del estado un solo centavo”, subrayó. 

Por último, en relación a los lugares que quedarán vacantes en la Corte Suprema, Pullaro señaló que todavía no tiene nombres, pero que lo evaluarán con todos los partidos políticos de Santa Fe en el parlamento. 

“No hay nombres todavía, lo vamos a evaluar con nuestra vicegobernadora Gisela Scaglia, y vamos a tener una ronda de consultas, primero con los partidos políticos de Unidos, posteriormente con los partidos políticos con representación parlamentaria”, concluyó. 

La jornada del domingo comenzó con intensidad para el gobernador Maximiliano Pullaro, quien a primera hora se reunió con los ministros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y otros representantes del Poder Judicial.

En medio de la tensión entre los magistrados, quienes reclaman por recursos al Ejecutivo, y Pullaro, quien les lanzó la afirmación de tener “coronita” y privilegios, la reunión tuvo un inicio tempranero.

A través de redes sociales, el propio mandatario santafesino compartió un video tras la reunión programada con los jueces y apuntó a que continuaría con una agenda cargada por el interior de la provincia durante el resto de la jornada.

Domingo intenso de actividades en la Invencible pic.twitter.com/382Wy5UHpn

Durante el Santa Fe Business Forum de la semana pasada, Pullaro se refirió a la reforma previsional y aseguró que “en Santa Fe el que más paga tiene que pagar, se terminan los privilegios de los que se creían que tenían coronita”, en referencia a los magistrados que se manifestaron el viernes anterior frente a los Tribunales de Rosario.

Fue por eso que, cuando la Corte Suprema de Santa Fe pidió formalmente una audiencia al gobernador, el mandatario le dijo que los recibiría este domingo a las 7.30 de la mañana, antes de concertar un viaje al norte de la provincia.

Por su parte, los jueces reclaman por la designación de cargos y más recursos, pero también entienden que el Ejecutivo pretende achacarles el déficit de la Caja de Jubilaciones, que usa la reforma previsional para producir un recambio en la Suprema Corte y el resto de los tribunales para armar una Justicia a su medida y cuestiona además el mecanismo de selección de jueces.

Marcelo Casaretto, diputado nacional del Frente de Todos, habló en CNN Radio del proyecto que impulsa para que los jueces paguen impuesto a las ganancias: “Lo tienen que abonar todos los que pasen el mínimo no imponible”.

“Lo debe pagar el Poder Ejecutivo, Legislativo y el Judicial”, añadió en Al Fin y Al Cabo.

En diálogo con Adrián Puente, el legislador aseguró: “En este momento, la mayoría del Poder Judicial no paga ganancias. Solamente unos pocos que entraron en 2017”.

“Entendemos que esto es un privilegio inaceptable para la sociedad argentina. Es algo viejo, de hace noventa años atrás, del pronunciamiento de la Corte Suprema de 1936”, describió.

“Los tiempos van cambiando y no puede la Corte Suprema reproducir los fundamentos de aquel fallo”, expresó Casaretto.

Por su parte, ejemplificó diciendo que “hoy pagan impuesto a las ganancias trabajadores de 70 mil pesos y jueces que cobran 700 mil pesos pretenden no pagar. Esto no va”.

“Es un privilegio que yo propongo dejar sin efecto”, culminó el diputado.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzó a intimar a jueces y fiscales a jubilarse en el caso de que hayan iniciado trámites para efectivizar su retiro. Las notificaciones aún no fueron cursadas a todos los que habían suscripto el pedido, pero «es una decisión tomada» y el organismo «está empezando a intimar» a esos jueces y fiscales, señalaron desde la Anses.

Según fuentes consultadas por la Agencia Télam, «se esperará que estén intimados todos los que presentaron las carpetas para jubilarse y las dejaron stand by». Las intimaciones comenzaron a correr a partir de una resolución del organismo firmada hace una semana que establece que «en los trámites que se hubieran iniciado a magistrados, en el marco de las normas procedimentales antes vigentes, en los cuales se hubiera supeditado el pago del beneficio al cese, se emplazará al titular para que dentro del plazo de 30 días hábiles administrativos acompañe la presentación de la renuncia».

Jueces y fiscales tienen la obligación de comenzar sus trámites jubilatorios a partir de los 60 años para que el trámite sea efectivo cuando presentan la renuncia. En esa situación se encuentran, entre otros, el camarista Martín Irurzun, su colega Leopoldo Bruglia, el fiscal Carlos Stornelli y la jueza con competencia electoral María Romilda Servini.

Desde Anses aclararon que se intimará a magistrados y fiscales que iniciaron el trámite jubilatorio para que ratifiquen su voluntad de retirarse o si, por el contrario, desisten y retiran la carpeta. Según consta en la resolución 11-46 del organismo, el objetivo de la iniciativa es «establecer un procedimiento de trabajo que regule la iniciación, resolución, liquidación, puesta al pago y reajustes de beneficios solicitados por magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación y Ministerio Público de la Nación».

También establece la resolución que, de no haberse presentado la renuncia, Anses revisará el expediente y se reservará la potestad de archivarlo o de tomar las medidas previstas en la ley 24.241, que regula las jubilaciones de jueces y fiscales.

En abril del año pasado, el Gobierno promulgó la modificación de la ley que regula las jubilaciones de los jueces, fiscales y personal del servicio exterior, que elevó el aporte jubilatorio del 12 al 18 por ciento, y que cosechó la lógica resistencia de los afectados y los organismos que los representan.

La modificación, aprobada por las cámaras legislativas luego de un amplio debate, también incorporó que los afectados tendrían que completar los trámites jubilatorios a través de Anses y no del Consejo de la Magistratura, como se hacía hasta entonces.

El malestar de los funcionarios de la justicia llevó a que la Asociación de Magistrados y funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn) y la Asociación de Fiscales y funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun), judicializara la decisión del Congreso y pidiera la inconstitucionalidad de las modificaciones, un expediente aún en trámite y que podría llegar a la Corte Suprema.

El presidente Alberto Fernández presentó este miércoles el proyecto de ley para la Reforma de la Justicia, que busca unificar y duplicar los juzgados federales y designará un consejo de notables para que asesore al Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento del sistema.

En ese contexto, Fernández postuló un «nunca más» a la justicia utilizada para «saldar discusiones políticas» y pidió que esté en «manos de personas dignas que no sean permeables a ningún tipo de presión».

«Sólo busco hacer la República que todos declaman, pero algunos humillaron», expresó el Presidente, al encabezar el acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada, acompañado por la ministra de Justicia, Marcela Losardo; el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; la vicepresidenta de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco; y el futuro consejo asesor de las reformas judiciales.

Tras un repaso histórico sobre el vínculo entre la justicia y los gobiernos que lo precedieron, desde la última dictadura militar, Fernández advirtió que los cuatro años de la gestión de Cambiemos «estuvieron signados por medidas que afectaron las reglas de imparcialidad que deben gobernar la acción judicial en un Estado de Derecho«.

A modo de ejemplo, mencionó el decreto 257 de Mauricio Macri, que suspendió la modificación del Código Procesal Penal Federal, y el hecho de que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) «volvió a quedar bajo un manto de sospecha» con el permiso que se le otorgó para manejar «fondos reservados» y «participar de pesquisas judiciales».

«Hemos visto cómo el influjo del poder político y también de otros poderes, fue operando sobre la decisión de algunos jueces«, planteó.

«Se hizo uso de doctrinas que fueron utilizadas para convertir al encarcelamiento preventivo en un sistema de penas anticipadas; de esa manera, el principio de inocencia y de defensa en juicio fueron repetidamente vulnerados», remarcó el Presidente.

Consideró, en contraposición, que el sistema judicial «debe apegarse a las normas y abstraerse de cualquier influencia que quiera torcer la imposición de justicia» y, para eso, juzgó que «el poder de la justicia debe estar en manos de personas dignas que no sean permeables a ningún tipo de presión».

«La ley debe imponerse en forma igualitaria con prescindencia de quien ejerce el poder y quien resulta opositor», insistió. El proyecto tiene como columna vertebral la creación de la Justicia Federal Penal con asiento en la ciudad de Buenos Aires, mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico.

Propone también la unificación de las cámaras de apelaciones y la creación de tribunales orales, de fiscalías y defensorías y completar la transferencia de competencias penales a la Capital Federal.

Dos jueces catamarqueños fueron denunciados ante la justicia provincial luego de que se viralizara un video en el que se los ve aceptando el supuesto pago de una coima para revocar un pedido de prisión preventiva de un detenido, informaron fuentes judiciales.

Se trata de los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Juan Pablo Morales y Raúl Da Prá, quienes comenzaron a ser investigados por el fiscal de Catamarca Facundo Barros, acusados por el delito de «cohecho pasivo agravado».

Es que ambos quedaron filmados en un video que se viralizó en las redes sociales, en el que se los ve recibiendo el pago de más de 800 mil pesos por parte de una tercera persona, supuestamente a cambio de revocar un pedido de prisión preventiva a un detenido.

Ante esta situación, la presidenta de la Corte de Justicia de la provincia, Vilma Molina, «convocó hoy a una reunión a los integrantes del jury de enjuiciamiento y se decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo viernes, cuando se resolverían las acciones que se llevarían adelante contra los acusados», informó una fuente judicial a Télam.

«No podemos adelantar absolutamente nada en estas circunstancias, simplemente hemos tenido acceso a la información y pasamos a un cuarto intermedio hasta el día viernes», dijo a la prensa la diputada provincial y miembro del jury, Juana Fernández.

Por su parte, otro de los miembros del jury, el diputado provincial Augusto Barros, señaló que «más allá de lo que la sociedad puede sentir, somos parte de un sistema que nos impide opinar hasta tanto tengamos la información precisa y resolvamos. Cualquier opinión puede ser incómoda para la función que cumplimos».

Finalmente, el representante legal del juez Morales, Luciano Rojas, señaló este martes que se trata de un “video editado” y que su cliente se presentó espontáneamente ante el fiscal Barros.

«Se trata de un video editado que de ninguna forma constituye una prueba válida. Una vez que el señor fiscal en su caso resuelva promover la acción penal en contra de mi defendido y formular una acusación es cuando nosotros vamos a elegir una estrategia de defensa”, dijo Rojas a la prensa.

La Corte Suprema de Justicia prorrogó este domingo la feria judicial hasta el próximo 26 de abril, en línea con la extensión de la cuarentena obligatoria que dispuso el Gobierno nacional por la pandemia del coronavirus.

En una acordada firmada este domingo, los jueces del máximo tribunal establecieron que será el presidente del cuerpo, Carlos Rosenkrantz, el magistrado de turno durante la feria extraordinaria. La resolución a la que tuvo acceso NA lleva las firmas de los supremos Rosenkrantz, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda, además del secretario de la Corte, Héctor Marchi.

Los magistrados Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti no rubricaron la declaración, pero en la acordada se aclaró que prestaron conformidad a la disposición.»La cabeza del Poder Judicial de la Nación tiene la obligación de acompañar desde su ámbito las decisiones de las autoridades sanitarias competentes, quienes se encuentran en mejores condiciones de adoptar criterios plenamente informados», subrayó la Corte.

Los jueces del máximo tribunal recordaron que la feria extraordinaria por motivos sanitarios estaba vigente hasta este lunes, pero con la prórroga que hizo el Poder Ejecutivo hasta el 26 de abril, debe estirarse hasta esa fecha.

«Frente al decreto firmado, corresponde que esta Corte Suprema adopte las medidas concordantes en el ámbito del Poder Judicial de la Nación», expresó el tribunal sobre el DNU que firmó el presidente Alberto Fernández para prorrogar la cuarentena obligatoria. En la acordada también establecieron que serán secretarios durante la feria Damián Font, del 13 al 19 de abril, y Sergio Napoli, del 20 al 26 de este mes. Además, la Corte dispuso que se mantengan los horarios de atención en los tribunales durante la feria de lunes a viernes entre las 9:30 y las 13:30.

Siete renuncias de jueces se formalizaron este martes  y ya suman treinta las vacantes creadas desde que el Gobierno enviara al Congreso la iniciativa para reformar el sistema de jubilación del Poder Judicial, que se convirtió en ley el pasado jueves.A través de los decretos 264, 265, 266, 279, 282, 280 y 281, publicados este martes en el Boletín Oficial, el presidente Alberto Fernández aceptó las dimisiones de los magistrados.

Se trata de Floreal Ricardo Daniel De Laurentiis, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 11 de la Capital; Alfredo Justo Ruiz Paz, del Tribunal Oral en los Criminal Federal número 5 de San Martín; Adolfo Raúl Guzmán, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca; y Nora María Teresa Cabrera de Monella, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia.

También concluyeron sus carreras en el Poder Judicial Fernando Gustavo Sanz de Urquiza, del Juzgado Federal de Ejecuciones Fiscales Tributarias número 4 de la Capital; y Eduardo Carlos Fernández, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 19 de la Capital; Cecilia Yolanda Federico, del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 94, también de la Ciudad de Buenos Aires.

El Gobierno había enviado el 14 de febrero el proyecto de ley para modificar el sistema jubilatorio del Poder Judicial, que fue aprobado el pasado jueves. Desde el envío de la iniciativa, un total de 30 vacantes se crearon en la Justicia ante la aceptación de las renuncias por parte del jefe de Estado y se espera que en las próximas semanas sigan formalizándose las dimisiones de magistrados. Los cambios en el sistema jubilatorio también afectan a fiscales y diplomáticos.

La oposición, según remarcó este jueves el diputado Pablo Tonelli en la radio Rock and Pop, no acompaña el proyecto de reforma del sistema jubilatorio del Poder Judicial “porque provocará un éxodo masivo de jueces“.

En el Boletín Oficial publicado este jueves se dio a conocer el decreto 185/2020 en el que se acepta la renuncia de un juez.

En el considerando del texto oficial se expone que “el doctor Roberto Oscar Ponce ha presentado su renuncia, a partir del 1° de marzo de 2020, al cargo de juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro 23 de la Capital Federal”.

Y luego, en el texto oficial “el presidente de la Nación decreta: “Acéptase, a partir del 1° de marzo de 2020, la renuncia presentada por el doctor Roberto Oscar Ponce“.

La firma del decreto lleva la firma del presidente Alberto Fernández, del jefe de gabinete Santiago Cafiero y de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo.