Luego de haber sido operado de urgencia el martes pasado por una hemorragia cerebral, el presidente de Brasil, Lula da Silva, deberá someterse a una nueva intervención quirúrgica con el fin de interrumpir el flujo de sangre en una región de su cerebro con el fin de evitar nuevos sangrados. 

Según indicaron los especialistas, el procedimiento al que deberá someterse el mandatario brasileño es poco invasivo y se conoce como embolización de la arteria meníngea media. 

El último parte médico difundido este miércoles señala: “El Presidente Luiz Inácio Lula da Silva permanece bajo cuidados intensivos en el Hospital Sirio-Libanês, en São Paulo. Pasó el día bien, sin complicaciones, realizó fisioterapia, caminó y recibió visitas de familiares. Como parte del plan terapéutico, se realizará la complementación de la cirugía con un procedimiento endovascular (embolización de la arteria meníngea media) mañana por la mañana”.

En esa misma sintonía, continúa: "Otras actualizaciones serán brindadas durante la rueda de prensa que se realizará mañana a las 10 horas. El Presidente sigue bajo el seguimiento del equipo médico, bajo los cuidados del Prof. Dr. Roberto Kalil Filho y la Dra. Ana Helena Germoglio".

Los medios locales especificaron que la técnica que se le aplicará a Lula “se utiliza en el tratamiento de los hematomas subdurales crónicos, que se forman con la acumulación de sangre entre el cerebro y el hueso del cráneo, tal como ocurrió con el presidente. La embolización interrumpe el flujo de sangre en el área deseada, evitando la aparición de nuevos hematomas”.

Cabe recordar que el presidente de Brasil fue internado luego presentar fuertes dolores de cabeza, el lunes pasado, y debió ser intervenido luego de exámenes realizados en el hospital Sirio-Libanês en Brasilia.

El Gobierno de Santa Fe y las autoridades de la empresa Vicentin asistirán a una audiencia de conciliación para alcanzar un acuerdo sobre la administración de la empresa, que favorezca a ambas partes.

La pulseada Gobierno vs. Vicentin tiene voces a enfrentadas en la población. El jueves pasado organizaciones sindicales, políticas y sociales se movilizaron en caravana en Rosario, Córdoba y Buenos Aires en apoyo a la intervención del Gobierno nacional en la compañía. Sin embargo también se realizaron en todo el país marchas contra las medidas tomadas por el Gobierno, exigiendo el respeto de las libertades e independencia empresarial.

A raíz de la disputa el titular del juzgado en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista (Santa Fe), Fabián Lorenzini, citó a las partes para el próximo miércoles 15 de julio a las 17.30 a una nueva audiencia conciliatoria.

Lorenzini conduce el concurso preventivo de la agroexportadora Vicentin y se ocupará de liderar la audiencia dedicada al incidente del expediente principal, surgido ante el planteo de la Inspección General de Persona Jurídica (IGPJ) para tomar la conducción de la administración de la empresa.

A través de la IGPJ, el Gobierno de Santa Fe solicitó al juez que desplace al directorio de Vicentin de la administración de la empresa y la otorgue -durante la extensión del concurso- a tres interventores, dos designados por el Poder Ejecutivo Nacional y otro por la provincia.

Lorenzini rechazó el planteo santafesino y mantuvo al directorio de Vicentin en la gestión de la empresa, que afronta un concurso con un pasivo de casi $100 mil millones, entre acreedores comerciales y financieros.

Frente a los planteos de nulidad y apelaciones interpuestos por el Gobierno nacional y el santafesino, así como por la propia empresa, el juez elevó la semana pasada esos recursos a la Cámara de Reconquista, que deberá resolverlos.

Según voceros judiciales, es posible que al menos uno de los integrantes del tribunal de alzada deba excusarse, por lo que deberá ser designado un nuevo integrante para su conformación, lo que extendería los plazos de resolución del conflicto.

En otro orden, el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió esta semana que se ordene la inhibición de bienes a empresarios de Vicentin y exdirectivos y gerentes del Banco Nación, además de su extitular durante el gobierno de Mauricio Macri, Javier González Fraga, en la causa penal que investiga la supuesta defraudación en el otorgamiento de créditos multimillonarios a esa firma por parte de la entidad bancaria.

El gobierno de Santa Fe le solicitó este lunes al juez que lleva adelante el concurso de acreedores de la empresa Vicentin que, además de aceptar la intervención de tres miembros que propuso, deje sin efecto la resolución del viernes de reponer al antiguo directorio debido a que «no es ajustada a derecho». Así lo informó el secretario de Justicia de la provincia, Gabriel Somaglia, quien remarcó que «las facultades de intervención que tiene la Inspección General de Personas Jurídicas las marca claramente la Ley General de Sociedades, artículos 301 y 303».

Para Somaglia,  según Télam, el juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, «tomó en cuenta para la intervención otra parte de esta ley, que significa un interés privado, (pero) acá no hay un interés privado sino un interés público general y superior, porque esta empresa excede el mero marco del interés privado». En declaraciones a radio Universidad, de Santa Fe, Somaglia agregó que esa ley sostiene que, «cuando este organismo de control (Personas Jurídicas) verifica que existe un interés público comprometido, le puede solicitar al juez la intervención».

Somaglia advirtió que, si el juez sigue «en la postura que señaló el día viernes, en caso de que resuelva que su postura es irreversible», la provincia irá » subiendo en las instancias (judiciales) para poder revertir lo resuelto».

En esa línea, dijo que «la posibilidad de la pacificación social, si se quiere, u ordenar todo este inicio de este concurso, es que, realmente, quien está comprometido en el interés, que es provincial, pueda conducir la empresa».

En este sentido, el funcionario santafesino fundamentó esta afirmación con el argumento de que la provincia va a ser quien haga «frente a las erogaciones que corresponden hacer» mientras que «los administradores de Vicentin en el último tiempo no han sido lo suficientemente transparentes, porque han llevado a la empresa a la situación en la que está».

Somaglia justificó la presencia de interventores nacionales «porque, sin dudas, la Nación va a ser uno de los que va a asistir en el salvataje, en el rescate de la empresa».

«(El presidente Alberto) Fernández dice lo mismo: ‘yo no le voy a dar todo el dinero al (gobernador Omar) Perotti, yo al dinero que voy a poner, (para administrarlo) quiero tener la gente de mi confianza, como es el doctor (Gabriel) Delgado, que tiene una reputación reconocida en el orden nacional».  A su vez, dijo que el Presidente quiere que Delgado «administre junto con el que ponga Perotti, y entre ellos que salven la empresa».»Ese es el cometido y no podemos seguir adelante con los actuales administradores», remarcó Somaglia. Sobre los plazos, dijo que «la empresa se salva dentro del proceso de concurso, el tiempo lo da la causa judicial del concurso y la quiebra».

Aclaró luego que, «con la intervención, lo único que se corre es a los gerentes actuales de Vicentin» porque -indicó- «los socios continúan siendo socios», con lo cual «no pierden su situación». En ese marco, explicó que «no es que los interventores llegan y hacen lo que quieren», sino que hay un «marco de control y transparencia». «Hay tres síndicos que son propios de la empresa, que controlan al directorio y controlarán a los interventores; hay tres síndicos concursales, van a controlar; hay un juez, está el comité de acreedores», enumeró.

Previamente, el secretario de Justicia había aclarado que el gobierno de la provincia pretende, «en consonancia con el gobierno nacional», que «si van a ir al rescate, al salvataje de la empresa, que los fondos que puedan venir de estos organismos públicos sean administrados por el que pone el dinero y no por los integrantes del directorio, que están siendo cuestionados no solamente en la Nación sino también en otros lugares del mundo».

«Desde el punto de vista económico acá hay una realidad: hay una empresa que, más allá de que los propietarios sean de la familia Vicentin, no está en condiciones de afrontar los compromisos tomados con anterioridad, no solamente con bancos nacionales y extranjeros sino con productores y cooperativas y con los propios empleados», puntualizó.

«La cuestión económica es determinante», señaló Somaglia y dijo que a los Estados nacional y provincial no los «satisface» que «quienes llevaron a esta situación de crisis a la empresa la continúen administrando».

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, consideró hoy que al Grupo Vicentin «le pasó el macrismo», al advertir que «hasta 2015», antes del inicio del gobierno de Cambiemos, la cerealera «ganaba plata» en el país.

«A Vicentin le pasó el macrismo. Hasta el 2015 era una empresa que ganaba plata», sostuvo Cafiero, y reseñó que «los 4 años de Macri le hicieron a Vicentin lo que le hicieron a muchas empresas argentinas: la fundieron».

El ministro coordinador indicó que la empresa agroexportadora, cuya intervención fue anunciada por el presidente Alberto Fernández, ingresó en concurso de acreedores el «7 de diciembre» porque «la fundió Macri».

Cafiero señaló además que en las protestas de agrupaciones de autoconvocados y entidades agropecuarias en apoyo a la cerealera se vieron «representantes de Juntos por el Cambio, cuando ellos fueron los que la fundieron, también preocupándose por Latam, que hasta 2015 ganó plata en Argentina», añadió sobre la empresa aérea, que anunció que abandonará sus operaciones en el país producto de las restricciones por la pandemia de coronavirus.

En declaraciones a Radio La Red, Cafiero lamentó que «se termina tergiversando una política de rescate de una empresa para que no queden colgados de una brocha 2600 productores agropecuarios».

«Los que vinieron a pedir el rescate al Gobierno fueron los dueños de Vicentin, que, en diciembre, antes de que asumiéramos, empezaron a tener conversaciones informales para pedir que el Estado iniciara un salvataje», enfatizó el jefe de Gabinete.

No obstante, aclaró que el Presidente es «pragmático» y que planteó que se concretó la intervención para «ver bien cuál era el estado de la empresa y avanzar, si hacía falta, hacia una expropiación», aunque, la «propuesta» del gobernador de Sante Fe, Omar Perotti, para que la empresa pase a ser mixta es actualmente la «primera hipótesis de trabajo» en el Gobierno, argumentó Cafiero.

Sobre las protestas de ayer, Cafiero dijo por último que le «preocupa» que esos sectores no encuentren una forma de manifestarse «sin ponerse en riesgo ellos y sin poner en riesgo al resto, justo en el momento en que hay casos más acelerados» de coronavirus.

El presidente Alberto Fernández y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, manifestaron hoy la voluntad del gobierno nacional de avanzar para el futuro de Vicentin con un esquema de empresa mixta, similar al de YPF, una vez que se haya llevado a cabo su expropiación.

En ese sentido, el Presidente aseguró que el Gobierno está «intentando rescatar una empresa que está al borde de la quiebra«, algo que es necesario hacerlo mediante una expropiación «por una cuestión de transparencia» y que «el objetivo más prioritario es que la empresa vuelva a producir y exportar, como corresponde».

«Yo no puedo pensar en un país que necesita crecer en default y tampoco puedo ver impávido cómo se cae una empresa de la talla de Vicentin, donde los mismos accionistas dicen ‘no tenemos cómo salvarla’, que no pueden hacerse cargo de nada y me piden que el Estado se haga cargo sin necesidad de dictar una ley de expropiación, pero uno debe hacerlo por una cuestión de transparencia exclusivamente», afirmó Fernández en diálogo con Radio 10.

Al respecto, el Presidente sostuvo que el mercado agroexportador «es muy importante» y que «por eso nosotros rescatamos a Vicentin de lo que es un camino seguro al precipicio, que termina con la quiebra de Vicentin o con el pase de Vicentin a manos privadas y capitales extranjeros».

«El único instrumento que advierto para rescatar Vicentin es la expropiación, porque el Estado no tiene otro elemento, porque por ley los bancos públicos no pueden capitalizar deuda y porque YPF Agro no es una sociedad anónima, es una unidad de negocios que depende de YPF que es una empresa cuyo objetivo es la explotación básicamente de hidrocarburos y el vínculo de YPF y la agricultura tiene que ver con productos que YPF tiene para la fertilización del campo pero no la explotación agrícola y mucho menos la exportación de cereales», afirmó el Presidente.

«Intento rescatarla porque allí hay 2.600 productores agrícolas estafados, porque hay 2.000 personas que trabajan, porque la ciudad de Avellaneda vive de Vicentin, porque es un operador muy importante en el mundo cerealero y en la exportación de cereales de Argentina y porque ese mercado es estratégico para el desarrollo económico argentino y en ese contexto tiene mucho sentido que el Estado tenga una empresa testigo», cerró el Presidente.

Sobre le futuro de la empresa, Kulfas dijo que la participación de los actuales acreedores comerciales, (como Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), a quien la empresa debe US$ 90 millones) como parte de la empresa y tener participación en un directorio «es una posibilidad muy clara y nos interesa muchísimo».

«Estamos hablando de un esquema como el que funciona en YPF, que es una empresa mixta, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, tiene un management absolutamente profesional y tiene un directorio con representantes del Estado nacional y las provincias petroleras«, afirmó Kulfas en una entrevista publicada hoy en La Capital.

Y agregó: «El modelo YPF funciona muy bien y tiene mucho para dar. Ese es el modelo pensado para esta empresa mixta. Y hay sectores que se mostraron interesados en participar».

Por su parte, los accionistas de la compañía emitieron hoy una solicitada que calificó de «injusta, arbitraria e ilegal» la intervención ya que «inhabilita todas las negociaciones que la compañía venía llevando adelante para alcanzar una solución en el ámbito privado y deja como única opción, la estatización de la empresa».

«La intervención y el proyecto de expropiación que sostiene el actual gobierno en cabeza del presidente Alberto Fernández, viola las garantías constitucionales, elude de manera arbitraria la independencia de poderes de una Nación y pone en jaque la confiabilidad en las instituciones que requiere toda República democrática», aseguraron los accionistas.

El Gobierno concretó este jueves la intervención de la empresa Vicentín, que había sido dispuesta por el presidente Alberto Fernández. Luciano Zarich, designado subinterventor de la empresa, se hizo cargo del control de la firma al rubricar el acta de traspaso con integrantes del directorio en la ciudad santafesina de Avellaneda.

Según informa Télam, Zarich quedó de esa forma al frente de la compañía tras firmar el acta con el escribano Carlos Gaitán y directivos de la empresa, en un acto realizado en la sede Avellaneda de la empresa. El designado interventor de la compañía Gabriel Delgado,  no pudo concurrir porque acaba de ser operado.

La intervención fue dispuesta a través del Decreto de Necesidad y Urgencia número 522/2020, publicado el martes en el Boletín Oficial. Ese día Zarich notificó la designación de las nuevas autoridades dispuestas por el gobierno nacional en la empresa agroexportadora ante el juez Fabián Lorenzini, a cargo del Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, que tramita el concurso preventivo de la compañía.

El anuncio

El último lunes, el Presidente había anunciado la intervención de Vicentín y el envío de un proyecto de ley al Congreso para la declaración de la utilidad pública y la expropiación de la cerealera, que en diciembre pasado entró en cesación de pagos.

El martes se publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia 522/2020 en el Boletín Oficial, que estableció la intervención, y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo viajaron a la localidad santafesina de Reconquista para reunirse con el juez en lo Civil y Comercial Fabián Lorenzini, que lleva adelante el concurso de acreedores.

Por su parte, el presidente recibirá a los directivos de Vicentín. De la reunión participará el CEO de la compañía, Sergio Nardelli, nieto del fundador de la agroexportadora. El cónlave se da tras la comunicación telefónica que mantuvieron ambos y de que, también, los interventores tuvieran su primer contacto con directivos de compañía.

El miércoles, Fernández contó que mantuvo «una muy buena charla con Sergio Nardelli, uno de los dueños de Vicentin», a quien le dijo que lo que buscaba el Gobierno era «preservar la empresa en manos argentinas» y que esto «no debería ser motivo de pelea porque lo q El Poder Ejecutivo concretó esta tarde la intervención de la empresa Vicentin, que había sido dispuesta por el presidente Alberto Fernández, informaron fuentes oficiales.

Luciano Zarich, designado subinterventor de la empresa, se hizo cargo este mediodía del control de la firma al rubricar el acta de traspaso con integrantes del directorio en la ciudad santafesina de Avellaneda.

Zarich quedó de esa forma al frente de la compañía tras firmar el acta con el escribano Carlos Gaitán y directivos de la empresa, en un acto realizado en la sede Avellaneda de la empresa.

El interventor de la compañía designado por el Ministerio de Economía es Gabriel Delgado, quien no pudo concurrir al norte de la provincia debido a que fue operado. La intervención fue dispuesta a través del Decreto de Necesidad y Urgencia número 522/2020, publicado el martes en el Boletín Oficial.

Ese mismo día, Zarich, notificó la designación de las nuevas autoridades dispuestas por el gobierno nacional en la empresa agroexportadora ante el juez Fabián Lorenzini, a cargo del Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, que tramita el concurso preventivo de la compañía.

Por Ignacio Pellizzón

Los directivos de Vicentín, Sergio Nardelli y Alberto Padoán, fueron denunciados este jueves en los tribunales penales de Rosario por estafa. La presentación la realizó el reconocido estudio Romera-Ongay-Romano Castellani & Figueroa Casas, quienes llevan adelante acciones legales en representación de un productor que fue “estafado” por una cifra económica “muy importante”, confirmó a Rosario Nuestro, uno de los abogados especializados en delitos económicos de la firma, Oscar Romera. Las penas pueden ir de 2 a 6 años.

Según relato a este medio, “la maniobra estaría dada por haber recibido mercadería días antes de declararse en default Vicentín, sabiendo que no iba a pagar”. “Esta maniobra se prueba, entre varios elementos, gracias a un whatsapp enviado por un comercial de Vicentín al corredor para que le envié mercadería, ya que la iba a tomar hasta el 4 de diciembre”.

“El que lo envía no es un oficial de cuentas, sino que es un familiar de un director y accionista de la empresa, con lo cual es imposible que no supiera la situación de la firma al momento de enviar el whatsapp, habilitando que le envíe mercadería”, especificó el abogado.

“Además –continúa- es sintomático, porque sabiendo que el día después –el 5 de diciembre- Vicentín se declara en cesación de pagos o “estress financiero, lo incita a que le venda su mercadería”.

La denuncia ingresó en los tribunales penales de Rosario a través de la Fiscalía. Aún no se determinó el fiscal a cargo, pero es muy probable que se direccione hacia la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, ya que a fines de diciembre de 2019 se presentó otra denuncia similar.

En la denuncia se proponen distintas medidas de investigación, que pertenecen al secreto de sumario, pero que se basan en pedidos de testimonios y recolección de documentos sobre la presunta estafa.

La denuncia está dirigida a los directores de Vicentín, “porque ellos son los que administran la sociedad y son los responsables de decidir no pagar y de tomar mercadería a sabiendas de que no iban a cumplir”, explicó Romera.

“Hay una larga cola de otros acreedores que se están comunicando con nosotros para realizar denuncias de esta índole, donde la mecánica fue similar: inducir a la venta de mercadería en fecha fatal”, adelantó el abogado del estudio que lleva adelante la denuncia por estafa.

Vicentín, una de las cerealeras más importantes del país y principal aportante a la campaña de Cambiemos, entró en cesación de pagos el 5 de diciembre de 2019. Según el comunicado oficial de la empresa distribuido esa fecha, “ha iniciado un proceso de reestructuración de pagos a partir de una situación de estrés financiero que afecta actualmente a la empresa”. La firma aduce “contexto de crisis recurrentes, aumento de tasas de financiamiento, cierre de mercados y el incremento permanente del costo argentino».

La firma santafesina opera hace 90 años de forma ininterrumpida en el país e invirtió 900 millones de dólares en la actividad local en la última década. «Estamos evaluando distintas alternativas y trabajando para poder cumplir los compromisos adquiridos, somos una empresa familiar que ha crecido y generado oportunidades a partir del apoyo de sus trabajadores, proveedores y de las entidades financieras que en distintas etapas han acompañado y apoyado a la empresa, confiamos en continuar contando con ese apoyo para resolver de manera exitosa la circunstancia que nos toca transitar», se disculpó en el comunicado.

El año pasado Vicentín se ubicó sexto como mayor exportador, con una participación del 9 por ciento de todo el mercado y el despacho de unos 300 barcos al año entre granos, harinas y aceites. En la campaña pasada vendió 4,9 millones de toneladas de harinas y 1,05 millones de toneladas de aceites. En el primer cuatrimestre del año exportó 2,6 millones de toneladas en total.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, se refirió nuevamente a la intervención de la agroexportadora Vicentín y afirmó que quiere que «siga siendo argentina, sea manejada y rescatada de la situación en la que está», porque se encontraba en «difcicultades para seguir operando».

«No estamos allí para avasallar los derechos de nadie», dijo el mandatario en una entrevista que le brindó a Radio 10. «No me podría perdonar ver de brazos cruzados cómo la empresa Vicentin se cae y la gente se queda sin trabajo. Estamos tratando de preservar las fuentes de trabajo».

A su vez, Fernández aclaró que con la intervención está «rescatando una empresa» y señaló: «Cuando hablan de expropiación, lo plantean como si fuera una empresa próspera. La expropiación es un remedio excepcional, espero que no ocurra más».

«El tema es así: cuando uno expropia tiene que hacerse cargo inmediatamente de la empresa porque hay riesgo de que mientras tanto ocurran maniobras que vacíen a la empresa , como traspaso de acciones, movimientos de dinero que uno no controla», explicó el presidente.

Por otra parte, le respondió al ex secretario de Comercio durante el kirchnerismo, Guillermo Moreno, que había criticado la intervención y aseguró que el mandatario «no tiene facultades» para hacerlo. «Celebro que Moreno se preocupe por la legalidad antes de que entre con guantes de box y matones a una asamblea (NdR:por su irrupción en el Grupo Clarín)», cerró Fernández.

El exministro de Agroindustria del gobierno de Mauricio Macri, Ricardo Buryaile, dio sus percepciones tras la intervención de Vicentín, agroexportadora santafesina que atraviesa una delicada situación económica y que durante 60 días tendrá un interventor mientras en el Congreso de la Nación se debatirá un proyecto de expropiación por parte del Estado. La decisión fue anunciada este lunes por el presidente Alberto Fernández y despertó un sinfín de opiniones encontradas.

«La intervención no es legal ni necesaria. Vicentín está en concurso preventivo, hay un juez que está velando por la empresa en resguardo de los acreedores. El juez, a instancia de los acreedores, productores y transportistas, pudo podría haber designado un interventor y los directivos hubieran aceptado», dijo en diálogo con el programa El Puente por Radio Mitre Rosario.

«No era necesario ni tampoco oportuno, más si estás en default por 503 millones de dólares. ¿Cómo va a ser oportuno salir y anunciar que te quedás con una empresa con un pasivo de 1500 millones de dólares?», agregó.

Buryaile cuestionó al presidente Alberto Fernández, quien sostuvo que el Estado intervino por la seguridad alimentaria: «¿Cómo va a esgrimir ese argumento? Si la Argentina hay algo que tiene garantizado es la provisión de alimentos».

En relación a los especialistas que manifestaron que uno de los objetivos del gobierno es generar una empresa testigo en el mercado, el exministro arremetió: «Lo que estamos en el medio y que queremos saber cuánto vale una tonelada de soja, lo sabemos. El rol de Estado es velar por el funcionamiento, desde mi punto de vista. Quienes toman esta decisión es que el Estado sea el actor del mercado y eso le quita le transparencia».

Por último, se refirió a un círculo vicioso que se va a generar en caso de que el Estado se apropie de Vicentín: «Además de la deuda, los argentinos vamos a pagar el costo de una empresa con superestructura, como siempre es la burocracia del Estado, y que también va a tener que solventarla el Estado. Va a terminar pagándole menos a los productores y los exportadores van a pagar menos, en consonancia con las empresas testigos, y se van a llevar más plata».

La respuesta de Vicentín tras el anuncio de intervención del Gobierno: «Nos enteramos por los medios»

Intervención de Vicentín: la expectativa de pago que algunos acreedores ponen en el Estado

Vicentín: historia de una estrepitosa caída hasta la intervención

El presidente Alberto Fernández tomó una de las decisiones más importantes desde que asumió el poder en diciembre de 2019: intervenir la reconocida agroexportadora santafesina Vicentín y abrir la posibilidad de una expropiación por parte del Estado. La medida despertó fuertes críticas de sectores de la oposición y el apoyo por parte del peronismo.

El senador provincial por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, fue intendente de la localidad santafesina y tiene conocimiento de la actividad económica y empresarial de la firma, que se acopló a grandes marcas a nivel mundial y compitió de igual a igual con muchas de ellas. Sin embargo, la empresa contrajo una millonaria deuda durante los últimos años y entró en crisis.

En diálogo con El Puente de Radio Mitre Rosario, Traferri expresó: «Vicentín tiene una larga trayectoria en nuestra ciudad, en nuestro cordón industrial, es una empresa que por muchos años generó empleo y ha generado que las situaciones económicas de nuestra región hayan ido creciendo, la sentimos nuestra y la verdad que estábamos muy preocupados por la situación que estaba pasando. Son más de 1 mil familias que dependen de forma directa y otras tantas de forma indirecta».

«La decisión trae tranquilidad, hasta el día de hoy había una gran incertidumbre. Nosotros lo tomamos como un rescate, no como una intervención, es una palabra que no nos gusta y no creemos que es lo que está haciendo el Gobierno. Ahora dependerá del Congreso de aprobar el decreto del presidente de la Nación», aseguró Traferri.

Y agregó: «Da alegría de que el Estado se haga cargo«. Con respecto a la postura de muchos sindicatos del sector, que mayoritariamente respaldaron la medida del Gobierno, señaló: «A todos nos cayó muy bien la noticia, hay que ser cautos y responsables. Hasta que no tengamos el decreto definitivo y podamos analizar en profundidad no hay que festejar más de la cuenta».

«Sería imprudente opinar al respecto porque fue muy reciente, he escuchado muchas voces de la oposición en contrario al decreto. No sé que autoridad podrán tener tener estos exfuncionarios para opinar cuando muchos de ellos son responsables de algunas cuestiones por la cuales terminó como terminó la empresa», concluyó el senador.

Intervención de Vicentín: la expectativa de pago que algunos acreedores ponen en el Estado

El gobernador Omar Perotti respaldó la medida de intervención estatal y futura expropiación de Vicentín, una de las agroexportadoras más grandes del país. La decisión fue anunciada en la tarde de este lunes por el presidente Alberto Fernández, y busca «rescatar el grupo Vicentín».

«Desde el gobierno de la provincia estaremos acompañando este proceso en resguardo de los intereses de todos los santafesinos«, aseguró el mandatario provincial.

«Hay que resguardar no solamente ese esquema de productores que necesitan cobrar, acopiadores, una red muy importante de intereses concretos y genuinos de los santafesinos que deben y tienen que cobrar», afirmó mediante un comunicado en su cuenta de Twitter.

En esa línea, agregó que la empresa «es parte de un sector que es estratégico. Por lo cual vincular a YPF a este grupo tiene una instancia de resguardo y de proyección en lo que es YPF Agro».

Asimismo, el gobernador mostró su apoyo a Gabriel Delgado, designado como interventor de Vicentín por el presidente de la Nación: “Uno confía en las cualidades profesionales y humanas de Gabriel Delgado y que la decisión que acompañe en el resguardo de esta empresa para que no la perdamos los argentinos, para que siga siendo parte de un sector que es estratégico, para nosotros pero que también tenemos muy pocos jugadores propios”.

«Estar a la par de esta empresa será también estar defendiendo toda la potencialidad de desarrollo que una empresa como Vicentín y lo que vaya sucediendo en la vinculación con YPF pueda potenciar en toda la provincia, es lo que más queremos», concluyó Perotti.

Vamos a acompañar a Gabriel Delgado, designado como interventor de #Vicentín por el presidente de la Nación, @alferdez , en esta tarea que se le ha encomendado.

— Omar Perotti (@omarperotti) June 9, 2020

La policía santafesina sigue siendo foco de conflicto. Este miércoles por la tarde se conoció un documento en el cual se encomendaba,  por parte del ministerio de Seguridad provincial, la intervención de la Unidad Regional 1 de la ciudad de Santa Fe.

Esta decisión del ministro Saín se da tras una serie de allanamientos que se llevaron adelante los primeros  días de este mes en el Comando Radioeléctrico de la capital provincial. Que según trascendió, la dependencia, tendría vínculos con organizaciones criminales. Daniel Filchel era quien estaba a cargo de dicha sede policial, ahora será reemplazado por Marcela Muñoz.

«Motivan esta solicitud, en primer lugar, una sucesión de acontecimientos de conocimiento público institucionales y judiciales que involucran a dependencias operacionales y administrativas, así como a su personal, de la mencionada Unidad Regional», indica la resolución firmada por el ministro de Seguridad, Marcelo Saín.

Además el documento evidencia y detalla las situaciones de irregularidad que se presentaban en la dependencia policial intervenida.  “El ministerio ha tomado conocimiento sobre una sucesión de hechos delictivos de carácter violento en la jurisdicción, ocurridos luego de la declaración de la emergencia sanitaria por el brote de COVID-19, en la que también se detectó inacción y falta de anoticiamiento al MPA por parte de efectivos policiales», asegura el documento.

«No es menor tampoco el incidente ocurrido entre dos miembros de la institución policial, en la que se investiga una presunta privación ilegítima de la libertad, amenaza agravada y tentativa de homicidio por parte del entonces Jefe de la Agrupación Unidades de Orden Público de la Unidad Regional I», agrega.

Y finaliza: «Lo descripto da cuenta de una situación de desorden de la Unidad Regional I, que se ha acentuado en los últimos dos meses, generando la imperiosa necesidad de abordar de forma urgente la cuestión, de manera de restablecer el normal funcionamiento y, además, a fin de obtener un cabal conocimiento del estado de situación no sólo en lo relativo al despliegue operativo sino también a los órganos de administración de la Unidad, determinando la necesidad de un remedio institucional a través de la figura de la intervención».