El protocolo para la atención integral de personas que optan por acceder a la interrupción voluntaria y legal del embarazo quedó oficializado con la publicación de su aprobación por parte de la cartera de Salud, encabezada por Carla Vizzotti, en el Boletín Oficial.

Se trata de la Resolución 1535/2021 del ministerio que, en su artículo 1, establece el Protocolo para la Atención Integral de personas con derecho a la interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, adecuada a la nueva normativa sancionada en diciembre último.

A su vez, la norma dispone que el protocolo se incorpora al Programa Nacional de Garantía de Calidad de la atención médica.

La resolución señala en sus considerandos que, mediante la Ley Nº 27.610, se reguló el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la atención postaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de otras personas con capacidad de gestar para contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible.

Recuerda también que la citada ley se enmarca en los derechos consagrados en distintos Tratados Internacionales, con rango constitucional, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y su Protocolo Facultativo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Asimismo, se inspira en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer «Convención De Belem Do Para», la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Por otro lado, se resalta que la interrupción del embarazo es «una política de salud pública dentro del conjunto de políticas necesarias para garantizar la salud sexual y reproductiva de las niñas, adolescentes, mujeres y otras personas con capacidad de gestar y, con ella, sus derechos humanos».

Además, señala «una ley que desarrolla la respuesta integral de las políticas de salud sexual y reproductiva».

La presentación formal del protocolo se realiza de manera virtual en el Ministerio de Salud, donde se espera participen funcionarias nacionales, y los detalles del protocolo los brindará la directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Isla.

También participan del encuentro la ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, y Marta Alanís de Católicas por el Derecho a Decidir.

El evento coincide con el Día de Acción por la Salud de las Mujeres.

La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue sancionada por el Congreso el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de 2021.

La norma establece el derecho al aborto en todos los casos hasta la semana catorce de gestación inclusive.

Los 38 votos afirmativos que en el Senado determinaron la histórica sanción de la legalización del aborto de la Argentina fueron aportados en su mayoría por legisladores y legisladoras del Frente de Todos, con 26 respaldos, en tanto otros 10 llegaron de las filas de Juntos por el Cambio, mientras que los restantes 2 correspondieron a partidos provinciales.

Por la negativa se pronunciaron 29 senadores y senadoras, y a esos votos se sumó una abstención, lo que mostró un resultado mucho más contundente del esperado.

Semanas de negociaciones, más el compromiso de modificar un aspecto de la ley cuando llegue el momento de la reglamentación, permitieron construir una holgada mayoría a favor de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

Los 38 votos a favor de la interrupción legal del embarazo se conformaron con 26 senadores del Frente de Todos y el peronismo, 10 de Juntos por el Cambio y 2 de partidos provinciales.

Los senadores Jorge Taiana (FdT-Buenos Aires), Alfredo Luenzo (Chubut somos Todos), Nora Giménez (FdT-Salta), Oscar Parrilli (FdT-Neuquén), Roberto Mirabella (FdT-Santa Fe), Silvia Sapag (FdT-Neuquén), Mariano Recalde (FdT-CABA), Norma Durango (FdT-La Pampa) y Matías Rodríguez (FdT-Tierra del Fuego) emitieron su voto por la aprobación del proyecto que había llegado de Diputados.

También votaron a favor Nancy González (FdT-Chubut), María Pilatti (FdT-Chaco), María de los Ángeles Sacnun (FdT-Santa Fe), Anabel Fernández Sagasti (FdT-Mendoza), María Eugenia Catalfamo (FdT-San Luis), Eugenia Duré (FdT-Tierra del Fuego), Beatriz Mirkin (FdT-Tucumán), Ana Almirón (FdT-Corrientes), Carlos Caserio (FdT-Córdoba), Mario Pais (FdT-Chubut), Martín Doñate (FdT-Río Negro), Ana María Ianni (FdT-Santa Cruz), Daniel Lovera (FdT-La Pampa) y Silvia Larraburu (FdT-Río Negro).

En las filas de Juntos por el Cambio y espacios cercanos, los senadores que votaron la interrupción voluntaria del embarazo fueron Laura Rodríguez Machado (JxC-Córdoba), Ernesto Martínez (JxC-Córdoba), Humberto Schiavoni (JxC-Misiones), Guadalupe Tagliaferri (JxC-CABA), Luis Naidenoff (JxC-Formosa), Martín Lousteau (JxC-CABA), Eduardo Costa (Unión para Vivir Mejor-Santa Cruz), Pamela Verasay (JxC-Mendoza), Gladys González (JxC-Buenos Aires), Stella Olalla (JxC-Entre Ríos) y Oscar Castillo (Frente Cívico y Social-Catamarca).

A esos 34 votos se sumaron los de otros legisladores que revisaron sus posiciones respecto de la legalización del aborto de los últimos años y que, esta vez, acompañaron la aprobación.

Tal fue el caso, por ejemplo, de Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino), quien en agosto de 2018, cuando se debatió el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Senado, se abstuvo y esta vez votó a favor.

También se sumó a la posición a favor de la legalización el senador Sergio Leavy (FdT-Salta), quien dos años atrás y como diputado había votado en contra.

Otros afirmativos importantes para un desenlace impensado hace dos semanas por la contundencia de la votación, fueron los de Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Edgardo Kueider (FdT-Entre Ríos).

Por su parte, la lista de 29 senadores que votó negativamente por el proyecto de legalización que llegaba de Diputados incluyó a representantes del Frente de Todos, en menor medida, y de Juntos por el Cambio, mayoritariamente.

Allí se contaron Pedro Braillard (Encuentro Corrientes), Juan Carlos Marino (JxC-La Pampa), Magdalena Solari (Frente Renovador-Misiones), José Mayans (FdT-Formosa), María Belén Tapia (Unión para Vivir Mejor-Santa Cruz), Silvia Giacoppo (JxC-Jujuy), Juan Carlos Romero (JxC-Salta) y Claudio Poggi (JxC-San Luis).

También votaron en contra Esteban Bullrich (JxC-Buenos Aires), José Uñac (FdT-San Juan), Silvia Elías de Pérez (JxC-Tucumán), Inés Blas (FdT-Catamarca), Jorge Blanco (JxC-Tierra del Fuego), Roberto Basualdo (JxC-San Juan), Carlos Reutemann (JxC-Santa Fe), Dalmacio Mera (FdT-Catamarca), Antonio Rodas (FdT-Chaco), Maurice Closs (Frente Renovador-Misiones) y Julio Cobos (JxC-Mendoza).

El rechazo a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo se completó con Alfredo De Angeli (JxC-EntreRíos), Carlos Espínola (FdT-Corrientes), Mario Fiad (JxC-Jujuy), Claudia Ledesma (Frente Cívico-Santiago del Estero), Cristina López Valverde (FdT-San Juan), Julio Martínez (JxC-La Rioja), Gerardo Montenegro (FdT-Santiago del Estero), José Neder (Frente Cívico-Santiago del Estero), Víctor Zimmerman (JxC-Chaco) y María Teresa González (FdT-Formosa).

Los ausentes fueron Carlos Menem (Frente Justicialista Riojano), en grave estado de salud; Jorge Alperovich (FdT-Tucumán), Adolfo Rodríguez Saá (Frente Unidad Justicialista San Luis) y Clara Vega (JxC-La Rioja).

La única abstención correspondió a Carlos Snopek (Frente Justicialista-Jujuy).

El proyecto de Interrupción Legal del embarazo (ILE) sancionado esta madrugada por el Senado de la Nación despenaliza y legaliza el aborto en las primeras 14 semanas de gestación, además de habilitar la objeción de conciencia de los profesionales que no estuviesen de acuerdo con esa práctica.

– Se consagra el derecho de mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar a decidir la interrupción del embarazo, requerir y acceder a la atención del aborto y recibir atención postaborto en los servicios del sistema de salud.

– La iniciativa cumple los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos

– El aborto se permitirá hasta la semana catorce, inclusive, del proceso gestacional.

– Fuera de ese plazo solo se podrá acceder en caso de violación, o si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.

– En el caso de menores de 13 años se requiere un consentimiento informado y la asistencia de, al menos, uno de sus progenitores o representante legal.

– Para adolescentes de entre 13 y 16 años, deberá tener un acompañante o «referente afectivo».

– Las personas mayores de 16 años tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento.

– Previo a la realización del aborto se requiere el consentimiento informado de la persona gestante expresado por escrito.

– El profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia.

-En el caso de que una institución privada no cuente con profesionales para realizar la interrupción del embarazo deberá disponer la derivación a otra institución.

– El personal de salud debe observar un trato digno, respetando las convicciones personales y morales de la paciente.

– Se deberá mantener la privacidad y el derecho a la intimidad de las personas que recurran a las instituciones para pedir un aborto.

– En los casos de violación cuyas víctimas fueran niñas o adolescente, se deberá denunciar este delito.

La discusión del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), junto con la iniciativa para acompañar los primeros meses de los niños -conocida como el Plan de los 1.000 Días- cerrarán el año parlamentario del Senado con una sesión que comenzará este martes a las 16 y que se extendería hasta el día siguiente.

Ambos proyectos ya obtuvieron sanción de Diputados y, si el Senado los aprueba sin cambios, serán convertidos en ley antes de que finalice el año.

El Plan de los 1.000 Días, para la atención y el cuidado de la salud durante el embarazo y la primera Infancia, fue dictaminado esta semana y obtendrá el aval de la Cámara alta ya que, durante su discusión en comisiones, obtuvo el apoyo de todos los bloques parlamentarios.

El proyecto establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral, que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo (AUH) a concretarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años.

Al mismo tiempo, extiende la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que pasará de tener seis mensualidades a nueve, para abarcar la totalidad de la gestación.

En tanto, el proyecto para legalizar el aborto en la Argentina cuenta casi con tantos apoyos como rechazos en el Senado, por lo que la definición se conocerá ese mismo día durante el debate.

La discusión, como durante todo el año desde que se declaró la pandemia por coronavirus, volverá a ser a través de videoconferencia y sólo se permitirá a poco más de una docena de legisladores en el recinto: cuatro por cada uno de los dos bloques mayoritarios (el Frente de Todos y Juntos por el Cambio) y seis por las demás bancadas.

El resto de los legisladores deberán pronunciar sus discursos a través de la plataforma Webex que viene utilizándose desde mayo y que funcionó sin mayores inconvenientes durante los meses de la pandemia de coronavirus.

La discusión del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), junto con la iniciativa para acompañar los primeros meses de los niños -conocida como el Plan de los 1.000 Días- cerrarán el año parlamentario del Senado con una sesión que comenzará a media tarde del martes 29 de diciembre y que se extendería hasta el día siguiente.

Ambos proyectos ya obtuvieron sanción de Diputados y, si el Senado los aprueba sin cambios, serán convertidos en ley antes de que finalice el año.

El Plan de los 1.000 Días, para la atención y el cuidado de la salud durante el embarazo y la primera Infancia, fue dictaminado esta semana y obtendrá el aval de la Cámara alta ya que, durante su discusión en comisiones, obtuvo el apoyo de todos los bloques parlamentarios.

El proyecto establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral, que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo (AUH) a concretarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años.

Al mismo tiempo, extiende la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que pasará de tener seis mensualidades a nueve, para abarcar la totalidad de la gestación.

En tanto, el proyecto para legalizar el aborto en la Argentina cuenta casi con tantos apoyos como rechazos en el Senado, por lo que la definición se conocerá ese mismo día durante el debate.

La Presidencia de la Cámara resolvió el miércoles, a través de un Decreto Parlamentario, que la sesión sea convocada para las 16 del martes 29 de diciembre.

La discusión, como durante todo el año desde que se declaró la pandemia por coronavirus, volverá a ser a través de videoconferencia y sólo se permitirá a poco más de una docena de legisladores en el recinto: cuatro por cada uno de los dos bloques mayoritarios (el Frente de Todos y Juntos por el Cambio) y seis por las demás bancadas.

El resto de los legisladores deberán pronunciar sus discursos a través de la plataforma Webex que viene utilizándose desde mayo y que funcionó sin mayores inconvenientes durante los meses de la pandemia de coronavirus.

El proyecto sobre la legalización del aborto atraviesa los bloques de manera transversal, separando a quienes apoyan la interrupción voluntaria del embarazo y quienes se oponen, sin distinguir la bandería política.

Durante los últimos días, la sanción de la iniciativa tal como llegó de Diputados fue puesta en duda luego de que uno de los senadores aliados del Frente de Todos, el rionegrino de Juntos Somos Río Negro Alberto Weretilneck, solicitó algunos cambios al proyecto porque, de lo contrario, se abstendría.

La misma decisión tomarían, según dejaron trascender, algunos representantes de la coalición opositora Juntos por el Cambio. Si así ocurriera, el proyecto debería volver a Diputados en segunda revisión.

Sin embargo, voceros del Frente de Todos aseguraron que no avalarán ninguna modificación en el expediente y que buscarán consensuar el apoyo del Senado para que sea ley ese mismo día.

En ese sentido, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, aseguró en los últimos días que «no se está analizando introducir cambios en el texto» y endilgó una «mirada corta» a quienes atan la suerte de la iniciativa en la Cámara alta a una idea de victoria o derrota del Gobierno.

«Está bueno aclarar que, en principio, no se está analizando introducir cambios en el texto del proyecto», respondió Gómez Alcorta al ser consultada sobre las versiones que circulaban en ese sentido.

Además de algunos legisladores que aún no comunicaron su decisión sobre el proyecto, como las opositoras Lucila Crexell y Stella Maris Olalla, está en duda la participación del riojano Carlos Menem, quien permanece internado en una clínica porteña a raíz de una descompensación que sufrió a fines de la semana pasada.

Menem, al igual que el tucumano José Alperovich (de licencia y denunciado por presunto abuso sexual), son fervientes opositores a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

Este miércoles el Gobierno de Santa Fe adhirió al protocolo nacional para garantizar el cumplimiento del derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE). El decreto, con firma del gobernador de Omar Perroti y el ministro de Salud provincial, Carlos Parola, se une al protocolo lanzado a nivel nacional por el presidente Alberto Fernández y el ministro Ginés González García.

La vicegobernadora Alejandra Rodenas se pronunció en Twitter tras el anuncio y escribió: «Defender la salud pública es garantizar derechos reconocidos».

El decreto tiene como objetivo «ofrecer una guía a los equipos de salud para que cumplan con su responsabilidad en la interrupción legal del embarazo contemplado en el marco jurídico argentino, tomando como base la mejor evidencia científica disponible y la experiencia de implementación de versiones anteriores de protocolos nacionales y provinciales».

Por último, en el escrito aseguran que se debe «garantizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las personas y los pacientes, de acuerdo con los principios de accesibilidad, igualdad y no discriminación».

La Provincia de Santa Fe adhirió al protocolo nacional de atención integral de la personas con derecho a ILE.

Celebro la medida dispuesta por el Gobernador @omarperotti y el Ministro de Salud @parola_carlos.

Defender la salud pública es garantizar derechos reconocidos. pic.twitter.com/DDhU4DMja2

— Alejandra Rodenas ☀️ (@rodenasale) January 8, 2020